Compañeros Presentes:

Expresamos nuestra gratitud por la asistencia de los delegados y representantes de toda la comunidad minera y campesina, de los invitados especiales y de todos aquellos que han tenido a bien acompañarnos en este importante evento. Es un honor tenerlos en nuestros campamentos guerrilleros y llevarlos en nuestros corazones farianos.

Nuestra concepción del Fin del Conflicto

Para nosotros, el concepto de Fin del conflicto va ligado a las transformaciones y cambios estructurales necesarios que entren a normalizar la vida nacional. Hemos tomado la firme decisión política de emprender un proceso serio de transformación colectivo e individual, que permita nuestro tránsito a la vida civil, lo cual lleva implícito ciertos propósitos esenciales, de los cuales resaltamos los siguientes:

1-     La participación activa en la política abierta y legal a través de nuestro partido político en construcción, para promover la democracia verdadera, directa, comunitaria y autogestionaria, con plenos derechos para todos y cada uno de sus integrantes, incluida la asignación directa de curules en el Congreso de la República, durante al menos dos períodos y nuestra representación en los concejos municipales y asambleas de las regiones donde hacemos presencia.

2-     A través de ECOMUN, desarrollar las economías solidarias del común, que tenga un carácter asociativo y comunitario, en los diversos aspectos del proceso económico y acopladas entre sí con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de la base productiva del país y al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y el buen vivir de los más pobres y desposeídos.

3-     Promover y apoyar procesos organizativos sociales y con fundamento en el reconocimiento pleno de los derechos económicos y sociales, especialmente en lo que hace al trabajo digno, a la salud y la seguridad social y la vivienda de todos y cada uno de sus integrantes. 

4-     Es condición necesaria del proceso de normalización de la vida nacional y de la transformación de las FARC en organización política legal, una solución confiable en lo que concierne al tema de la Justicia Especial para la Paz que, atendiendo los derechos de las víctimas del conflicto, sea consecuente con el reconocimiento de la rebelión y sus conexidades en el sentido más amplio, se fundamente en los principios de la justicia restaurativa, prospectiva y transformadora, y se haga extensiva a los prisioneros políticos y de guerra condenados, o con procesos en trámite.

Garantías de No Repetición 

El Estado adoptará las medidas que garanticen el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, para evitar su repetición y garantizar el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, y violencia sistemática, en particular contra las mujeres, o que atentan contra defensores de derechos humanos y movimientos sociales o políticos.

Igualmente, asegurará la protección a las comunidades, en función de romper todo tipo de nexo entre política y el uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática.

Urge adoptar todas las medidas necesarias que garanticen integralmente éste propósito, especialmente en momentos en que todavía persisten los odios en el corazón de tanto colombiano confundido y sectores amigos de la guerra que no entienden los pasos de reconciliación que estamos abordando. 

Nuestro proceso de reincorporación ratifica el compromiso expreso de contribuir a la terminación del conflicto armado, de convertirnos en sujeto político legal y aportar decididamente a la consolidación de la reconciliación nacional, la convivencia pacífica y la no repetición.

Garantías para que lo acordado se cumpla

Después de casi seis años de diálogos y conversaciones de paz ininterrumpidas en La Habana, nosotros esperamos que el Estado cumpla con su palabra empeñada. Depositamos toda nuestra confianza en las comunidades, en las organizaciones sociales y estamos seguros que la sociedad en su conjunto hará suyo este Acuerdo, rodeándolo y tomándolo como herramienta de lucha en las nuevas etapas de confrontación política y social.

El proceso igualmente contará con el aporte y el acompañamiento de los países garantes, de un componente político de las Naciones Unidas y diversos organismos multilaterales de la Comunidad Internacional que harán sus aportes en diferentes instancias y tiempos, pero indudablemente también tendremos que articularnos con otras instancias, especialmente de organizaciones sociales y de las comunidades que harán sus aportes, entregarán sus opiniones y harán debidos seguimientos y sugerencias a la implementación de los Acuerdos. 

