La ciencia advirtió durante décadas que el colapso climático podía evitarse. Sin embargo, las grandes potencias eligieron financiar la guerra, expandir el extractivismo y desacreditar la investigación antes que proteger la vida. La catástrofe ya no es una amenaza futura, es la consecuencia política de un modelo civilizatorio que decidió ignorar sus propios límites.
Foto. Tomado del sitio oficial de la ONU
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* Desinformemonos.
La humanidad asiste al fracaso histórico de una civilización que, aun conociendo las consecuencias de sus decisiones, continúa financiando la guerra antes que proteger la vida.
Mientras el planeta rompe récords de temperatura, incendios, sequías e inundaciones, el mundo también acaba de registrar el mayor gasto militar de toda su historia reciente. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en 2025 el gasto militar mundial alcanzó 2.887 billones de dólares, con un incremento real del 9,4% respecto al año anterior, el mayor aumento anual desde el fin de la Guerra Fría. Más de cien Estados incrementaron simultáneamente sus presupuestos militares, consolidando once años consecutivos de crecimiento del gasto en armamento (SIPRI, 2026).
Durante el verano boreal de 2026, Europa y Norteamérica experimentaron una sucesión de olas de calor extremo, incendios forestales y fenómenos meteorológicos sin precedentes. En Francia, España y otros países mediterráneos, más de 300.000 personas fueron evacuadas por el avance de incendios de comportamiento extremo; solo en el suroeste francés las llamas consumieron decenas de miles de hectáreas, mientras que estudios epidemiológicos preliminares estiman al menos 3.700 muertes en exceso asociadas a la intensa ola de calor que afectó a Francia, Bélgica y los Países Bajos, las cifras a la fecha, siguen subiendo. En Estados Unidos, estados como Arizona, Nevada, Texas y California registraron temperaturas superiores a los 45 °C, presionando al límite los sistemas eléctricos, sanitarios y de abastecimiento de agua. Por su parte, inundaciones catastróficas en Sur América, en Asia, India, China, Pakistán, Filipinas, calentamiento récord de los océanos y sus efectos sobre huracanes y ciclos hidrológicos, migraciones climáticas crecientes documentadas por la OIM y el IDMC. Estos fenómenos ya no constituyen hechos extremos aislados; son la expresión de una nueva realidad climática ampliamente anticipada por la ciencia.
Por su parte, las Naciones Unidas insisten en que el financiamiento destinado a la adaptación climática continúa siendo insuficiente y muy inferior a las necesidades reales de las poblaciones más vulnerables (PNUMA, 2024). La contradicción es inocultable, mientras la comunidad científica reclama acelerar la transición ecológica, fortalecer la investigación y preparar a las sociedades para enfrentar un clima cada vez más extremo, las principales potencias responden profundizando la carrera armamentista. No se trata de una falta de recursos, sino de una decisión política acerca de qué vidas proteger y qué futuros sacrificar.
El caso de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump resulta paradigmático: desde 2025, la Casa Blanca impulsó una profunda reducción del financiamiento federal para la investigación científica, proponiendo recortes históricos a instituciones como los National Institutes of Health (NIH), la National Science Foundation (NSF), la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), al tiempo que aumentaba el presupuesto destinado a defensa y seguridad. Paralelamente, congeló o canceló miles de subvenciones de investigación, suspendió programas sobre cambio climático y salud pública, retiró recursos a universidades como Harvard, Princeton, Cornell, Northwestern y el sistema de la Universidad de California, y sometió a numerosas instituciones académicas a presiones políticas e ideológicas que organizaciones científicas han denunciado como una amenaza sin precedentes para la libertad de investigación y la autonomía universitaria. Investigadores de diversas disciplinas advirtieron que estos recortes no solo debilitan la capacidad científica de Estados Unidos, sino que erosionan uno de los pilares históricos de la producción mundial de conocimiento, precisamente cuando la crisis climática exige más ciencia, más cooperación internacional y mayor inversión pública, no menos (Aboulenein, Ahmed, 2025).
