Por: Luís Carlos Guerrero S.
El Sacerdote y luchador popular Camilo Torres Restrepo en su mensaje dirigido a las mujeres decía “Dentro de la clase popular la mujer tiene muchos deberes de tipo material y casi ningún derecho espiritual. El más alto grado de analfabetismo lo tienen las mujeres de la clase popular. Tienen que trabajar duramente en las ocultas, pero en ocasiones muy duras labores del hogar....” Más adelante refiriéndose a la mujer trabajadora afirmaba que “ La mujer de la clase obrera no goza de ninguna protección social y mucho menos legal...”.
La realidad de Colombia constata de manera asombrosa esta tendencia estructural a la desigualdad, la discriminación, la mayor explotación, la invisibilización de las mujeres con su correspondiente en la ausencia de justicia y equidad social.
Es tan abrumadora la situación que viven las mujeres que la ONU hace una semana exigió del gobierno nacional una protección especial a sus derechos. Y esta realidad nos llama a actuar para transformar esas situaciones de la sociedad, las cuales indudablemente se han hecho más profundas, desde cuando entro a reinar en el país el capitalismo en su versión neoliberal.
Las Cifras de la Discriminación y la Explotación
Es bueno que nos detengamos en unas cifras que nos ofrece la misma institucionalidad, las cuales son maquilladas para suavizar las situaciones sociales y ocultar la crisis que vivimos; cifras que debemos actualizar y sin embargo sirven de referencias para analizar el desmadre en que está sumida Colombia y que golpea con mucha contundencia a los pobres, mujeres y hombres de esta sociedad.
Del total de la población Colombia había una aproximado de 18 millones de mujeres en edad de trabajar, según cálculos del DANE a finales del año 2011. De ellas, el 46,3% hace parte de la población económicamente activa (PEA) y un 53,7% se consideraba población inactiva.
Ahora bien, del número de mujeres que hacen parte de la PEA y están ocupadas, son un aproximado de 8 millones, sin calificar los términos de la ocupación pues en los criterios que maneja el DANE una persona que haya trabajado un día en la semana o al mes es considerada empleada u ocupada. De estas 7 millones de mujeres ocupadas, unos cuatro millones viven en las 13 áreas metropolitanas del país.
¿Por qué es importante este aspecto?, Porque en las ciudades de Colombia lo que predomina es el empleo precarizado e informal, que no tiene ninguna protección social y que perciben ingresos por debajo del mínimo. Encontramos que entonces una mayoría de las mujeres, ocupadas según el DANE lo hacen en una condición de precarización absoluta.
Metiéndose un poco más en las cifras, el porcentaje y número de mujeres que se consideran inactivas son 10 millones. Lo impresionante es que estas mujeres inactivas en su mayoría, un 60 a 65 por ciento, son las que están dedicadas al trabajo reproductivo, o sea las que garantizan el sostenimiento, mantenimiento y reproducción de la fuerza laboral, dedicadas al cuidado de la vida en el hogar y la sociedad. Estas mujeres son trabajadoras, desempeñan una acción muy importante para la sociedad aportando al producto interno de la economía y que en algunos países sobrepasa el 6 por ciento, el gasto aproximado que se come el estamento militar en nuestro país.
El capitalismo lo que ha hecho es invisibilizar este trabajo, por tanto no es tenido en cuenta en los análisis económicos, pues no se ha considerado trabajo históricamente y además, este ha sido naturalizado a la mujer.
El Caso de las Madres Comunitarias
En esta situación se encuentran las trabajadoras comunitarias, las llamadas madres comunitarias, a quienes no se les paga un salario por su trabajo ni las ampara el Código laboral. A ellas se les reconoce en lugar de salarios, una compensación por un servicio. Negar la condición de trabajadoras a las mujeres que realizan trabajo reproductivo equivale a ser discriminadas, abusadas por el Estado, por el capital y negada su existencia como sujetos de derechos humanos y su condición de ciudadanas.
A esta condición de pertenencia al trabajo reproductivo, hacen parte las 77 mil o 79 mil trabajadoras comunitarias (llamadas madres comunitarias) que cumplen ese papel en virtud de una “Ley de protección a la familia” garantizando la atención a más de un millón 700 mil niños y/o niñas.
Es muy ilustrativo el caso de las madres comunitarias, aunque no es el único, pues el rango del trabajo reproductivo es muy amplio, que son declaradas inactivas por el Estado, pues bajo el argumento de que no realizan un trabajo productivo, pierden todas las garantías sociales, políticas y económicas. Es decir, no son sujetas de derechos sociales, ni tienen derecho a la jubilación, a un sistema de salud justo; ni a vacaciones ni otros derechos consagrados en la legislación laboral. En fin, se les niega el derecho al trabajo digno y decente, como está consignado en la carta de los derechos humanos de la ONU y de la OIT.
Grave situación que condena al desamparo social a 10 mil trabajadoras comunitarias que han laborado más de 25 años, lo cual las lleva a ser merecedoras de la pensión. El Estado, a través del bienestar social, les ha negado cualquier posibilidad de obtener el derecho a la jubilación con el objetivo de asegurar una vejez digna y decente. Por el contrario quiere someter a las mujeres trabajadoras mayores de 65 años, a un retiro forzoso y mandarlas a la calle para que se conviertan en “ancianas indigentes”. Y esto se hace contrariando una sentencia de la corte Constitucional, que llamó a superar el estado de inconstitucionalidad e irregularidad laboral y por tanto llama a formalizar las relaciones laborales de las trabajadoras comunitarias.
Mientras que en otros países como Argentina, se promueven legislaciones donde queda establecido el carácter de trabajo reconociéndolo como trabajo doméstico y reproductivo (reproducción de la fuerza de trabajo y de la sociedad) en nuestro país se desconoce este derecho.
Por ello es fácil entender, que el encabezamiento del pliego nacional de peticiones de estas trabajadoras comunitarias, que motivó su protesta nacional que duro más de una semana, tomándose las instituciones estatales de bienestar familiar, comienza diciendo que presentan el petitorio “en nuestra condición de mujeres, ciudadanas colombianas y de trabajadoras vinculadas a los Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”. Porque exigen también que les sean reconocidos los derechos a la salud, la participación en las decisiones de las políticas públicas que les atañen, el derecho de ser trabajadoras, a la organización sindical y otros derechos humanos y laborales.
Nuestro Mártir y precursor de la teología de la liberación en su mensaje a las mujeres llama a que las mujeres por su doble condición de explotadas están llamadas a seguir siendo doblemente revolucionarias como está sucediendo, llenando las calles y plazas de Colombia, de ideales de dignidad, justicia y equidad social.