La reciente entrega al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) del cuerpo del soldado profesional Ídel José Torres Herrera, realizada por una estructura disidente de las FARC-EP para facilitar su devolución a sus familiares, vuelve a poner en el centro una cuestión elemental que la prolongación de la guerra suele hacer olvidar, incluso en medio de la confrontación armada, la vida humana y la dignidad de quienes mueren deben ser respetadas.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) no justifica la guerra. Busca limitar sus efectos, proteger a quienes no participan o han dejado de participar en las hostilidades y preservar un mínimo de humanidad cuando la violencia ya se ha instalado. La recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos hacen parte de esa obligación humanitaria.
La dignidad no termina con la muerte
La entrega de los restos mortales a un organismo humanitario e imparcial recuerda que quien cae en combate no deja de ser persona ni de tener derechos. Detrás de cada cuerpo hay una familia, una historia y una comunidad que también padecen las consecuencias de la guerra.
El cumplimiento del DIH, por tanto, no puede convertirse en un recurso propagandístico de ninguno de los actores. Debe asumirse como un límite efectivo frente a la degradación de la confrontación. Respetar al adversario caído no significa legitimar sus acciones ni renunciar a la responsabilidad que corresponda: significa preservar un principio básico de humanidad.
En relación con este caso, la estructura armada que realizó la entrega formuló además denuncias sobre la actuación de la tropa durante la confrontación y pidió a los familiares del soldado exigir una investigación. Se trata de afirmaciones provenientes de un actor armado y, por ello, deben ser objeto de verificación independiente. Precisamente por eso resulta necesaria una investigación seria que establezca qué ocurrió y determine las responsabilidades correspondientes.
La pregunta de fondo permanece ¿qué lugar ocupa la dignidad humana cuando, en medio de la guerra, la prioridad parece desplazarse hacia la recuperación de armas, los resultados operacionales y el conteo de bajas? Ningún indicador militar puede estar por encima de la vida y de las obligaciones que impone el DIH.
Cuando la guerra se convierte en espectáculo
La degradación del conflicto también se expresa en el lenguaje y en las formas de representación de la violencia. Cuando desde las instituciones del Estado se normalizan discursos de confrontación, humillación del adversario, exhibición de cuerpos o celebración de la muerte, se corre el riesgo de convertir la violencia en espectáculo y de desplazar los límites jurídicos y éticos que deberían contenerla.
El Estado tiene una responsabilidad mayor. La Fuerza Pública está sometida a la Constitución, al DIH y a los derechos humanos. Exigir su estricto cumplimiento no constituye una concesión a los grupos armados ni una relativización de sus responsabilidades; constituye, por el contrario, una defensa de la institucionalidad democrática.
Una institucionalidad que responde a la violencia reproduciendo sus mismos códigos termina debilitando aquello que dice defender.
Los costos de una guerra que se prolonga
La persistencia del conflicto armado tiene consecuencias que trascienden las cifras de muertos y heridos. En las regiones rurales, la confrontación transforma territorios, rompe tejidos comunitarios, provoca desplazamientos, profundiza el miedo y deja a las comunidades atrapadas entre distintos poderes armados.
Los jóvenes de sectores populares continúan constituyendo una parte importante de quienes terminan incorporados a las filas de las Fuerzas Militares o de organizaciones armadas. Detrás de cada muerte hay familias que enfrentan pérdidas irreparables y comunidades que deben convivir con las consecuencias de una guerra que no decidieron.
A ello se suman las denuncias y procesos judiciales relacionados con ejecuciones extrajudiciales, el uso de civiles en actividades de inteligencia, amenazas y controles territoriales ejercidos por estructuras armadas, así como denuncias sobre posibles connivencias o tolerancias institucionales en determinados territorios. Cada una de estas situaciones requiere investigación, esclarecimiento y garantías para las víctimas, no afirmaciones anticipadas ni encubrimientos.
El problema no puede reducirse, entonces, a identificar quién dispara más o quién obtiene mayores resultados operacionales. La pregunta fundamental es qué condiciones permiten que la violencia se reproduzca y quiénes terminan pagando sus costos.
La paz como horizonte estratégico
Colombia lleva décadas intentando resolver problemas políticos, sociales y territoriales mediante la lógica de la guerra. La experiencia histórica muestra que la militarización puede modificar temporalmente el control sobre un territorio o reducir determinadas expresiones de violencia, pero no resuelve por sí misma las causas profundas que alimentan el conflicto, desigualdad, despojo, exclusión, economías ilegales, concentración de la tierra, ausencia estatal y disputas por el control territorial.
Por ello, la paz no puede ser entendida como una pausa entre guerras. Debe asumirse como un horizonte estratégico de país y como una política de Estado capaz de transformar las condiciones que reproducen la violencia.
Esto implica defender el cumplimiento de los acuerdos de paz, abrir y sostener caminos de diálogo con los actores armados, garantizar la participación efectiva de las comunidades y avanzar en transformaciones territoriales que permitan superar las condiciones históricas de exclusión y despojo.
El DIH como mínimo civilizatorio
En medio de una guerra que se prolonga y degrada, el DIH constituye un mínimo civilizatorio. Obliga a distinguir entre combatientes y población civil, protege a quienes están fuera de combate y exige respeto por los muertos, los heridos, los detenidos y las comunidades afectadas.
Pero Colombia necesita algo más que limitar los daños de la guerra: necesita superar las condiciones que la hacen posible.
Respetar el cuerpo del adversario caído, garantizar la verdad sobre las circunstancias de su muerte y proteger a su familia son obligaciones humanitarias.
Defender la vida de la población civil, investigar los abusos y sancionar las violaciones al DIH también lo son.
La paz comienza precisamente allí cuando la vida deja de ser una cifra operacional, cuando el adversario deja de ser tratado como un objeto de exterminio y cuando el Estado y los actores armados reconocen que ninguna causa política, militar o económica está por encima de la dignidad humana.
Colombia no necesita una guerra más eficiente. Necesita construir las condiciones para que la guerra deje de ser el horizonte de su historia.
*docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, parte de REDIPAZ y grupo autónomo Kavilando.
________________
