Ya no hacen falta golpes de Estado tradicionales, bastan algoritmos, miedo, lawfare y gobiernos obedientes. La disputa por América Latina es hoy una batalla por los recursos, la memoria, la soberanía y el derecho mismo de los pueblos a existir con dignidad.
Alfonso Insuasty Rodríguez* Desinformemonos.
“Esta región tiene el 31 % del agua dulce del planeta, el 60 % del litio, enormes reservas de petróleo, cobre, tierras raras y la Amazonía… debemos intensificar nuestro juego”, afirmó la entonces comandante del Comando Sur, Laura Richardson, durante un encuentro del Atlantic Council (2023). Lejos de constituir una indiscreción, aquella declaración sintetiza con inusual franqueza la lógica estratégica contemporánea de Washington hacia Nuestra América, quien controle estos bienes comunes controlará buena parte de la economía y de la transición energética del siglo XXI.
Los documentos estratégicos estadounidenses publicados entre 2025 y 2026 confirman este giro, la National Security Strategy sostiene que el hemisferio occidental debe permanecer “libre de incursiones extranjeras hostiles” y reivindica explícitamente un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, bajo la premisa de impedir que potencias rivales adquieran influencia decisiva en la región (The White House, 2025). El objetivo ya no consiste únicamente en preservar la seguridad nacional estadounidense, sino en asegurar cadenas de suministro críticas, recursos estratégicos y corredores comerciales indispensables para sostener un liderazgo global cada vez más disputado.
La National Defense Strategy de 2026 profundiza esta orientación al definir la competencia estratégica con China como el principal desafío de largo plazo para Estados Unidos y señalar la necesidad de fortalecer la capacidad de proyección militar y la resiliencia de las cadenas de abastecimiento vinculadas a minerales críticos, energía e infraestructura estratégica (U.S. Department of Defense, 2026). América Latina deja así de ser concebida como periferia para convertirse nuevamente en un territorio decisivo de confrontación geopolítica. El litio andino, el cobre chileno, peruano y colombiano, la biodiversidad amazónica, las reservas energéticas venezolanas, el agua dulce continental y los corredores bioceánicos adquieren una centralidad inédita en un contexto marcado por el ascenso de China, la consolidación de los BRICS y el debilitamiento relativo de la hegemonía estadounidense (CEPAL, 2024).
La respuesta de Washington parece recuperar una vieja racionalidad imperial, si ya no puede garantizar su predominio exclusivamente mediante la superioridad económica, buscará preservarlo mediante la militarización selectiva, la fragmentación regional, la subordinación política y la administración permanente del caos.
La National Drug Control Strategy de 2026 introduce un elemento adicional de enorme relevancia, el narcotráfico que, deja de ser presentado únicamente como un problema criminal para convertirse en un asunto de seguridad nacional, competencia geopolítica y control territorial. El documento propone una integración más estrecha entre inteligencia, defensa, vigilancia fronteriza y cooperación internacional, ampliando las capacidades de intervención estadounidense sobre países considerados estratégicos (Office of National Drug Control Policy, 2026). La lucha contra las drogas reaparece, una vez más, como lenguaje legitimador de una arquitectura más amplia de presencia militar, control tecnológico y condicionamiento político.
Por su parte, la United States Counterterrorism Strategy de 2026 profundiza esta transformación doctrinal bajo categorías cada vez más amplias y ambiguas, la noción de amenaza incorpora actores políticos y sociales definidos como “extremistas violentos de izquierda”, borrando peligrosamente las fronteras entre oposición democrática, movilización popular y riesgos para la seguridad nacional (The White House, 2026). El resultado es la legitimación de formas extraordinarias de vigilancia, persecución e intervención que trascienden las fronteras estatales y erosionan principios fundamentales del derecho internacional.
