El pacífico entre fuegos.

Observatorio K.

Por: Alfonso Insuasty R*

El pacífico en América Latina, entre ellos Colombia y por ende, el departamento del Chocó, sufren la avanzada del reordenamiento territorial derivado de las necesidades económicas globales, consecuencia de los tratados de libre comercio que se han firmado en el país sur americano, quien pese a su vocación agrícola, finca agresivamente su economía en el extractivismo. Se suplen así necesidades corporativas (que bien representa el actual presidente Duque) sin pensar en el impacto generado a la población, ni al medio ambiente

 

 

nuevo alca

Caos inducido y funcional. Reordenamiento violento de los territorios:

De los recientes hechos presentados en los territorios de Bojayá y algunos otros municipios, se evidencia la implementación de una estrategia de apropiación neocolonial de los territorios, lo que vuelve necesario ver más allá de los lamentables resultados de una confrontación entre grupos armados en estas zonas del pacífico, en tanto estas son realmente consecuencias de una clara política que busca apropiarse de vastas zonas para anclarlas a las necesidades del mercado global, territorios que serán apropiados gracias a al caos inducido y funcional, que se desarrolla en éstas zonas.

La apropiación de los territorios estratégicos para el mercado no solo requiere desposesión, sino también acabar con “el enemigo”, destruirlo moralmente, criminalizarlo, perseguirlo o eliminarlo, es decir aplicar éstas estrategias a toda persona, grupo, organización (armado o no), que se oponga a estas directrices del mercado global. A junio de 2019, según el periódico El Tiempo (2019), para dar un ejemplo, luego del acuerdo de Paz entre las Farc y el Estado colombiano, se han registrado 623 líderes sociales y defensores de DDHH asesinados y 137 ex guerrilleros de las Farc. (Hector Alejandro & Insuasty Rodriguez, 2019)

Es evidente que existe un caos inducido y funcional como política territorial, que pasa por un constante “abandono del Estado”, otra forma de hacer presencia; como consecuencia, se incrementan a niveles irracionales la pobreza, la marginalización, la exclusión, la carencia total de oportunidades de ingreso, esta violenta realidad, se acompaña de la presencia casi naturalizada, de altos índices de corrupción.

A la par, crece el accionar de los grupos armados con lógica paramilitar en estas zonas, aplican una sostenida violencia criminal de control zonal, aumenta así, la violación de derechos humanos, los ataques a la población originaria, entre otros dramas que se traducen en desplazamientos, abandonos, cambio de la vocación productiva de estas regiones hacia actividades como la minería ancestral, artesanal, comercio informal, entre otras, que rápidamente el Estado ilegaliza y criminaliza.

Así, la población queda sumida en una tragedia con pocas alternativas: por un lado, el discurso institucional les invita a aceptar la llegada del “progreso” traducido en la implementación de grandes proyectos mineros, agroindustriales, petroleros, hidroeléctricos, etc., entregados a transnacionales, fuertes grupos económicos, aun cuando esto implique la destrucción de la cultura local, el medio ambiente, medios tradicionales de subsistencia, etc., esta opción les pide adaptarse como mano de obra barata, o abandonar el territorio, ambas opciones llegan ante la presión armada y el asesinato (eliminación) constante.

Marx lo dejaba muy claro en su capítulo 24 de El Capital: se trata de la evidente acumulación originaria, basada en el saqueo, la depredación, el fraude, la violencia. Harvey lo llamará “acumulación por desposesión”. Este regreso de formas neocoloniales de captura de los territorios se configura ante una economía global en crisis, a lo que se suma la entrada en escena de otros competidores globales, tales como China, India y Rusia. Ante esta realidad, Estados Unidos ha venido aplicando estrategias que posibilitan un caos inducido y funcional: una violencia sostenida en países donde los recursos son abundantes.

Así, las soluciones llegan con dos ejes prefabricados: una de seguridad y otra del llamado “progreso impuesto” que implica la explotación de los territorios “violentados” por grandes proyectos corporativos, presentados como oportunidad para “salir adelante”. Acá la paz no es otra cosa sino la entrada sin más de las corporaciones transnacionales, para las que no interesa para nada la autonomía de los pueblos ni el respeto por el medio ambiente:

Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar de EU en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos que combinan intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus recursos geoestratégicos e infraestructura crítica instalada, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera) (Fazio, 2017).