No es casual que el negacionismo climático, la des-financiación y el ataque contra la ciencia avancen de la mano, cuando la evidencia científica demuestra que el actual modelo de desarrollo resulta ecológicamente inviable, desacreditar a las universidades, desfinanciar la investigación, intimidar a las y los científicos y debilitar los organismos públicos de conocimiento se convierte en una estrategia para proteger intereses económicos profundamente vinculados tanto a la industria fósil, como al complejo militar-industrial, tecnológicas asociadas y el poder corporativo. La disputa contemporánea ya no es únicamente por los recursos naturales o los mercados, es también una disputa por el conocimiento, por la verdad científica y por la capacidad de las sociedades para comprender la magnitud de la crisis civilizatoria que enfrentan.
Nunca la humanidad había destinado tantos recursos a perfeccionar su capacidad para destruir la vida, mientras reducía la velocidad de las transformaciones necesarias para preservarla. Esa contradicción resume mejor que cualquier otra estadística el significado histórico de nuestro tiempo.
Esa lógica comenzó a proyectarse también sobre América Latina, diversos gobiernos alineados con la agenda geopolítica de Washington han reproducido discursos de desregulación ambiental, debilitamiento institucional, recorte de la inversión pública en ciencia y tecnología, criminalización de la protesta socioambiental y apertura irrestricta a proyectos extractivos estratégicos. En el marco de una renovada política exterior estadounidense, caracterizada por un relacionamiento más confrontacional e injerencista hacia la región, la disputa por minerales críticos, biodiversidad, agua, energía y corredores logísticos vuelve a ocupar un lugar central. La consecuencia es una doble subordinación, mientras los territorios latinoamericanos soportan una parte creciente de los impactos del colapso climático, también enfrentan mayores presiones geopolíticas para garantizar la seguridad energética y el abastecimiento de recursos que demandan las grandes potencias.
Se configura así una paradoja profundamente injusta; quienes históricamente más contribuyeron a la crisis climática trasladan crecientemente sus costos hacia los pueblos del Sur, al tiempo que buscan asegurar, mediante mecanismos económicos, diplomáticos e incluso militares, el control de los bienes estratégicos necesarios para sostener un modelo de desarrollo que la propia ciencia ha demostrado ecológicamente inviable. La crisis climática deja entonces de ser únicamente un problema ambiental para convertirse, también, en una disputa por la soberanía, la democracia y el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios y su futuro.
La ciencia advirtió. El poder eligió otro camino
En julio de 2023, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pronunció una frase que dio la vuelta al mundo: “La era del calentamiento global ha terminado; ha llegado la era de la ebullición global” (Naciones Unidas, 2023). No se trataba de una licencia retórica ni de un recurso para llamar la atención. Era la traducción política de un consenso científico construido durante décadas. Ese mismo año, el Informe de Síntesis del Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advirtió que la humanidad disponía de una ventana de oportunidad cada vez más estrecha para asegurar un futuro habitable y sostenible. El informe fue categórico, el mundo ya había cruzado umbrales críticos y únicamente reducciones profundas, rápidas y sostenidas de las emisiones, acompañadas de políticas de adaptación y justicia climática, permitirían contener parte de los impactos inevitables (IPCC, 2023).
