Por: Omar Eduardo Rojas Bolaños / Todo falso positivo es una ejecución extrajudicial, pero no toda ejecución extrajudicial es un falso positivo. Lo que singulariza al falso positivo no es únicamente el asesinato, sino la construcción posterior de una realidad institucional falsa.
Foto: Verdad Abierta
Introducción
Las tesis que he desarrollado sobre los falsos positivos suelen producir inconformidad en determinados sectores políticos, militares y sociales. Esta reacción no resulta extraña. Investigar los crímenes cometidos desde las instituciones del Estado obliga a cuestionar relatos oficiales, doctrinas de seguridad, estructuras jerárquicas y formas de obediencia que durante años fueron presentadas como necesarias para defender la democracia.
Mi investigación parte de una distinción fundamental, el falso positivo no es sinónimo de ejecución extrajudicial. El universo de las ejecuciones extrajudiciales es más amplio. Comprende las privaciones arbitrarias de la vida realizadas por agentes estatales o con su autorización, apoyo o tolerancia, sin que exista una decisión judicial que las legitime. El falso positivo constituye una modalidad específica de ejecución extrajudicial: la víctima es asesinada y posteriormente presentada de manera fraudulenta como integrante de un grupo armado muerto legítimamente en combate.
Por tanto, todo falso positivo es una ejecución extrajudicial, pero no toda ejecución extrajudicial es un falso positivo. Lo que singulariza al falso positivo no es únicamente el asesinato, sino la construcción posterior de una realidad institucional falsa. Se altera la identidad de la víctima, se modifica la escena, se introducen armas o elementos de combate, se elaboran documentos operacionales ficticios y se presenta el crimen como un resultado legítimo de la acción militar.
El falso positivo es, simultáneamente, un homicidio, una falsificación institucional y una operación política de producción de verdad.
- Dimensiones constitutivas del falso positivo[1]
El falso positivo no debe estudiarse exclusivamente como el acto material del soldado que dispara. Tampoco puede reducirse al momento en que una persona protegida es asesinada. Se trata de un dispositivo criminal compuesto por diferentes acciones, momentos, niveles de intervención y mecanismos de encubrimiento.
Las dimensiones que se describen a continuación no constituyen categorías autónomas ni clases separadas de falsos positivos. Son características estructurales que pueden concurrir dentro de un mismo caso y que, articuladas entre sí, permiten transformar el asesinato de una persona inocente en un supuesto resultado legítimo de la acción militar.
La primera es la dimensión homicida, correspondiente al asesinato deliberado de una persona que no participaba directamente en las hostilidades. Esta es la base material del dispositivo: la privación ilegítima de la vida por agentes estatales o por personas que actúan con su autorización, apoyo o tolerancia.
La segunda es la dimensión escénica, consistente en la alteración o construcción fraudulenta del lugar de los hechos para simular un enfrentamiento. En esta fase pueden colocarse armas, prendas militares, municiones u otros elementos destinados a atribuirle a la víctima una identidad combatiente. La escena no se modifica únicamente para ocultar un homicidio, sino para producir la apariencia de una actuación estatal legítima.
La tercera es la dimensión documental, mediante la cual informes de inteligencia, órdenes de operaciones, misiones tácticas, actas de levantamiento, reportes de patrullaje, declaraciones y demás documentos administrativos incorporan el asesinato al lenguaje formal de la institución. La documentación convierte una ejecución extrajudicial en un supuesto resultado operacional y le proporciona una apariencia de legalidad.
La cuarta es la dimensión estadística. La víctima deja de ser reconocida como persona y se transforma en una cifra dentro de los indicadores de éxito militar. El muerto presentado como baja permite incrementar resultados, mejorar evaluaciones, justificar operaciones, obtener permisos o reconocimientos y favorecer ascensos, premios y condecoraciones. El cuerpo se convierte así en una unidad de medición burocrática.