¿Quiénes reconfiguran los territorios? Fazio (2017) lo deja claro al afirmar que, los Estados implementan las proyecciones que el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector público y privado aliado, incluyendo para su implementación, centros de investigación de prestantes universidades, siempre a favor de estas directrices.

Estas entidades, gracias a múltiples acuerdos y exigencias, han reconfigurado la estructura del Estado colombiano, haciendo de sus leyes, normas, prácticas, relatos y discursos, un Estado corporativo proclive a los intereses del capital extranjero, facilitando todo para su actividad, extracción; adelgazando de facto las restricciones ambientales, económicas, e incluso debilitando o anulando la democracia y la participación real y efectiva de las comunidades. Es el caso de las consultas populares y las consultas previas en Colombia, que han sido negadas o se ha visto disminuido su carácter vinculante. Todo un rediseño institucional a favor de los intereses corporativos, que ha costado muerte, sufrimiento y un constante ecocidio.

 El despojo incluye la identidad.

Vale recordar que esta forma de reordenamiento planeada desde las grandes corporaciones financieras globales y ejecutada militarmente por el pentágono, ha aprendido del pasado. Por ello, esta etapa incluye un fuerte componente cultural que busca imponer una forma de pensar, de sentir, de actuar proclive al consumo, destruyendo así toda forma de resistencia desde adentro, minando -ojalá despareciendo- toda forma autónoma de pensamiento, esas otras formas armónicas de relacionarse con la naturaleza, acabando la capacidad organizativa de las comunidades originarias, garantizando una nueva generación con pensamiento pro-consumo aun estando empobrecidos, con baja o nula capacidad de concienciación, de organizarse y de construir otras sociedades posibles; asumen ellos, que así garantizarían la eliminación constante de toda forma de resistencia con verdadera capacidad de transformación, a tal punto que lo que quede de resistencia se configure a la medida de sus intereses, como ejercicio ciudadano domesticado.

Pacífico en riesgo.

El Pacífico hoy, en medio del pulso comercial entre Rusia y China, se configura como un corredor comercial y de seguridad para Estados Unidos, que requerirá afianzar su mercado en acelerar la extracción de productos primarios, así como de garantizar mayor infraestructura (carreteras, puertos, redes eléctricas, etc) para exportarlos. Así, fortalece para ello alianzas con gobiernos obedientes en la región.

Es en este contexto que la Alianza Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile, caracterizados por ejecutar modelos económicos de acento neoliberal) cobra especial importancia y relevancia,

La Alianza para el Pacífico es una figura específica de control territorial de una cierta región del mundo, de ciertos procesos y de ciertas riquezas. Muy particularmente es el brazo territorial para avanzar, lo que no lograron concretar con ALCA, en un corredor de seguridad para Estados Unidos que constituye una amenaza para otros procesos en la región. Si uno observa con atención, la Alianza del Pacífico pasa por en medio de los países del ALBA, con lo cual busca romper su articulación territorial (Arellano Ortiz, 2014)

Colombia ahora, luego de una importante inversión y presencia militar norteamericana, cumple las funciones que hacía Estados Unidos en la región. Es el alumno más aventajado de estas formas de terror y expropiación, asumiendo muy bien la tarea como generador de inestabilidad en la región, implanta un modelo de seguridad que se apoya en la estrategia paramilitar que hace del Falso Positivo (Estatal, corporativo, de policía, etc.) su principal aliado (Rojas Bolaños, 2019). Un estado corporativo, policial-gansteril, un modelo que exporta.

 Los recursos robados.

Hoy, además del oro mineral apetecido y presente en gran cantidad en el Pacífico, sobre todo en el Chocó, se suma la demanda mundial del cobre, en pleno auge de la economía verde (bajo la matriz capitalista). La región Pacífica cobra, en este orden, mayor relevancia pues allí están las reservas del llamado cordón metalogénico de Los Andes y el cinturón cupífero que va desde Chile hasta Panamá.

