Tres enmiendas presentadas en el Congreso de Estados Unidos trascienden el debate legislativo en un contexto de avance de proyectos ultraconservadores y militaristas, constituyen un reconocimiento inédito de las responsabilidades de la política estadounidense en la violencia colombiana y una defensa de la memoria, la paz y la soberanía de los pueblos ¿de qué se trata?
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
La presentación de tres enmiendas a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (National Defense Authorization Act, NDAA) para el año fiscal 2027, impulsadas por congresistas demócratas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, constituye un hecho político de enorme relevancia para América Latina. Su importancia no radica únicamente en las posibilidades, limitadas, dada la actual correlación de fuerzas en Washington, de convertirse en normas efectivas, sin descartarse, sino en lo que revelan sobre las profundas contradicciones que atraviesan la política exterior estadounidense en un momento de reconfiguración geopolítica caracterizado por el ascenso de proyectos ultraconservadores, autoritarios y de creciente militarización del continente.
En un escenario internacional marcado por el fortalecimiento de una derecha radical que reivindica abiertamente políticas de excepción, securitización de las fronteras, criminalización de la protesta social y subordinación de los derechos humanos a los intereses estratégicos de seguridad, estas enmiendas representan una ruptura significativa con la narrativa dominante. Constituyen un reconocimiento, desde el propio centro del poder estadounidense, de que la cooperación militar con Colombia no puede seguir evaluándose exclusivamente bajo criterios geoestratégicos, sino también desde la responsabilidad internacional frente a graves violaciones de derechos humanos y al incumplimiento de compromisos de paz.
Su presentación adquiere una dimensión aún mayor al coincidir con el anuncio de una nueva fase de integración militar hemisférica, expresada en la propuesta denominada **«Escudo de las Américas»**, impulsada por sectores vinculados a la administración de Donald Trump y acogida favorablemente por el nuevo gobierno colombiano encabezado por Abelardo de la Espriella. Más que un simple mecanismo de cooperación en defensa, esta iniciativa parece inscribirse en la continuidad de una arquitectura regional basada en la doctrina del enemigo interno, la expansión de capacidades militares, la subordinación estratégica de los Estados latinoamericanos y la consolidación de un nuevo ciclo de hegemonía estadounidense sobre el continente.
Desde esta perspectiva, las enmiendas presentadas en el Congreso estadounidense adquieren un valor político que trasciende ampliamente su alcance legislativo. Constituyen documentos de memoria institucional que cuestionan los fundamentos éticos de una política exterior que durante décadas privilegió la estabilidad geopolítica por encima de la protección efectiva de los derechos humanos. En otras palabras, dejan constancia de que incluso dentro de las instituciones del principal actor de la política imperial existen voces que reconocen la necesidad de revisar críticamente las consecuencias de esa estrategia para Colombia y América Latina.
Tres enmiendas que interpelan la historia de la intervención estadounidense
Las tres iniciativas legislativas comparten un rasgo común: desplazan el debate desde la cooperación militar hacia la responsabilidad política y jurídica del Estado estadounidense frente a las consecuencias de dicha cooperación.
La primera enmienda, promovida por el representante Jesús "Chuy" García, solicita revisar cualquier programa de asistencia en seguridad dirigido a gobiernos cuyos altos funcionarios mantengan vínculos creíbles con estructuras paramilitares o redes criminales. En el contexto colombiano, esta propuesta trasciende el caso específico del nuevo gobierno y reabre un debate históricamente negado: la persistencia de relaciones entre sectores del poder político, económico y militar con organizaciones paramilitares responsables de graves violaciones de derechos humanos.
No se trata únicamente de establecer responsabilidades individuales. La enmienda cuestiona uno de los pilares de la política contrainsurgente implementada durante décadas en Colombia: la coexistencia entre estructuras estatales y formas de violencia paraestatal utilizadas para controlar territorios, eliminar opositores políticos y garantizar determinados intereses económicos. En consecuencia, la propuesta reconoce implícitamente que la cooperación internacional en materia de seguridad no puede desvincularse de las condiciones políticas bajo las cuales dicha cooperación se desarrolla.
