Más de 450 organizaciones y representantes sociales reclaman a Naciones Unidas que mantenga su respaldo a la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016. Su carta expone una contradicción central, mientras la paz se reconoce formalmente, persisten la violencia contra quienes la defienden, los rezagos institucionales y las transformaciones territoriales pendientes.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
En octubre de 2026, al cumplirse diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, más de 450 organizaciones y representantes sociales dirigieron una carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presidido entonces por la representante de Grecia, Aglaia Balta. La iniciativa constituye una expresión colectiva de preocupación ante el estado de la implementación y un llamado a mantener el compromiso internacional con la construcción de una paz estable y duradera.
Sus firmantes representan una amplia diversidad de sectores, víctimas del conflicto, comunidades campesinas, Pueblos Indígenas, sectores de la academia comprometida, comunidades afrocolombianas, organizaciones de mujeres, defensores de derechos humanos y de la naturaleza, autoridades comunitarias, sectores urbanos y organizaciones nacionales e internacionales.
Entre ellas figuran la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI-Comunes), la Coordinación Nacional de Comunidades y Pueblos Afrocolombianos (CONAFRO), INDEPAZ, WOLA y Latin America Working Group (LAWG).
Más que una solicitud diplomática, la carta plantea un problema político central ¿qué significa conmemorar diez años de un acuerdo de paz cuando continúan las violencias que debía contribuir a superar y permanecen sin resolver transformaciones fundamentales para la vida digna de las comunidades?
La paz reconocida, pero no plenamente materializada
El Acuerdo Final no fue únicamente un compromiso para silenciar los fusiles entre dos partes. También estableció obligaciones relacionadas con la transformación rural, la participación política, la solución al problema de las drogas ilícitas, los derechos de las víctimas, la reincorporación y las garantías de no repetición. Su importancia reside precisamente en haber reconocido que la superación del conflicto armado exige intervenir sobre las condiciones históricas que lo reproducen.
Sin embargo, la distancia entre los compromisos y su materialización continúa siendo uno de los principales problemas del proceso colombiano; ésta brecha no puede analizarse exclusivamente como una dificultad administrativa: requiere examinar las decisiones presupuestales, las prioridades gubernamentales, las capacidades institucionales, las disputas por la tierra y el poder territorial, así como las resistencias a las transformaciones previstas.
La negación de la paz no siempre adopta la forma de un rechazo explícito al Acuerdo, también puede expresarse en el debilitamiento de las políticas necesarias para cumplirlo, en la postergación de sus obligaciones y en la persistencia de condiciones que impiden que las comunidades experimenten cambios efectivos en sus vidas.
Esta interpretación exige distinguir entre incumplimientos verificables, limitaciones de gestión, disputas políticas y responsabilidades concretas, pero también obliga a reconocer que la paz pierde sustancia cuando sus compromisos permanecen en el papel mientras los territorios continúan sometidos a la violencia y la exclusión.
Defender la paz sigue costando la vida
Uno de los asuntos más graves expuestos en la carta es el asesinato de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. Según las cifras consignadas por sus firmantes, entre enero de 2016 y agosto de 2026 fueron asesinadas 1.777 personas pertenecientes a estos sectores, 112 de ellas durante los primeros ocho meses de 2026.
Estas cifras, que deben contrastarse con los registros de los organismos competentes, revelan la magnitud del desafío que enfrenta la construcción de paz, no basta con reconocer derechos políticos si ejercerlos implica exponerse a amenazas, desplazamientos, persecuciones o asesinatos.
La protección de quienes defienden sus territorios, reclaman derechos y promueven alternativas a la guerra constituye una condición de la democracia y de la no repetición; cuando las comunidades no pueden organizarse, deliberar y participar sin temor, la paz queda limitada por las estructuras de violencia que restringen la acción colectiva.
Por ello, la respuesta estatal no puede reducirse a esquemas individuales de protección, requiere garantías colectivas, presencia institucional efectiva, investigación y sanción de los responsables, desmantelamiento de las estructuras armadas que amenazan a las comunidades y esclarecimiento de sus posibles vínculos con redes económicas y políticas. Sin abordar esas dimensiones, la protección corre el riesgo de administrar las consecuencias sin transformar las condiciones que producen la amenaza.