De hecho, ya Chocó está marcando el hito para la operación extractiva a gran escala del cobre (Mundo Minero, 2018) Sin embargo, su población sigue igual de empobrecida, empeorándose su condición. Estas actividades extractivas de materias primas, sean minerales, maderables, de agricultura industrial, petroleras, energéticas, traen mucha riqueza para los grandes emporios económicos, mas no para la empobrecida y marginada población que se ubica entre las más excluidas de Colombia y la región.

Implementar este proyecto de reordenamiento de los territorios en función de estos intereses corporativos se hace acudiendo, por un lado, a una captura del Estado, y por otro, al auge de la estrategia de control violento de dichos territorios. De hecho, gracias a los diversos informes de la Justicia Especial para la Paz, se puede hoy evidenciar ese accionar articulado entre empresas, Estado y criminalidad para imponer modelos de negocios anclados a las necesidades globales: un modelo que aún pervive en Colombia.

Solo un ejemplo, entre diciembre de 2008 y enero del 2009, la empresa Muriel Mining Corporation (MMC) inició una exploración inconsulta en el Cerro Cara de Perro para la explotación de oro, cobre, molibdeno. Estos bienes que se encuentran en el subsuelo son parte del proyecto de explotación Mandé Norte que afecta a Chocó y Antioquia, el río Jiguamiandó, Murindó y Dabeiba (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2019, párr. 7). Una situación que se reitera, pues en el pasado ya se había implementado dicha estrategia de terror entre el Estado y las fuerzas paramilitares actuando en conjunto, a favor de los intereses corporativos: una historia de violencia que escaló hasta la Comisión interamericana de Derechos Humanos donde se dio trámite y fue condenado el Estado en 1997 por graves violaciones a los derechos de las comunidades en esta región (Sanchez Calle, Pino Franco, Insuasty Rodriguez, Barrera Machado, & Borja Bedoya, 2016). Vale recordar que el territorio colombiano fue dividido en 33 Distritos Mineros, 16 de ellos cubren Resguardos indígenas y Territorios Comunitarios de la población afro; en este contexto, el Chocó se tradujo en territorio minero gracias a sus reservas de oro, plata, platino y cobre:

Chocó es principalmente productor de platino, con una participación en el total nacional de 95.48%. Mientras que la producción de oro representa un 25,43%. Durante el primer semestre de 2018, el sector minero ha dejado más de 6.400 millones de pesos en recursos de regalías para el Departamento. Mientras que el año pasado se generaron regalías por más de 35.600 millones de pesos. Estos recursos provienen de la extracción de metales preciosos en un 99%”, aseguró la presidenta de la autoridad minera, Silvana Habib Daza (Agencia Nacional de Minería, 2018), quien a su vez ha afirmado: “Queremos que Chocó tome el camino de la Minería que Construye País”

Complejos industriales, que ya hacen presencia en el Pacífico y sobre todo en el Chocó, como:

El Roble y Frontino.

Cabecera municipal de Carmen de Atrato, es de propiedad de la Familia Antioqueña Gaviria Echeverry, recientemente vendida a la canadiense Ático. (Parra de Moya, 2019).

AngloGold Ashanti

Zinc, platino, molibdeno, oro y sus concentrados, plata y cobre, ya no solo en los municipios de El Carmen de Atrato en el Chocó sino en Ciudad Bolívar (Antioquia)

Complejo Mandé Norte de Volador SAS

En la región del Carmen del Darién

el proyecto Volador de Rugby Mining.

Se localiza en el municipio de Cobrasco y Comita

Royal Road Minerals de Reino Unido, proyectos La Golondrina y La Redención

ubicados en la cabecera municipal La Llanada, al nororiente de Pasto, capital del departamento. (Portafolio, 2019).

Agnico Eagle y Barrick Gold Corporation de Canadá.

cuenta a la fecha con 47 solicitudes (Portafolio, 2019).

Proyecto minero Dojurá, otorgado a la Continental Gold Colombia y a la Anglo Gold Ashanti

En el Alto Atrato, en territorios del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato.

Proyecto minero Bajo Atrato, otorgado a Gold Plata y Minerales del Darién.

Municipio de Acandí.

Max Resources

El año 2018 le compró a la australiana la mina Condoto Platinum Limited

Proyecto Norte Choco Oro-Cobre que este año (2019) le adquirió a Andagueda Mining, y que incluye un acuerdo con la reserva indígena Tahami del Alto Andagueda para la exploración en su comunidad. La zona cubre 12 minas históricas de producción de oro y cuatro zonas significativas que cubren 130 km2

Elaboración propia con datos de Agencia Nacional Minera (2019) y (Arcila, 2019).

También se encuentran los proyectos Titiribí y la Mina de Goldmining Inc., Pantanos, Murindó y Urrao, Natagaima de Pacifico Minerals Ltd. y El Havila de Equitorial Exploration Corp., entre otros (Agencia Nacional Minera, 2019).

Una riqueza para pocos, una pobreza constante para muchos:

Entre 1916 y 1926 Colombia fue el principal exportador de platino del mundo, al tiempo que los precios del metal estaban excepcionalmente altos. La mayoría de ese platino fue explotado por la Compañía Minera Chocó Pacífico en el río Condoto (Leal León, 2009).

 

Palma

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Por otra parte, gracias a su clima y abundante agua, se han destinado extensos territorios para el cultivo de palma de aceite, una planta que ha generado soluciones de ingresos, mucha riqueza para sus propietarios (Mingorance, Minelli, & Le Du, 2004), pero ha sido una actividad acompañada de muerte, en tanto su llegada -igual que en el caso de las mineras- se asocia a las acciones violentas de control territorial, perpetradas por el paramilitarismo en asocio con las fuerzas armadas de Colombia (Cesio, 2017).

Vale recordar que:

El proyecto agroindustrial que buscaba convertir el Bajo Atrato chocoano en la más extensa área cultivada con palma de aceite no fue más que un complejo engranaje criminal que involucró a Vicente Castaño y sus huestes paramilitares; comisionistas de tierras cercanos al proyecto paramilitar como Sor Teresa Gómez y Remberto Manuel Álvarez; y empresas palmicultoras como Urapalma S.A; Palmas de Curvaradó S.A; Palmura S.A; Palmas de Bajirá S.A; Inversiones Agropalma & Cia Ltda y Palmadó Ltda”. (Verdad Abierta, 2014)

Ver documento relacionado: Descargue la sentencia completa en PDF.

 Madera

Ni qué decir de la industria maderable, recordando que:

"la empresa Prima Colombia Hardwood ya en el 2011 había empezado a talar árboles de gran calidad y que no sembró, en Bahía Solano para exportar a China, se trató de 17 contratos sobre 7.000 metros cúbicos de las maderas más finas del Chocó. Dicha empresa era dueña de “REM Forest Products”, del billonario canadiense Frank Giustra, quien de manera irregular obtuvo una licencia de aprovechamiento forestal otorgada por Codechocó en el 2006 (Resolución 2293) para explotar durante 15 años más de cinco millones de metros cúbicos de madera, unos US$ 1.500 millones. Fernalix Valencia Chaverra, responsable del concepto, que fue negativo para la empresa, sobre el cual se solicitó la suspensión de dicha licencia, no fue atendido, por el contrario, Fernalix fue destituido de su cargo (Collazos, 2011).

Ejemplos claros de un Estado Corporativo, policial y gansteril, al servicio de los intereses de multinacionales y élites locales. Un Estado obediente que ha hecho del Caos inducido y funcional, su mejor y más efectiva estrategia.

 

Petróleo.

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La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) manifestó en el 2018 que el Chocó es una región apetecida por su potencial petrolero, según un estudio de la Universidad Nacional de Colombia. Se esperaba que lal ANH pusiera en marcha el esquema de asignación permanente para exploración y producción, un botín muy apetecido por las empresas petroleras, según la Revista Portafolio (2018)

Se trata de 9 bloques, ubicados en la cuenca del Río Atrato y San Juan. Los nueve bloques listos para ser ofertados y que reposan en la cuenca petrolífera, que lleva el mismo nombre del departamento, ya estarían en la mira de varias compañías, que han venido estudiando el potencial geológico de las reservas de hidrocarburos. (Portafolio, 2018)

Infraestructura vial

Sobre la infraestructura vial que se requiere para acelerar estos proyectos extractivos se encuentran:

Puerto de Tribugá

El Proyecto Arquímidez es una organización empresarial privada de economía mixta, que, entre otras cosas, busca la conexión entre el Pacífico y el Atlántico. En el artículo 78 del Plan Nacional de Desarrollo se evidencia que la construcción de nuevos puertos será una prioridad para el Gobierno Nacional (Murillo, 2019). Los efectos serán devastadores, tanto para las comunidades como para la naturaleza, entre otras, pondrá en riesgo el ciclo de reproducción de las ballenas jorobadas. Incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, es una estrategia para evadir la consulta previa de las comunidades.

