Por: Alberto Griamldos Barón Categoría
Para ser precisos, las FARC-EP comprendieron que el proceso de solución política debía resolver la concentración de la propiedad sobre la tierra y la exclusión del campesinado y la población rural, al ser definidas como causas del levantamiento armado
Al iniciar la Fase Pública de diálogos con el Gobierno, la interpelación que desde diversos ángulos se le hace al Ejército de Liberación Nacional con motivo del Acuerdo de Paz suscrito entre las FARC-EP y la Administración Santos, obliga una mirada, al menos preliminar y desde la óptica militante, de lo consignado. Lo primero, por cuanto una posición consolidada al respecto surgirá -o será posible advertirla- únicamente en virtud de la enunciada Fase Pública, conforme la Agenda y las discusiones nacionales tengan su curso; lo segundo, en la medida en que -dado lo anterior- los pronunciamientos al respecto son opiniones de quienes integramos las filas de la Organización y, por consiguiente, no implican resoluciones o posturas oficiales.
Siendo así, las aproximaciones al Acuerdo suscrito por las FARC-EP deben partir por una comprensión de la guerra y las dimensiones de lo que se está pactando, como, en efecto, se realiza a manera de Preámbulo e introducción en el documento hecho público.
Sin duda, han sido distintos los puntos de vista que en más de cincuenta años de conflicto las Partes enfrentadas, y la sociedad en general, hemos esgrimido acerca de las culpas y las responsabilidades; por este motivo, en los diálogos de La Habana, se tuvo que nombrar una Comisión especial para que pudiera aportar en el esclarecimiento del origen de la guerra. La imposibilidad de encontrar un punto de acuerdo sobre estas causas, refleja que los compromisos adquiridos no eliminan la raíz de la contienda. La continuidad en el imaginario de cada parte, aún firmado el Acuerdo, indica que, en el caso de la insurgencia, el tránsito a otras formas de lucha, distintas de la vía armada, y del cese de la violencia hacia la oposición, por parte del Establecimiento -conducta que por acción u omisión aún no se detiene-, no suponen una claudicación o cumplimiento de los objetivos propuestos en el curso de la guerra, para ninguna de las Partes. No obstante, el dejar consignadas las dos posturas no significa la “indefinición conjunta” acerca de las causas. Para que el Acuerdo tenga efectos, debe primar una comprensión. Sólo fijando una interpretación del fenómeno fue posible para cada parte proponerse una estrategia de negociación y, por tanto, vislumbrar las prioridades que tuvo el contrario en la mesa; el Acuerdo Final es reflejo de este proceder.
Para ser precisos, las FARC-EP comprendieron que el proceso de solución política debía resolver la concentración de la propiedad sobre la tierra y la exclusión del campesinado y la población rural, al ser definidas como causas del levantamiento armado; por su parte, el Gobierno fijó que lo prioritario era “reversar los efectos de la guerra”, para lo cual debía “cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en los territorios”. Estas posiciones dirimieron una interpretación del conflicto, presentada como “eje central de la paz”. Según ésta, se debe “impulsar la presencia y acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones hoy doblegadas por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno”.
Lo consignado bajo el llamado “eje central de la paz”, obliga una comprensión predominante del fenómeno, en la que no se acepta de modo categórico la desigualdad y la concentración de la riqueza como motores de violencia, pese a que organismos internacionales no desdeñan de estos factores a la hora de explicar la realidad colombiana. Con lo dicho, se eximió al Estado de sus responsabilidades en las causas y sólo se le adjudicó el deber de copar las zonas abandonadas debido a su “ineficiencia”.
La consecuencia es que el conflicto, bajó está óptica, tiene un carácter contestatario, en contra del Estado, pero los fines altruistas que perseguimos quienes nos enfrentamos a él, resultan desdibujados en la interpretación del fenómeno. Es decir, no se determina la razón del levantamiento insurgente en su dimensión política; predomina la idea de que las guerrillas son únicamente grupos desestabilizadores; esto es, sin mayor propósito que la desestabilización. Incluso, de las ideas expuestas, se sigue que a causa de la violencia, de la disputa al monopolio legitimo de las armas -como se ha dicho- por parte de la insurgencia, es que el Estado colombiano no se ha consolidado en todo el territorio nacional; afirmación, además, reiterada por los representantes de la élite. La responsabilidad, en últimas, se la atribuyen a las guerrillas.