Para velar por la transparencia en la implementación de los acuerdos, se adoptarán algunas medidas, entre las cuales está la creación de mapas interactivos de seguimiento en un sitio web. Además, habría rendiciones de cuentas periódicas, veedurías ciudadanas y un mecanismo para que la comunidad pueda denunciar los hechos de corrupción que detecte durante la implementación de lo pactado.

Parte importante de lo que se ha dado en llamar la reincorporación a la vida civil tiene que ver con la formación integral y preparación académica de nuestros combatientes, nivelando y actualizando saberes y conocimientos que en muchos casos son empíricos. Hemos recibido de diferentes entidades, escuelas y universidades propuestas que valoramos y agradecemos, y que iremos a asumir con todos nuestros guerrilleros y guerrilleras, y las comunidades que nos han acompañado, para preparar adecuadamente nuestros hombres y comunidades en tránsito a esos nuevos espacios.

Como se van a implementar los Acuerdos

Según el texto convenido por las partes, para implementar y verificar los Acuerdos de La Habana, se ha conformado una Comisión de Implementación, la cual hará un seguimiento al desarrollo y avance de todo lo pactado. Para ello han sido designados 3 representantes del Gobierno y 3 de nuestra organización, en función hasta por 10 años. Su labor, resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir en la interpretación de los acuerdos, estar atenta al trámite en el Congreso de las leyes y reformas constitucionales con las que se le dará vida a lo pactado, e informar cómo va el proceso, entre otras.

Así mismo establecerá las zonas priorizadas en las que se implementarían los 16 programas con los que se busca una transformación estructural del campo, en lo correspondiente al acuerdo sobre desarrollo agrario integral. 

Se deberán poner en marcha diferentes medidas que incluyan acciones humanitarias, al igual que la identificación y ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones rurales y que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. Esta sería una medida inmediata.

Igualmente, la comisión debe delimitar las 16 circunscripciones especiales de paz que tendría la Cámara de Representantes, las cuales estarían en las zonas más golpeadas por el conflicto. Estas circunscripciones tendrían vigencia por dos periodos, es decir hasta el 2026.

Igualmente se elaboraría un cronograma de las acciones para el desarrollo de los acuerdos durante el primer año y diseñaría las normas de seguridad para, de manera conjunta, avanzar en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y convocaría una conferencia internacional para reflexionar sobre la política de lucha contra las drogas.

Tarea prioritaria de la Comisión de Implementación, consistirá en discutir y aprobar el Plan Marco que contendrá las políticas públicas, las normas, los planes y los programas que desarrollen lo acordado en Cuba. Igualmente, se enumerará cada uno de los pasos que se cumplirían para la puesta en marcha y ejecución de los acuerdos, así como las entidades que deberían concretarlo. En la redacción de estos propósitos se priorizarán las necesidades prácticas de las mujeres y, para la implementación en general, se atenderían las necesidades de las comunidades étnicas. Este Plan Marco tendría una vigencia de 10 años. Cada año sería revisado por la Comisión de Implementación, para hacer los ajustes que se requieran.

Como Ustedes, compañeras y compañeros, pueden observar y leer, las tareas, tiempos y metas en lo relativo a la implementación de los Acuerdos, son bastante precisos y están bien definidos en las intenciones y en el papel. Nos corresponde ahora hacerlas realidad, organizarnos en comunidad, recoger propuestas, sumar voluntades, movilizarnos de ser necesario y entrar de inmediato a ser actores activos y enérgicos en su ejecución, participando en su verificación y denunciando cualquier acto de corrupción, tan habituales en las contrataciones públicas de estas épocas.

Nuestras Propuestas 

La Unidad Centro del Bloque Magdalena Medio proponemos a la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos, que considere como zona priorizada para la inversión a la Serranía de San Lucas, que incluya todas las comunidades que la conforman y que corresponden a los municipios de Santa Rosa Sur de Bolívar, San Pablo, Cantagallo y Yondó sobre el río Magdalena, Segovia, Remedios y Bagre del Nordeste Antioqueño, Nechí y Montecristo sobre el río Cauca. 

