En el San Juan, la violencia armada, el avance extractivo y la vulnerabilidad ante desastres se superponen sobre comunidades afro e indígenas históricamente excluidas. La respuesta no puede ser más guerra, exige derechos, paz y transformación territorial.
La crisis que atraviesa la subregión del San Juan, en Chocó, no puede comprenderse como una sucesión de hechos aislados, la confrontación armada, el confinamiento y desplazamiento de comunidades, la presión sobre los territorios colectivos, los impactos de actividades extractivas y la vulnerabilidad frente a los desastres configuran una crisis territorial multidimensional.
Lo más preocupante es que estas crisis se superponen sobre poblaciones que históricamente han enfrentado una presencia estatal insuficiente y desigual. Allí donde el Estado debería garantizar derechos, protección, justicia, infraestructura y condiciones para una vida digna, las comunidades terminan enfrentando simultáneamente la violencia armada, la precariedad institucional y el deterioro de sus territorios. La situación reciente del San Juan vuelve a poner en evidencia esta realidad. En comunidades de Sipí y Nóvita, la confrontación entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en varios casos con denuncias de connoviencia de la fuerza pública y el ELN ha producido restricciones a la movilidad, afectaciones a las actividades productivas, confinamiento y desplazamiento.
El uso de drones con cargas explosivas introduce además nuevas formas de degradación de la confrontación. Cuando estas tecnologías son utilizadas en territorios habitados, aumentan los riesgos para la población civil y para bienes indispensables para su supervivencia. El Derecho Internacional Humanitario establece obligaciones que no pueden relativizarse, distinción entre población civil y objetivos militares, precaución en los ataques y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Las comunidades no pueden convertirse en escudos, rehenes ni escenarios de demostración de poder. Y esto vale para todos los actores armados. La población civil debe estar por fuera de la confrontación. La vida de una comunidad no puede depender de quién controle temporalmente un río, una vereda o un corredor territorial.
El territorio como escenario de disputa
Sin embargo, reducir la crisis del San Juan a una confrontación entre estructuras armadas sería insuficiente. El territorio posee un enorme valor ambiental, hídrico, minero y estratégico. Sus ríos, bosques y territorios colectivos se encuentran sometidos a diversas presiones económicas y extractivas. La expansión de actividades mineras, particularmente aquellas desarrolladas de manera ilegal o sin garantías ambientales y sociales, transforma ecosistemas, afecta fuentes hídricas y amenaza formas tradicionales de subsistencia.
Aquí es necesario evitar simplificaciones, no toda actividad extractiva puede atribuirse automáticamente a un actor armado ni toda dinámica económica ilegal responde a una misma estructura criminal. Pero sí resulta indispensable investigar las relaciones entre economías extractivas, control territorial, rentas ilegales, corrupción y violencia allí donde estas convergencias existan. El problema de fondo es que el territorio termina convertido en objeto de disputa mientras quienes lo habitan soportan sus costos.
Para las comunidades afrocolombianas e indígenas, el río no es solamente una fuente de recursos; es territorio, memoria, movilidad, alimentación, cultura y vida comunitaria. Su deterioro afecta mucho más que el ambiente, afecta la reproducción misma de la vida colectiva.
Desastre natural, vulnerabilidad social y abandono institucional
La emergencia provocada por el sismo del 10 de agosto de 2026 permite observar otra dimensión de esta crisis. Un desastre natural no impacta de la misma manera a todos los territorios. La magnitud del daño depende también de las condiciones sociales, económicas, institucionales y ambientales preexistentes.
Cuando una comunidad carece de vías adecuadas, infraestructura resistente, servicios de salud suficientes, sistemas de comunicación y capacidades locales de respuesta, un fenómeno natural puede convertirse en una catástrofe social. Si además existe confinamiento armado, desplazamiento, restricciones a la movilidad o temor para transitar por los territorios, la capacidad de respuesta disminuye todavía más.
Aquí aparece una responsabilidad estatal ineludible, prevenir antes de que ocurra la emergencia y garantizar atención efectiva cuando esta se produce. Las Alertas Tempranas no pueden permanecer como documentos administrativos. Deben convertirse en decisiones, presupuesto, coordinación institucional y presencia efectiva en los territorios.
No más comunidades atrapadas entre dos abandonos
La situación del San Juan revela una paradoja profundamente injusta, comunidades históricamente marginadas terminan atrapadas entre la violencia de los actores armados y la insuficiencia de la respuesta estatal.
Cuando llega la guerra, se restringe la movilidad, cuando llega un desastre, faltan capacidades para responder, avanza el extractivismo, se deterioran los ecosistemas, pero, cuando las comunidades reclaman, la institucionalidad suele llegar tarde o terminan señalando a quienes reclaman. Esta acumulación de vulnerabilidades no puede seguir siendo tratada como una serie de emergencias independientes. Es una estructura de desigualdad territorial. ¿Qué condiciones permiten que comunidades enteras permanezcan expuestas, año tras año, a la violencia, al despojo y al abandono?
Una salida desde la vida y el territorio
La respuesta requiere superar la lógica de la emergencia permanente. Primero, los actores armados deben respetar estrictamente el DIH, cesar las acciones que pongan en riesgo a la población civil, abstenerse del uso de artefactos explosivos en zonas habitadas y garantizar el acceso de las misiones humanitarias.
Segundo, el Estado debe garantizar atención humanitaria inmediata, protección efectiva, retorno seguro cuando sea posible, reparación y garantías de no repetición para las comunidades afectadas.
Tercero, se necesita una política de prevención territorial que convierta las Alertas Tempranas en acciones concretas y fortalezca las capacidades locales de gestión del riesgo. Cuarto, es indispensable proteger los territorios colectivos y sus ecosistemas frente a las economías extractivas ilegales y a cualquier actividad que vulnere los derechos de las comunidades, garantizando su participación y autonomía territorial.
Y, sobre todo, Colombia debe asumir una deuda histórica, cumplir el Acuerdo de Paz y avanzar en las transformaciones territoriales que permitan superar las condiciones que reproducen la violencia. Esto implica tierra, infraestructura, salud, educación, conectividad, economías propias, soberanía alimentaria, justicia, protección ambiental y garantías para que las comunidades puedan permanecer en sus territorios con dignidad.
El Chocó no necesita más abandono
Las comunidades del San Juan no pueden seguir apareciendo únicamente cuando ocurre una masacre, un desplazamiento, un terremoto o una emergencia. Necesitan ser reconocidas como sujetos políticos y territoriales, con capacidad de decidir sobre su presente y su futuro.
La defensa de la vida en el Chocó exige fortalecer sus formas propias de organización, sus autoridades étnicas, sus guardias indígenas y cimarronas y sus mecanismos comunitarios de protección, sin trasladarles la responsabilidad que corresponde al Estado. La paz territorial debe ser un hecho y consiste en que las comunidades puedan vivir, producir, estudiar, transitar, gobernar sus territorios y proteger sus ríos sin miedo. El San Juan necesita menos militarización de la vida y más garantía de derechos; menos respuestas tardías y más prevención; menos extracción y despojo y más protección de los bienes comunes.
Cumplir la Constitución, respetar el DIH, cumplir el Acuerdo de Paz y transformar las condiciones territoriales que reproducen la violencia no son aspiraciones abstractas. Son obligaciones concretas de un Estado que debe garantizar la vida digna.
El Chocó no puede seguir siendo tratado como periferia sacrificable. La vida de sus comunidades, sus ríos, sus bosques y sus territorios no es un asunto marginal, es parte del futuro de Colombia.
*docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin - Parte de REDIPAZ - Grupo autónomo Kavilando.
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