Las consecuencias regionales son visibles y siguen una secuencia difícil de ignorar, Haití permanece atrapada en un caos inducido-funcional que habilita nuevas modalidades de tutela internacional; Perú atraviesa una prolongada crisis institucional iniciada tras la destitución de Pedro Castillo y el retorno de proyectos políticos profundamente conservadores; Ecuador profundiza su inserción en la arquitectura militar estadounidense mediante el Decreto Ejecutivo 424 (2026) el denominado “Plan Ecuador”; Argentina, bajo Javier Milei, ensaya uno de los alineamientos más irrestrictos con Washington de las últimas décadas; El Salvador consolida un modelo extremo de securitización y privatización del castigo convertido en referencia regional; mientras Chile, Paraguay y nuevas expresiones políticas en Colombia avanzan hacia proyectos crecientemente reaccionarios extremistas. Más que procesos aislados, estas trayectorias revelan modalidades diferenciadas de una misma racionalidad geopolítica orientada a impedir la consolidación de polos autónomos de integración latinoamericana.
El caso venezolano constituye quizá la expresión más extrema de esta lógica. Diversos especialistas en derecho internacional han cuestionado la legalidad de operaciones extraterritoriales promovidas por Estados Unidos, señalando que vulneran principios elementales de soberanía estatal y no intervención (Al Jazeera, 2026). Paralelamente, Cuba continúa soportando un bloqueo económico condenado de manera reiterada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras México enfrenta amenazas comerciales y discursos favorables a intervenciones transfronterizas bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico. A ello se suman denuncias recientes sobre ejecuciones extrajudiciales en operaciones marítimas estadounidenses contra migrantes y presuntos traficantes, lo que evidencia la normalización de prácticas excepcionales en nombre de la seguridad (Amnesty International, 2026).
Esta doctrina combina simultáneamente coerción y subordinación, donde emergen gobiernos autónomos o proyectos soberanos aparecen sanciones, operaciones judiciales, campañas mediáticas, bloqueos económicos y presiones diplomáticas permanentes. Allí donde se consolidan administraciones alineadas con Washington se profundizan acuerdos militares, mecanismos preferenciales de cooperación y nuevas formas de integración económica dependiente. No se trata únicamente de influir sobre decisiones gubernamentales, sino de configurar una arquitectura continental donde la autonomía política resulte cada vez más costosa y la obediencia estratégica sea recompensada como condición de estabilidad.
El caso colombiano resulta particularmente revelador, las tensiones diplomáticas con el gobierno de Gustavo Petro, los mediatizados cuestionamientos a sus políticas sociales, de seguridad y de política exterior, las controversias en torno a la Paz Total, las resistencias frente a mecanismos alternativos de integración regional y las expresiones de injerencia en el proceso electoral orientadas a favorecer la candidatura de extrema derecha de Abelardo de la Espriella evidencian los estrechos márgenes de autonomía que enfrenta cualquier proyecto político que pretenda alterar las relaciones históricas de subordinación. La experiencia latinoamericana demuestra que Washington puede tolerar reformas parciales, pero reacciona cuando estas cuestionan las arquitecturas regionales de seguridad, el control de recursos estratégicos, los intereses del capital transnacional o impulsan iniciativas soberanas capaces de escapar a su órbita de influencia.
En este contexto, la injerencia en los procesos electorales, la incidencia sobre las doctrinas de seguridad y la orientación de las prioridades económicas constituyen expresiones contemporáneas de una racionalidad neocolonial orientada no solo a garantizar gobiernos aliados, sino, sobre todo, élites disciplinadas y funcionales a un orden hemisférico bajo hegemonía estadounidense. Desde esta perspectiva, las nuevas derechas latinoamericanas no pueden entenderse únicamente como fenómenos electorales, sino como parte de una reconfiguración del poder que articula intereses geopolíticos, corporativos, financieros y militares con estrategias de lawfare, guerra híbrida, desinformación y producción de consenso (Guerra Cognitiva), orientadas a contener los proyectos democráticos y soberanos que desafían las estructuras históricas de dominación en la región.
