Por: Carlos Hernando Olaya Rodríguez. Kavilando.
Ante las limitaciones para la financiación estatal de la infraestructura requerida para suministrar energía al centro del país, el gobierno autorizó a las Empresas Públicas de Medellín para que emprendieran la construcción de la hidroeléctrica de Guatapé..
Durante los años cincuenta y sesenta del siglo veinte se produjo en Colombia una gran migración de población rural hacia las ciudades, a causa de la atroz violencia que vivió el país en esa época, y por la atracción de trabajadores agrarios hacia el sector industrial productor de bienes básicos, que se expandió notoriamente en aquel momento. Esto provocó el aumento de la demanda de electricidad, por lo cual, las empresas de servicios públicos de Medellín, Bogotá y Cali diseñaron grandes proyectos de generación hidroeléctrica.
Ante las limitaciones para la financiación estatal de la infraestructura requerida para suministrar energía al centro del país, el gobierno autorizó a las Empresas Públicas de Medellín para que emprendieran la construcción de la hidroeléctrica de Guatapé. Luego, con el propósito de llevar electricidad a la costa Atlántica, se fortaleció la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) con la inclusión de las principales generadoras regionales como socias del Estado en el impulso del sector eléctrico nacional. Simultáneamente se gestionó con organismos de crédito internacional el dinero que hacía falta para la construcción de estas mega-obras; de ahí que con el crédito externo y aún en proceso de construcción de la central de Guatapé, ISA emprendió la construcción en el municipio de San Carlos de una hidroeléctrica con la mayor capacidad instalada del país. A esta le siguieron Jaguas, Calderas y Tafetanes, ubicadas en esta misma área. Paralelamente se autorizó a las Empresas Públicas de Medellín emprender la construcción de la central de Playas, ubicada entre las represas de Guatapé, Jaguas y San Carlos. Vale decir que, la central San Carlos genera 1.240MW, Guatapé 560 MW, Jaguas 170 MW, Playas 200 MW, Calderas 7.4 MW y Tafetanes 1.9 MW. (Olaya Rodríguez, 2012)
En la ejecución de estos proyectos se dispuso toda la capacidad de endeudamiento del país con los organismos de crédito internacionales, de modo que entre 1970 y 1987, el Banco Mundial hizo préstamos a Colombia para este tipo de proyectos por un valor cercano a los US$1.900 millones, y el Banco Interamericano de Desarrollo contribuyó con una suma similar”.
En el estudio realizado por Ochoa, Smith Quintero, & Villegas Botero, (2002) titulado: El Sector Eléctrico Colombiano. Orígenes, evolución y retos. Un siglo de desarrollo. [1882-1999], se indica que la búsqueda afanosa de recursos para acometer las obras de infraestructura eléctrica llevó a contratar los fondos más costosos disponibles, no obstante contar la garantía de la nación. En consecuencia, durante la década de los años ochenta “el sector eléctrico fue objeto de operaciones masivas de financiamiento por parte del Gobierno, bajo modalidades como la utilización de excedentes de las empresas industriales y comerciales del Estado para pagar el servicio de la deuda, partidas directas del presupuesto nacional, créditos contratados directamente por el ministerio de Hacienda o garantías otorgadas por la nación”, de manera que “entre 1978 y 1988, las transferencias del gobierno para asumir la deuda fueron de US$1.100 millones.
Los promotores de la expansión del sector eléctrico en Antioquia decidieron la ubicación de las represas en el oriente, dadas las óptimas condiciones que brindaban las pendientes del terreno y la abundancia de aguas, además de que, para instalar a bajo costo el kilovatio hora, consideraron que podrían adquirir las tierras de estos lugares a bajos precios; a la vez que subestimaron los impactos sobre la población local.