La quinta es la dimensión narrativa o política. Antes de ser asesinada materialmente, la víctima es convertida discursivamente en enemiga. El campesino es señalado como auxiliador de la guerrilla; el joven pobre se vuelve sospechoso; el habitante de una región estigmatizada es considerado integrante potencial de un grupo armado; el líder social es presentado como colaborador del enemigo; y el opositor político puede ser descrito como una amenaza para la seguridad nacional.
Esta dimensión narrativa puede preceder al homicidio, acompañar su ejecución y prolongarse después de la muerte. Primero permite seleccionar a determinadas poblaciones como víctimas posibles; después facilita que los ejecutores interpreten el crimen como una acción permitida o necesaria; finalmente, contribuye a que la sociedad acepte la versión oficial según la cual la persona asesinada era un combatiente.
La muerte física es precedida, por tanto, por una muerte discursiva y política. Para que una persona inocente pueda ser asesinada y presentada públicamente como enemiga, debe existir previamente un lenguaje que haga imaginable, justificable y creíble esa transformación.
Estas dimensiones no operan necesariamente de manera sucesiva ni exigen la intervención de una sola persona. Pueden distribuirse entre diferentes integrantes de la organización. Una persona selecciona a la víctima; otra ejecuta el homicidio; otra altera la escena; otra redacta el informe; otra valida el resultado; y otra incorpora la muerte a las estadísticas institucionales. Su articulación convierte una suma de actuaciones individuales en un dispositivo organizado de producción y encubrimiento de la muerte.
En consecuencia, el falso positivo no se agota en el asesinato. Comprende el proceso mediante el cual el Estado o algunos de sus agentes producen una víctima, fabrican una identidad enemiga, construyen una escena de combate, elaboran una verdad documental y convierten el cadáver en un indicador de eficacia institucional.
- El discurso de guerra y la política de Seguridad Democrática
Durante la política de Seguridad Democrática se consolidó un discurso público que interpretaba buena parte de los conflictos sociales, territoriales y políticos mediante la lógica de la guerra. El país fue dividido simbólicamente entre quienes respaldaban la estrategia gubernamental y quienes podían ser señalados como colaboradores, defensores o instrumentos del terrorismo.
Mi tesis sostiene que este discurso no fue un elemento externo o accidental frente a los falsos positivos. Constituyó una de las condiciones que hicieron posible el dispositivo[2].
La investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado la existencia de presiones por resultados operacionales medidos principalmente en muertes en combate. También ha reconstruido la manera en que esas exigencias circularon por diferentes cadenas de mando y fueron acompañadas por incentivos, amenazas, evaluaciones y mecanismos informales de competencia entre unidades militares.
Las expresiones relacionadas con producir bajas, litros, chorros, ríos o barriles de sangre no fueron simples metáforas aisladas. Dentro de determinados contextos operacionales transmitieron el mensaje de que el éxito de una unidad dependía de la cantidad de cadáveres presentados como enemigos.
No es necesario que exista una orden escrita que diga expresamente “asesinen civiles” para que se configure un dispositivo institucional de producción de crímenes. Las órdenes criminales pueden transmitirse mediante indicadores, recompensas, sanciones informales, comparaciones entre unidades, estigmatización territorial y exigencias deliberadamente imposibles de cumplir por medios legales.
Debe conservarse, sin embargo, una distinción necesaria. La JEP ha acreditado presiones, patrones macrocriminales, políticas de facto y responsabilidades dentro de diferentes cadenas militares. Esto no equivale automáticamente a que se encuentre judicialmente demostrada una orden directa de la Presidencia de la República para asesinar civiles.
La formulación rigurosa de la tesis es otra: el discurso pronunciado desde el centro del poder político pudo producir un marco de legitimación, urgencia y permisividad[3]; el Ministerio de Defensa y los altos mandos pudieron convertir los objetivos políticos en políticas operacionales, indicadores e incentivos; los comandantes territoriales los tradujeron en exigencias concretas; y algunos integrantes de la tropa ejecutaron y encubrieron los asesinatos.
La responsabilidad de cada persona debe probarse individualmente. La existencia del dispositivo, en cambio, debe comprenderse estructuralmente.
