Un informe de la ONU alerta que la guerra contra el narcotráfico se traslada al océano mediante ataques militares letales y ejecuciones extrajudiciales. La cooperación de EE. UU., Ecuador y Colombia pone en riesgo el derecho internacional.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
Del combate al narcotráfico a la guerra en alta mar
El Caribe y el Pacífico Oriental están entrando en una nueva fase de militarización. Lo que durante décadas se presentó como interdicción marítima, inteligencia y persecución judicial del narcotráfico está dando paso a ataques militares letales contra embarcaciones, sin proceso judicial y bajo la acusación de “narcoterrorismo”.
El informe de Ben Saul, Relator Especial de Naciones Unidas, Killing “Narco-Terrorists” at Sea (2026), registra 68 ataques estadounidenses contra embarcaciones fuera del mar territorial, con al menos 223 personas asesinadas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Su conclusión es contundente: estas operaciones no encuentran fundamento suficiente en la legítima defensa, el derecho internacional humanitario ni el derecho del mar. El tráfico de drogas, por sí mismo, no constituye un “ataque armado” que habilite el uso de fuerza militar.
Allí, se resalta enfáticamente que, los ataques militares llevados a cabo por Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente involucradas en narcotráfico en aguas internacionales constituyen violaciones graves del derecho internacional, al carecer de justificación bajo el derecho de autodefensa, el derecho internacional humanitario y el derecho del mar. Estas operaciones han provocado ejecuciones extrajudiciales masivas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, sin garantías adecuadas de rendición de cuentas ni respeto al derecho a la vida. Además, el informe advierte que esta estrategia militarizada no solo es ilegal, sino también ineficaz, pues ha generado diversificación y expansión en las rutas y métodos del narcotráfico, al tiempo que desplaza recursos que podrían destinarse a respuestas más efectivas y basadas en derechos humanos
La cuestión, entonces, ya no es solamente si una embarcación transportaba drogas, sino qué autoridad permite convertir una sospecha criminal en una sentencia de muerte en alta mar.
Cientos de muertos, ningún resultado significativo
La documentación de WOLA confirma el patrón, 221 personas asesinadas en 63 ataques hasta julio de 2026. Pero el dato más revelador está en los resultados. Los precios y la pureza de la cocaína en Estados Unidos permanecen esencialmente estables y las incautaciones fronterizas no muestran una reducción de la oferta.
Según el seguimiento citado por WOLA, las incautaciones de la CBP pasaron de 62.618 a 63.199 libras, aproximadamente 1 % más, no menos. Es decir: más ataques y más muertes, sin una reducción representativa de la circulación de cocaína hacia Estados Unidos.
La propia evaluación atribuida a la DEA coincide en que estas operaciones no habían producido un efecto apreciable sobre la oferta ni el precio. El contraste obliga a desplazar la discusión de la eficacia operacional hacia una pregunta jurídica y política fundamental: ¿qué justifica una estrategia letal cuando aquello que dice combatir permanece prácticamente intacto?
Ecuador y Colombia: el traslado del modelo
Ecuador muestra cómo esta lógica comienza a proyectarse sobre fuerzas latinoamericanas. El informe de Naciones Unidas registra apoyo estadounidense a operaciones militares ecuatorianas y documenta denuncias de posibles violaciones de derechos humanos. En el ámbito marítimo, también se han desarrollado operaciones contra embarcaciones señaladas como vinculadas al narcotráfico, en medio de controversias sobre la identidad y actividad de sus tripulantes.
Colombia entra ahora en una nueva fase de cooperación militar con Estados Unidos, marcada por el Escudo de las Américas, una presencia creciente del Comando Sur y una mayor articulación en el Pacífico. Esto plantea un asunto que trasciende la cooperación antidrogas: qué límites jurídicos, institucionales y democráticos deben regir cualquier operación militar conjunta en aguas y territorios colombianos.
La advertencia cobra mayor peso frente a la experiencia latinoamericana. La Comisión de la Verdad de Colombia y otras comisiones de verdad de países que atravesaron dictaduras y conflictos internos han insistido en reformar la formación militar y policial desde los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el control democrático y la responsabilidad institucional.
Esto implica fortalecer capacidades de seguridad sin normalizar prácticas asociadas a violaciones graves, comprometer la soberanía estratégica ni poner en riesgo la vida y dignidad de las comunidades y sus territorios.
