La paz territorial vuelve a quedar en entredicho en el sur de Córdoba. En una denuncia pública del 27 de octubre de 2026, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR) y ASODECAS cuestionaron las amenazas de retirar beneficios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y la advertencia de recurrir a la Fuerza Pública si las comunidades impiden nuevas visitas de verificación.
Por: Alfonso Insuaty Rodríguez*
El reclamo involucra a familias campesinas de Puerto Libertador, Montelíbano, San José de Uré y Tierralta. Según las organizaciones, las comunidades cumplieron con la erradicación voluntaria de los cultivos de coca, certificada por Naciones Unidas entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, pero siguen esperando los proyectos productivos, insumos y apoyos necesarios para sostener una economía legal.
El campesinado cumplió; ¿dónde están las garantías del Estado?
El PNIS, creado a partir del Acuerdo de Paz de 2016, buscaba superar las condiciones de pobreza y marginalidad que vinculan a numerosas familias rurales con los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, sustituir sin garantizar alternativas económicas sostenibles deja a las comunidades expuestas a nuevas precariedades y a la presión de las economías ilegales.
La contradicción es evidente: mientras las familias reclaman el cumplimiento de los compromisos pactados, la respuesta institucional denunciada privilegia la vigilancia y las advertencias coercitivas. Así, una política concebida para construir confianza puede terminar profundizando la desconfianza entre el Estado y las comunidades.
La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-545 de 2023, reconoció el carácter vinculante de los acuerdos colectivos de sustitución y documentó graves deficiencias del PNIS, incluidos incumplimientos estatales, déficits presupuestales y retrasos en los proyectos productivos. También estableció que debe priorizarse la sustitución voluntaria y garantizarse el cumplimiento de las obligaciones asumidas con las comunidades.
La paz no se construye amenazando a quienes apostaron por ella.
Las organizaciones campesinas exigen diálogo, cumplimiento y garantías para sus territorios. Su denuncia plantea una cuestión de fondo: ¿cómo pedirles a las comunidades que abandonen las economías ilícitas si el Estado no garantiza condiciones dignas para reemplazarlas?
La sustitución no puede reducirse a arrancar plantas, llenar formularios y verificar compromisos campesinos. Requiere inversión pública, infraestructura, comercialización, asistencia técnica y proyectos productivos capaces de sostener la vida rural.
El incumplimiento de estos compromisos no es un asunto meramente administrativo: compromete la credibilidad del Estado y debilita la implementación del Acuerdo de Paz.
En el sur de Córdoba, las comunidades reclaman que la paz deje de ser una promesa aplazada. Cumplir lo pactado no es un favor del Gobierno: es una obligación con el campesinado y una condición indispensable para transformar los territorios que históricamente han cargado con el peso de la guerra.
Esta situación también obliga a examinar críticamente las contradicciones del actual Gobierno frente a la construcción de paz.
Cuando los compromisos del Acuerdo de 2016 se ralentizan y se obstaculizan, las comunidades son sometidas a nuevas exigencias y las reivindicaciones sociales reciben respuestas coercitivas, se debilita la confianza en el Estado y se comprometen obligaciones constitucionales e internacionales.
Para las organizaciones campesinas, el problema trasciende el PNIS, está en juego la capacidad estatal de garantizar derechos o, por el contrario, su progresivo debilitamiento frente a intereses económicos que disputan el control de los territorios. La preocupación aumenta cuando se cuestiona la soberanía sobre los recursos estratégicos y se favorecen intereses corporativos, incluidos los de capitales estadounidenses e israelíes, sin garantías suficientes para las comunidades.
Pero la paz no es propiedad de ningún Gobierno, la construyen los pueblos en los territorios, así, crece la indignación frente al incumplimiento de lo pactado, el abandono rural y la persistencia de las violencias. De allí la importancia de articular las luchas campesinas, indígenas, afrodescendientes, urbanas y populares en una movilización nacional que defienda la dignidad, la vida, la soberanía y la paz. No se trata solamente de exigir que se cumpla un acuerdo, sino de impedir que la paz territorial sea sacrificada y que quienes apostaron por ella vuelvan a quedar a merced de la guerra. Cuando el Estado incumple, la organización popular mantiene viva la paz y convierte la dignidad en acción colectiva.
*Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ y Grupo de investigación y Editorial Kavilando.
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