Obras viales anexas al puerto de Tribugá

El proyecto Arquímedez, propone además del Puerto de Tribugá, una serie de proyectos de infraestructura vial entre ellos la transversal Pacífico – Santander, además de “modernizar la infraestructura portuaria de Buenaventura y emprender un desarrollo portuario alternativo en el Pacífico” (Murillo, 2019).

Vía al Mar (Las Ánimas – Nuquí):

La vía Ánimas – Nuquí si bien es un proyecto concebido originariamente desde 1959 como una variante de la ruta panamericana ante la pretensión de establecer un corredor que

comunicara a la costa pacífica con los principales centros urbanos andinos, pasó a ser realidad en el marco de la Agenda Pacífico XXI (Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, 2019).

Construcción de Carretera Panamericana en el Tapón del Darién

La carretera panamericana es un proyecto diseñado desde 1923 para unir Prudhoe Bay, en Alaska, con Ushuaia, Tierra del Fuego, a través de 27.750 kilómetros de carretera. En la actualidad, falta la construcción de un tramo de 87 kilómetros en la provincia panameña de Darién (Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, 2019).

Fuente: elaboración propia.

Por su ubicación geográfica, América Latina y el Caribe representan la principal zona de seguridad para Estados Unidos, razón por la cual su concepción de hegemonía hemisférica que viene aplicando, es una traducción moderna de la Doctrina Monroe ("América para los Norte Americanos) consistente en "cuidar el territorio para disponer de sus riquezas y para impedir que otros lo hagan". (Arellano Ortiz, 2014)

 

La lucha de los pueblos continua.

Se consolidación la política del caos inducido y funcional, que da cuenta de un Estado criminal, policial y gansteril, que ha rediseñado toda su institución para garantizar el beneficio de las élites empotradas en el poder y al mismo tiempo, los dictámenes de los organismos multilaterales.

Ante esta realidad es cada vez más importante formar conciencia política; colectivos estudiando, transmitiendo información, ganar en conciencia colectiva, fortalecer las luchas, la capacidad organizativa de las comunidades, articular las luchas urbano-regionales en tanto cada vez están más interconectadas. Construir agendas públicas desde abajo, desde los pueblos, planear el territorio, construir alternativas, dimensionar los saberes propios, encontrar aliados, tejer fuertes relaciones de sentido.

Así mismo, seguir luchando desde la norma de la misma institucionalidad, reclamar derechos, ganar visibilidad. Hechos como la declaratoria del Río Atrato como sujeto de derechos es clave, así como las normas alcanzadas en materia de consulta previa, son ejercicios concretos que propician el avanzar y ganar herramientas jurídicas, políticas, valóricas.

Sin embargo, sabiendo que la lucha no se queda allí, que no es ese el fin: es importante pensar a mediano y largo plazo, pues se requiere, en esta crisis global, construir apuestas de territorios autónomos y articulados, bajo otras regulaciones valóricas como el buen y el bien vivir, en armonía con la naturaleza.

La lucha no es fácil y hemos de comprender que se trata de una lucha generacional nuestros hijos y nietos deberán ser formados con la conciencia clara de lo que son, sus orígenes, sus raíces, sus luchas, cargar de sentido su mirada de futuro, para que con ingenio sigan luchando por Vida Digna, justicia, equidad, y más allá, aporten en la construcción del buen y el bien vivir, de esa otra sociedad posible y necesaria.

 

Referencias bibliográficas.

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Arellano Ortiz, F. (27 de mayo de 2014). La Alianza Del Pacífico Es Una Visión De Control Y De Reordenamiento Territorial Integral Para Modificar Sentidos Geográfico-Políticos. Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/2799-la-alianza-del-pacifico-es-una-vision-de-control-y-de-reordenamiento-territorial-integral-para-modificar-sentidos-geografico-politicos

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