Este 27 de marzo del 2026, el gobierno de Daniel Noboa cruzó una nueva línea roja más en la profundización de un régimen autoritario y antidemocrático que sigue avanzando en el Ecuador. En efecto, el adelanto del calendario electoral de las próximas elecciones seccionales es un grave golpe para la democracia y el Estado de derecho en el Ecuador.
Denuncia de la deriva autoritaria y antidemocrática en curso en el Ecuador
Este 27 de marzo del 2026, el gobierno de Daniel Noboa cruzó una nueva línea roja más en la profundización de un régimen autoritario y antidemocrático que sigue avanzando en el Ecuador.
En efecto, el adelanto del calendario electoral de las próximas elecciones seccionales es un grave golpe para la democracia y el Estado de derecho en el Ecuador.
Dicho adelanto interviene en un momento en que el principal partido político de oposición al gobierno de Noboa en el Ecuador, el movimiento de la Revolución Ciudadana, acaba de ser suspendido durante 9 meses, por acusaciones de lavado de dinero que entran en clara resonancia con la Lawfare (estrategia judicial de criminalización de la política) que el Estado ecuatoriano viene desplegando en contra de dicho movimiento desde hace años, sin pruebas que sustenten dichas acusaciones.
Es igualmente importante resaltar que la Revolución Ciudadana no es el único partido de oposición que está siendo impedido de participar en las próximas elecciones puesto que partidos como Unidad Popular, o el Movimiento Construye, además de varias organizaciones locales en el país están siendo el objeto de procesos de impedimento para presentarse en las próximas elecciones, de una manera que aparece claramente orientada hacia favorecer al gobierno nacional en los próximos comicios.
Esta deriva autoritaria y antidemocrática del gobierno no es nueva y no se reduce al ámbito de los derechos electorales. Desde casi el inicio de su primer gobierno, Daniel Noboa no ha cesado de dirigir el país mediante un régimen cívico-militar que ha sido formalizado a través de los múltiples estados de excepción que han marcado casi la totalidad de su gobierno.
Este régimen cívico-militar no sólo ha limitado los derechos civiles y políticos de la vida democrática de nuestro país, sino que ya ha cobrado la vida de decenas de personas inocentes, víctimas de una guerra interna que se ha salido de las manos del gobierno ecuatoriano.
El caso más emblemático de la violencia de estado desatada con la población más empobrecida del país es el de los 4 niños de la Malvinas, Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué Arroyo e Ismael Arroyo, víctimas de desaparición forzada por parte del Estado.
A esto se suman varias otras medidas de tinte dictatorial de persecución a movimientos sociales, como la judicialización de lideres sociales, siendo el caso del líder indígena Leonidas Iza uno de los mejores ejemplos de aquello; al igual que el congelamiento de cuentas bancarias de reconocidos activistas que critican la política extractivista y de despojo de territorios indígenas en el Ecuador.
Desde la Coordinadora por la Paz, la No Injerencia, la Soberanía y la Integración, CPAZ, venimos denunciando desde hace años la instauración de este régimen autoritario en el país y exigimos el cese inmediato de una estrategia de guerra interna que está criminalizando a la población más empobrecida del país, al igual que está sirviendo de pretexto para la criminalización de toda oposición política al gobierno de Daniel Noboa.
La garantía de la libertad política para la participación electoral es sin duda un paso fundamental para que el país pueda decidir democráticamente el futuro que deseamos para nuestra patria. Sin la garantía de un disenso democrático, el único horizonte que se propondría al país sería la profundización de un régimen autoritario que se mantiene únicamente a través de una política de miedo, violación de derechos humanos y criminalización de toda voz que se atreva a denunciarlo.
CPAZ - Ecuador.
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