Por: Mesa social Minero Energética y Ambietal.
Conscientes del problema, las organizaciones presentes acordamos crear la Mesa Social Minero-energética y Ambiental por la Paz, como un escenario de participación para debatir y construir esta política pública.
Colombia amanece hoy con una nueva esperanza de paz y bienestar, cuando se nos informa que el Gobierno nacional y las FARC-EP, han llegado a un acuerdo final, integral y definitivo de paz entre las partes. No podemos menos que alegrarnos y al mismo tiempo seguir exigiendo que para que la paz sea completa, se siga la negociación con el ELN, que se abra con el EPL y se brinden garantías a la oposición y al movimiento social para que se generen los cambios sociales, económicos y políticos que necesita con urgencia el país. Respaldamos los acuerdos suscritos con las FARC- EP y el plebiscito que se llevará a cabo el 02 de octubre para que se refrende lo acordado en la Habana.
La Segunda Asamblea Nacional por la Paz, organizada por la Unión Sindical Obrera USO, el Ministerio del trabajo y la Universidad Nacional, durante todo el año 2015, abrió un proceso de participación y debate social a nivel de todo el país sobre el tema minero-energético y ambiental, con invitados de todos los sectores de la sociedad, afectados directa o indirectamente por la política minero-energética. Más de 10.500 personas participamos en ese Gran Debate y Dialogo Nacional Minero-energético, que ha tenido continuidad durante el año 2016 con diferentes eventos.
La amplitud y cobertura de este proceso, nos ha permitido recoger valiosos aportes que surgieron de eventos locales, regionales y nacionales realizados en los últimos años, como han sido los juicios éticos contra las multinacionales minero-energéticas, las movilizaciones por la defensa del territorio, las luchas por el derecho al trabajo en regiones de explotación petrolera y minera, las denuncias contra los impactos de las represas y los malos servicios de las empresas electrificadoras, como Electricaribe, la resistencia contra el despojo de tierras por las poderosas multinacionales, las denuncias contra los abusos de la fuerza pública contra la población, el deterioro ambiental en las regiones de explotación minero-energética, entre otras.
El año 2016, ha seguido marcando estas luchas por la paz y el territorio, como las efectuadas en el mes de mayo por la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, que durante más de 2 semanas paró al país exigiendo atención del Estado colombiano a los problemas territoriales, agroalimentarios y minero-energéticos. Las luchas contra el fracking en el sur del Cesar, la consulta contra la gran minería en Ibagué, las movilizaciones en el Meta, Putumayo y Caquetá contra las explotaciones petroleras sin la consulta a las comunidades, la defensa del territorio frente a la explotación carbonífera en La Guajira y El Cesar, las movilizaciones en el Choco en defensa del territorio, nos demuestran que es urgente el cambio de esta política pública en Colombia.
La política minero- energética en Colombia es extractivista, antiecológica, privatizadora, entreguista a los intereses económicos de las empresas multinacionales, violadora de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sobreexplotadora de los trabajadores y trabajadoras, violenta con las mujeres, los niños y las niñas, despojadora de los territorios y las comunidades, desconocedora de las decisiones de las comunidades sobre el quehacer con sus bienes naturales, utilizando hasta la fuerza pública a quienes se oponen a la implementación de estas políticas.
Conscientes del problema, las organizaciones presentes acordamos crear la Mesa Social Minero-energética y Ambiental por la Paz, como un escenario de participación para debatir y construir esta política pública. Por ello , llamamos a la sociedad colombiana , organizaciones sociales, sindicales, ambientales, indígenas, campesinas, afrodescendientes, alcaldías y gobernaciones de territorios minero-energéticos ,ONG’s, comunidades basadas en la fé, movimientos y partidos políticos, empresarios, académicos, mujeres, jóvenes, estudiantes, LGBTI, universidades e instituciones académicas, organismos de control; a ampliar y profundizar Un Dialogo Nacional Minero-energético y Ambiental. A que hagamos una pausa, para pensarnos como naturaleza, defensores de nuestra soberanía, cultores del agua, generadores de riqueza y de la vida, como lo hacen los miles de hombres y mujeres indígenas, afro descendientes, campesinas y trabajadoras que viven estos territorios. Exigimos al gobierno nacional garantías para la movilización, y la no criminalización a los líderes y lideresas sociales que defienden el territorio y la naturaleza.
Que digamos, ¡YA¡
• A este modelo minero-energético, extractivista, de despojo y destructor de la vida.
• Que para el capital sea más importante una tonelada de carbón que la vida de un niño o niña wayúu.
• Que para el gobierno y la multinacional petrolera o minera les sea indiferente dejar cientos de trabajadores lisiados de por vida por los accidentes de trabajo precarizado.
• Que para una empresa minera sea más importante unos cuantos kilos de oro, a costa de la muerte de un rio y su biodiversidad.
• Que para los dueños de las represas, les sea más importante los gigawatios de electricidad para la exportación que la vida del campesino y la producción de alimentos.
• Que a las empresas eléctricas privadas solo les importe las utilidades y no reconozcan el derecho a la energía de la población.
• Que la concentración del agua y de la energía, en pocas manos, generen la miseria de nuestros pueblos.
• Que la renta minero-energética no represente bienestar para la nación.
Los y las invitamos:
A Vincular sus organizaciones a la Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz para articular propuestas y generar movilizaciones que las respalden. A Discutir la política mineroenergética y ambiental con base en 24 propuestas recogidas por la MESMEA por la paz que se relacionan con:
• Cambios hacia una política minera, de aguas, de hidrocarburos y eléctrica, soberana, autónoma, democrática, descentralizada y defensora de los bienes comunes.
• Defensa de ECOPETROL y la renacionalización de empresas estatales nacionales para el sector minero y eléctrico.
• Una política ambiental que garantice el respeto a nuestros bienes comunes, la defensa del agua, la biodiversidad, la salud y los territorios.
• Reformulación total de la política de rentas minero-energéticas, recuperando la participación hacia la nación y su inversión social
• Defensa de la participación democrática y el derecho a decidir por parte de las comunidades y gobiernos locales de regiones minero- energéticas.
• A seguir impulsando la movilización social, como medio determinante de participación y construcción de políticas públicas.
• A constituirnos en un sujeto político activo que pueda discutir y negociar local, departamental y nacionalmente las políticas minero-energéticas y ambientales, con los gobiernos, las insurgencias y el conjunto de la sociedad, como un aporte a la construcción de la paz desde los territorios de nuestro país sobre la base del bienestar de la población, el ejercicio de la soberanía y el cuidado de la naturaleza.
MESA SOCIAL MINEROENERGETICA Y AMBIENTAL POR LA PAZ.
Agosto 25 de 2016