Ya no hacen falta tanques para quebrar la voluntad de los pueblos. Hoy bastan fiscales, jueces, medios corporativos y una legalidad convertida en arma política. El caso Pedro Castillo revela una vez más cómo el lawfare se consolida como el nuevo rostro del intervencionismo en América Latina, una rediseñada ¿operación Condor?.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
América Latina atraviesa una profunda transformación de las formas mediante las cuales se disputa el poder político, los golpes de Estado clásicos, protagonizados por juntas militares y bombardeos contra las instituciones republicanas, no han desaparecido completamente, pero han cedido protagonismo a modalidades más sofisticadas de desestabilización. Hoy, la destitución o neutralización de gobiernos populares suele ejecutarse desde los tribunales, los ministerios públicos, los organismos de control, los grandes conglomerados mediáticos y los mercados financieros.
Este fenómeno, ampliamente estudiado bajo el concepto de lawfare, constituye una modalidad de guerra híbrida que instrumentaliza el derecho para alcanzar objetivos políticos. La ley deja de operar como garantía de derechos para convertirse en un instrumento de persecución, disciplinamiento y reconfiguración del poder. No se busca únicamente condenar a determinados dirigentes, sacarlos de la escena político-electoral ojalá por siempre, además dejar un relato demonizador frente a ellos, así, se pretende aconductar, condicionar la voluntad popular y restringir la capacidad de los pueblos para decidir soberanamente su propio destino.
El caso del expresidente peruano Pedro Castillo Terrones constituye hoy uno de los ejemplos más graves de esta tendencia en Nuestra América, una muestra de una justicia puesta al servicio de élites locales y extrajeras como instrumento de persecución.
La Opinión 78/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas representa un documento de enorme trascendencia jurídica y política. Tras examinar el caso, el organismo concluyó que la privación de libertad de Pedro Castillo fue arbitraria y vulneró derechos fundamentales protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El dictamen identifica graves irregularidades relacionadas con la legalidad de la detención, la vulneración de las garantías del debido proceso, la utilización desproporcionada de la prisión preventiva y el desconocimiento de garantías constitucionales asociadas al ejercicio de la Presidencia de la República.
Más allá del caso individual, la resolución plantea una pregunta de enorme profundidad democrática ¿qué ocurre cuando los propios órganos llamados a garantizar la Constitución terminan convirtiéndose en instrumentos de disputa política?
Cuando ello sucede, no solo se vulneran derechos individuales; se fractura el pacto democrático y se altera la voluntad expresada por millones de ciudadanos en las urnas.
El lawfare como patrón regional
Lejos de constituir un episodio aislado, el caso peruano forma parte de un patrón observable en diversos países latinoamericanos durante las dos últimas décadas.
La persecución judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, posteriormente cuestionada por el propio Supremo Tribunal Federal; la judicialización de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina; las acciones posteriores al golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales y otros dirigentes del Movimiento al Socialismo en Bolivia, contra la Revolucion Bolivariana en Venezuela, la brutal agresión contra Cuba, la persecución y señalamientos infundados contra Gustavo Petro en Colombia, así como las reiteradas disputas institucionales que han acompañado distintos procesos políticos en la región, muestran una preocupante tendencia, el desplazamiento del conflicto político hacia escenarios judiciales.
La sustitución del golpe militar por el golpe judicial responde a una lógica sencilla, resulta menos costosa internacionalmente una sentencia que un bombardeo; menos visible una prisión preventiva prolongada que una dictadura militar; más eficaz una inhabilitación electoral que la clausura formal de la democracia.
La apariencia de legalidad permite preservar intacto el discurso democrático mientras se restringe, en la práctica, el ejercicio de la soberanía popular.
Así, la justicia se convierte en campo de batalla y escenario de manipulación desruyendo la credibilidad institucional. El lawfare no puede entenderse únicamente como un problema jurídico, constituye un dispositivo geopolítico que opera en articulación con poderes económicos, mediáticos y financieros.
