Por: Hispano
Durante los dos gobiernos consecutivos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), no menos de siete mil colombianos humildes, en su mayor parte jóvenes y muchos de ellos menores de edad, fueron asesinados –inermes y engañados– por las Fuerzas Armadas y de Policía
Durante los dos gobiernos consecutivos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), no menos de siete mil colombianos humildes, en su mayor parte jóvenes y muchos de ellos menores de edad, fueron asesinados –inermes y engañados– por las Fuerzas Armadas y de Policía en el cumplimiento de una refinada y feroz política de estado que permitía sacrificarlos y disfrazar sus cadáveres con prendas militares y armas de guerra implantadas que nunca poseyeron. De esta manera, eran presentados como “criminales” abatidos en combates ficticios con el propósito de darle a la opinión pública la impresión de que el gobierno, por fin, estaba ganando denodadamente la guerra, como nunca antes, contra las FARC y otros grupos guerrilleros.
Los policías y militares que cometían estos homicidios obedecían órdenes de la presidencia de la república y el alto mando, con la seguridad de que nunca serían judicializados sino, por el contrario, premiados con dinero en efectivo, ascensos, medallas al valor y vacaciones, lo que fue especificado en forma detallada –para infundirles ánimos y confianza– en un decreto conocido como “Directiva secreta número 29”. Allí estaban garantizados la impunidad plena y los precios exactos a pagar por cada asesinato, además de los distintos elementos de guerra que le fueran colocados a cada cadáver. El resultado fue una orgía de sangre en todo el país, tanto así que en más del 90 por ciento de las unidades militares del país incurrieron de manera sistemáticas en este tipo de lucrativos fusilamientos, a los que dieron en llamar “falsos positivos”.
En una grabación magnetofónica que guardo en Nueva York y de la cual he entregado copias a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a Human Right Watch y a Amnistía Internacional, se puede oír cómo desde su puesto de mando en Bogotá un general conversa durante una ronda de radio semanal con los comandantes subalternos suyos en el resto del país. A cada uno le pregunta por las nuevas bajas de enemigos logradas en el campo de batalla e insulta y reprende a uno solo que alega no haber podido matar a ninguno debido a que, felizmente, su área territorial de control carece de problemas de violencia y rebelión. “¡Pues sea creativo, necesito resultados!”, le ordena el comandante.
La justicia colombiana ha podido condenar con grandes dificultades a cerca de 800 reclutas rasos que participaron en los “falsos positivos” mientras que muy pocos oficiales de alto rango han sido llevados a juicio, a pesar de que contra estos existen muchas más evidencias y testigos que contra aquellos. Es el caso del general Mario Montoya, ex comandante de las Fuerzas Militares, contra quien abundan evidencias y señalamientos de la manera como ordenó, concibió y dirigió millares de asesinatos en todo el país. Uno de los testimonios más fuertes conocidos es el del capitán de ejército y al mismo tiempo paramilitar Adolfo Enrique Guevara Cantillo (ver testimonio)
Montoya, hoy en retiro, ha sido inmune a la justicia, tanto como la mayor parte de los generales que, como Jaime Lasprilla Villamizar, acataron sus órdenes y pusieron a las tropas que comandaban a cometer los “falsos positivos” que les fueron solicitados.
Lasprilla, acaba de denunciarlo The Miami Herald, es el agregado militar de Colombia en Washington, a pesar de tener acusaciones por no menos de 55 ejecuciones extrajudiciales durante el tiempo en que fue comandante de la Novena Brigada del Ejército, en el departamento andino de Huila.
Una de las tácticas más afectivas que se han utilizado para poner fuera del alcance de la justicia colombiana a los militares acusados ha sido la de llevarlos a ejercer cargos y funciones por fuera del país. El propio Montoya partió a ser embajador de Colombia en República Dominicana apenas salió del servicio militar con innumerables señalamientos y acusaciones formales que a los investigadores criminales asignados para investigarlas les da miedo remover.
El servicio exterior es una de las trincheras más efectivas para proteger a grandes corruptos colombianos de la acción de la justicia. Uno de ellos fue el político Salvador Arana, a quien Eduardo Díaz, alcalde del municipio de El Roble, departamento de Sucre, acusó de estar preparando un plan para asesinarlo y, a voz en cuello, se lo dijo públicamente en 2003 al entonces presidente Uribe durante un acto que estaba siendo llevado por televisión a todo el país. Pero nada valió: Díaz, en efecto, fue asesinado por Arana y este inmediatamente recibió el cargo de embajador de Colombia en Chile.
De la misma manera, el exsecretario de información y propaganda de la presidencia de Uribe, César Mauricio Velásquez, fue enviado a ejercer el cargo de embajador en El Vaticano y desde entonces supo usar esta misión para huir indefinidamente de la justicia que lo busca por haber cooperado con la desaparecida policía secreta DAS en una campaña criminal de la que fueron víctimas alrededor del mundo opositores, periodistas y jueces.
La denuncia de The Miami Herald, en Colombia cayó en el vacío, donde la impunidad es tanta que podría decirse que el país ni siquiera la entendió. Hace cercad de dos semanas, durante una “marcha nacional contra la corrupción” convocada por Uribe, fue aplaudido en Medellín John Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, el afamado jefe de sicarios de Pablo Escobar, condenado a una veintena de años de cárcel, que ya pagó, por más de tres mil homicidios. Una mujer que lo interceptó en la marcha para preguntarle con qué autoridad moral podía salir a lamentarse fue rechazada a gritos por una turba que corrió a defender al asesino.
Si esa es la moral pública colombiana, ¿qué tiene de malo que sea agregado militar en Washington un general que solamente ha asesinado a escasos 55 inocentes?
Tomado de: http://www.hispanopost.com/sobre-la-denuncia-de-the-miami-herald-contra-un-general-colombiano