Duque: no hay forma de ocultar la realidad del exterminio a líderes sociales y excombatientes.

Observatorio K.

Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*, Hector Alejandro Zuluaga Cometa**

La inútil pelea por las cifras. Qué si son más o, que son menos, es una disputa vergonzosa por parte del Gobierno de Colombia. La realidad es más que contundente que los enredos discursivos del Gobierno: Asistimos a un genocidio contra líderes, lideresas sociales, defensores - defensoras de derechos humanos e integrantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC.

 

 

Nos matan colombia

El presidente Iván Duque y su equipo de gobierno, asesores y entre otros, intentan desviar la atención sobre un fenómeno que se agrava en Colombia y que profundiza la crisis de la democracia real y por ende, de la resquebrajada paz transformadora y con justicia social en el país.

Utiliza el gobierno de Duque, una estrategia combinada, la cual se orienta esencialmente en: mentir-desestimar-criminalizar, negar, desviar.

Mentir, desestimar y criminalizar. Duque hace públicas cifras que no corresponden a la realidad, manifestó recientemente que en Colombia el asesinato de líderes sociales se ha reducido en un 25%, pretendiendo con ello generar un matriz de opinión favorable a un gobierno que ha desatendido los llamados de los sectores populares, defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló que en lo corrido del año 2020 ya han sido asesinados 17 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia. Del total de los asesinatos, cinco ocurrieron en Cauca, cinco en Putumayo, dos en Antioquia, dos en Huila, uno en Chocó, uno en Cesar y uno en Norte de Santander (LaW, 2020).

El Equipo de Gobierno desestima discursivamente, como con sus actitudes omisivas y dilatorias, este grave fenómeno, rayando con el cinismo y la ofensa. Basta con recordar el “¿De qué me hablas viejo?” (El Espectador, 2019) proferido por el presidente de la República, para entender esta actitud institucional.

Duque y su equipo, no contentos, buscan señalar y hasta criminalizar a quienes insisten en defender derechos humanos, ejemplo la judicialización de los 9 campesinos reclamantes de tierra de Urabá a quienes, aun habiendo logrado la restitución de sus tierras en la hacienda Guacamayas, ahora son judicializados y puestos bajo las rejas (Caracol, 2019), casos similares suceden en Arauca (Colombia Informa, 2019), Nariño, Sur de Bolívar, Cauca, etc.

Igualmente, el gobierno ha hecho oídos sordos a las constantes alertas de organismos de control como la Defensoría del Pueblo e incluso a los diplomáticos llamados, pero directos, de la Organización de Naciones Unidas ONU. Iniciando 2019, el Secretario General manifestó seguir “enormemente preocupado” por la impunidad con la que se producen ataques contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia, según aparece en el último informe trimestral sobre la misión de la ONU en el país” (ONU, 2019)

 El más reciente de estos llamados fue durante la presentación del informe del Secretario General sobre la misión de verificación en Colombia presentado el 30 de diciembre de 2019. En el informe se reconoce que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha confirmado el asesinato de 303 defensores de derechos humanos y líderes sociales, 86 de ellos ocurrieron durante 2019 y de los cuales 12 eran mujeres (Organización de Naciones Unidas ONU, 2019) Igualmente señala, diplomáticamente, el alto nivel de impunidad cuando reconoce que la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo de Élite de la Policía, quienes lideran las investigaciones, reportan tan solo 39 % de avance en los casos de 2019 (Organización de Naciones Unidas ONU, 2019)

Finalmente se quiere resaltar el llamado hecho por ONU “…para que se adopten medidas más efectivas para proteger la vida de los y las excombatientes, teniendo en cuenta especialmente que el 2019 ha sido el año más violento para los exmiembros de las FARC-EP” (Organización de Naciones Unidas ONU, 2019) A continuación, el informe relaciona las cifras según las cuales fueron asesinados 20 ex miembros de las FARC-EP, 77 en 2019, 65 en 2018 y 31 en 2017; para un total de 173 asesinatos desde la firma del Acuerdo Final de Paz y sumado a ello 14 desapariciones y 29 atentados (Organización de Naciones Unidas ONU, 2019)

