Darío Fajardo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, dictó la conferencia académica del Foro Política de Desarrollo Agrario Integral. El docente resaltó que en el marco del Proceso de Paz se han recopilado propuestas de los distintos sectores sobre este primer punto.
Fajardo señaló que se está tratando uno de los problemas más antiguos y es el ligado a la tenencia de la tierra, el cual ha cobrado más complejidad por la guerra que ha costado muchas vidas. También resaltó que el acumulado de esta deuda agrava la inequidad y aleja las posibilidades de alcanzar una mejor calidad de vida. Además, existe una subutilización de las tierras, en gran parte debido a la ganadería extensiva.
Sostuvo que como consecuencia del modelo de desarrollo rural y del conflicto armado, se ha producido un desabastecimiento de productos propios, lo que afecta la seguridad alimentaria.
Añadió que se debe recuperar la capacidad productiva nacional en pro del mejoramiento de la calidad de vida de su población. Teniendo en cuenta que la situación actual promueve el desplazamiento, es necesario patrocinar proyectos de parcelas individuales, cooperativas y unidades mayores. Asimismo, se deben crear instrumentos fiscales para gravar las tierras, de tal modo que se facilite la redistribución. Las tierras recuperadas habrán de servir para restaurar la pequeña propiedad.
Sobre la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Restitución de Tierras, está el profesor Fajardo indicó que está dirigida a devolver las tierras a las víctimas del despojo, pero en su aplicación se hace evidente que además de las dificultades técnicas se enfrentan a capacidades políticas, armadas y burocráticas para impedir su aplicación. "La titulación sería una manera de protección, pero en condiciones de guerra es explicable que la mayoría de víctimas no quieran regresar".
Otro punto crítico corresponde a los créditos, ya que los predios se convertirían en las garantías y, dada la incertidumbre en el sector agrícola, es necesario contar con normas que protejan a los productores, que existan intereses manejables y otras formas de pago.
Según Darío Fajardo, el Gobierno y los campesinos podrían acordar titulaciones colectivas. Es necesario contar con la colaboración de las comunidades para la identificación de las tierras usurpadas y buscar condiciones de sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, el Catastro Alternativo de la sociedad civil podría tener un papel importante.
Otras Visiones
Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, que el sector agropecuario forma parte del camino a la paz y el bienestar en Colombia, y por ello deben aplicarse políticas que armonicen enfoques territoriales globales y locales. Indicó así mismo, en una gran coincidencia con otros panelistas, las muchas necesidades del campo: inversión privada y pública; cerrar brecha rural/urbana; vías adecuadas; inversión y seguridad social; educación de calidad; consolidar procesos de formalización y titulación, entre otros.
Santiago Perry, en representación del grupo de trabajo Diálogo Rural Colombia, advirtió que debe saldarse la deuda histórica con el sector rural: "Colombia dispone de más de 20 millones de hectáreas con vocación para la producción agrícola, de las cuales cultiva anualmente menos de 5 millones, situación que le debería permitir producir todos los alimentos que necesita para garantizar la seguridad alimentaria de todos sus habitantes e incluso generar importantes volúmenes de productos agrícolas para la exportación, la industria y los biocombustibles".
Agregó: "La erradicación de la pobreza también requiere del mejoramiento de la calidad del empleo rural: la formalización del mismo y el pleno cumplimiento de la legislación laboral deben ser propósitos comunes del Gobierno y de la sociedad civil". De igual modo, precisó, Colombia debe resolver el tema de los latifundios improductivos y los minifundios inviables, y añadió que el Estado no debe dar títulos a tierras adquiridas ilegalmente.
Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, recordó que "la solución del conflicto armado es una necesidad para todo el país y de manera prioritaria para quienes ante la degradación del mismo y la violación de los Derechos Humanos por todos los actores armados, sufrimos las muertes y masacres, junto con la desestructuración de nuestras comunidades, economías, infraestructuras, culturas, territorios y procesos organizativos y de gobernabilidad".
Añadió: "Para los indígenas la paz pasa obligatoriamente por el reconocimiento y garantía del goce efectivo de los derechos territoriales, ya que la guerra contra nosotros se ha hecho para despojarnos de nuestra territorialidad ancestral (...) Nos parece válido y pertinente el ejercicio de generar una gran discusión nacional de los temas de la mesa de La Habana, siempre y cuando lo resultante del proceso de negociación entre Farc y Gobierno Nacional pueda ser consultado con carácter decisorio a la sociedad civil y particularmente con indígenas, afrocolombianos y campesinos, así como con sectores pobres del campo y la ciudad.
Eberto Díaz Montes, de la Mesa Nacional de Unidad Agraria: "Es urgente y necesario para la paz el reconocimiento político del campesinado como sujeto de derechos específicos y actor social diferencial, con identidad propia y pluricultural, tal como lo reza el Mandato Nacional Agrario, garantizando de tal manera los derechos de campesinos y campesinas de acuerdo con la carta que cura en las Naciones Unidas a favor de estos".
Respecto a la seguridad alimentaria, un tema presente a lo largo de todo el foro, Díaz Montes señaló que el Estado debe propiciar la producción de alimentos en forma sostenible con el medio ambiente. “La tierra es un derecho fundamental para las comunidades rurales”, afirmó.
Por su parte, María Guines Quiñonez, en representación de los afrodescendientes, manifestó su inconformidad con los organizadores en cuanto a la conformación de mesas plurisectoriales e informó que inicialmente los afrodescendientes se reunirían separadamente.
El Foro, Antecedentes
El 25 de noviembre de 2012, las delegaciones del Gobierno de Colombia y las Farc-Ep pidieron a la Organización de Naciones Unidas en Colombia y a la Universidad Nacional – Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz convocar, organizar y servir de relatores de los debates y de las conclusiones del primer espacio de participación de la Mesa de Conversaciones. El resultado de esa solicitud es este Foro denominado Política de Desarrollo Agrario Integral (Enfoque Territorial).
De este modo, la ONU y la Universidad Nacional hicieron un esfuerzo para que 32 regiones del país estuvieran representadas y seleccionaron 15 sectores de actores sociales que fueron invitados: movimiento y organizaciones campesinas; gremios y organizaciones del sector empresarial; organizaciones de mujeres; organizaciones indígenas; organizaciones afro-descendientes; sector académico, universidades y centros de investigación; partidos, movimientos políticos y sociales; organizaciones defensoras de derechos humanos; organizaciones de víctimas y de desplazados; organizaciones LGBTI; organizaciones no gubernamentales vinculadas al desarrollo rural y el medio ambiente; programas de desarrollo y paz e iniciativas nacionales territoriales de paz; centrales y organizaciones sindicales; organizaciones juveniles; Iglesias y otras formas de organización que puedan aportar al propósito del Foro.