Cuando el meme se hizo campaña
Las nuevas derechas latinoamericanas ya no pueden entenderse únicamente como fenómenos electorales ni como expresiones espontáneas del malestar social. Constituyen dispositivos complejos de producción de subjetividades y administración del consenso, insertos en una arquitectura política, tecnológica y económica de alcance transnacional. Figuras como Javier Milei, Daniel Noboa, Nayib Bukele, José Antonio Kast, Keiko Fujimori o nuevas expresiones emergentes en Colombia operan dentro de ecosistemas articulados entre corporaciones tecnológicas, consultoras internacionales, plataformas digitales, conglomerados mediáticos y centros de poder económico global.
La política se transforma en espectáculo permanente; el liderazgo en mercancía; la confrontación democrática en una dramaturgia emocional cercana al “reality show”, con el que se ha entrenado a un amplio sector de la sociedad. No se trata solamente de conquistar gobiernos, sino de fabricar consensos, administrar emociones y, sobre todo, modelar decisiones colectivas. Los algoritmos, la inteligencia artificial y la minería masiva de datos permiten intervenir sobre percepciones, miedos y deseos, produciendo subjetividades funcionales a proyectos ultraconservadores. La política convertida en meme, indignación instantánea y consumo emocional constituye una de las herramientas más eficaces de la gobernanza contemporánea.
Esta dimensión cultural no es ajena a los nuevos marcos doctrinales estadounidenses. La National Defense Strategy reconoce que la competencia estratégica del siglo XXI se desarrolla simultáneamente en los ámbitos militar, económico, tecnológico e informacional, mientras la National Security Strategy plantea la necesidad de preservar un hemisferio occidental inmune a influencias consideradas adversarias y proteger la supremacía estadounidense en cadenas críticas de producción y conocimiento (The White House, 2025; U.S. Department of Defense, 2026). La disputa por América Latina es, por tanto, también una disputa por el control de las narrativas, de los imaginarios y de las condiciones mismas de producción del sentido común, la OTAN ha llamado a estas estrategias que buscan orientar decisiones “Guerra Cognitiva”.
Como advierte el doctor en relaciones internacionales, psicólogo e investigador universitario Juan David Villa (2022), las luchas contemporáneas por la memoria colectiva y las subjetividades políticas constituyen uno de los principales escenarios del conflicto social en América Latina. La resignificación de símbolos nacionales, la manipulación de acontecimientos históricos, la construcción de enemigos internos y la producción industrial del miedo operan como tecnologías de control cultural orientadas a limitar los horizontes emancipatorios y naturalizar relaciones de subordinación. La colonización contemporánea ya no administra únicamente territorios: interviene sobre aquello que los pueblos recuerdan, sienten, imaginan y consideran posible.
La National Drug Control Strategy de 2026 profundiza esta lógica al fusionar seguridad, inteligencia, vigilancia digital y cooperación internacional bajo una concepción integral del control social que desborda ampliamente la lucha contra el narcotráfico (Office of National Drug Control Policy, 2026). A su vez, la Counterterrorism Strategy amplía las categorías de amenaza incorporando actores definidos como “extremistas violentos de izquierda”, diluyendo peligrosamente las fronteras entre movilización popular, oposición política y seguridad nacional (The White House, 2026). La guerra híbrida contemporánea articula así coerción militar, disciplinamiento jurídico y colonización cognitiva.
La guerra del siglo XXI se desarrolla también en algoritmos, plataformas digitales y dispositivos que organizan la atención pública. El objetivo no consiste necesariamente en convencer, sino en fragmentar; impedir la emergencia de mayorías capaces de disputar proyectos alternativos de sociedad. La colonización contemporánea puede prescindir de la ocupación territorial siempre que logre colonizar imaginarios, administrar emociones y condicionar aquello que las sociedades consideran deseable, legítimo o inevitable.
En este tablero, se avizora, Brasil representa hoy la pieza estratégica mayor. Su dimensión económica, territorial y política lo convierte en uno de los principales obstáculos para una restauración plena del control hemisférico estadounidense. El cerco económico, mediático, judicial, diplomático y militar que progresivamente lo rodea responde a la necesidad de contener cualquier articulación soberana capaz de profundizar vínculos con China, Rusia y los BRICS. Rodear a Brasil significa limitar la posibilidad misma de una integración latinoamericana autónoma y de un orden multipolar capaz de disputar la arquitectura unipolar heredada del siglo XX.