 “El Estado parece que no estaba preparado para defender el liderazgo social del país... Se nos están acabando las excusas a todos para decir por qué no hay acción y por qué no somos capaces de frenar este desangre” (El Heraldo, 2019)

Negar la sistematicidad de dichos hechos. Existen características comunes entre las personas que han sido asesinadas y el modus operandi, no se requiere ser un experto para identificarlas, ellas son evidentes: todos y todas eran líderes sociales, pertenecían a organizaciones sociales, étnicas, campesinas, muchos de ellos trabajaban por la defensa del territorio y los recursos naturales ante la amenaza de megaproyectos, exigían el cumplimiento de los acuerdos de paz, luchaban por transformaciones territoriales, restitución de tierras, evidenciaban en su quehacer, las problemáticas de sus territorios entre ellas, el incumplimientos del Estado en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir su labor incomodaba al estatus quo local, regional y nacional.

Los crímenes a todas luces expresan constantes reiteraciones y metodologías similares, no son hechos accidentales sino planeados, selectivos, se acude al sicariato, se usa pistola o revolver, es decir, se acude a grupos criminales organizados, lo que sugiere se trata de hechos a encargo, bajo orden de terceros, varios hechos ocurren en las viviendas de las víctimas o en sus lugares de trabajo rutinario, lo que implica seguimiento y por ende dominio territorial de parte del grupo criminal, en todos los casos reina un alto grado de impunidad, la inacción e inoperancia del Estado es la constante.

Desviar intencionalmente la atención sobre las causas reales y sus responsables. A la par, el Gobierno en declaraciones públicas, señala casi como único responsable al Ejército de Liberación Nacional ELN y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, buscando desviar la atención sobre la búsqueda de las causas, modus operandi, responsables reales, labor que debería agilizar la justicia colombiana.

Se busca en últimas, que el acento y la mirada no se centre sobre las disputas territoriales que evidencian el choqué de un modelo de desarrollo impuesto y unas dinámicas regionales populares, étnicas, comunitaria, la entrada de multinacionales mineras a los territorios, las proyecciones de extracción de petróleo, la agricultura industrial caso palma de aceite, la disputa por la tenencia de las tierras, la extrema pobreza a la que se ha sometido a las poblaciones rurales, la ausencias de un compromiso real en la implementación de los acuerdos de paz en materia agraria, cultivos de uso ilícito, etc.

En este contexto, debe recordarse por ejemplo, que RCN Televisión, la Federación Nacional de Ganaderos, Ecopetrol, Chiquita Brands, Postobón, Cementos Argos, son algunas de las empresas señaladas durante las confesiones de los paramilitares en los procesos de Justicia y Paz, como colaboradoras (Colombia Informa, 2020). Y las 19 empresas que fueron condenadas a restituir tierras a campesinos víctimas de despojo, gracias a las sentencias de Magistrados de Restitución de Tierras por hechos ocurridos entre 2013 y 2016 entre las que se encuentran: Argos, Continental Gold, Sociedad las Palmas, Palmas de Bajirá, Sociedad agropecuaria Carmen de Bolívar, Banana S.A., Todo Tiempo S.A., entre otras. (Las2Orillas, 2016)

Así mismo, Gerardo Vega director de la Fundación Forjando Futuros, fundamentado en los diferentes estudios e informes emitidos por dicha entidad, ha reiterado que: “el gobierno nacional, debe reconocer, que el problema de las agresiones contra los líderes sociales está íntimamente ligado con los conflictos por la tierra y no simplemente con el narcotráfico y la minería ilegal” (Fundación Forjando Futuros, 2019)

 

 

 

El Gobierno busca caminos no para solucionar un fenómeno evidente y doloroso, prefiere, por el contrario, de manera artificiosa, construir una matriz mediática que le permita evadir responsabilidades y continuar sin más la aplicación de un modelo económico basado en el despojo, en la entrega de la riqueza nacional a las alianzas corporativas internacionales con el apoyo servil de élites nacionales, un modelo de aplicación constante en Colombia.

¿Cuál es el camino ante el estado de cosas actual?