La tesis del Estado fallido es correcta; amplias zonas del territorio nacional han sido abandonadas de las obligaciones que, se supone, tiene un Estado de Derecho. Pero dar a entender que esa no-consolidación obedece a la violencia insurgente, es negar que el Estado colombiano ha sido un instrumento en función de intereses minoritarios. Por supuesto, si se hubiese gobernado para las mayorías o, más aún, si se tratará del gobierno de las mayorías, nos habríamos ahorrado décadas de violencia y nuestra presencia no sería, siquiera, posible. Pero la inexistencia de estas realidades ha, por el contrario, incentivado la guerra y los deseos de cambio. El abandono del Estado, por tanto, obedece más a la apropiación privada del erario público y al bajo o nulo interés en el bienestar económico de la población. Pretender hoy que la superación del conflicto radique en garantizar una “función pública eficaz” sería lo mejor, siempre y cuando ese instrumento, el Estado, reposará en poder de los intereses democráticos, que en su sentido elemental, no es cosa distinta al gobierno del pueblo.
Desde los análisis de corte marxista hasta las expresiones de los colombianos de a pie, hay coincidencias en aseverar que el Estado colombiano nunca ha sido favorable a las mayorías. Ha sido un Estado de intereses y privilegios de los grupos económicamente posicionados. Por consiguiente, decir que el pueblo gobierna, porque cada cuatro años se elige un representante de turno, es más que un engaño; es la asimilación de la realidad manipulada y la muerte de la democracia. Sin hacer mayor referencia a los altos índices de abstención, quien accede al gobierno, lo hace en conveniencia con los intereses de los grupos minoritarios de poder; eso es lo que representa. La actividad de participación electoral, el voto, así como las campañas que conducen a él, responden a los patrones que los medios masivos han insertado en la mentalidad colectiva; de manera que se auspician las posiciones concordantes con los intereses de los grupos económicos, dueños también de la prensa, y, en medio del conflicto, con aquellas que más desdeñan del denominado “enemigo interno”, que, ahora, en virtud del proceso de paz, pasará, en una parte, a la arena política legal; ciertamente, en condiciones desfavorables.
El que el gobierno sea de intereses minoritarios, tiene una manifestación en el marco de las políticas que ha acompañado la actual Administración. Ello, a su vez, permite entrever lo que acaecerá en relación con lo que las FARC-EP y el documento de Acuerdo han señalado como “fase de transición”. En síntesis, esta fase se deberá, en gran parte, al siguiente gobierno, el cual se encargará de implementar lo pactado. Para que ello sea posible, las FARC-EP y el Gobierno convocarán a la realización de un “Gran Acuerdo Político Nacional”, que, seguramente, presentará las reglas con las que operará una coalición que dispute la presidencia de la república a los sectores de derecha afiliados a la corriente del ex presidente uribe. Pero, la efectividad de la alianza entre las FARC-EP y algunos grupos del actual gobierno -por lo demás minoritarios-, se medirá, no sólo en la posibilidad de imponerse como gobierno, sino en el acatamiento a los compromisos adquiridos en La Habana, y que, se supone, es su principal objetivo. Lo que avanza en contra, sin duda, es que las políticas del gobierno, hasta ahora aprobadas, han sido opuestas a lo señalado en el Acuerdo con el grupo insurgente. El Código de Policía y la Ley ZIDRES son evidencias disonantes.
Por otra parte, el documento de La Habana sienta una posición, bajo el supuesto de “resolver los efectos del conflicto”, acerca de propender por la “reconciliación”. El Ejército de Liberación Nacional ha comprometido en su Agenda un punto dedicado a las Víctimas en el que hará reconocimiento de sus responsabilidades ante la sociedad y se comprometerá a tratar el sufrimiento causado por la guerra. Sin embargo, no por ello supedita la paz a un hecho de reconciliación con los gobernantes, puesto que la persistencia de las causas, aún después del Acuerdo, así como la idea, latente desde el Congreso de 1986, acerca de que la Solución Política no significa la claudicación de los propósitos de la guerra, sino la continuación de los objetivos por otras vías, reflejan que no se ha estado ni se estará en condiciones de reconciliar; es más, nunca hemos conciliado con las minorías gobernantes, para ser precisos con el término “reconciliación”. La paz es, ante todo, un hecho de superación real de las desigualdades, en el que toda reparación a quienes sufren la guerra será efectiva si existen transformaciones. Pero no sólo las transformaciones que sugerimos nosotros, la Organización, sino las exigencias que se imponen a las raíces de la violencia y que, por tanto, un proceso de participación amplio de la sociedad debe tratar. Esto es una obligación para una paz duradera.
Por supuesto, la participación de la sociedad debe desencadenar realidades que atañen a vitalizar la política y el sentido del cambio que requiere Colombia, a través de un proceso nuevo de actividad social y política, ojalá, capaz de alterar la matización en un mismo polo de derecha y exclusión en el que se ha sumido al país. Esto tiene una gran importancia para el ELN y puede ser parte de un gran punto de quiebre en la historia patria; en suma, una alternativa programática de nuevo gobierno, que conduzca a una apertura a la paz, fundada en la justicia y la equidad.
tomado de: http://eln-voces.com/index.php/voces-del-eln/militancia/917-una-mirada-a-los-acuerdos-de-la-habana