Medellín. La ladera grita, resiste y construye

.. colgadas de barrancos, quebradas y desfiladeros que las sucesivas oleadas de migrantes domeñaron, convirtiéndolas en una suerte de ciudad vertical.

Doble migración. La histórica, del campo a la ciudad, que arranca durante La Violencia (1946-1958) que sometió al país a la guerra civil entre liberales y conservadores con un saldo de entre 200 y 300.000 muertos. Recién en 1957 la violencia amaina, aunque no la persecución del campesinado, que crea las condiciones para un rebrote del conflicto con la aparición de las guerrillas en la década de 1960.

Pero que continuó en sucesivas ondas, que arrancaron a cientos de miles de campesinos de sus tierras codiciadas por terratenientes, megaproyectos hidroeléctricos, mineros, monocultivos, narcos y paramilitares. (En departamentos vecinos como el Chocó y Caldas, y En las regiones y subregiones de Antioquia, Occidente, Oriente, Urabá, etc.) La última se registró, en el Oriente de Antioquia, entre 1998 y 2007, siete años que dejaron la tierra arrasada, según un detallado estudio del municipio de San Carlos, a 100 kilómetros de Medellin[i].

En números, el despoblamiento del municipio es alucinante. En 1985 tenía 29.156 habitantes que se reducen a 13.000 en 2005, en lo que se describe con “una danza de guerra”, en la que “los paramilitares masacraban indiscriminadamente a los habitantes del municipio, mientras las guerrillas atacaban los cascos urbanos de todas las localidades de la región, sostenían enfrentamientos con el ejército en las áreas rurales y mataban a los pobladores que consideraban informantes o auxiliadores de los paramilitares”[ii].

En esa pequeña población, se produjeron 36 masacres, a razón de cuatro por año, más de 500 personas fueron asesinadas y 152 sufrieron desaparición forzada. Los combatientes dejaban los cuerpos de las víctimas en caminos, calles y aceras para escarmentar. En el peor momento de la guerra, hasta el 80% de la población huyó hacia otros municipios, una parte retornó cuando la matancera amainó hacia 2007.

Así se fueron poblando las laderas de Medellín, donde la población desplazada fue llegando, abandonada a su suerte. Cuatro de cada diez habitantes llegaron desplazados por el conflicto. Las clases sociales están definidas por la geografía. Los más pobres viven en las comunas más alejadas del centro. Los más cercanos a las cumbres fueron los últimos en llegar.

Bello Oriente: barrios en (auto) construcción

La buseta trepa las laderas con un quejido ronco, pega vueltas bruscas en una avenida sinuosa y estrecha. Tropieza con un tránsito lento, con decenas de transeúntes que cruzan y caminan bordeando la avenida, con otras busetas, camiones de basura y de reparto de mercancías. Llevamos una hora y media desde que salimos de San Benito, en el centro, cuando las casas de ladrillos y techos de chapa comienzan a ralear.

Entramos en la zona más alta  pasando por la comuna 1 hasta llegar a la Comuna 3, al barrio  Bello Oriente, desde donde se puede divisar, allá abajo el centro, más arriba la ladera occidental plagada de casitas y en el horizonte las cumbres verdes y brumosas. Bajamos frente a una casona en medio de un prado, una casa comunal donde medio centenar de personas –ocho de cada diez mujeres- esperan en ronda el comienzo de la reunión.

La casona de dos pisos lleva por nombre El Paraíso y los vecinos la tienen desde hace 18 años. Allí se reúnen movimientos y colectivos de las laderas, hacen bazares de venta de ropa y electrodomésticos que intercambian por trueque, se junta la red de huertas de la zona, los diversos grupos que funcionan en el barrio y realizan festivales gastronómicos como forma de recoger fondos.

Comienza la reunión. Cada quien se presenta: jóvenes de comunicación (Señales de Humo, Raíces), Mujeres Aventureras gestoras en derechos, la Red Barrial Social de Bello Oriente integrada por varios colectivos e instituciones[iii], grupos culturales y artísticos, estudiantes universitarios, el Comité de Población Desplazada de Comuna 3 y la Mesa Interbarrial de Desconectados.

Claudia Serna, abogada activa en la Mesa, explica que se creó en 2009 para agrupar a los que no tienen acceso al agua, la energía y vivienda digna, y que agrupa vecinos de seis comunas. Jairo, un señor mayor de la Red Barrial, explica que “el Megraproyecto nos va a desplazar”, en referencia al proyecto de Cinturón Verde del municipio que pretende impedir que se sigan construyendo barrios en las laderas, para lo que propone desalojar a los que ocupan áreas que consideran críticas.

“Lo que proyectan en realidad es venderle la ciudad a los extranjeros y al turismo”, explica quien se considera desplazado “intraurbano”, ya que tuvo que abandonar su vivienda en el centro porque no pudo seguir pagando el alquiler. Pero aclara que algunos de sus vecinos sufrieron tres y hasta cuatro desplazamientos, primero del campo a la ciudad y luego en ésta, cambiando de lugar hasta encontrar en Bello Oriente un espacio que ahora quieren desalojar.