Son dos caminos para seguir fortaleciendo en la acción social y política, uno de cara al Estado, exigiendo que cumpla su tarea y garantice efectivamente derechos, que genere las condiciones institucionales para mayor equidad y oportunidades materiales y concretas, lograr un rediseño institucional puesto que el diseño del Estado hoy, es el que garantiza el nivel de corrupción, concentración de la riqueza, impunidad y que las mismas élites locales y nacionales mantengan sus privilegios. Este rediseño institucional debe ser un objetivo claro entre la agenda a negociar de los movimientos sociales y los posibles acuerdos de paz que se llegasen a firmar, un rediseño que permita alcanzar el cumplimiento de esos reclamos históricos, del pueblo organizado.

El segundo camino, no de cara al Estado, urge articular y fortalecer la capacidad social organizativa, construir agendas propias y de unidad, construir autonomía territorial, recuperar las memorias de la resistencia histórica, tejer economías propias, fortalecer la defensa de los ecosistemas, lograr un rediseño a modo de arquitectura social desde abajo, fuerte, capaz de poner condiciones y transformar territorios.

Esta será una tarea que debe fortalecerse, un imperativo ético y político, para ello creemos será de gran utilidad abrir múltiples escuelas populares de liderazgos férreos, con pensamiento crítico y que recree las formas de las luchas sociales, recordando que ésta lucha por otra sociedad posible, es generacional y de sentido.

Referencias bibliográficas.

Caracol. (2 de diciembre de 2019). A la cárcel nueve reclamantes de tierras de Urabá. Obtenido de Caracol: https://caracol.com.co/emisora/2019/12/02/medellin/1575293381_650046.html

Colombia Informa. (7 de diciembre de 2019). Policía detiene a José Murillo, líder social de Arauca. Obtenido de Colombia Informa: http://www.colombiainforma.info/policia-detiene-a-jose-murillo-lider-social-de-arauca/

Colombia Informa. (12 de enero de 2020). Empresas y paramilitares: Alianza para asesinar a líderes y lideresas sociales. Obtenido de Colombia informa: http://www.colombiainforma.info/empresas-y-paramilitares-alianza-para-asesinar-a-lideres-y-lideresas-sociales/

El Espectador. (6 de Noviembre de 2019). El Espectador. Obtenido de elespectador.com: https://www.elespectador.com/noticias/politica/de-que-me-hablas-viejo-asi-respondio-duque-pregunta-sobre-bombardeo-en-caqueta-articulo-889926

El Heraldo. (8 de febrero de 2019). Entidades territoriales deben proteger a los líderes sociales. Obtenido de El Heraldo: https://www.elheraldo.co/colombia/entidades-territoriales-deben-proteger-los-lideres-sociales-595916

Fundación Forjando Futuros. (15 de agosto de 2019). Concentración y uso de la tierra causa principal de asesinatos de líderes sociales. Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/7142-concentracion-y-uso-de-la-tierra-causa-principal-de-asesinatos-de-lideres-sociales

Hector Alejandro , Z. C., & Insuasty Rodriguez, A. (2019). Por la vida, ¿Hasta la vida misma?: Líderes sociales en Riesgo (Colombia). El Ágora USB, 313-321. Obtenido de https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/4386/3488

Insuasty Rodríguez, A. (2017). ¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo? El Ágora USB, 17(2), 338-352. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n2/1657-8031-agor-17-02-00338.pdf

Las2Orillas. (2 de noviembre de 2016). 19 empresas obligadas a devolver tierras a campesinos y suspender la explotación minera. Obtenido de Las2Orillas: https://www.las2orillas.co/19-empresas-obligadas-a-devolver-tierras-a-campesinos-y-suspender-la-explotacion-minera/

LaW. (13 de enero de 2020). En lo corrido de 2020 ya van 17 líderes sociales asesinados. Obtenido de LaW: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/en-lo-corrido-de-2020-ya-van-17-lideres-sociales-asesinados/20200113/nota/4001723.aspx

ONU. (2 de enero de 2019). Guterres, "enormemente preocupado" por los ataques a defensores en Colombia. Obtenido de ONU: https://news.un.org/es/story/2019/01/1448842

Organización de Naciones Unidas ONU. (30 de diciembre de 2019). Naciones Unidas. Obtenido de nacionesunidas.org: https://nacionesunidas.org.co/noticias/nota-de-prensa-informe-del-secretario-general-de-las-naciones-unidas-sobre-la-mision-de-verificacion-de-la-onu-en-colombia-30-dic/ 

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