Por Daniel Coronell. Semana
Más allá del tema de la acumulación ilegal de baldíos –que de por sí sería suficiente– persiste la pregunta: ¿De dónde ha sacado este funcionario el dinero para comprar todas estas propiedades?
(Magistrado) Pretelt, investigado por desplazamiento forzado y despojo de tierras en Colombia. foto vanguardia.com
La fortuna del magistrado Jorge Pretelt debe ser revisada por la Justicia y por la prensa. El multimillonario juez de la Corte Constitucional ha aumentado exponencialmente su patrimonio mientras ha sido funcionario público. Buena parte de sus propiedades las adquirió mientras era magistrado del Consejo Nacional Electoral y su prosperidad ha ido en aumento con su paso por la Corte Constitucional.
Cuando estalló el escándalo por la presunta petición del magistrado Pretelt de varios cientos de millones de pesos a los interesados en una tutela, la corte pidió a los magistrados sus declaraciones de renta y patrimonio.
Pretelt respondió, por escrito, que tenía un apartamento en Bogotá en donde reside con su familia, otro en Cartagena, tres lotes urbanos en Montería, dos fincas en Arboletes, otras cuatro en Ciénaga de Oro y una más en Los Córdobas.
Ya esto era considerable, sin embargo Pretelt se quedó corto. O dicho de otro modo, no dijo toda la verdad.
Una investigación de sus predios adelantada por las autoridades demuestra que tiene más propiedades de las que reportó en su comunicación a la Corte Constitucional.
En Bogotá donde decía que solo tenía un apartamento y dos garajes. Le han encontrado 11 propiedades. (Ver propiedades en Bogotá)
En la ciudad de Montería no tiene simplemente tres lotes como se lo aseguró a la presidenta de la Corte Constitucional. Hay cinco propiedades que incluyen un local comercial, una oficina, un apartamento, una casa y un parqueadero. (Ver propiedades en Montería) Lo de Cartagena tampoco era un apartamento, es decir no era un solo apartamento sino dos. Además de un lote. (Ver propiedades en Cartagena)
Pero el mayor hallazgo está en las fincas del magistrado Pretelt.
En Arboletes, Antioquia, la finca que el magistrado rebautizó como La Corona es realmente la suma de cinco predios procedentes de baldíos entregados por reforma agraria.
La ilegalidad está en que la ley establece que “ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos si las extensiones exceden los límites máximos para las unidades agrícolas familiares en el respectivo municipio o región”.
La finca armada, pegando parcelas, por el magistrado Pretelt excede tres veces y media el límite máximo legal de acuerdo con la estimación del Incoder. (Ver documento)
La valoración del predio –ilegalmente englobado– supera los 10.000 millones de pesos, de acuerdo con un avalúo oficial en poder de los investigadores. (Ver avalúo)
Parecida maniobra dio origen a otra finca de Pretelt llamada Los Farallones en Los Córdobas. Allí el Incoder encontró que la propiedad del magistrado del tribunal, que debe garantizar el cumplimiento de la Constitución, viola el límite legal más de nueve veces. (Ver documento)
Pero más allá del tema de la acumulación ilegal de baldíos –que de por sí sería suficiente– persiste una pregunta: ¿De dónde ha sacado este funcionario el dinero para comprar todas estas propiedades?
Como magistrado del Consejo Nacional Electoral ganaba 11 millones de pesos. Como magistrado de la Corte Constitucional recibe un salario de 23 millones.
La histriónica explicación que da su abogado, Abelardo de la Espriella, es que Pretelt es rico por parte de madre.
Sin embargo, en su declaración de bienes, el propio Pretelt asegura sobre las pertenencias de su mamá, Miriam Chaljub, que “hasta el momento no se ha llevado a cabo la repartición de bienes en sucesión”. (Ver declaración de bienes)
Así que ninguna de las propiedades a nombre del magistrado proviene de la herencia de su señora madre. Quizás se haya ganado el baloto o haya vendido novillos a muy buen precio como lo hacía un antiguo superintendente de notariado. 2015/06/06 22:00
Mi equivocación
Por: Daniel Coronell. Opinión | 2015/06/13 22:00 Semana
Con un documento oficial en la mano y dos verificaciones de fuentes humanas –no relacionadas entre sí– creí que la información podía considerarse confiable y además revestía carácter público.