- Fragmentación del poder y negación de la responsabilidad
La categoría de fragmentación del poder permite explicar por qué un crimen puede ser producido por una organización sin que aparezca una orden central explícita.
El poder se fragmenta cuando cada nivel realiza solamente una parte del proceso. El dirigente político produce el discurso de guerra; la autoridad administrativa establece metas; el alto mando define resultados prioritarios; el comandante presiona a la unidad; el oficial planea la operación; un reclutador consigue a la víctima; un soldado dispara; otro coloca el arma; un funcionario elabora el informe; y los mecanismos de control aceptan o no examinan adecuadamente la versión oficial.
Cada participante puede afirmar que solamente cumplió una función limitada. El gobernante sostiene que nunca ordenó un asesinato. El ministro afirma que únicamente formuló una política. El general señala que exigía resultados legítimos. El comandante asegura que desconocía el procedimiento concreto. El soldado dice que obedecía órdenes.
La fragmentación permite que todos participen y, al mismo tiempo, que cada uno intente declararse ajeno al resultado final.
Por ello, la ausencia de una orden escrita no demuestra la inexistencia de una política criminal de facto. Las organizaciones pueden producir comportamientos sistemáticos mediante expectativas compartidas, códigos informales y mensajes que premian determinados resultados mientras castigan la ausencia de ellos.
- El ejecutor obediente
La figura del ejecutor obediente describe al integrante de la organización que materializa una orden o expectativa criminal y posteriormente pretende explicar su actuación como simple obediencia.
El ejecutor obediente no es necesariamente un autómata. Es una persona situada dentro de una estructura jerárquica que puede experimentar miedo, presión, deseo de reconocimiento, expectativas de ascenso, lealtad institucional o temor a represalias. Esas circunstancias permiten comprender su conducta, pero no eliminan automáticamente su responsabilidad.
La obediencia se transforma en un problema político cuando la institución enseña que la lealtad al mando está por encima de la Constitución, la dignidad humana y la protección de la población civil.
La expresión “yo solamente cumplía órdenes” revela entonces el fracaso de la formación constitucional de la Fuerza Pública. Un ejército democrático no puede formar soldados que obedezcan cualquier mandato. Debe formar servidores públicos capaces de identificar y rechazar órdenes manifiestamente ilegales.
- Estado constitucional falseable
Denomino Estado constitucional falseable a aquel que conserva formalmente una Constitución, instituciones, jueces y declaraciones de derechos, pero permite que esas garantías sean suspendidas materialmente para determinados grupos de la población.
En el Estado constitucional falseable, los derechos existen, pero pueden dejar de operar cuando una persona es clasificada como enemiga. La ciudadanía se vuelve condicional. Para ciertos habitantes hay presunción de inocencia; para otros opera una presunción política de peligrosidad.
El falso positivo representa una falsación radical del Estado constitucional. El Estado encargado de proteger la vida asesina a un ciudadano y, posteriormente, falsifica la identidad de la víctima para presentar su muerte como una acción legítima de defensa.
No solamente se destruye un cuerpo. Se destruye también la promesa constitucional según la cual la fuerza estatal está limitada por el derecho.
- Brutalismo tropical
La categoría de brutalismo tropical describe una forma de ejercicio del poder que combina instituciones formalmente democráticas con prácticas violentas, jerárquicas y profundamente desiguales.
Es tropical no por una determinación geográfica o cultural, sino porque la violencia se adapta a las particularidades territoriales, raciales, económicas y políticas de Colombia. La brutalidad no se ejerce de manera uniforme. Se concentra sobre jóvenes pobres, campesinos, habitantes de zonas periféricas, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, habitantes de calle y poblaciones previamente estigmatizadas.
El brutalismo tropical permite que la violencia extrema conviva con ceremonias oficiales, comunicados sobre la defensa de la democracia, estadísticas de seguridad y reconocimientos institucionales. El cadáver desaparece detrás del resultado operacional.
