Su lucha por los derechos de las mujeres, los pueblos afrodescendientes y originarios desafió al poder mafioso y político que capturó al Estado. La reciente sentencia contra Narváez, 26 años después, reabre verdades y consagra a Piedad Córdoba como símbolo de dignidad y resistencia, una verdadera luchadora por una Paz con cambios.
Por: Alfonso Insuasty
Una reciente sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Medellín contra José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS y responsable intelectual de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el asesinato del periodista Jaime Garzón, entre otros crímenes, marca un punto de inflexión en la historia judicial y política de Colombia.
La sentencia revela cómo el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), bajo la dirección de Narváez, se convirtió en una estructura criminal al servicio de intereses mafiosos, empresariales y políticos.
Interceptaciones ilegales, seguimientos, montajes judiciales y acciones de intimidación contra líderes sociales fueron parte de una estrategia sistemática para aniquilar la disidencia. En este engranaje, Piedad Córdoba se convirtió en uno de los principales objetivos por su papel como mediadora de paz, defensora de derechos humanos y crítica abierta del orden oligárquico colombiano.
Este fallo, más que un hecho aislado, desentraña las profundas conexiones entre el Estado, las élites económicas y el aparato paramilitar que ha moldeado la violencia política del país.
La decisión judicial, sustentada en nuevas revelaciones de alias Ernesto Báez, exjefe político de las AUC grupo paramilitar firmante del acuerdo de sometimiento (2005), confirma que durante el secuestro de la senadora Piedad Córdoba existió una orden empresarial directa de asesinarla.
Este hecho fue develado por Señal Colombia y la revista Raya el pasado 12 de octubre en emisión especial, se trató del empresario antioqueño Hernán Echavarría Olózaga descendiente de familia de empresarios que participaron en la creación y desarrollo de numerosas empresas como Coltejer, la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, Imusa, Calcetería Alfa, Calcetería Pepalfa, Locería Colombiana.
El caso demuestra que la violencia en Colombia no ha sido simplemente resultado de enfrentamientos entre actores armados, sino una estrategia política del poder que articula, aún hoy, a políticos, mafiosos y paramilitares en una perversa alianza. Esta captura del Estado busca mantener el control territorial, económico y simbólico al servicio de élites locales e internacionales.
La persecución contra Córdoba fue un mensaje, todo liderazgo que cuestione el modelo neoliberal y exija justicia social puede ser silenciado mediante la violencia, la criminalización o el descrédito.
Durante años, los grandes medios, en complicidad con sectores políticos, mafiosos y empresariales, sostuvieron una campaña sistemática de desprestigio contra Córdoba, presentándola falsamente como colaboradora de las FARC, corrupta o enemiga del Estado.
Cada acusación contra Piedad Córdoba fue desmontada por la justicia, revelando un patrón sistemático de montaje judicial y mediático al servicio de intereses políticos y económicos. La manipulación de la opinión pública fue, y sigue siendo, un arma de guerra en Colombia.
Córdoba pagó con su libertad, su seguridad y su reputación el precio de denunciar, con valentía, el maridaje entre el Estado, el paramilitarismo y las élites económicas. Tuvo la osadía de señalar a los máximos responsables, entre ellos al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Lejos de replegarse ante la persecución, Piedad Córdoba resistió desde todos los frentes, el exilio, los tribunales y las calles. Continuó impulsando el diálogo político como herramienta para la paz, siendo reconocida oficialmente como gestora en los procesos con las FARC-EP y en gestiones humanitarias con el ELN, donde facilitó liberaciones de secuestrados y abrió caminos de entendimiento político.
Más allá de gobiernos o coyunturas, su trabajo se sostuvo sobre una convicción profunda, la paz debía ser completa, con justicia social, inclusión y transformaciones estructurales. Córdoba también propuso abrir canales de diálogo con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como el Clan del Golfo, argumentando que no podía haber paz real sin reconocer y desactivar todas las expresiones armadas derivadas del modelo paramilitar.
Su visión, valiente y polémica, comprendía la paz como un proceso integral y emancipador, no como un acuerdo entre élites. Esa coherencia política la consolidó como una de las voces más consistentes y luminosas del pensamiento latinoamericano contemporáneo.
La reciente sentencia contra José Miguel Narváez no solo reivindica su nombre, sino que pone al descubierto una verdad mayor, el Estado colombiano ha sido un actor activo en la guerra sucia contra su propio pueblo.
La responsabilidad no recae únicamente en los ejecutores materiales, sino también en quienes, desde los escritorios ministeriales, las agencias de inteligencia o las juntas empresariales, financiaron, promovieron y legitimaron la eliminación sistemática de lo que señalaban como oposición.
Los “máximos responsables” de la violencia en Colombia son aquellos que usaron el poder institucional y mediático para garantizar su impunidad y perpetuar un orden social desigual, racista y violento.
El legado de Piedad Córdoba trasciende su biografía, encarna una ética política sustentada en la dignidad, la justicia y la solidaridad de los pueblos. Su compromiso con las mujeres, los pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos, así como su defensa de una integración latinoamericana basada en la justicia social, representan un horizonte de esperanza para una región todavía marcada por el despojo, el patriarcado y el neoliberalismo.
En foros internacionales y espacios populares, defendió una paz que no se limita al silenciamiento de las armas, sino que exige desmantelar las estructuras de poder que las sostienen: el racismo, el extractivismo, el clasismo y el imperialismo.
Piedad Córdoba falleció en enero de 2024, pero su fuerza política y moral permanece viva, inspirando la lucha por la verdad, la justicia y una paz transformadora con cambios reales.
Su nombre se inscribe junto al de las grandes mujeres latinoamericanas que enfrentaron la violencia del poder con la palabra, la ternura y la fuerza de la verdad.
Su historia interpela a Colombia y a toda América Latina, ¿puede haber paz sin justicia? ¿Reconciliación cuando los victimarios gobiernan y los pueblos siguen silenciados?
Honrar su legado exige un compromiso colectivo con la memoria, la verdad y la justicia. Porque la paz auténtica —la que nace desde los pueblos y no desde los palacios ni los premios internacionales— tiene rostro de mujer, de comunidad, de resistencia.
Tiene rostro de Piedad Córdoba, y con ella, el de toda una América Latina que aún sueña y lucha por una paz con dignidad.
Tomado de: https://www.telesurtv.net/opinion/la-paz-tiene-rostro-de-mujer/