Este 8 de noviembre de 2025, se cumple un año de la desaparición forzada de Julia Chuñil, defensora de los bosques en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, Chile, vista por última vez en el terreno en disputa con el empresario Juan Carlos Morstadt. Se preparan movilizaciones en todo el país exigiendo verdad y justicia.
Asamblea contra las Rutas del Saqueo
27 de octubre de 2025
Entre 2012 y 2024 se estima que se asesinaron a más de 2253 personas defensoras del territorio y el ambiente de los cuales el 80% de los casos documentados son de América Latina, eso según Global Witness, lo que la constituye en el lugar más peligroso del planeta para estas personas, la mixtura entre poder político empresarial e impunidad son el abono perfecto para la proliferación de proyectos extractivistas a costa de las vidas de los territorios. El acaparamiento de tierras y aguas por parte de las empresas extractivas se relaciona proporcionalmente al acoso y la violencia hacia las comunidades locales.
Si bien los informes entregados para el 2024 registran la disminución de casos en comparación con el año 2023 (https://globalwitness.org/es/campaigns/land-and-environmental-defenders/raices-de-resistencia/) , la violencia hacia las comunidades y personas que defienden los territorios ha ido especializándose, ya no basta con las amenazas, secuestros, desapariciones, asesinatos, aunque el sicariato no es una práctica nueva para nuestros pueblos, su transnacionalización ha implicado su llegada a territorios cada vez más recónditos.
Una de las prácticas que cada vez se utiliza más es la criminalización de las comunidades y personas que resisten los avances del extractivismo salvaje, pero ya no solo utilizando la figura del terrorismo tan beneficiosa para empresarios y malos gobiernos, sino por medio de la denuncia judicial contra personas que defienden los territorios, procesos judiciales sin bases sólidas que las empresas interponen en torno a delitos comunes como robos, hurtos, injurias, invasión a la propiedad, disturbios o alteración del orden público, por mencionar algunos y que los Estados se hacen parte, prolongando detenciones preventivas encareciendo procesos y precarizando aun más la economía de las y los defensoras/es, justificando detenciones arbitrarias y vigilancia constante.
Todo con la finalidad de desalentar, dificultar y deslegitimar la labor de la defensa de los territorios, lo anterior sumado a la precarización de la vida que conlleva la instalación de las zonas de sacrificio necesarias para cualquier proyecto extractivista minero, agroindustrial, energético es derechamente tan criminal como las desapariciones forzadas y el asesinato.
Es el caso de referentes mapuche de ambos lados de la cordillera. A mediados de Octubre, el ministerio de seguridad argentino incluyó a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo.
Entre ellos a Matías Santana, (caracterizado por gendarmería como el mapuche de los binoculares que prestó testimonio contra la fuerza en el caso Maldonado), Luciana Jaramillo, Joana Colhuan, Jessica Bonefoi (criminalizadas durante el gobierno de Fernández, absueltas en un acuerdo que después el mismo Estado incumplió), y María Nahuel, madre de la machi Betiana.
Ya en febrero habían hecho lo propio con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) a la cual vinculan con Facundo Jones Huala, detenido arbitrariamente por “escribir poemas subversivos” encuadrado luego por “asociación ilícita calificada” y alejado de su familia en la cárcel de máxima seguridad de Rawson,
En la Gullumapu restan nombrar a referentes organizados de distintas Lof que han defendido el territorio del saqueo forestal de Mininco, Arauco o Forestal del Sur, perpetuado impunemente desde los tiempos de la dictadura, como por citar un caso el de la werken Claudia Nahuelan Llempi, de la Lov Pocuno, con prisión formalizada este año tras más de un año detenida preventivamente sin pruebas, e intencionalmente lejos de sus 3 hijos. A igual que con Huala, los traslados ilegales, y los encarcelamientos con desarraigos intencionales de sus familias, son violaciones sistemáticas en estas criminalizaciones.
A esto se debe sumar el enrarecimiento acentuado por los contextos electorales: las presidenciales de Chile, donde la derecha de Kast vuelve por su revancha con posibilidades, y las intermedias legislativas en Argentina, que se han planteado como una suerte de referéndum al gobierno de Milei. Celebradas este domingo 26 de octubre, ha sorprendido la baja participación, porque en un país donde el voto es obligatorio, quien ganó fue la abstención con 34% del electorado, siguiendo LLA con 28%, el peronismo con 20% y el resto con 18%, aunque la derecha muestre con euforia su triunfo tras el chantaje y el disciplinamiento materializado con la ayuda del Tesoro norteamericano.
Cabe mencionar que, en la provincia de Mendoza a solo tres días de las elecciones una multitudinaria marcha en defensa del agua terminó con una represión desproporcionada e ilegal, como describe Eugenia Segura, asambleísta de Uspallata en la nota publicada en este portal “Veinte soldaditos de plomo contra una bailarina”. En ella denuncia la detención violenta de Liza Rule, hija del escritor Fernando Rule, apresada junto a Martín Iglesias, durante una movilización pacífica contra el Proyecto San Jorge por un comisario de civil y, anillos concéntricos de policías que parecían jugadores de rugby tacleando a un adversario.
Esto, en una provincia aliada de Milei donde el agua protegida por una ley defendida históricamente, está siendo entregada a las mineras, mediante artilugios forzados. La misma provincia que, por la misma defensa, ha imputado a Nora Moyano, asambleísta de Las Heras por el Agua Pura, bajo la acusación de “secuestrar diputados” al rodear la legislatura en el marco de las movilizaciones que a fines de 2019 frenaron el intento de modificar la Ley 7722 guardiana del agua de Mendoza.
Como en el mundo del revés, se invierte la acusación: partidos y uniformados que muestran la hilacha en sus financiaciones y vínculos con el crimen organizado y los proyectos extractivos, (tal es el caso de quien encabezaba la lista de diputados bonaerenses, Spert con Fed Machado), son los que acusan de terrorismo a quienes defienden la tierra del avance extractivo. Y es también el caso por la desaparición forzado de Julia Chuñil: la justicia intenta inculpar a los hijos, a pesar de que todo señala a su vecino hostigador Juan Carlos Morstadt, a quien, ella misma había advertido señalándolo: “Si me pasa algo, ya saben quién fue”.
Junto con el avance de los discursos pedagógicos de miedo que instala la derecha, confrontamos la idea que los discursos de odio o racismo sean por ideología. Desde los territorios se lee que, al igual que las dictaduras militares de hace 50 años, los discursos de odio y la criminalización tienen una clara base material para expandir las fronteras extractivas justificándolo con narrativas de seguridad, misoginia y xenofobia.
Para ello, se identifican enemigos, en lo posible extranjeros o indígenas, y se evita plantear la relación de poder preexistente así como generar soluciones reales al tema migratorio, de vivienda, de la tierra, del agua, por ejemplo, al mismo tiempo que se buscan chivos expiatorios como mapuche, venezolanos o peruanos como actores desestabilizadores del orden.
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Más información:
Asamblea contra las RutasdelSaqueo. #NuestraAmérica Boletín 21 ...
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