Por: José Fernando Valencia Grajales -Kavilando-
De los seis puntos acordados, cinco de ellos son la explicación directa del conflicto social y político.
Los acuerdos de la Habana requieren principalmente de una pedagogía, y la misma se debe a que la mayoría de los ciudadanos no comprenden que paso en la historia colombiana porque están desinformados en razón a que sus medios de comunicación les impiden saber la verdad de las causas de la guerra, por ello para comprender porque las FARC realizan dichas exigencias al Estado Colombiano, se hace necesario aclarar que independientemente de la forma en como las FARC han exigido dichos cambios (violentos o no), estos cambios son necesarios para tener una sociedad más justa y que adicionalmente se pague la deuda histórica que el gobierno colombiano tiene con su pueblo.
Porque de los seis puntos acordados, cinco de ellos son la explicación directa del conflicto como lo son:
1, la falta de una reforma rural que el estado prometió casi desde su fundación pero que nunca cumplió por los intereses de las elites que hoy promueven el NO;
2, porque la participación política debe estar en manos de todos los sectores de la sociedad, pero que durante toda la historia colombiana ha venido siendo cooptada por las elites sociales y partidos políticos mayoritarios;
3, porque la falta de garantías y protección a los derechos humanos y la de sus defensores ha sido inexistente por parte del estado, que adicionalmente ha venido estigmatizado y castigado de forma sistemática a sus defensores por medio de los actores armados;
4, porque la solución al problema de las drogas ilícitas solo han generado una serie de guerras internas en contra de las poblaciones vulnerables que se han visto afectados, además de los ecosistemas, a pesar de que no han servido para eliminar los carteles de la droga;
5, y finalmente la protección y reparación de las víctimas no había sido un hecho relevante en Colombia con excepción de los últimos años que han venido siendo reconocidos por el estado colombiano.
Ahora bien, el primer punto del acuerdo referente a la Reforma Rural Integral, no es más que una consecuencia lógica de los acuerdos que pretenden terminar con las causas de la guerra, y es que si no se toman acciones que eliminen aquellas causas iniciales que dieron origen a la creación de las guerrillas, como lo fueron los conflictos de la tierra nacidos al igual que en Brasil, a causa de la concentración de la tierra en pocas manos y con fines solo de acumulación, pues entonces, no se tendrán soluciones de fondo que eliminen la reanudación de los efectos de la marginalización de los campesinos.
La guerra en Colombia nacerá porque no hay acceso a la tierra como derecho del campesino, que la necesita no solo para su vivienda, sino para su trabajo, su vida y dignidad, no es con criterios de ciudad que el campesino necesita un terruño, es decir solo para que el campesino se amontone con su familia en cajones de 2 x2 sino que se requiere entender las dificultades que hay en los sectores rurales, pobreza e inequidad. En donde las políticas asistenciales van dirigidas a los terratenientes y no a los minifundista, y ello tiene que ver con el conflicto, como resolver el conflicto, la guerra que comenzó en el campo, por ello la paz debe empezar allí, como política social, y donde el gobierno debe ejercer su función social. No se puede seguir creando normas como la Ley 200 de 1936 o ley 74 de 1926 con el único fin de impedir el acceso a la tierra.
Las anteriores normas no permiten el acceso a la tierra, porque confunden al campesino y los funcionarios públicos, y exigen el Justo título (presunción) como si el mismo significara lo mismo que el título que otorga la propiedad, porque al exigir pruebas (que hubiese existido un propietario previo al poseedor) de dicho calibre se pretende es la práctica de una prueba diabólica, eliminando de tajo la redistribución, que nunca se ha dado en Colombia, porque la ley 74 de 1926 y la constitución de 1936, ponían la carga probatoria en manos del campesino, y se presumía que todo terreno afectado o afectable era del estado y por tanto el campesino debía probar que tuvo previamente dueño diferente al estado, por lo que el poseedor que demandaba para formalizar la tierra, tenía que demandar al titular de derechos, demostrando las presunciones de buena fe y de poseedor.
Pero si el poseedor no podía demostrar que no existía previo propietario el estado se declaraba dueño y simplemente lo almacenaba, para convertirlo en fortín político, y aunque la T488 de 2014, quiso solucionar el problema del sistema catastral, lo único que hizo fue agravar la situación del campesino, impidiendo que las posesiones pudiesen provenir del campesino, sino que tenían que provenir, de los folios de matrícula que tuvieran previo titular de dominio porque de lo contrario se reputaban del estado, y por ello no prescriben, lo que ha provocado que el estado a través de la acción de tutela despoje de su tierra a los trabajadores campesinos.