Emerge así una nueva forma de protectorado colonial.Washington ya no necesita aliados con autonomía relativa ni subordinados capaces de negociar márgenes propios de acción. Requiere gobiernos disciplinados, élites obedientes y administradores locales de intereses globales. No busca socios: exige vasallos. La política convertida en algoritmo, espectáculo y obediencia automática constituye una de las expresiones más sofisticadas de la dominación contemporánea.
Un continente hecho de resistencias
Sin embargo, la historia de Nuestra América enseña que ningún dispositivo de poder es invulnerable. La trama de dominación es simultáneamente económica, militar, tecnológica y cultural; por ello, las respuestas populares tampoco pueden permanecer ancladas en las formas organizativas del siglo pasado. Las luchas por la liberación deben actualizarse al ritmo de la aceleración histórica.
Ello implica construir soberanía tecnológica y comunicacional, fortalecer medios populares y comunitarios, desarrollar alfabetización digital crítica, disputar los algoritmos y proteger los datos como bienes comunes. Supone también tejer nuevas redes continentales de solidaridad, profundizar la integración desde los pueblos, defender la biodiversidad y reconocer a la Madre Tierra como sujeto de derechos y no como inventario estratégico para potencias en competencia.
Doscientos años después del Congreso Anfictiónico de Panamá (1826), el grito del libertador Simón Bolivar a la unidad ante la amenaza de la entonces recién emitida Doctrina Monroe, la integración vuelve a ser una tarea histórica de los pueblos. Defender la soberanía ya no significa únicamente proteger fronteras estatales: implica resguardar el agua, la memoria histórica, los conocimientos ancestrales, la autonomía tecnológica y el derecho colectivo a imaginar otros horizontes civilizatorios.
Más de quinientos años de colonialismo, despojo, pero también de resistencias y luchas por la liberación enseñan que ningún imperio es eterno y que toda arquitectura de dominación encuentra finalmente la creatividad política de los pueblos.
La segunda independencia de Nuestra América no será únicamente territorial, será también ecológica, digital, epistémica y profundamente popular.
Porque la Madre Tierra no puede reducirse a un depósito de recursos estratégicos; porque la dignidad de los pueblos no admite protectorados ni tutelas imperiales; y porque la organización popular, la solidaridad internacionalista y la defensa de la vida seguirán siendo las herramientas fundamentales para conquistar un futuro de soberanía, justicia y liberación.
Referencias
Al Jazeera. (2026). Abduction of Venezuela’s Maduro illegal despite US charges, experts say. https://www.aljazeera.com/news/2026/1/8/abduction-of-venezuelas-maduro-illegal-despite-us-charges-experts-say
Amnesty International. (2026). USA: Death toll in campaign of extrajudicial killings at sea nears 200. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2026/05/usa-death-toll-in-campaign-of-extrajudicial-killings-at-sea-nears-200/
Atlantic Council. (2023). Intervención de la general Laura Richardson sobre seguridad hemisférica y recursos estratégicos de América Latina.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2024). Perspectivas del comercio internacional de América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/es/publicaciones/80767-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2024-reconfiguracion
Office of National Drug Control Policy. (2026). National Drug Control Strategy 2026. https://www.whitehouse.gov/ondcp/
The White House. (2025). National Security Strategy of the United States. Washington, D.C. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf
The White House. (2026). United States Counterterrorism Strategy. Washington, D.C. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/05/2026-USCT-Strategy-1.pdf
Villa Gómez, J. D., Barrera Machado, D., & Insuasty Rodríguez, A. (2022). Memoria colectiva y relatos hegemónicos. Barreras psicosociales para la paz y la reconciliación. Colombia. Revista Kavilando, 14(2), 146–160. https://doi.org/10.69664/kav.v14n2a1
*Docente investigador universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ, grupo Kavilando y Red Latinoamericana de estudios en geopolítica, seguridad y bienes comunes.
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