La Serranía de San Lucas es un área extensa, de casi dos millones de hectáreas de las cuales apenas se conservan 120 mil en bosques nativos; está estratégicamente ubicada entre los ríos Magdalena y Cauca, con una impresionante riqueza natural y uno de los ecosistemas más ricos del país, con una importante fuente de aguas potables y frescas que abastecen todas las comunidades aledañas de 14 municipios, y que se verá seriamente amenazada ya que en el mes de junio del presente año vence la figura de protección temporal que existía para la Serranía.

Nosotros queremos decirlo hoy en este evento: la Serranía de San Lucas ha sido históricamente nuestra casa y sede natural donde hemos construido muchos de nuestros campamentos, de nuestras caletas e ilusiones. Con las comunidades campesinas y mineras, apoyamos la decisión de definir un área precisa de preservación del bosque nativo, en lo que hemos llamado la Zona de Línea Amarilla. No ha sido una tarea fácil, pues la pobreza, la miseria y la voracidad de terratenientes y poderosas empresas petroleras y mineras han ido arrastrando las comunidades más pobres a buscar sitios más alejados y dispersos para ubicarse y trabajar.

En eso tenemos nuestra propia visión del problema: no son los campesinos pobres los responsables de la deforestación y la explotación irracional de los recursos, o de la contaminación de las aguas por explotaciones mineras, ni los cultivadores de hoja de coca. Ellos salen siendo las víctimas de una política de Estado, de quienes han diseñado planes de aniquilamiento y exterminio de campesinas y mineros, que no han encuentrado otro camino para sobrevivir a sus miserias.

Si de verdad queremos salvar a la Serranía, si queremos preservar sus riquezas y recuperar estos territorios, la Comisión de Implementación y Seguimiento a los Acuerdos debería escuchar la voz de las comunidades e iniciar ya verdaderos planes de acción inmediata donde se defina las áreas que han de preservarse, la zonas de amortiguamiento para desarrollar actividades económicas rentables y sostenibles con base a la vocación del suelo y la explotación racional de las riquezas, definir con las comunidades las vías de penetración y carreteables que sean necesarias, la formalización de fincas y predios rurales y la puesta en marcha de planes a gran escala para proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, caminos, desarrollo social, educación, salud y vivienda.

Igualmente impulsar programas de desarrollo con enfoque territorial, además de medidas para estimular la productividad agropecuaria y un sistema especial de alimentación y nutrición para erradicar el hambre y la malnutrición. Este enfoque multifacético al más alto nivel, requeriría del más amplio apoyo político de todas las comunidades y sectores incluidos, que es lo que se requiere para dar sostenibilidad al proceso de paz.

Sabemos del interés y reconocemos el esfuerzo de muchas organizaciones sociales y ambientales que vienen trabajando en este mismo propósito. Pero toda actividad desarrollada con relación a la creación de posibles áreas de usos restrictivo y su preservación debe contar con la consulta y activa participación de las comunidades y las organizaciones sociales presentes en esta región.

Al abordar el tema de desarrollo e inclusión social debemos subrayar la necesidad de un cambio radical, porque los avances tecnológicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso sino va acompañado por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra la sociedad. En su lógica capitalista, parece no percibirse otro significado de su ambiente natural, sino aquel que sirve a los fines de un uso inmediato y de consumo. Recogemos las palabras del papa Francisco, el de los pobres, cuando en su encíclica Laudato Si afirmaba que no sería posible construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.

También hacemos nuestras sus palabras cuando afirma que, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no solo por el rechazo de los poderosos sino también por la indiferencia de los demás. 

Queridos compañeros presentes:

En muchos comunicados y textos presentados por nuestra unidad guerrillera hemos hecho propuestas concretas sobre los temas aquí señalados, que queremos reiterarlos en el marco de este evento en lo que se refiere a la implementación de los acuerdos y en lo que hace a nuestra incorporación a la sociedad.