Los gobiernos conocían la magnitud del problema y también las consecuencias de no actuar. El Acuerdo de París (2015) estableció el compromiso de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C respecto de los niveles preindustriales y redoblar los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C, umbral identificado por la comunidad científica como un límite crítico para reducir el riesgo de alteraciones irreversibles del sistema climático (United Nations Framework Convention on Climate Change [UNFCCC], 2015). Sin embargo, la realidad comenzó a desbordar los compromisos políticos. Durante 2023 se registraron, por primera vez desde que existen mediciones modernas, numerosos días y varios meses con temperaturas superiores a 1,5 °C respecto al nivel preindustrial. En 2024 esa situación dejó de ser episódica, la Organización Meteorológica Mundial confirmó que fue probablemente el primer año calendario completo con una temperatura media global de 1,55 ± 0,13 °C sobre el promedio de 1850-1900, convirtiéndose en el año más cálido jamás registrado, mientras el Servicio de Cambio Climático de Copernicus documentó una sucesión inédita de récords mensuales de temperatura (World Meteorological Organization, 2025; Copernicus Climate Change Service, 2025)
La comunidad científica ha sido enfática, varias líneas críticas del sistema climático ya han sido sobrepasadas y parte de sus consecuencias son, lamentablemente, inevitables. La discusión dejó de ser si el cambio climático ocurrirá; ahora se centra en la magnitud de sus impactos y en la capacidad de las sociedades para contenerlos. Por ello, el IPCC insiste en que los Estados deben actuar simultáneamente en dos frentes inseparables: mitigar, reduciendo de manera rápida y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que la crisis continúe agravándose; y adaptar, fortaleciendo la resiliencia de ciudades, sistemas productivos, ecosistemas e infraestructuras, así como la capacidad de las comunidades para enfrentar fenómenos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Esta tarea resulta especialmente urgente en los países de menores ingresos, que, pese a haber contribuido muy poco al calentamiento global, disponen de capacidades financieras, tecnológicas e institucionales mucho más limitadas para responder a una crisis cuyos mayores costos recaen, de manera profundamente injusta, sobre sus pueblos (IPCC, 2023).
Así, lo ocurrido durante 2026 no debería sorprender a nadie, las olas de calor extremo, los incendios forestales de comportamiento cada vez más impredecible, las inundaciones, las sequías prolongadas, el calentamiento acelerado de los océanos y el aumento de los desplazamientos humanos no constituyen acontecimientos inesperados; representan la materialización de escenarios que la ciencia anticipó hace décadas. La tragedia de nuestro tiempo no consiste en haber ignorado las advertencias, sino en haber decidido no actuar con la rapidez y la profundidad que exigía la evidencia científica.
La crisis o ya catástrofe climática dejó hace tiempo de ser un problema exclusivamente ambiental, se ha convertido en el espejo más nítido de una civilización incapaz de anteponer la reproducción de la vida a la lógica de la acumulación, el extractivismo y la guerra. Frente a este panorama, la salida no vendrá de quienes continúan concibiendo la Tierra como una mercancía ni de quienes reducen la política a la administración del colapso.
Las respuestas más profundas emergen de los pueblos que nunca rompieron sus vínculos con la naturaleza, comunidades indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos, pescadores artesanales, guardianes de los bosques y de las aguas, mujeres que sostienen economías del cuidado y movimientos sociales que defienden los bienes comunes. Sus prácticas dialogan hoy con la mejor ciencia disponible y recuerdan una verdad elemental que el paradigma dominante parece haber olvidado, la humanidad no está separada de la naturaleza, forma parte de ella.
Si la civilización del capital ha organizado el mundo alrededor de la acumulación y la guerra, la tarea histórica de nuestro tiempo consiste en construir una civilización del cuidado, la cooperación y la justicia ecológica. Allí, en la memoria larga de los pueblos que han resistido siglos de despojo, persiste la posibilidad más concreta de un futuro compartido.
*Docente investigador universidad de San Buenaventura Medellin, integrante REDIPAZ y grupo Autónomo Kavilando.
Referencias
Aboulenein, Ahmed. (2025). Trump budget proposes drastic cuts for US scientific research. Reuters. En: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/trump-budget-proposes-drastic-cuts-us-scientific-research-2025-05-02/
Copernicus Climate Change Service. (2025). Global Climate Highlights 2024. https://climate.copernicus.eu/global-climate-highlights-2025
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/
Stockholm International Peace Research Institute. (2026). Trends in World Military Expenditure 2025. https://www.sipri.org/publications/2026/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2025
Organización Meteorológica Mundial. (2025). State of the Global Climate. https://wmo.int/media/news/western-europe-has-hottest-june-record
Organización de las Naciones Unidas. (2023, 27 de julio). Declaración del Secretario General António Guterres sobre el cambio climático («The era of global boiling has arrived»). https://news.un.org/en/story/2023/07/1139162
UNFCCC (2015). United Nations Framework Convention on Climate Change. Paris Agreement. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement
WMO (2026) Europa Occidental tiene el junio más caluroso registrado. En: https://wmo.int/media/news/western-europe-has-hottest-june-record
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