La segunda enmienda incorpora una dimensión igualmente significativa al señalar que cualquier retroceso en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 comprometería no solo la estabilidad democrática colombiana, sino también los propios intereses de seguridad regional. Este planteamiento rompe con una larga tradición de la política exterior estadounidense que subordinó los procesos de paz a prioridades exclusivamente militares. Al reconocer el Acuerdo como un activo estratégico para la estabilidad hemisférica, la enmienda sitúa la paz como un bien público internacional y reivindica la obligación de proteger los compromisos alcanzados frente a intentos de desmontarlos o debilitarlos.
La tercera enmienda, presentada por Alexandria Ocasio-Cortez y Greg Casar, representa probablemente el cuestionamiento más profundo al legado del Plan Colombia. Su propósito consiste en exigir un informe público y desclasificado sobre la participación de las Fuerzas Militares colombianas en asesinatos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante las décadas en que recibieron miles de millones de dólares en asistencia militar estadounidense.
El aspecto más relevante de esta iniciativa reside en que solicita evaluar si el entrenamiento, la financiación, la asesoría y el apoyo logístico proporcionados por Washington contribuyeron, facilitaron o no impidieron la comisión de estas violaciones sistemáticas de derechos humanos. En términos jurídicos y políticos, ello supone abrir la discusión sobre posibles formas de corresponsabilidad internacional, una cuestión históricamente excluida del debate oficial sobre el Plan Colombia.
Lo que las enmiendas develan sobre el presente
Más allá de su contenido específico, estas iniciativas permiten comprender la naturaleza del momento político que atraviesa el continente. Mientras sectores de extrema derecha impulsan una renovada estrategia de militarización hemisférica bajo discursos de lucha contra el crimen organizado, control migratorio y defensa de la democracia, un grupo de legisladores estadounidenses plantea que la seguridad no puede construirse sobre la impunidad, el ocultamiento de la verdad o la reproducción de modelos que históricamente fortalecieron dinámicas de violencia estatal y paraestatal.
Las enmiendas evidencian que el debate ya no gira exclusivamente alrededor de la eficacia militar de programas como el Plan Colombia, sino sobre sus consecuencias humanas, sociales e institucionales. En este sentido, desplazan la discusión desde la lógica de la seguridad hacia la lógica de los derechos, de la memoria y de la justicia.
Su presentación también pone de manifiesto que la disputa por la verdad histórica no ocurre únicamente en los escenarios judiciales colombianos. Se libra igualmente en los espacios legislativos internacionales donde comienza a reconocerse que la política exterior de Estados Unidos no ha sido un actor neutral en la configuración del conflicto colombiano, sino un componente activo de determinadas estrategias de guerra, seguridad y control territorial.
Memoria, soberanía y justicia internacional
El mayor aporte de estas iniciativas consiste en romper el monopolio narrativo que durante décadas presentó la cooperación militar estadounidense como una política exclusivamente orientada a combatir el narcotráfico y fortalecer la democracia. Las enmiendas introducen oficialmente en el debate legislativo estadounidense preguntas sobre responsabilidades compartidas, reparación histórica y rendición de cuentas.
Aunque el contexto político actual reduce considerablemente las posibilidades de aprobación definitiva, su sola existencia constituye un precedente de enorme valor para futuras investigaciones, procesos judiciales y ejercicios de memoria histórica. Estos documentos pasarán a formar parte del archivo político que permitirá reconstruir cómo, incluso desde el interior del sistema político estadounidense, comenzaron a emerger cuestionamientos sobre los costos humanos de una estrategia que durante décadas fue presentada como incuestionable.
Para los pueblos latinoamericanos, ello reafirma una convicción histórica: la defensa de la soberanía no consiste únicamente en resistir nuevas formas de intervención, sino también en disputar la memoria sobre las intervenciones pasadas, exigir responsabilidades y construir condiciones para que nunca más la cooperación internacional pueda justificarse al margen de la verdad, la justicia y los derechos de los pueblos.
En tiempos en que resurgen proyectos políticos de inspiración autoritaria, militarista y profundamente funcionales a nuevas formas de acumulación y control geopolítico, estas enmiendas recuerdan que la impunidad nunca es absoluta y que la memoria también constituye un escenario de disputa política. Su mayor legado no será necesariamente modificar una ley de defensa, sino contribuir a desmontar la arquitectura discursiva que durante décadas legitimó la intervención imperial en nombre de la seguridad, invisibilizando sus profundas consecuencias para la democracia, la paz y la vida de millones de personas en Nuestra América.
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