Los vendedores ambulantes de Bucaramanga están siendo sometidos a desalojos y a la violación de sus derechos humanos y laborales, por parte de la alcaldía municipal y la fuerza pública.
Según organizaciones de derechos humanos y la CUT, había unos 4.500 vendedores sólo entre diciembre y enero en las calles de Bucaramanga. La mayoría de ellos, víctimas del conflicto, personas de la tercera edad que no pueden acceder a un trabajo estable, desplazados y desempleados.
El actual alcalde, Luis Francisco Bohórquez, les aseguró que les iba a entregar un sitio para que se mudaran sin inconvenientes. La propuesta de ubicación que el alcalde les dio a los vendedores es la construcción de un centro comercial alejado de la ciudad donde hay inseguridad y deben pagar arriendo, lo cual va dirigido a la quiebra de estas personas.
El actual Secretario de Gobierno, René Garzón, aprovechó la ausencia del burgomaestre para sacar un decreto en compañía de las fuerzas militares que militariza el centro de la ciudad. Se llevaron contingentes con cerca de 1.000 hombres de Bogotá y Barrancabermeja, entre agentes de la Sijín, Sipol, Policía Nacional, Ejército y Esmad.
A las 2:30 de la mañana del lunes pasado se militarizó el centro de Bucaramanga y se desalojó de manera violenta, con exceso de fuerza y cometiendo violaciones de derechos humanos a los vendedores, con el objeto de que no sigan trabajando. Además, se sacó un decreto donde se prohíbe todo tipo de manifestación durante el transcurso de esta semana. Al mismo tiempo, varias personas permanecen retenidas en las estaciones.
Todas estas situaciones tienen a los vendedores ambulantes de Bucaramanga en un laberinto sin salida y la respuesta del gobierno nacional ha sido la represión. “Es vergonzoso que el gobierno nacional esté apoyando estas medidas y no haya acciones de la Defensoría del Pueblo para proteger esta población”, dice Oscary Ávila.
-- Nota Tomada del Sitio WEB (Eldia.com.co):