Por: REDIPAZ
La Red Interuniversitaria por la Paz, resalta la labor de líderes y organizaciones sociales, étnicas, populares ante la constantes crisis sociales y ahora, ante la pandemia COVID19. Por otra parte, hace un llamado al Gobierno para hacer del Estado un real garante de derechos de trabajadores, informales, desempleados, excluidos, pequeña y mediana empresa, comunidades étnicas, habitantes de calle, población carcelaria, de manera ágil y oportuna.
COMUNICADO REDIPAZ
Redipaz exhorta al Estado y otros actores a que respondan efectivamente a la pandemia
Abril 15 de 2020
Ante la cuarentena ocasionada por la COVID-19, la Red Interuniversitaria por la paz (Redipaz) desea expresar sus opiniones frente a la situación actual, el manejo de la misma y las comunidades más afectadas.
Inicialmente, queremos resaltar la labor de las diversas organizaciones sociales y plataformas que trabajan en las zonas más vulnerables, donde habitan seres humanos anónimos, comprometidos.
Ellas han sumado esfuerzos para contener material y espiritualmente la tragedia económica y humana que genera en los sectores históricamente empobrecidos, como consecuencia de un modelo social y político impuesto en favor de la economía de mercado. Estos liderazgos barriales, hoy responden en los territorios ante la compleja crisis que ahonda la pandemia , pero sus esfuerzos quedan cortos ante el tamaño de la crisis y un Estado que no llega con eficiencia. En este sentido, resaltamos de manera especial la labor que han desarrollado los líderes y oganizaciones en la Zona Nororiental de Medellín, en el marco de sus 100 años.
Además, frente a la realidad que estamos viviendo, la Redipaz invita a generar reflexión y propone acciones alternativas para responder a las necesidades actuales. Por eso, manifiesta que:
Urge la presencia efectiva del Estado. Es necesario que los diversos niveles del gobierno, tanto nacional como departamental y local, sean más ágiles en la distribución de alimentos y ayudas humanitarias a las personas y familias que lo requieren. Cada vez son más los desempleados, vendedores ambulantes y trabajadores en general que sufren porque se les dificulta conseguir su sustento diario. Ellos pertenecen a ese grupo de personas que para el DANE representan el 41.7% de los colombianos en 2020, es decir 20.850.000 (veinte millones ochocientos cincuenta mil de colombianos). Ante esta situaciones, consideramos que deben tomarse como ejemplo acciones realizadas por la Gobernación del Magdalena, que ha repartido mercados para un mes a los habitantes de los estratos 1 y 2.
Que el gobierno no haga uso de la Emerencia declarada para profundizar un modelo excluyente y concentrador de riqueza. De ninguana manera es aceptable ni etico, que el gobierno de turno, oriente las políticas del Estado en tiempos de declarado estado de Emergencia, para profundizar reformas pensionales, laborales, financieras regresivas, así mismo, apalancar medidas que profundicen el extractivismo vulnerando comunidades y la naturaleza profundizando una socidad desigual, su tarea es ahora, recuperar el Estado para garantizar derechos y ganar en equilibiros sociales y ambientales.
El Estado debe tomar control del sistema de salud. El Estado debe hacer retroceder la Ley 100, que privatizó el sistema de salud, y retomar el control del sistema público de salud. Para ello, debe implementarse un modelo de gestión y administración de lo público que elimine la corrupción y el oportunismo del sistema de salud y del sistema político colombiano.
El estado debe garantizar una Renta Básica Universal. Esta es una medida clave para impedir que los efectos sociales y humanitarios de la pandemia, como el hambre y otras necesidades insatisfechas, lleven a los colombianos a tomar medidas desesperadas como el saqueo y la violencia.
El Estado debe promover la condonación de la Deuda Externa. Deberá pasarse para aprobación, vía Congreso y firma del presidente de la República, la propuesta de búsqueda de la condonación de la deuda externa. De ese modo, se evitarán presiones internacionales sobre el manejo de la economía y se acudirá a las reservas internacionales, en todos los niveles, solo cuando sea necesario.
Se debe atender ya la crisis carcelaria. Es necesario que el gobierno nacional tramite, por primera vez en la historia, la problemática carcelaria más allá de amnistías a ciertos reclusos. Debe transformarse la política de criminalización de procesos sociales históricos, que tienden generalmente a convertir en delincuentes a las grandes masas de colombianos empobrecidos. Ejemplo de ello es la política de criminalización que deja al menos 40 procesos en la Fiscalía General de la Nación, producto de supuestos incumplimientos y desatenciones de todas las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno nacional y las autoridades de salud. En consecuencia, debe velarse por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad pues, como reza una de las consignas del movimiento carcelario en este momento, ellos “perdieron su libertad, no fueron condenados a la muerte”.
Se deben fortalecer los espacios democráticos existentes, como el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización (Conpaz). En este espacio se encuentran representados la gran mayoría de sectores sociales de la ciudad. Como órgano asesor, puede aportar en la construcción de caminos para la consecución de la paz urbana, como solución frente a la agudización de las problemáticas sociales en la ciudad. Es necesario que el Conpaz, como lo ha hecho el Senado de la República, busque formas alternativas de funcionamiento y se articule desde las posibilidades que brindan las comisiones de trabajo que se tienen en su interior. En el caso de Medellín, este órgano no puede continuar siendo “un convidado de piedra”, como lo supuso a principio de año la Gerencia Social y el mismo alcalde, Daniel Quintero.
Hacemos un llamado al cese multilateral de fuegos. A las fuerzas insurgentes, que persisten en armas, así como a las fuerzas estatales y paraestatales que continúan su accionar, las exhortamos a que detengan sus operaciones en todo el territorio nacional como una muestra de apoyo a los procesos de contención de la pandemia. Ya el Ejército de Liberación Nacional (ELN) dio el primer paso.
Debe evitarse el show mediático y no convertir el dolor humano en cálculos políticos. No pueden hacerse políticas de Estado con objetivos de caridad; deben tratarse como lo que son: derechos adquiridos históricamente por la humanidad y considerados como básicos para el desarrollo pleno de esta.
Por último, instamos en especial, a la administración municipal de Medellín para que sea garante de los derechos que garantizan el porvenir de las comunidades.
Es este, un Municipio con importantes ingresos, con gran infraestructura, recursos de inversión, por lo cual ostenta gran capacidad logística para importantes eventos nacionales e internacionales y repite hasta el cansancio que es la ciudad “más”. Por todo ello, debe estar a la medida del reto humanitario generado por la crisis derivada de la Pandemia de la COVID-19.
¡No puede ser que la opción sea contagiarse o morir de hambre!.