Por: Alfonso Insuasty Rodriguez* / En un mundo donde la guerra se terceriza y se vuelve negocio, Colombia emerge como proveedor de combatientes para conflictos globales. Entre vacíos legales, doctrinas militares y mercados privados, se configura una economía de la violencia que desplaza costos humanos al sur global y redefine el sentido de la soberanía y la guerra.
La guerra contemporánea ya no se libra únicamente entre Estados, se terceriza, se fragmenta y se comercializa.
En este nuevo escenario, Colombia ha sido progresivamente configurada como un proveedor estratégico de combatientes para conflictos globales. No se trata de un fenómeno reciente ni espontáneo, sino del resultado de una arquitectura política, militar y económica que conecta la historia del conflicto interno colombiano con las nuevas dinámicas del mercado global de la seguridad.
Según estimaciones recientes recogidas por expertos vinculados a Naciones Unidas, más de 10.000 colombianos han sido reclutados en los últimos 10–11 años para participar en guerras en el exterior, con salarios que oscilan entre 2.000 y 6.000 dólares mensuales.
Su presencia ha sido documentada en al menos 16 países, incluyendo Ucrania, Sudán, Haití, Irak y México. No se trata de casos aislados, es la consolidación de un patrón estructural.
De Plan Colombia al mercado global de la guerra
Para comprender este fenómeno, es necesario remontarse a inicios de los años 2000, cuando el Plan Colombia profundizó la transformación de las Fuerzas Armadas bajo doctrina militar estadounidense.
Este proceso implicó, entrenamiento intensivo en guerra contrainsurgente, incorporación de lógicas de guerra irregular e híbrida, articulación con contratistas privados y empresas de seguridad.
No es casual que desde mediados de esa década comiencen a aparecer los primeros casos documentados de exportación de combatientes colombianos. Ya en 2006, empresas como Blackwater reclutaban exmilitares colombianos para operaciones en Irak, marcando el inicio de una tendencia que se expandiría en las décadas siguientes.
Así, la guerra interna no solo dejó víctimas y territorios devastados, también produjo un “capital humano” altamente entrenado, funcional a las necesidades de un mercado global de seguridad.
La privatización de la guerra y la “zona gris”
El auge de las empresas militares y de seguridad privada ha sido clave en esta transformación. Estas estructuras operan en una zona gris jurídica, donde la distinción entre contratista, mercenario y actor estatal se diluye.
En Colombia, esta industria no solo ha crecido, sino que ha sido alimentada por redes que vinculan, exoficiales de alto rango, empresas de vigilancia y seguridad, intermediarios internacionales.
Oficiales retirados han participado en redes de reclutamiento y envío de combatientes a conflictos como Ucrania y Sudán, incluso siendo sancionados internacionalmente. Este dato es clave, el mercado de mercenarios no es informal, sino organizado, jerarquizado y profundamente conectado con estructuras estatales previas.
El crecimiento de este mercado responde a una lógica clara: oferta y demanda.
Oferta: Exmilitares con alta capacitación, retiro temprano y pensiones insuficientes, falta de reintegración económica.
Demanda: Proliferación de conflictos globales, externalización de la guerra por parte de Estados, necesidad de combatientes “baratos” y experimentados.
En este contexto, los colombianos se convierten en lo que la industria denomina “nacionales de terceros países”, eslabones finales de una cadena global donde la vida es un insumo reemplazable.
Los resultados son dramáticos, al menos 300 colombianos han combatido en Sudán, muchos bajo año, cerca de 2.000 han participado en la guerra en Ucrania, con centenares de muertos o desaparecidos.
El fenómeno ya no es exclusivamente colombiano. Se está expandiendo hacia países como Perú, Ecuador y Centroamérica, replicando el mismo patrón, formación militar, precarización y exportación de combatientes.
Este proceso coincide con la presencia y expansión militar estadounidense en la región, que ha consolidado corredores estratégicos de seguridad y control territorial. Colombia, como socio global de la OTAN, funciona como nodo articulador de esta red, no solo en términos geopolíticos, sino también como proveedor de fuerza de guerra.
Avances.
El 17 de marzo, el presidente Gustavo Petro promulgó la Ley 2569 de 2026, esta normativa busca alinear la legislación nacional con estándares internacionales que condenan el mercenarismo como una práctica que erosiona la soberanía y el derecho internacional humanitario. Sin embargo, más allá de su alcance formal, la ley enfrenta límites estructurales que revelan tensiones profundas entre regulación y realidad.
Uno de los aspectos más críticos es la persistencia de vacíos normativos y operativos. Aunque el mercenarismo está formalmente prohibido, en la práctica continúan operando empresas de seguridad privada y redes de reclutamiento con débil supervisión estatal, muchas veces articuladas con actores internacionales. Esto configura un escenario en el que los combatientes quedan en una situación de alta vulnerabilidad jurídica.
Diversos informes de Naciones Unidas han advertido que esta ambigüedad legal facilita el uso de mercenarios y empresas militares privadas, permitiendo a Estados y actores corporativos externalizar la violencia y evadir responsabilidades directas en contextos de conflicto.
Esta ambigüedad se sustenta en tres factores principales, la dificultad para definir quién es un mercenario, pues muchos son contratados como “seguridad privada”, contratistas u otra figura, la fragmentación normativa entre países que abre vacíos regulatorios y la poca claridad frente a la responsabilidades entre Estados y empresas.
En consecuencia, la guerra contemporánea se transforma en una práctica más flexible, más barata y menos visible. Flexible, porque permite intervenir sin comprometer formalmente tropas estatales; barata, porque reduce costos económicos y políticos internos; y menos visible, porque diluye la responsabilidad en una cadena de intermediarios privados.
En este contexto, leyes como la 2569 representan un avance normativo importante, pero insuficiente si no se acompañan de mecanismos efectivos de control, trazabilidad y responsabilidad estatal sobre estas economías de la violencia.
Exportar la guerra: cuerpos del sur global en los conflictos del orden mundial.
Lo que está en juego no es únicamente la proliferación del mercenarismo, sino la consolidación de un modelo global donde la violencia se organiza como mercado.
Se configura así un modelo en el que el sur global provee los cuerpos que alimentan conflictos definidos por las potencias. En este escenario, Colombia ya no exporta únicamente café, petróleo o minerales: exporta fuerza de combate, hombres entrenados para matar y morir en guerras que no les pertenecen. La cuestión, por tanto, trasciende lo jurídico y se instala en el terreno ético y político.
Pareciera que éste fenómeno responde a una transformación estructural. Las grandes potencias enfrentan crecientes límites internos para sostener la guerra: descenso demográfico, rechazo social a los conflictos prolongados y pérdida de legitimidad de sus intervenciones. Ante ello, desplazan el costo humano hacia el sur global, recurriendo a combatientes formados en contextos de violencia periférica. La guerra se externaliza no solo en lo operativo, sino también en lo moral: otras vidas asumen el peso de intereses ajenos.
Esto abre interrogantes de fondo. ¿Es el mercenarismo una anomalía o un componente funcional del orden global contemporáneo? ¿Qué implica para un país convertirse en exportador de su propia guerra? Se tensionan así principios básicos del Estado: la soberanía, el monopolio legítimo de la fuerza y el sentido mismo del honor militar, cuando la guerra deja de ser un deber nacional para convertirse en un servicio transable en el mercado global.
*Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, integrante Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ, parte del grupo autónomo Kavilando.
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