1-      Establecer la Serranía de San Lucas y sus territorios aledaños como área especial de inversión social que favorezca la protección ambiental, impidiendo la entrega de títulos y licencia de exploración a grandes multinacionales mineras.

2-      Convenir con las comunidades y organizaciones sociales todas las medidas de protección necesarias, definiendo zonas concretas de amortiguación y desarrollo rural con base a planes bien definidos de apoyo a los proyectos agropecuarios y de beneficio social.

3-      Apoyar la formalización del trabajo del pequeño minero y del minero artesanal, contribuyendo con recursos del estado la tecnificación y explotación racional y ambientalmente favorable de los recursos que tiene la región.

4-      Iniciar ya con el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en las áreas del Caribona, Cantagallo y algunas veredas puntuales en el Guamocó, con planes sociales y económicos que entren a favorecer a las comunidades más empobrecidas.

5-      Convocamos a las administraciones de los municipios de los territorios aledaños a la Serranía de San Lucas, a los gremios y fuerzas vivas, a la sociedad organizada  a todos los sectores y movimientos políticos que hacen presencia en la región a un gran pacto político que se comprometa no solo a promover el acuerdo desde

las regiones sino a liderar decididamente las transformaciones concretas que hagan de esta apartada y olvidada región, un ejemplo vivo de progreso y reconciliación de la familia colombiana.

6-      Igualmente, llamamos a todas las fuerzas vivas de la región para que no se utilicen más las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad.

7-      Ya hemos designado a tres de nuestros compañeros que en adelante acudirán a los concejos municipales a promover la paz y la reconciliación y elevar estas peticiones para que se hagan realidad en nuestra región en esta región.

Porque sabemos que el sosiego y la concordia son requisitos esenciales para la existencia de los pueblos, llegamos a este Acuerdo con la firme determinación de entregar todo nuestro empeño en buscar los caminos del entendimiento que permitan lograr la obra inestimable de la paz con justicia social.

Esta es la hora de escuchar la voluntad de las gentes, su voz en todos los espacios, trazando los fundamentos de un nuevo acomodamiento de la base social que sea el cimiento de la paz y la felicidad ciudadana.

Estamos obligados por ese tremendo anhelo de paz que tiene el pueblo, a actuar con decisión de manera tal que esta compleja tarea no se desarticule, que no nos divida, ni nos disuelva en los propósitos de la Colombia serena y pujante que todos merecemos. De manera franca y transparente hemos manifestado nuestras opiniones y puntos de vista, nuestra disposición de paz y compromiso de acogernos al texto completo del Acuerdo Final de la Habana. 

Más de medio siglo de exterminio político, de incremento de las desigualdades, de permanencia de la guerra sucia, de implementación de medidas económicas y políticas para el saqueo y la degradación del derecho a la vida contra los colombianos, son muestra irrebatible de la inexistencia de la democracia bajo la responsabilidad directa del Estado. Y le corresponde a éste la responsabilidad también por la persistencia de la guerra y el desangre nacional. 

Son mayoritarios los anhelos de colombianos que se siguen movilizando y apoyando la salida incruenta al conflicto armado; de las víctimas que exigen verdad, justicia y reparación; de los campesinos que requieren tierra y atención a sus necesidades; de los miles de desplazados que aspiran a retornar a sus territorios; de mujeres sometidas y de jóvenes en cuyos hombros ha caído el enorme peso de la guerra. Heridos, lisiados, mutilados, inconformes, prisioneros y vilipendiados, huérfanos y discriminados de todos los colores, lo piden a gritos. Es la hora de sanar heridas y reclamar de los Poderes la grandeza, el desprendimiento y la comprensión que el momento actual exige. 

Que se le dé una oportunidad al pueblo, que se escuche su voz, sus reivindicaciones y sus sueños. Nosotros estamos listos para emprender la ruta del diálogo que haga posible la paz. Para eso venimos preparándonos: llenar nuestro espíritu de la sabiduría y paciencia necesaria para poder enfrentar los retos del post acuerdo.