Es por ello que el acuerdo propuesto en el punto 1 que contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, se entiende como el mejor acuerdo (sin ser esta nada diferente a una mini reforma) para que el campesino recupere su tierra que el estado ha venido quitándoles. Porque entiende el territorio rural como un escenario socio-histórico diverso, y en pro de la integración urbano-rural. Porque es necesario que se integren las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía, la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia. Y para lo cual el acuerdo propende por la aplicación de los principios de transformación estructural, igualdad diferenciada para las mujeres y poblaciones marginadas, se erradique la pobreza y se satisfaga las necesidades de las zonas rurales; que se priorice los territorios más necesitados y vulnerables, y las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto; se realice en el marco de la integralidad, asegurando la productividad, el acceso efectivo a la tierra, con innovación, ciencia y tecnología, asistencia técnica, crédito, riego y comercialización y con otros medios de producción que permitan agregar valor. También asegura oportunidades de buen vivir que se derivan del acceso a bienes públicos como salud, vivienda, educación, infraestructura y conectividad y de medidas para garantizar una alimentación sana, adecuada y sostenible para toda la población.
Adicionalmente el acuerdo establece el restablecimiento de los derechos de las víctimas del desplazamiento y del despojo, y la reversión de los efectos del conflicto y del abandono sobre comunidades y territorios. Para lo cual la mejor forma de realizarlo es por medio de la lucha contra la ilegalidad en la posesión y esta solo se da titularizándole la tierra al campesino que la trabaja y pueda demostrar que son poseedores, frente al estado y frente a los terceros. Aceptando que la solución no se da solo entregando la tierra sino garantizándole la alimentación y la seguridad alimentaria sustentable a los campesinos, permitiéndoles una real participación en la planeación de sus territorios de forma trasparente, buscando el mayor impacto y beneficio a los ciudadanos. Protegiendo ambientalmente, el ecosistema y el acceso al agua.
Manteniendo la presencia del estado para mantener la paz de forma estable y duradera. Democratizando el acceso a la tierra con mecanismos que garanticen la distribución de la tierra al campesino y no al terrateniente, y para lo cual se propuso un fondo de tierras compuesta de 3 millones de hectáreas que estarán compuestas de la tierra que el estado ha extinguido judicialmente a los ilegales y otros 7 de la tierra que el mismo estado le ha negado a los campesinos impidiendo su formalización y aquellas tierras improductivas y tomadas por extinción administrativa y por interés público sumadas a las donadas.
Atendiendo la necesidad que el campesino, también requiere de acompañamiento técnico y tecnológico, de crédito accesible y subsidios para que realmente el acuerdo sea una realidad y no una mera expectativa, lo que nos puede demostrar desde ya y antes de votar que efectivamente el acuerdo no está dirigido a proteger a un grupo armado, si no por el contrario a los campesinos que día a día cultivan la tierra. Y que no es cierto que el mismo sea una reforma agraria que le quitara la tierra a los terratenientes, por el contrario será un mecanismo que estará en la mejora de la producción y autoabastecimiento nacional y aumento de las exportaciones. Adicionalmente este punto del acuerdo no es ni siquiera una concesión dirigida a las FARC, sino una deuda histórica que el estado ha debido pagar hace más de 100 años y que personas como el uribismo pretenden que no se les concedan porque no habría más guerra que les permita seguir enriqueciéndose con las víctimas y el despojo de tierras fingidas en compras luego de amenazas para bajarles los precios a la tierra.
No es posible aceptar que personajes nefastos como Uribe en la política nacional pretendan perpetuar la guerra con las FARC cuando el mismo le entrego a los paramiliatares a cambio de nada, la reducción de las penas sobre delitos que se entienden aun hoy como de lesa humanidad, y que ni siquiera están dentro del marco de la guerra interior o internacional, y frente a grupos que ni siquiera tienen el estatus político. A lo que se suma que jamas el pueblo colombiano fue consultado si quiera para opinar sobre si era bueno o no entregarles el estado a dichos grupos paramilitares.
Y que en caso que Uribe lo hubiese hecho y me lo hubiese preguntado diría lo mismo que Abad Faciolince, que SI porque no hay nada que justifique continuar en una guerra donde los muertos no son los de los políticos o de los terratenientes que hoy promueven el No. Por lo anterior, yo me declaro en favor del SI y espero que los colombianos también tomen dicha decisión de parar la guerra en pro de nuestras generaciones futuras.