Bello Oriente tiene 5.000 habitantes e integra junto a otros cuatro barrios la llamada Franja Alta de la comuna 3-Manrique, que en su conjunto tiene 155.000 habitantes. La Franja Alta tiene alrededor de 30.000, es la zona de población más reciente, la que tiene peores servicios o no tiene, y la que el municipio quiere desalojar. Alrededor del 55% de la población fue desplazada por el conflicto armado, la mayoría son trabajadores informales y desocupados[iv].

La mayor parte de las familias están integradas por mujeres, jóvenes y niños, no tienen escrituras de sus viviendas, muchos han sido desconectados de servicios como agua y luz por no poder pagar. Las calles “han sido construidas por los habitantes mediante convites”[v] y la comunidad “ha improvisado servicios artesanales no convencionales como alcantarillados comunitarios, conexión informal a las lámparas de alumbrado público y acueductos comunitarios de agua no tratada”[vi].

Entre el poder narco-paramilitar y el poder popular

Esa amplia red de colectivos incluye, además, espacios de formación y educación, mercados informales pequeños de intercambio y venta, y las huertas comunitarias y familiares. Algunas comenzaron con apoyo de programas del municipio, pero al cabo de cierto tiempo siguen solas. La mayor de Bello Oriente está a unos 200 metros de la casona: un amplio espacio de 100 metros por 50 donde trabajan 12 familias. “Se trabaja comunitariamente, una parte es para las familias y el resto de se vende”, explica un hombre mayor que viene del campo y se siente feliz de volver a trabajar la tierra.

Uno de los comentarios inevitables de los vecinos, alude a “los muchachos”. Si la red comunitaria es una suerte de poder popular, “los muchachos” encarnan lo opuesto. Están arropados en “estructuras paramafiosas” como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamados también “Urabeños”, que ejercen fuerte control territorial y social y, en los hechos, son un cogobierno en las laderas donde el Estado tiene escasa presencia.

En Medellín hay unos 350 combos (bandas armadas paramilitares) que controlan el 70% de la ciudad, en la que participan 13.000 “muchachos”[vii]. En Bello Oriente “son ejemplo vivo de este control territorial, social y económico”, a través de un grupo que se llama “La 30”, que además domina varios barrios aledaños. El grupo armado mezcla el negocio del pequeño gráfico de drogas con “vacunas” (impuestos ilegales) a  los comercios y venta de huevos, cigarrillos marco Ibiza, arepas y gas, y al transporte colectivo[viii].

Se cubren diciendo que “ofrecen seguridad”, pero el que no quiere cooperar puede terminar en una cuneta con un disparo en la nuca. Dominan los centros de acopio y como controlan el “centro móvil de reconciliación y convivencia” resuelven problemas de matrimonios, deudas, linderos y hasta chismes. Todo a pura amenaza.

Un ejemplo. Hace dos años convocaron una reunión de de microempresas de arepas y les informaron que la “vacuna” pasaba de 50.000 a 300.000 pesos mensuales (de 20 a 120 dólares). Muchos no pudieron pagar y el resultado fue que “en Bello Oriente de 10 microempresas de arepas que existían, no quedan más de cuatro”[ix]. El resultado es que regulan el mercado avalados por el Estado, ya que en la zona el CAI (Comando de Atención Inmediata) de la Policía Nacional no interfiere en sus negocios.

El foro “La ladera le habla a la ciudad”, abordó también este tema. Sostiene que los combo actúan presionando a la población para que desplazarla allí donde el municipio va a realizar obras. “con la construcción del metrocable en la comuna 1, muchas personas fueron amenazadas para que abandonaran sus casas, justo donde se estaban realizando obras para la construcción de las torres y las estaciones”[x].

El vasto proyecto de control social de la población pobre y de internacionalización de la ciudad (grandes eventos y turismo), supone no sólo la creación del Cinturón Verde en la cresta de las montañas sino un conjunto de inversiones: metrocable, escaleras mecánicas, edificios emblemáticos como los parques bibliotecas y otras[xi].

“Las comunas han sido construidas por la gente, no se puede olvidar que a estas comunidades les costó hacer el territorio, para que lleguen otros a sacar provecho de esta situación”, dicen las organizaciones sociales[xii]. Gracias a su trabajo la tierra se ha valorizado, por eso reclaman  que en caso de que se vean forzados a desplazarse nuevamente, la familias deben recibir una “plusvalía social” compensatoria.

Desconectados: lucha por el agua y la dignidad

Un parte de la población de Medellín no tiene acceso a los servicios básicos. Se calcula un déficit habitacional de 50.000 viviendas, además de 30.000 en zonas de alto riesgo (peligro de derrumbes) y 35.000 hogares han sido desconectados del agua potable y la energía eléctrica, o sea unas 300.000 personas no han podido pagar y perdieron esos servicios[xiii]. Ese sector, alrededor del 15% de la población de la ciudad y más de un tercio de quienes viven en las comunas populares, para desarrollar una ciudad para la especulación inmobiliaria y financiera.