- La conjetura de repetición
A partir de estos elementos formulo una conjetura: cuando desde la Presidencia de la República o desde un proyecto político que aspira a ocuparla se anuncia la intención de “extirpar”, “eliminar” o tratar como enemigo militar a un sector ideológico, aumenta el riesgo de manipulación política de las Fuerzas Armadas.
Esta conjetura no debe formularse como una profecía inevitable ni como una acusación anticipada contra personas determinadas. Debe presentarse como una hipótesis de riesgo institucional que puede ser contrastada mediante hechos observables.
El discurso que propone extirpar a la izquierda transforma una diferencia política legítima en una enfermedad o amenaza que debe ser removida del cuerpo social. Cuando esa representación se combina con instituciones armadas, doctrinas contrainsurgentes, sistemas de inteligencia sin controles adecuados y mediciones cuantitativas de éxito, puede abrirse nuevamente el camino hacia la violencia estatal clandestina.
La repetición probablemente no adoptaría exactamente las formas del pasado. Los crímenes institucionales aprenden, cambian de lenguaje y modifican sus procedimientos. Es posible que ya no se utilice públicamente la expresión “falso positivo”. Podrían aparecer otras denominaciones: neutralizaciones, operaciones preventivas, delincuentes abatidos, amenazas emergentes o antiguas “legalizaciones”.
El nombre puede cambiar, pero el dispositivo permanece cuando concurren cinco elementos: construcción discursiva de un enemigo interno, presión por resultados, debilitamiento de controles, fragmentación de responsabilidades y encubrimiento institucional.
En ese contexto pueden reaparecer los asesinatos por goteo: muertes dispersas, presentadas como hechos aislados, ejecutadas en distintos territorios y separadas temporalmente para evitar que la sociedad reconozca inmediatamente la existencia de un patrón.
El asesinato por goteo reduce la visibilidad del crimen colectivo. Una muerte se presenta como error; otra como exceso individual; una tercera como enfrentamiento confuso. Solamente con el paso del tiempo se descubre que los casos aparentemente independientes respondían a incentivos, discursos y procedimientos semejantes.
- ¿Cómo puede contrastarse la conjetura?
La conjetura podrá considerarse fortalecida si aparecen nuevamente determinados indicadores: discursos oficiales de eliminación del adversario político; estigmatización de organizaciones sociales o territorios; evaluación de unidades mediante capturas o muertes; recompensas asociadas a resultados operacionales; debilitamiento de la justicia ordinaria o de los controles civiles; aumento de operaciones con víctimas no identificadas; utilización de armas sin trazabilidad; manipulación de escenas; amenazas contra denunciantes; y repetición de explicaciones idénticas en casos ocurridos en regiones distintas.
También debe poder ser refutada. Si un gobierno que utiliza una retórica fuerte mantiene controles civiles efectivos, protege la oposición, sanciona los abusos, garantiza investigaciones independientes, evita medir el éxito mediante cadáveres y fortalece la educación constitucional de la Fuerza Pública, la hipótesis de repetición perderá capacidad explicativa.
Esa posibilidad de contrastación diferencia una conjetura académica de una acusación puramente ideológica.
Conclusión
Los falsos positivos no fueron solamente el producto de unas cuantas personas crueles o desviadas. Fueron posibles por la combinación de discursos de guerra, presiones institucionales, incentivos, estigmatización de la población, fragmentación de funciones, obediencia y mecanismos de encubrimiento.
La verdad aportada por militares ante la JEP ha permitido conocer cómo las presiones descendían por las cadenas de mando y cómo algunos comandantes que durante años negaron los patrones terminaron reconociendo responsabilidades o aceptando elementos fundamentales de su funcionamiento.
Sostener que el discurso político importa no significa reemplazar la prueba judicial por una opinión. Significa comprender que los crímenes estatales comienzan mucho antes del disparo. Empiezan cuando el adversario deja de ser ciudadano, cuando la diferencia ideológica es convertida en amenaza y cuando el éxito de las instituciones armadas se mide por el número de cuerpos producidos.
La garantía de no repetición exige vigilar no solamente las órdenes escritas, sino también los discursos, los indicadores, los incentivos y los silencios institucionales.