El problema actual apunta en dirección contraria: una arquitectura de seguridad que amplía el uso de la fuerza mientras debilita la frontera entre interdicción policial y acción militar.
Gaza y la normalización de la fuerza letal
Este proceso debe leerse además en un contexto internacional marcado por una creciente disputa sobre los límites del uso de la fuerza. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas concluyó en 2025 que las autoridades y fuerzas israelíes habían cometido actos constitutivos de genocidio contra la población palestina en Gaza. Son contextos jurídicos y militares distintos, pero existe un punto común que no puede dejarse a un lado, la erosión de las normas internacionales que buscan proteger la vida de civiles y limitar el uso arbitrario de la fuerza.
Ante esta realidad, ¿qué modelo de seguridad se está construyendo? Si el narcotráfico sigue circulando, los precios y la pureza permanecen estables y las incautaciones incluso registran una variación cercana al 1 % al alza, mientras cientos de personas han muerto en operaciones cuestionadas por Naciones Unidas, la discusión ya no puede reducirse a resultados militares.
Está en juego el límite entre seguridad y guerra, entre cooperación y subordinación, entre interdicción y ejecución; pero también la capacidad de los Estados latinoamericanos para preservar soberanía, control democrático, derecho internacional y protección efectiva de la vida.
Del Caribe al Pacífico
Ecuador muestra el desplazamiento de esta lógica hacia el Pacífico. Naciones Unidas registra la cooperación militar estadounidense con fuerzas ecuatorianas en operaciones contra organizaciones calificadas como “terroristas”, incluyendo denuncias de uso potencialmente letal de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura y desplazamiento forzado.
Colombia, entretanto, ha profundizado su cooperación. El ingreso al Escudo de las Américas y a la Coalición de las Américas contra los Carteles, junto con la histórica cooperación de inteligencia, interdicción y entrenamiento con Estados Unidos, configuran una arquitectura mucho más amplia.
La novedad no está simplemente en cooperar contra el narcotráfico, está en la transformación del lenguaje y del tipo de respuesta, del delito al “narcoterrorismo”; de la interdicción a la acción militar; de la investigación judicial a la neutralización letal.
Por ello merece especial atención la información sobre una posible ampliación de operaciones conjuntas hacia zonas marítimas colombianas; el fortalecimiento de la cooperación hace indispensable preguntar qué acuerdos existen, qué facultades tendrían fuerzas extranjeras, bajo qué reglas podrían operar y quién asumiría responsabilidad frente a una muerte o un error de identificación.
La memoria histórica ya dejó una advertencia.
Colombia tampoco parte de cero. La Comisión de la Verdad recomendó transformar la educación militar y policial, fortalecer la formación permanente en derechos humanos y DIH, incorporar la memoria histórica y revisar doctrina, controles y prácticas institucionales para garantizar la no repetición.
Esta orientación coincide con aprendizajes de otros procesos de justicia transicional latinoamericanos, las experiencias de El Salvador, Chile y otros países muestran que las comisiones de verdad han señalado la necesidad de reformar instituciones de seguridad, fortalecer el control civil y modificar los procesos de formación militar para impedir la reproducción de prácticas violatorias de los derechos humanos.
El principio es sencillo, la cooperación y la formación militar deben fortalecer instituciones comprometidas con la protección de la vida y los derechos humanos, no exponer a los Estados a nuevas dependencias estratégicas ni vincular sus fuerzas con prácticas cuestionadas por organismos internacionales.
La paradoja actual es preocupante, mientras la memoria de las víctimas y las recomendaciones de las comisiones de verdad llaman a profundizar la formación en derechos humanos, DIH, control civil, soberanía y garantías de no repetición, la nueva arquitectura hemisférica parece avanzar hacia una mayor militarización de territorios, mares e inteligencia bajo el amparo de la fuerza.
El Pacífico, el Amazonas y ningún territorio colombiano y latinoamericano, pueden ni deben convertirse en el siguiente laboratorio de esa macabra transformación.
La seguridad de un país no puede medirse por el número de operaciones militares, sino también por su capacidad de proteger la vida, preservar la soberanía, respetar el derecho internacional y garantizar la dignidad de las comunidades y sus territorios. La historia ya dejó suficientes advertencias. No repetirla debería ser el primer principio de cualquier cooperación militar.
*docente investigador universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ y, Observatorio-Red Latinoamericana en estudios en geopolítica, doctrina, conflictos, bienes estratégicos.
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