Todas las personas están expuestas a equivocarse. Cuando los periodistas nos equivocamos tenemos el deber de reconocerlo públicamente, en el mismo espacio donde se cometió el error y tan pronto como sea posible. La columna de la semana pasada titulada ‘Rico McPretelt’ contiene varias imprecisiones en las que incurrí de buena fe guiado por un documento oficial que contenía algunas inconsistencias.
Dicho documento es una comunicación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) a la presidenta de la Corte Constitucional, fechado el 20 de abril de 2015 sobre propiedades del multimillonario magistrado Jorge Pretelt. Cuando recibí el papel verifiqué que fuera auténtico y lo era. Así mismo me cercioré de que hubiera sido recibido en la entidad destinataria y me lo confirmaron. (Ver carta)
Como el documento contenía información sobre bienes rurales y también urbanos le pregunté a un funcionario de la Superintendencia de Notariado y Registro si era un procedimiento usual que el Incoder estudiara títulos, investigara y reportara sobre predios urbanos.
La respuesta fue afirmativa. El Incoder puede y debe establecer cuáles son las propiedades de cualquier ciudadano que ocupe antiguos baldíos para determinar si hay acumulación ilegal de ellos o si un pretendido ‘poblador rural’ tiene más tierras o inmuebles urbanos en otras zonas del país.
Con un documento oficial en la mano y dos verificaciones de fuentes humanas –no relacionadas entre sí– creí que la información podía considerarse confiable y además revestía interés público. Mi error consistió en no haber revisado, registro por registro, las propiedades listadas en el documento.
Lo peor de todo es que ya me había pasado algo parecido hace dos años en otro caso basado en un cobro oficial de predial en el Valle del Cauca, que no reflejaba la realidad de una finca.
Volvamos a lo de ahora. El documento del Incoder sobre “varios predios donde presuntamente existen derechos reales del señor Pretelt” contiene cinco puntos: 1) Sus propiedades en Montería que son cinco, 2) Sus propiedades en Bogotá que son 11 de acuerdo con el papel, 3) Sus propiedades en Cartagena que según el documento son tres: un lote y dos apartamentos, 4) La acumulación ilegal de baldíos por parte del magistrado Pretelt en Antioquia y 5) La acumulación ilegal de baldíos en Córdoba. (Ver documento)
El señor magistrado Jorge Pretelt hizo pública una carta donde dice que no son ciertos los puntos 2 y 3. Sobre el punto 2, Pretelt dice que no tiene 11 propiedades, aunque todas han sido suyas en algún momento, sino que hoy tiene un apartamento y dos garajes. Es decir el documento del Incoder no refleja la realidad y por ende la columna tampoco. (Ver carta de Pretelt)
Respecto del punto 3 asegura y demuestra que el lote de Cartagena jamás ha sido suyo. También prueba que tiene uno y no dos apartamentos en Cartagena porque el otro fue vendido. Por cierto, es interesante saber que los dueños actuales son los hijos del exfiscal Guillermo Mendoza Diago, antiguo abogado de Fidupetrol y cuya esposa Nora Vélez trabaja con el magistrado Pretelt en su despacho de la Corte Constitucional. El exfiscal Mendoza Diago le compró el apartamento a la persona a la que Pretelt se lo había vendido. El mundo es un pañuelo. (Ver título del apartamento)
En esos puntos 2 y 3 reconozco inconsistencias en el documento y por consiguiente en la columna.
En lo demás me ratifico integralmente.
El señor magistrado Jorge Pretelt le mintió a la Corte Constitucional porque en su declaración de bienes dijo que en Montería solo tenía tres lotes compartidos y está probado en los registros públicos que también tiene una oficina cuyo título está a nombre de él y de su esposa la procuradora Martha Ligia Patrón. (Ver comparación entre declaraciones de Pretelt y títulos inmobiliarios)
Hay pruebas de que Jorge Pretelt acumuló ilegalmente baldíos en Antioquia como lo indica claramente el documento del Incoder. (Ver documento)
Y repitió la operación ilegal en Córdoba con un índice de acumulación aún mayor. (Ver índice)
Rectifico mi equivocación y a la vez ratifico las otras afirmaciones de la columna.
Me disculpo con ustedes por mi error. No ha sido el primero y probablemente tampoco será el último. Les garantizo que me esforzaré para evitar equivocaciones y que cada vez que incurra en alguna la reconoceré públicamente y asumiré las consecuencias.