La abogada Claudia Serna, integrante de la Mesa Interbarrial de Desconectados, analiza con rigor los planes para la ciudad. “Medellín busca posicionarse como una ciudad regenerada en su trama urbana, pacificada y abierta al mundo a través de mega eventos internacionales, cuyos mensajes buscan caracterizar una ciudad segura para la inversión”. Pero esa seguridad, añade, “se traduce en alta inversión en equipamiento militar en las comunas para que ellas también ofrezcan ese potencial turístico”, que se apoya en obras como el metrocable[xiv].

La militarización de los barrios populares tiene, entonces, dos lógicas: una micro, insertada en la cotidianeidad, en base a los combos que controlan a la población; y otra macro, vinculada a la presencia policial-militar y la construcción de equipamiento: en seis años, señala Serna, en los barrios que se quieren desalojar, se construyeron seis subestaciones de policía, cinco estaciones y nueve CAI, “con la que se pretende controlar barrios con altos niveles de conflictividad”[xv].

Pero ese mega control, la suma del control micro y macro, está al servicio de proyectos de infraestructura que  lubrican la acumulación de capital a la vez que refuerzan el control social. La contrapartida es que “en menos de diez años la administración reubicó alrededor de 40.000 personas en cubículos de sólo 42 metros cuadrados”[xvi]. Pero en lugares alejados, donde sus estrategias de sobrevivencia ya no valen y donde la nueva trama urbana se les vuelve en contra.

La Mesa de Desconectados es una de las coordinaciones entre comunas más importantes de Medellín. Se define como “una articulación de organizaciones barriales y comunitarias en el tema de la desconexión de los servicios públicos domiciliarios y vivienda digna, que reivindica e incide por los derechos fundamentales en pro de la vida digna de los sectores populares”[xvii].

La Mesa trabaja tiene una “escuela interbarrial” itinerario, un  espacio de formación de los vecinos de las comunas en base a la educación popular, cuenta con asesoría jurídica para defender a los vecinos en casos de desalojos, espacios de mujeres, culturales (realizan un Carnaval, radionovelas, grupos de audiovisuales, de producción en huertas, organizan todos los años Encuentros de Desconectados y publican la revista Vida Digna.

En abril de 2014 impulsaron el Foro Social Urbano Alternativo y Popular, en paralelo al Foro Urbano Mundial organizado por ONU-Habitat, en el que participaron decenas de colectivos de base de Medellín, Colombia y América Latina, en cuatro jornadas de debates[xviii].

Pobreza, agua y Vida Digna

Decir que los habitantes de las laderas, como los de la comuna 3, son pobres, no es suficiente para comprender su realidad. Un relevamiento casa por casa hecho en 2010 por la Red de Instituciones y Organizaciones Comunitaria de los Barrios La Cruz y La Honda (RIOCBACH), pegados a Bello Oriente, revela la profundidad de esa pobreza[xix].

En el 20% de las familias no trabaja ninguno de sus miembros. El 7% de los hogares no tienen ningún ingreso. El 32% recibían menos de 45 dólares mensuales por hogar y el 65% ingresaban menos de 142 dólares por mes y hogar[xx]. Sólo el 4% de las familias ingresaba más del salario mínimo (515.00 pesos o 245 dólares en 2010).

El 22% son trabajadores informales, sólo el 11% tienen contrato fijo pero el 38% hacen “rebusque” o “el recorrido”, que consiste en un trayecto por plazas de mercado o el centro para conseguir gratuitamente alimentos y otras prestaciones necesarias para la vida, en una especie de mendicidad apenas encubierta[xxi].

En la Franja Alta de las comunas la mitad de la población no tiene servicio estatal de agua potable y se abastece con acueductos comunitarios. En la ronda de organizaciones de El Paraíso, Jairo explicó que en Bello Oriente el municipio no les abastece de agua porque piensa desalojarlos con el Cinturón Verde. “Tenemos un acueducto comunitario que recoge los derrames del tanque de la empresa, pero no es potable”.

En Colombia hay una larga tradición de acueductos comunitarios, tanto en veredas o comunidades rurales como en los barrios de las ciudades. Como señala la revista Vida Digna, “son construcciones populares en torno a la gestión del agua”, común entre indígenas, comunidades negras, campesinos y sectores populares urbanos.

“Sus orígenes se encuentran en la vecindad, la solidaridad, el respeto por el medio ambiente y en los usos y costumbres de cada una de las comunidades que de manera ancestral unieron sus esfuerzos para suplir las necesidades”[xxii]. En Colombia hay más de 11.000 acueductos comunitarios[xxiii] y en Medellín varias decenas. Son poderes que reflejan y afirman la autonomía de los sectores populares. Por eso los combaten a sangre y fuego.

Notas: