La expansión militar de Estados Unidos en América Latina responde a la profundización de la disputa geopolítica por el control de territorios, recursos estratégicos y soberanías, facilitada por gobiernos subordinados a intereses externos. Mientras se invoca la seguridad como justificación, se consolida una arquitectura de dominación cuyos costos recaen sobre los pueblos. ¿Quiénes terminan poniendo los muertos, los territorios y el futuro de Nuestra América?
Un trabajador agrícola camina entre los escombros el 18 de marzo de 2026 después de que el Ejército ecuatoriano lanzara una bomba en el cantón de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, Ecuador, en la frontera con Colombia. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó la operación a medios de comunicación como el primer bombardeo realizado en el marco de las “operaciones conjuntas” con Washington contra el narcotráfico y afirmó que había destruido un presunto campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, un grupo armado. © 2026 Luis Acosta / AFP via Getty Images Imagen portada del Informe: Una Alianza Peligrosa. WRW
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* /
Durante las últimas décadas, Washington ha fortalecido una compleja arquitectura de control regional mediante bases militares, instalaciones de uso compartido, acuerdos de cooperación en defensa, intercambio de inteligencia, operaciones navales, ejercicios militares conjuntos y programas de entrenamiento bajo la coordinación del Comando Sur. Esta red, muchas veces invisibilizada bajo denominaciones como "cooperación", "asistencia técnica" o "seguridad hemisférica", permite ampliar la capacidad de intervención sin necesidad de ocupaciones militares tradicionales.
En Sudamérica, esta estrategia adquiere nuevas expresiones. En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha profundizado la cooperación militar con Estados Unidos, mientras Washington ha manifestado un especial interés por consolidar capacidades logísticas en el extremo sur del continente, particularmente alrededor de Ushuaia, enclave estratégico para la proyección sobre el Atlántico Sur, la Antártida y las rutas bioceánicas. En Perú se han ampliado las autorizaciones para el ingreso periódico de tropas estadounidenses y se discute el fortalecimiento de infraestructura militar y logística en el marco de la cooperación bilateral. En Bolivia, tras años de distanciamiento, se han reactivado mecanismos de diálogo y cooperación en materia de seguridad e inteligencia. A ello se suman las históricas instalaciones y acuerdos existentes en Colombia, Honduras, Panamá, El Salvador, Costa Rica y diversos países del Caribe, conformando un entramado regional de vigilancia y proyección militar sin precedentes.
Esta expansión responde, por supuesto, al discurso de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado transnacional. Sin embargo, reducirla a esos objetivos significaría ignorar las profundas transformaciones del escenario internacional. Lo que está en disputa es también el control de corredores bioceánicos, puertos estratégicos, rutas marítimas, minerales críticos para la transición energética, biodiversidad, reservas de agua dulce, hidrocarburos, tierras raras y, de manera muy especial, la Amazonía, uno de los territorios de mayor importancia ecológica y geopolítica del planeta.
La reciente profundización de la cooperación militar entre Estados Unidos y Ecuador hace parte de esta arquitectura geopolítica, construida durante décadas bajo distintos nombres, guerra contra el comunismo, guerra contra las drogas, guerra contra el terrorismo y, ahora, lucha contra el crimen organizado transnacional, pero orientada por un mismo propósito, consolidar mecanismos de control político, militar y económico sobre América Latina.
El denominado "Plan Ecuador" reproduce una lógica ya experimentada con el Plan Colombia a finales del siglo XX. En ambos casos, el argumento de la seguridad sirve para justificar una creciente presencia militar estadounidense, la expansión de los sistemas de inteligencia, la subordinación doctrinal de las fuerzas armadas nacionales y el fortalecimiento de una agenda geopolítica definida desde Washington más que desde las necesidades de los pueblos latinoamericanos.
La experiencia colombiana debería ser suficiente advertencia., presentado inicialmente como un programa para combatir el narcotráfico, el Plan Colombia terminó convirtiéndose en uno de los mayores programas de intervención militar de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Entre 2000 y 2016 Washington destinó más de 10.000 millones de dólares en asistencia militar, entrenamiento, inteligencia y equipamiento (Congressional Research Service, 2023). Sin embargo, el narcotráfico no desapareció; por el contrario, mutó, se diversificó y fortaleció sus redes internacionales. Lo que sí dejó fue un profundo legado de militarización, desplazamientos forzados, expansión paramilitar, persecución contra organizaciones sociales y miles de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como los "falsos positivos", documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, 2021).
El informe "Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador", publicado por Human Rights Watch el 21 de julio de 2026, constituye una alerta temprana sobre las consecuencias de esta nueva etapa de cooperación militar.
Basado en 62 entrevistas, análisis de imágenes satelitales, registros de navegación marítima, informes médicos, videos, fotografías y documentos oficiales, el informe documenta denuncias de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante operaciones conjuntas entre fuerzas ecuatorianas y estadounidenses (Human Rights Watch, 2026).
Entre los hechos documentados por la organización se encuentran denuncias sobre detenciones arbitrarias, actos de tortura contra ciudadanos colombianos en la provincia de Sucumbíos, destrucción de bienes civiles y ataques contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas en aguas cercanas a las islas Galápagos. Human Rights Watch señala además la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la negativa de ambos gobiernos a suministrar información sobre las operaciones y la falta de protocolos públicos para prevenir abusos contra la población civil.
Si bien corresponde a las autoridades investigar y establecer responsabilidades, la gravedad de las denuncias obliga a preguntarse si América Latina está asistiendo a la reproducción de un patrón ya conocido, operaciones militares justificadas en nombre de la seguridad, ejecutadas con altos niveles de opacidad y cuyos principales afectados terminan siendo las comunidades rurales, indígenas, campesinas, afrodescendientes y pescadoras.
La guerra permanente como forma de gobierno
La militarización no constituye únicamente una política de seguridad. Es también una forma de organización territorial y política. Diversos investigadores han señalado que la expansión de bases militares, acuerdos de cooperación, sistemas de vigilancia e inteligencia suele coincidir con regiones de alto valor geoestratégico y abundantes bienes naturales (Ceceña, 2004; Harvey, 2004).
Como ocurrió en Colombia durante décadas, quienes terminan soportando los mayores costos humanos de estas políticas no son las élites políticas ni económicas, son los pueblos indígenas cuyos territorios son ocupados militarmente, las comunidades campesinas sometidas a operaciones de erradicación forzada, las poblaciones afrodescendientes desplazadas de sus territorios ancestrales, los pescadores cuyos espacios tradicionales de trabajo se convierten en escenarios de operaciones militares.
El 14 de julio de 2026 organizaciones indígenas denunciaron que efectivos del Ejército ecuatoriano ingresaron al territorio de la comunidad quichua de San Marcelino, en el Putumayo colombiano, donde habrían retenido durante varias horas a dieciséis personas, entre ellas cinco menores de edad, destruido bienes civiles e intimidado a la población bajo acusaciones de colaboración con grupos armados. Cinco días después, según las mismas denuncias, nuevos helicópteros militares retornaron al territorio para realizar registros e incautaciones. De confirmarse estos hechos por las investigaciones correspondientes, constituirían una grave violación del derecho internacional, de la soberanía colombiana y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Este tipo de episodios recuerda peligrosamente la "vietnamización" de amplias regiones latinoamericanas, territorios convertidos en escenarios permanentes de guerra, donde la población civil queda atrapada entre operaciones militares, economías ilegales y disputas geopolíticas que le son completamente ajenas.
El desafíos para los pueblos.
La militarización aparece así como una infraestructura del poder destinada a asegurar condiciones de gobernabilidad para un modelo extractivista y para la disputa geopolítica entre Estados Unidos y otras potencias emergentes, particularmente China. No es casual que muchas de las regiones donde se intensifica la presencia militar coincidan con territorios habitados ancestralmente por pueblos indígenas, comunidades campesinas y poblaciones afrodescendientes, ni que sean precisamente estos sectores quienes padecen con mayor intensidad el desplazamiento, la criminalización de la protesta, la pérdida de sus territorios y el deterioro de sus condiciones de vida.
Nuestra América enfrenta, por tanto, un desafío histórico, la fragmentación de las resistencias favorece la consolidación de proyectos de dominación; por el contrario, la articulación de los pueblos constituye la principal condición para defender la soberanía regional. Es urgente fortalecer los vínculos entre organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, movimientos sociales, sindicatos, universidades, comunidades eclesiales, organizaciones ambientales y defensores de derechos humanos para construir una agenda común en defensa de la autodeterminación de los pueblos, la democracia, los derechos humanos y los bienes comunes.
La defensa de la soberanía no puede reducirse a una consigna nacionalista, significa defender el derecho colectivo de nuestros pueblos a decidir sobre sus territorios, sus recursos naturales, sus modelos de desarrollo y sus formas de convivencia sin injerencias externas, proteger la Amazonía, los páramos, los bosques tropicales, los océanos, las semillas, el agua y la extraordinaria biodiversidad de la que depende buena parte del equilibrio ecológico del planeta.
Cambian los gobiernos, los discursos y las justificaciones, pero permanece una misma racionalidad geopolítica, convertir la seguridad en un instrumento de subordinación, expandir la militarización como mecanismo de control territorial y garantizar condiciones favorables para la apropiación de recursos estratégicos.
Frente a esta realidad, la respuesta no puede ser el aislamiento ni la resignación; la historia latinoamericana demuestra que cuando los pueblos logran articularse en torno a la soberanía, la justicia social y la integración regional, también construyen alternativas capaces de frenar la dominación.
Hoy, esa articulación resulta más urgente que nunca, nos jugamos mucho más que una disputa geopolítica, nos jugamos la vida, la posibilidad de preservar la Madre Tierra como fuente de existencia para las generaciones presentes y futuras, y el derecho irrenunciable de Nuestra América a construir un horizonte propio de paz con justicia social, el cuidado de la madre tierra, dignidad y autonomía.
*Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, parte de REDIPAZ y grupo autónomo Kavilando
Referencias.
Ceceña, A. E. (2004). Estrategias de construcción de una hegemonía sin límites. CLACSO. https://geopolitica.iiec.unam.mx/node/70
Congressional Research Service. (2023). Colombia: Background and U.S. Relations. Congressional Research Service. https://www.congress.gov/crs-product/R48287
Harvey, D. (2004). El nuevo imperialismo. Akal. https://rfdvcatedra.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/02/350975756-david-harvey-el-nuevo-imperialismo-pdf.pdf
Human Rights Watch. (2026). Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/es/report/2026/07/21/una-alianza-peligrosa/abusos-preguntas-sin-respuesta-y-la-cooperacion-en
Jurisdicción Especial para la Paz. (2021). Auto No. 033 de 2021. Caso 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. https://www.jep.gov.co/Notificaciones/ESTADO%20No.%20155%20SRVR%20Caso%2003%20Auto%20033-2021.pdf
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2024). World Drug Report 2024. https://www.unodc.org/unodc/es/press/releases/2024/June/unodc-world-drug-report-2024_-harms-of-world-drug-problem-continue-to-mount-amid-expansions-in-drug-use-and-markets.html
_________