Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez.
Las técnicas para mantener vigente el reconcentrado poder acumulado por el gobierno central, tienden a reproducirse en escalas menores como las universidades publicas, con consecuencias previsibles y catastróficas como el abandono de responsabilidades históricas propias de su naturaleza académica y científica, la separación del principio de autonomía sobre el que se construye un destino propio y la toma de decisiones aislada de las reglas democráticas y de reconocimiento a la pluralidad del pensamiento.
Igual suerte podrán tener las bases éticas y la acción política como discusión de la vida publica que sostienen la legitimidad. Reconcentrar el poder puede ocurrir por efecto de la permanencia indefinida en él o gracias a la imposición de gobernantes sin deliberación ni debate universitario y puede afectar aun mas las precarias dinámicas institucionales y la estabilidad de todo el sistema, empeorar la deficitaria participación de los estamentos y minar la capacidad de debate y construcción colectiva.
La universidad publica, es un producto cultural, un patrimonio de nación asociado a la ciencia, una útil herramienta de transformación social y un dispositivo esencial para mejorar el bienestar colectivo. La universidad publica políticamente es la tribuna privilegiada de la palabra y de la opinión argumentada, de la franqueza en el decir y en el hacer y del reconocimiento y respeto por los otros. A diferencia de otras instituciones propias de los sistemas político o económico que producen resultados en el corto plazo, la universidad es una referencia del largo plazo, de la complejidad y de la historia, lo que no la exime de pensar y poner sus avances y sus luchas al servicio del presente. El mejor indicador de su estado real lo define la legitimidad e impacto de sus actuaciones fundadas en la rectitud ética y en la existencia con garantías para lo que es plural y diverso, para el libre pensamiento y para la afirmación de su potencia creadora a través de la construcción de ciencia con conciencia de país, de humanidad.
En la universidad no se cierran los debates, permanecen abiertos y son recurrentes los temas de calidad de la educación, estructuras curriculares, papel de la ciencia y la conciencia social o los alcances del gobierno universitario y exigen ser tratados con formulas adecuadas de gestión de los conflictos, no con las mismas formulas de la guerra y del conflicto armado. La existencia política de la universidad se debe a las luchas de los pueblos que construyeron el derecho humano a la educación sobre el que los estados edificaron las instituciones, no se debe a los intereses de empresarios o grupos de poder, como pretenden hacerlo ver los gobernantes, tampoco sus planes de desarrollo están llamados a responder a la inmediatez empresarial de los negocios exitosos o a la eficacia del calculo político. Sus sistemas de gestión exigen priorizar en procesos, en sentidos y significados, en el qué, porqué y para qué de sus acciones en la ciencia, el arte, la cultura, en principios de solidaridad, no en la competencia.
Con la implantación del modelo neoliberal, distintos gobiernos de Europa y América, han impulsado sucesivas reformas contrarias a la naturaleza universitaria y recibido también sucesivas y contundentes derrotas propiciadas por los movimientos estudiantiles. En Colombia el gobierno central a través de los gobiernos universitarios, trasmisores de sus políticas, han ahondado la brecha entre quienes administran la institución y quienes hacen la academia. Las administraciones en la búsqueda de completar metas y lograr informes eficientes, cayeron en el uso de herramientas originadas en la economía de mercado para medir logros diseñados por instituciones globales al servicio del capital como la OMC o el Banco Mundial y no para valorar los impactos de su propia ciencia y resultados. Esta situación ha provocado una separación cada vez mas profunda entre lo que buscan los gobernantes universitarios siguiendo los estándares de la reproducción del capital (D-M-D”) en detrimento de por lo menos algunos propósitos centrales de la academia entendida como sociedad de la ciencia y campo de saberes que responde a los mandatos de una relación de Saber+Etica+Humanismo. Se impone al costo beneficio del modelo neoliberal a la potencia humana del saber.
Los originarios estamentos componentes de la academia (estudiantes, profesores/as) inmersos en la formula de I+D+E: I(investigación: creación, transformación)+D(Docencia: enseñanza, aprendizaje, circulación de saberes)+E (vinculo social, compromiso emancipador), se ampliaron a trabajadores y graduados, problematizando la autonomía y creando una tensión adicional respecto al control de los procedimientos de organización de la academia y al ejercicio de libertades ganadas en, por y para la academia, como la protesta en tanto derecho o la construcción democrática en colectivo. Esta brecha se materializa en la evidente separación entre gobernantes que administran con la idea del deber ser y la academia mas cercana al ser de la universidad. El deber ser se basa en lo formal, el ser lo hace en lo real material. El resultado son dos lecturas opuestas y polarizantes: La Formal que reconoce indicadores, elimina razones y trata de ser impuesta de manera coactiva (cada vez mas represiva y autoritaria) y la Real que contempla razones y compromiso social, y no trata de reafirmarse numéricamente ni edificar al amparo de los ranking privados que agitan la competencia.
El tipo de gestión que se hace manteniendo separados al gobierno universitario de la y academia, ha llevado a introducir en la universidad estructuras y procedimientos organizacionales mas próximos a los que corresponden a entidades políticas como alcaldías municipales o gobernaciones, que carecen de deliberación y de responsabilidad sobre las políticas que determinan lo común. Estos modelos toman distancia del principio de autonomía y son ajenos a la vida que se diseña en colectivo cuyas practicas se basan en la participación directa de sus componentes y en la deliberación abierta sin secretos sobre lo publico, con debates a la luz del día y con representantes fieles al mandato de sus representados sin convertir su delegación en botín personal.
Las universidades publicas colombianas, para fortuna y prestigio colectivo de sus estamentos, aun son percibidas por la sociedad como la mayor reserva ética y moral del país, ante los sostenidos niveles de corrupción por los que atraviesan sus instituciones y entidades políticas. Conservar tal condición es el primer compromiso de todos sus componentes. Sus gobernantes deben comprender que sus desafíos no pueden ser otros que conservar tal prestigio, mantener abiertos los escenarios de debate, asegurar los sistemas de participación democrática interna y poner los instrumentos de poder institucional del lado de sus estamentos académicos, de sus estudiantes y profesores/as en movilización permanente y de sus trabajadores y empleados a favor de la realización de derechos asociados a la educación de calidad, al trabajo dignificado, al librepensamiento y a ofrecer garantías de estabilidad a los funcionarios del sistema. Estos son retos a tratar y defender en conjunto, porque son justamente los que ocupan la agenda política del estado en sus pretensiones y apuestas de privatización y eliminación de lo publico.