Miembros del Ejército quemaron vivo a un hombre a quien señalaban como comandante guerrillero del Eln. Los hechos ocurrieron en 1993 en Cúcuta. En este caso figura el nombre del mayor (r) César Maldonado, condenado por el atentado a Wilson Borja
Para el Alto Tribunal no fueron válidos los argumentos que utilizaron desde el Ministerio de Defensa para Justificar el actuar del Batallón Maza Mecanizado No.5 División de Especiales Unidad de Contraguerrilla en Cúcuta (Norte de Santander), a la que pertenecían Maldonado y tres uniformados más que participaron en el cruel asesinato. La versión del Ministerio indicó que los militares se encontraban ese 3 de noviembre de 1993 en medio de un operativo militar y que así capturaron a los presuntos subversivos. A todos, menos a Liévano.
El Consejo de Estado señaló, sin embargo, que si bien los soldados estaban cumpliendo con su servicio, ello no justificaba que torturaran a los tres hombres y finalmente asesinaran a uno de ellos, todo por conseguir información sobre el grupo guerrillero. Por eso, en la sentencia de 255 páginas, la alta corporación reiteró que la función de la Fuerza Pública es velar por la protección de los derechos humanos y no violarlos.
El fallo, que también está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicó que “estos hechos no se pueden permitir, garantizando la no repetición, la paz de Colombia no se puede lograr con la violencia y si son agentes del Estado que están actuando para controlar actos delictivos deben respetar la vida e integridad o de los supuestos delincuentes".
El alto tribunal ordenó que el Estado repare económicamente a dos de las tres familias de las víctimas. La primera es el grupo familiar de Ramón Alirio Perez Vargas que recibirá alrededor de $350 millones de pesos. La segunda es la familia del asesinado Gerardo Liévano García, que fue reparada con $750 millones. Igualmente, el fallo señaló que los soldados condenados por este crimen, César Alonso Maldonado Vidales, William Ricardo del Valle, Edilfonso Goyes Buitrón, Néstor Fandiño, deberán reembolsar al Ejército y al Ministerio de Defensa, proporcionalmente a su grado militar, las sumas de reparación que se establecieron.
Así las cosas, el mayor (r) del Ejército César Alonso Maldonado Vidales volvió ser objeto de una sentencia en su contra. En 2007 fue condenado a 27 años y nueve meses de prisión por el atentado que orquestó contra el excongresista Wilson Borja, ejecutado en el año 2000, y en el que María del Pilar Bolaños, una vendedora de tintos, resultó muerta. Por las torturas de los tres hombres que se mencionan en el fallo del Consejo de Estado y la muerte de Gerardo Liévano, también la justicia confirmó la culpabilidad de Maldonado.
Por el atentado contra Borja, Maldonado fue recluido en el centro de reclusión militar PM-13 en Bogotá y, en 2004, se descubrió que se había fugado. Asimismo se identificó que, tras el escándalo del ‘Tolemaida Resort’ –la cárcel al interior de la base aérea de Tolemaida–, el mayor (r) también se habría escapado de su sitio de reclusión. Fue el 9 de enero de 2011que Maldonado fue remitido al pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota.
En julio de 2012, por cuenta de unas declaraciones que le iba a entregar a la Fiscalía, fue trasladado nuevamente a la PM-13, pero dada la controversia que generó el traslado y la delicadeza del mismo, volvió a ser uno de los reclusos de máxima seguridad en La Picota. Ahora Maldonado no sólo tendrá que cumplir su condena tras las rejas, sino que además deberá destinar dinero de su propio bolsillo para reparar a los familiares de sus víctimas.