Por: ONU
Un llamado al Estado colombiano a reducir la impunidad y atender los desafíos relacionados con el acceso a la justicia, garantizando que todas las violaciones a los derechos humanos sean debidamente investigadas y sus presuntos perpetradores sean procesados, así mismo implementar la Reforma Rural Integral del acuerdo de Paz, promover una profunda transformación del Esmad, fotalccer las investigaciones por asesinato de lidres sociales, entre las importantes recomendaciones hechas en el Informe que sobre Derechos Huamanos 2019 en Colombia, presentó la Alta Comisionada para los DH de la ONU.
La Alta Comisionada para los derechos humanos reitera las recomendaciones hechas en informes anteriores y formula las siguientes recomendaciones adicionales:
a) Exhorta al Estado a seguir avanzando en la implementación de todos los puntos del Acuerdo de Paz, de forma sostenida e integral, especialmente con respecto a las disposiciones relativas al enfoque étnico y de género y a la participación de las víctimas, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
b) Alienta al Estado a acelerar la implementación de la Reforma Rural Integral contenida en el Acuerdo de Paz, en coordinación con otros procesos e instrumentos de planificación, como el Plan de Reparación Colectiva y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
c) Insta al Estado a incrementar los esfuerzos para establecer una mayor presencia de autoridades civiles del Estado en áreas rurales.
d) Alienta a la Fiscalía General de la Nación a ampliar sus investigaciones sobre las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, especialmente en relación con la identificación y sanción de los autores intelectuales de estas agresiones.
e) Recomienda incrementar el uso de las medidas colectivas de protección, destinando a la Unidad Nacional de Protección los recursos financieros suficientes y estableciendo criterios de corresponsabilidad entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales, con el fin de atender las causas estructurales generadoras de violencia. Para lograr este objetivo, incluso podría requerirse el apoyo, con recursos económicos, de la comunidad internacional. Adicionalmente, las nuevas autoridades regionales deberían priorizar las medidas de protección colectiva en sus instrumentos de planeación, tales como los Planes de Desarrollo y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, asignando recursos suficientes para su completa implementación.
f) Insta al Estado a restringir, en la mayor medida posible, y de acuerdo con las normas y estándares internacionales, el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social. Así mismo, y de acuerdo con la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la policía, recomienda transferir la supervisión de la policía al Ministerio del Interior.
g) Urge al Estado a iniciar investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD durante las recientes protestas sociales. Asimismo, el ACNUDH insta a que se inicie una profunda transformación del ESMAD, incluyendo una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales.
h) Urge al Estado a reducir la impunidad y atender los desafíos relacionados con el acceso a la justicia, garantizando que todas las violaciones a los derechos humanos sean debidamente investigadas y sus presuntos perpetradores sean procesados.
i) Insta a las autoridades pertinentes a garantizar el respeto de las normas y estándares internacionales en la investigación de violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal en donde presuntamente están involucrados miembros del ejército y/o la policía, y asegurar que la justicia ordinaria mantenga su competencia sobre estas investigaciones.
j) Alienta a la Fiscalía General de la Nación a aplicar consistente e integralmente los Protocolos de Minnesota y de Estambul en las investigaciones de violaciones que involucran presuntamente al ejército y/o a la policía.
k) Urge al Ministerio del Interior a continuar la ruta concertada con los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en relación con las propuestas de reglamentación de la consulta previa, libre e informada.
l) Insta a las nuevas autoridades regionales a priorizar, en sus planes de desarrollo, programas y proyectos que garanticen el goce efectivo de los derechos humanos.
m) Urge a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a responder de manera rápida y efectiva a las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo; para mejorar estas respuestas, el Ministerio del Interior debería implementar un sistema de indicadores para evaluar el impacto de las respuestas del Estado a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.