Por: Justicia. El Tiempo
Paula Gaviria, directora saliente, tiene 111 órdenes de arresto y multas por $ 461 millones
Paula Gaviria, saliente directora de la Unidad de Víctimas. Foto: Archivo / EL TIEMPO
Si las órdenes de los jueces se hicieran efectivas, Paula Gaviria, la saliente directora de la Unidad de Víctimas y quien recientemente fue nombrada la nueva Alta Consejera para los Derechos Humanos, pasaría más de tres meses seguidos en prisión.
Contra Gaviria, una de las funcionarias más destacadas del Gobierno y quien lideró por más de cuatro años la reparación de los casi 8 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado, se han proferido 111 órdenes de arresto por desacato de tutelas que llegan todos los días contra la Unidad. Y aunque termina su periodo en la entidad, en su contra siguen vigentes 10 mil acciones judiciales (entre desacatos y sanciones) que amenazan su libertad y patrimonio, pues tiene embargadas una parte del sueldo y sus cuentas de banco. La situación es idéntica a la que, en otras épocas, acosó a las cabezas de entidades como Colpensiones, la liquidada Cajanal o el Fondo de Previsión del Congreso (Fonprecon).
En los últimos 4 años, este organismo ha recibido más de 576.000 tutelas, de las cuales el 85 por ciento se ha fallado en contra. Al tiempo, se han generado 156 órdenes de arresto contra sus directivos. Este año ya van más de 84.000 tutelas. Sin haberse posesionado Alan Jara, el nuevo director, ya hay 14 mil recursos por responder.
La mayoría de solicitudes son de ayuda humanitaria para desplazados. Lo que se ha encontrado es que muchas de las tutelas son aceptadas a pesar de que las personas que las interpusieron fueron afectadas por hechos ocurridos hace años e incluso están trabajando.
Con esas cifras, la Unidad de Víctimas es hoy la entidad más tutelada del país. Por esa razón, Gaviria y la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación le solicitaron hace tres días a la Corte Constitucional que “suspenda todas y cada una de las sanciones impuestas, y a las que a futuro llegaren a imponerse, sean de arresto o de multa en contra de los directivos de la Unidad”, por fallos de tutela. También, que se suspenda el cobro coactivo de multas, por las que Gaviria ya tendría que pagar 461 millones de pesos.
El argumento del Gobierno es que, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Unidad para atender a las personas afectadas por el conflicto armado (el 87 por ciento por desplazamiento forzado), en los últimos cuatro años las tutelas han crecido en un 172 por ciento. Esto “ha generado el desbordamiento de la capacidad operativa e institucional de la entidad para dar respuesta efectiva en instancia judicial a dichas pretensiones”, dice el memorial enviado por Gaviria a la Corte.
La funcionaria dice que las tutelas además podrían “afectar el principio de igualdad entre las víctimas, así como, en la mayoría de los casos, desnaturalizar las características de la tutela”. Un estudio de la Agencia para la Defensa Jurídica concluyó que el 73 por ciento de las víctimas que tutelaron “pertenece a categorías de vulnerabilidad baja y media baja, y solo el 7 por ciento es población vulnerable”.
Gaviria dice que el año pasado el 6 por ciento del presupuesto para las ayudas humanitarias para desplazados (46.400 millones de pesos) se destinó para atender las ordenadas por los jueces. Lo más grave es que, según la entidad, por cada 100 pesos de ayuda humanitaria entregada por vía tutela, “el Estado gasta otros 60 pesos adicionales para la resolución del proceso judicial, denotando un ineficiente uso de los recursos, por demás limitados”.
“En la Unidad tenemos cerca de 900 funcionarios de planta. Hemos tenido que contratar a casi el mismo número para atender derechos de petición, tutelas y demás solicitudes que nos llegan. Ojalá pudiéramos emplear a esas personas para otras labores diarias, como dar atención psicosocial, gestionar programas para invertir la indemnización, atender víctimas en centros regionales o avanzar más en la reparación colectiva”, aseguró.
Una de esas funcionarias es la abogada Yolanda Guerrero, coordinadora del Grupo de Respuesta Escrita (GRE) de la Unidad. A diario documenta y responde 4.600 derechos de petición y 1.500 tutelas. Su trabajo es una carrera contra el reloj (debe responder en menos de 48 horas) para evitar que se hagan efectivas las 20 órdenes de arresto que a diario llegan contra directivos de la entidad.
JUSTICIA
Tomado de: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/unidad-de-victimas-tiene-576000-tutelas/16591987