Cuando desde el poder se anuncia que una parte de la sociedad debe ser extirpada, la democracia tiene el deber de encender todas sus alarmas. El pasado demuestra que las palabras de guerra pueden convertirse en políticas, las políticas en presiones, las presiones en órdenes informales y las órdenes informales en cadáveres.
El falso positivo puede regresar con otro nombre. Evitarlo exige reconocer el dispositivo antes de que empiecen nuevamente los asesinatos por goteo.
Nota de cierre: Sustento documental
La distinción central del texto es compatible con la formulación recogida por la propia JEP: los llamados falsos positivos constituyen una especie dentro del universo más amplio de las ejecuciones extrajudiciales.
La JEP estableció un universo provisional de por lo menos 6.402 personas muertas ilegítimamente y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. Esta cifra se amplia a 7837. No es la última palabra del número de ejecuciones extrajudiciales dentro del contexto falso positivo. Sus decisiones han identificado presiones por resultados, incentivos y patrones transmitidos a lo largo de cadenas de mando.
En Antioquia, la JEP calificó como política de facto el “conteo de cuerpos”, aclarando que no estaba integralmente contenida en una sola ley, decreto o directiva central, sino que se articulaba y transmitía cotidianamente por los mandos de la Brigada IV. Esta constatación respalda el análisis sobre órdenes informales y fragmentación, pero también obliga a no presentar como probado aquello que la jurisdicción no ha atribuido directamente al Gobierno nacional.
La documentación judicial registra expresiones como “litros”, “ríos” y “barriles de sangre”, y señala que las bajas llegaron a funcionar como indicador prácticamente exclusivo del éxito de algunas unidades.
El término “legalización” no es solamente una expresión retórica: aparece en decisiones recientes de la JEP, incluso en testimonios sobre el llamado “kit de legalización de ejecuciones extrajudiciales”, compuesto por armas utilizadas para encubrir los asesinatos.
Finalmente, existen casos documentados de oficiales que reconocieron responsabilidad después de haberla negado, además de reconocimientos públicos recientes efectuados por generales y otros integrantes del Ejército.
*Coronel (r) sociólogo, magister, doctor. Investigador en temas de conflicto armado, seguridad y doctrina militar.
NOTAS:
[1] La formulación de las dimensiones homicida, escénica, documental, estadística y narrativa o política constituye una elaboración conceptual derivada de nuestra investigación doctoral en la Universidad de Barcelona Falsos positivos en Colombia, 2002-2010: un Estado constitucional falseable. No se trata de características escogidas al azar ni de una enumeración meramente descriptiva, sino de dimensiones identificadas mediante el estudio del funcionamiento integral del dispositivo criminal. Su distinción permite explicar cómo diferentes conductas, actores y niveles de intervención concurren en la producción de la muerte, la fabricación de la condición de enemigo, la simulación del combate, la construcción de una verdad documental y la conversión del cadáver en un indicador institucional de eficacia.
[2] La afirmación según la cual el discurso de guerra constituyó una de las condiciones que hicieron posible el dispositivo de los falsos positivos no supone establecer una relación causal lineal ni equiparar el pronunciamiento político con una orden criminal expresa. La tesis es que el discurso producido desde el centro del poder puede funcionar como una condición de posibilidad y como un marco de autorización simbólica: delimita quién debe ser considerado enemigo, establece las urgencias de la acción estatal, define los resultados institucionalmente valiosos y amplía los márgenes de tolerancia frente al empleo de la violencia. Su eficacia no depende únicamente de lo que ordena de manera literal, sino también de las expectativas, jerarquías de valor y criterios de éxito que transmite a las instituciones subordinadas. Esta hipótesis encuentra respaldo en la reconstrucción efectuada por la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha identificado un marco institucional de exigencia de resultados operacionales, presiones por muertes en combate, incentivos y prácticas de conteo de cuerpos que se reprodujeron a través de las cadenas de mando. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad examinó igualmente la denominada doctrina del body count o “doctrina Vietnam”, en la cual el progreso militar terminó midiéndose mediante la cantidad de bajas producidas. En consecuencia, el vínculo entre discurso y crimen debe comprenderse como un proceso de traducción institucional: el lenguaje político establece el horizonte de la guerra; las autoridades militares lo convierten en objetivos, indicadores y expectativas; y determinados integrantes de la organización pueden transformarlo en prácticas ilegales. Véanse: Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Caso 03, Subcaso Antioquia, Comunicado 102 del 30 de agosto de 2023; Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, El body count o la doctrina Vietnam.
