La paz en Colombia no se debilita únicamente cuando se rompen los acuerdos, sino también cuando se recortan sus recursos, se desacreditan sus instituciones y se abandonan las comunidades y las personas que apostaron por ella.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
Mientras se agudizan las disputas armadas y persiste la inseguridad en los territorios, las advertencias de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional plantean una pregunta esencial ¿se está debilitando la transición precisamente cuando más se necesita, mientras las comunidades soportan los costos de la guerra y otros intereses avanzan sobre los territorios y los bienes públicos?
Colombia enfrenta nuevamente esa encrucijada. El problema no se limita al futuro de un acuerdo o de una política gubernamental, está en juego la posibilidad de transformar las condiciones que reproducen la violencia. Cuando se debilitan la reincorporación, la protección de quienes defienden la vida y la implementación de las reformas pendientes, las estructuras armadas y los poderes que se benefician del despojo encuentran nuevas condiciones para perpetuarse.
Desmontar la transición puede significar, así, mucho más que retroceder en lo pactado, dejar intactas las causas de la guerra y comprometer las posibilidades de construir una paz con justicia social y garantías de no repetición.
Debilitar la justicia, abandonar los territorios y administrar la guerra.
El informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia, identificado como S/2026/759 y fechado el 25 de septiembre de 2026, plantea preocupaciones sobre la continuidad del Acuerdo Final de Paz, la financiación de la reincorporación, el desarrollo rural y la seguridad de las comunidades. Según la información suministrada sobre el documento, las advertencias incluyen posibles reducciones presupuestales para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), dificultades para consolidar la reforma rural y el deterioro de las condiciones de seguridad para firmantes de paz, liderazgos sociales y comunidades étnicas.
No se trata de asuntos administrativos menores, la reincorporación, la reforma agraria y las garantías de seguridad son componentes esenciales de una transición que pretendía cerrar un ciclo de confrontación armada y ampliar las condiciones para la participación política. Reducir los recursos destinados a estos compromisos, sin garantizar alternativas efectivas, puede debilitar procesos comunitarios, aumentar la incertidumbre de quienes dejaron las armas y profundizar las condiciones que favorecen el reclutamiento, el desplazamiento y la expansión de estructuras armadas. Naciones Unidas insiste, precisamente, en la necesidad de preservar la continuidad institucional, asegurar recursos suficientes y articular seguridad, desarrollo y protección territorial.
La preocupación se extiende a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los mecanismos centrales del sistema de justicia transicional surgido del Acuerdo de 2016. El debate sobre su presupuesto y las propuestas de retirar a Colombia del Estatuto de Roma adquieren especial gravedad en este contexto.
El 7 de octubre de 2026, EL PAÍS informó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) contempla la posibilidad de reabrir su examen preliminar sobre Colombia si se produce un cambio significativo de circunstancias. La Fiscalía recordó que el cierre de 2021 se apoyó en la valoración de que las autoridades nacionales, particularmente la JEP, estaban abordando de manera genuina los crímenes más graves del conflicto. También advirtió que una eventual retirada del Estatuto de Roma no eliminaría las obligaciones jurídicas previamente adquiridas por el Estado colombiano.
La advertencia es clara, la autonomía estatal no puede utilizarse como argumento para desmantelar las garantías de verdad, justicia y rendición de cuentas. La justicia transicional puede y debe ser objeto de evaluación, pero asfixiarla financieramente, interferir en su funcionamiento o impedir que cumpla sus mandatos comprometería los derechos de las víctimas y la credibilidad de cualquier proceso de paz.
Aquí aparece una duda de fondo ¿qué intereses se favorecen cuando se debilitan los mecanismos que investigan los crímenes más graves, mientras permanecen sin resolver las condiciones que hicieron posible su repetición?
La respuesta exige examinar no solamente a quienes empuñaron las armas, sino también las responsabilidades políticas, económicas, institucionales y sociales que contribuyeron a sostener la guerra, siempre a partir de investigaciones y pruebas que permitan establecer responsabilidades.
La guerra continúa, pero sus causas permanecen
Colombia no puede comprenderse únicamente a partir de la confrontación entre organizaciones armadas, la persistencia de la violencia obliga a examinar la concentración de la tierra, la exclusión política, el control de economías legales e ilegales, la captura de instituciones públicas, la impunidad, la campante corrupción y las disputas por territorios estratégicos. Comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes soportan simultáneamente el abandono institucional, las amenazas armadas y las presiones de proyectos económicos que disputan el control de los bienes comunes.
La experiencia posterior al Acuerdo de Paz de 2016 demuestra los límites de una paz reducida a la dejación de armas. Sin transformaciones rurales, participación política, garantías de seguridad y condiciones materiales para la reincorporación, los territorios quedan expuestos a nuevas disputas. La violencia se reorganiza, aparecen nuevos controles armados y las comunidades vuelven a pagar el precio de estructuras de poder que sobreviven a los acuerdos.