Su finalidad trasciende la remoción de determinados dirigentes políticos, lo que realmente está en disputa son los proyectos de país, el control de los recursos estratégicos, la orientación de las políticas públicas y la capacidad de los Estados para ejercer soberanía sobre bienes comunes como el litio, el agua, los hidrocarburos, la biodiversidad o la Amazonía, su economía y bienestar real.
En ese contexto, la judicialización de la política termina convirtiéndose en una herramienta de reorganización del poder compatible con los intereses del capital transnacional y de los principales centros de poder mundial, mediado todo, por élites mafiosas locales.
Nuestra América frente al desafío democrático
La resolución de Naciones Unidas sobre Pedro Castillo trasciende el caso peruano y constituye una advertencia para toda América Latina.
Cuando el derecho deja de proteger a los ciudadanos y comienza a seleccionar adversarios políticos; cuando la prisión preventiva reemplaza al debido proceso; cuando fiscales y jueces adquieren la capacidad de alterar el resultado de elecciones mediante decisiones judiciales, la democracia comienza a vaciarse desde dentro o deja ver su real contenido.
La defensa de la soberanía ya no consiste únicamente en proteger las fronteras nacionales, también exige defender la independencia judicial, el debido proceso, la voluntad popular y el derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro sin interferencias de poderes económicos, mediáticos o geopolíticos.
Nuestra América conoce demasiado bien las distintas formas de dominación, primero fueron las invasiones; después las dictaduras; más tarde el endeudamiento y el ajuste estructural. Hoy asistimos al refinamiento de una herramienta en la que los expedientes judiciales pretenden hacer el trabajo que antes realizaban los cuarteles.
Pero, ninguna arquitectura de poder ha logrado detener definitivamente la voluntad de los pueblos.
La libertad de Pedro Castillo constituye una exigencia jurídica fundada en el derecho internacional; pero también representa una causa profundamente democrática, defender el debido proceso, la soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos significa defender el derecho de nuestras sociedades a construir, sin tutelas externas, sus propios caminos históricos. Los pueblos pueden ser perseguidos, encarcelados o proscritos, pero jamás derrotados cuando conservan la memoria, la organización y la dignidad.
A este panorama se suman las revelaciones conocidas como "Honduras Gate", que aportan nuevos elementos para comprender las redes de influencia, los mecanismos de injerencia y las formas contemporáneas de articulación entre actores políticos, judiciales, empresariales y agencias externas en los procesos de desestabilización regional. Más allá de las responsabilidades específicas que cada investigación establezca, estos hechos obligan a una reflexión estratégica, las disputas que atraviesan Nuestra América no son únicamente nacionales, sino que responden a dinámicas geopolíticas donde convergen intereses económicos, financieros y militares de alcance global.
Comprender estas matrices de intervención resulta indispensable para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestros pueblos. No basta con denunciar; es necesario desarrollar inteligencia estratégica, integración regional, soberanía institucional y conciencia histórica. Nuestra América no nació para ser colonia, enclave extractivo ni protectorado de ninguna potencia.
Somos pueblos libres, forjados en luchas de emancipación, y la defensa de esa libertad exige hoy la misma dignidad, unidad y decisión transformadora con la que Bolívar, Martí, Sandino, Allende, Fidel y tantos otros entendieron que la soberanía jamás se concede, se conquista y se defiende permanentemente.
Frente a la internacional del lawfare, corresponde levantar la internacional de los pueblos. Allí donde pretendan imponer el miedo, hagamos crecer la organización; allí donde intenten secuestrar la democracia, defendamos la soberanía popular; allí donde conviertan la justicia en instrumento de dominación, respondamos con memoria, unidad y movilización.
Porque ningún expediente judicial podrá encarcelar para siempre el derecho de los pueblos a hacer historia a defender su libertad.
*Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ y Grupo Atuónomo Kavilando.
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