[3] Esta afirmación se sustenta también en el conocimiento institucional adquirido durante más de treinta y dos años de trabajo al interior de las Fuerzas Armadas de Colombia. Esa experiencia prolongada me permitió conocer que, dentro de una organización intensamente jerarquizada, las orientaciones provenientes de los niveles superiores no se transmiten exclusivamente mediante órdenes escritas, directas y formalmente redactadas. Circulan también a través del discurso de los comandantes, las reuniones de evaluación, las apreciaciones sobre el desempeño de las unidades, los reconocimientos públicos, las felicitaciones, los llamados de atención, los relevos, las posibilidades de ascenso y las expectativas informales acerca de aquello que debe considerarse un resultado satisfactorio.
En la vida militar, el subordinado aprende a interpretar no solamente lo que el superior ordena de manera literal, sino también aquello que espera, premia, tolera o reprocha. Las expresiones reiteradas por los altos mandos, los énfasis introducidos en las reuniones operacionales y los indicadores utilizados para comparar unidades pueden adquirir una eficacia semejante a la de una orden, especialmente cuando de su cumplimiento dependen la evaluación profesional, el reconocimiento institucional o la permanencia en determinados cargos. Existe, por tanto, un lenguaje formal de mando, pero también un lenguaje implícito compuesto por gestos, silencios, prioridades, recompensas y sanciones.
Mi experiencia institucional me permite sostener que la cadena de mando no funciona únicamente como un conducto administrativo. Es igualmente un mecanismo de producción y reproducción de sentidos. Una orientación política formulada en términos generales puede ser traducida por cada nivel jerárquico: el nivel estratégico la convierte en objetivos; el nivel operativo, en planes e indicadores; el nivel táctico, en misiones y exigencias concretas; y la tropa, finalmente, interpreta qué comportamientos son esperados y qué resultados serán reconocidos por sus superiores.
Esta dinámica no significa que todo mensaje político produzca necesariamente una conducta criminal, ni que todos los integrantes de las Fuerzas Armadas reaccionen de la misma manera. Las instituciones militares no son organizaciones homogéneas, y en su interior también existen oficiales, suboficiales y soldados que actúan conforme a la Constitución, cuestionan las órdenes ilegales y se resisten a las presiones indebidas. Sin embargo, la estructura jerárquica, el principio de obediencia, el espíritu de cuerpo y la dependencia de las evaluaciones superiores pueden crear condiciones especialmente sensibles a los mensajes emitidos desde el centro del poder.
Por ello, para comprender el dispositivo de los falsos positivos no basta con buscar una orden escrita que disponga explícitamente el asesinato de civiles. Es necesario examinar el clima de mando, los criterios de evaluación, las palabras reiteradas por los comandantes, las recompensas asociadas a determinados resultados, las sanciones impuestas a quienes no los alcanzaban y el conjunto de señales mediante las cuales la organización comunicaba qué era considerado exitoso. La experiencia al interior de la institución enseña que una orden puede ser jurídicamente inexistente en el papel y, sin embargo, organizacionalmente perceptible para quienes integran la cadena de mando.
En ese sentido, mi conocimiento no reemplaza la prueba judicial ni pretende establecer por sí solo la responsabilidad penal de personas determinadas. Su valor es analítico: permite interpretar el funcionamiento interno de la organización militar y comprender cómo un discurso político puede descender por la estructura jerárquica, transformarse progresivamente en presión operacional y terminar siendo ejecutado por integrantes que perciben, correcta o incorrectamente, que están respondiendo a las expectativas de sus superiores.
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