A ello se suma un problema político de fondo, negar el carácter de los actores armados no modifica la realidad ni la historia del conflicto colombiano; por el contrario, puede cerrar posibilidades de transformación y dificultar la construcción de salidas negociadas. El carácter insurgente del ELN no depende de que una autoridad lo reconozca o lo niegue mediante una declaración política, remite a su trayectoria, sus planteamientos y su naturaleza histórica, sin que ello implique desconocer sus responsabilidades por las acciones que vulneran el derecho internacional humanitario. Reconocer esa realidad es una condición para comprender el conflicto, no una justificación de la violencia.
Los procesos de negociación con el ELN dejaron avances políticos que no deberían desecharse. Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU y acompañante permanente de los diálogos, destacó en su momento el carácter inédito del acuerdo alcanzado. Los acuerdos 6 y 9 contribuyeron a construir un marco común para comprender las causas estructurales del conflicto, mientras que el Acuerdo 28 permitió avanzar en la definición de una metodología para la participación de la sociedad. Se trata de desarrollos relevantes y de caminos ya recorridos que merecen una valoración crítica, cuya trascendencia histórica solo podrá dimensionarse plenamente con el tiempo. Clausurar estas posibilidades sin explorar su alcance es un error político e histórico, la experiencia colombiana demuestra que desconocer la naturaleza de los conflictos no los resuelve; por el contrario, puede cerrar vías de transformación y prolongar las condiciones que los alimentan.
Por eso, hablar de paz exige examinar la relación entre empresa, criminalidad y Estado, la persistencia del paramilitarismo, las denuncias de connivencia entre estructuras armadas y agentes públicos, los intereses económicos beneficiados por el despojo y las responsabilidades aún por esclarecer. No se trata de atribuir delitos indiscriminadamente, sino de impedir que la investigación de la violencia se limite a sus ejecutores materiales y deje intactas las redes que pudieron financiarla, facilitarla o beneficiarse de ella.
El ruido de la guerra y el destino de lo público.
En un escenario de creciente militarización, la seguridad puede convertirse en el argumento que desplaza del debate público preguntas como ¿qué ocurre con los recursos destinados a la paz, la educación, la salud y la reforma rural? ¿Qué intereses económicos avanzan sobre territorios sometidos a la violencia? ¿Quién decide el destino de los bienes comunes y quién asume los costos sociales y ambientales de su explotación?
La hipótesis de que la guerra opera como distractor debe contrastarse con decisiones verificables, presupuestos, contratos, reformas y beneficiarios concretos. Sin embargo, la pregunta política es ineludible, mientras la atención pública se concentra en la confrontación, ¿se debilitan las capacidades sociales e institucionales necesarias para defender la soberanía, los derechos colectivos y el patrimonio público?
Una sociedad sometida permanentemente al miedo dispone de menos condiciones para deliberar, organizarse y ejercer control democrático sobre sus gobernantes. Si, además, se reducen las garantías para la protesta y la defensa de los territorios, la democracia puede conservar sus formas institucionales mientras se restringe materialmente la participación popular. En esas circunstancias, la tragedia local corre el riesgo de quedar subordinada a intereses económicos y geopolíticos que no necesariamente coinciden con las necesidades de las mayorías.
La paz como horizonte estratégico
Las advertencias de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional deben entenderse como una oportunidad para defender lo conquistado y exigir que la transición avance. No basta con reclamar la continuidad del Acuerdo de 2016, es necesario exigir su implementación integral, presupuestos suficientes, protección colectiva, reforma rural efectiva, garantías para las mujeres defensoras, seguridad para quienes firmaron la paz y esclarecimiento de las responsabilidades por los crímenes cometidos.
También es indispensable preservar y reactivar las posibilidades de diálogo y negociación, reconocer la complejidad histórica de los actores y conflictos, y fortalecer las organizaciones sociales, las plataformas de derechos humanos, los procesos campesinos, indígenas y afrodescendientes, las universidades y las redes ciudadanas que defienden la vida. La respuesta no puede ser el repliegue ni la resignación, sino una articulación democrática, territorial y popular capaz de defender los derechos conquistados y construir alternativas.
No podemos desistir de la paz precisamente cuando sus conquistas están en riesgo, la guerra no puede convertirse en una fatalidad que justifique el abandono de los territorios, el debilitamiento de la justicia o la subordinación de las decisiones públicas a intereses ajenos al bienestar colectivo. Tampoco puede permitirse que el sufrimiento de las víctimas cierre las preguntas sobre las causas y los beneficiarios de la violencia.
Una verdad a medias produce injusticias completas. Y una paz limitada a silenciar las armas, sin transformar las estructuras que reproducen la exclusión y el despojo, deja abierta la puerta a nuevas guerras.
El momento exige actuar, defender el Acuerdo de Paz, exigir verdad y justicia sin privilegios, proteger a quienes defienden la vida, respaldar las iniciativas de diálogo y fortalecer la organización popular. Frente a quienes pretenden convertir la guerra en destino, hagamos de la paz una fuerza social organizada, una exigencia democrática y un proyecto de transformación territorial.
Cerrar las vías del diálogo no elimina los conflictos, prolonga sus causas y multiplica sus víctimas.
*Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ y grupo Autónomo Kavilando.
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