Justicia, verdad y reparación bajo presión
La carta expresa al tiempo, preocupación por las restricciones presupuestales que afectarían a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Estas instituciones cumplen funciones esenciales para esclarecer responsabilidades, buscar a quienes continúan desaparecidos, reconocer a las víctimas y contribuir a la reparación. Su capacidad operativa no puede depender de disponibilidades presupuestales inciertas ni quedar subordinada a cálculos políticos de corto plazo.
La búsqueda de las personas desaparecidas constituye, además, una deuda histórica con miles de familias. La carta sitúa esta tragedia en una dimensión que se remonta a décadas de conflicto, represión y violencia sociopolítica. Cada búsqueda aplazada prolonga la incertidumbre de las familias y restringe su derecho a la verdad.
La justicia transicional no puede reducirse a un aparato judicial aislado de las transformaciones sociales. Su sentido también depende de que las verdades esclarecidas contribuyan a identificar responsabilidades, reconocer a las víctimas y establecer garantías efectivas de no repetición. Sin recursos, independencia y respaldo institucional, estos propósitos se debilitan.
La disputa por la tierra y el territorio
La Reforma Rural Integral y la Reforma Agraria ocupan un lugar central en la discusión, la concentración de la propiedad, la exclusión campesina, la precariedad de las economías rurales y la disputa por territorios estratégicos forman parte de las condiciones históricas que han alimentado el conflicto colombiano.
Por eso, la transformación rural no puede medirse únicamente mediante hectáreas registradas en informes administrativos, es indispensable distinguir entre formalización de la propiedad, adquisición de predios, incorporación de tierras al Fondo de Tierras, adjudicación efectiva y redistribución. Son procesos diferentes y ninguno, por sí solo, demuestra una transformación estructural.
El cumplimiento del Acuerdo exige examinar quién accede realmente a la tierra, en qué condiciones, con qué seguridad jurídica y con qué posibilidades de permanecer en ella. También requiere crédito, infraestructura, asistencia técnica, comercialización, educación, salud y garantías para la organización campesina.
Sin estas condiciones, la política agraria puede avanzar en sus procedimientos sin alterar suficientemente las relaciones de poder que determinan el uso y la apropiación del territorio.
La paz territorial demanda, además, reconocer que los territorios no son simples superficies disponibles para la inversión. Son espacios de vida, memoria, cultura, producción y autonomía.
Transformarlos implica escuchar a las comunidades y garantizar que puedan decidir sobre su presente y su futuro.
El Capítulo Étnico y los enfoques de género: obligaciones, no concesiones
Los firmantes advierten también sobre los rezagos en la implementación del Capítulo Étnico y de los compromisos relacionados con el enfoque de género. Estas disposiciones responden a la necesidad de reconocer que la guerra no afectó a todas las poblaciones de la misma manera y que sus impactos se relacionan con desigualdades históricas.
Los Pueblos Indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras han enfrentado despojo, confinamiento, desplazamiento y amenazas contra sus formas propias de gobierno y sus vínculos territoriales. Las mujeres, por su parte, han soportado violencias específicas y han sostenido procesos comunitarios de resistencia, cuidado y construcción de paz.
La implementación de estos enfoques no puede limitarse a la formulación de indicadores o a la inclusión nominal de poblaciones en los programas. Requiere recursos identificables, participación efectiva, reconocimiento de la autonomía y mecanismos que permitan verificar cambios concretos.
La paz será incompleta mientras las comunidades históricamente excluidas continúen soportando de manera desproporcionada los costos de la violencia y permanezcan al margen de las decisiones que afectan sus territorios.
Más allá de la militarización: transformar las condiciones de la guerra
En materia de drogas ilícitas, la carta reclama soluciones que superen las respuestas centradas en la militarización y las aspersiones químicas. El problema no puede reducirse a la erradicación de cultivos sin considerar las condiciones económicas, sociales y territoriales que llevan a miles de familias a depender de estas economías.
Las respuestas coercitivas, cuando no están acompañadas de alternativas sostenibles y garantías para las comunidades, pueden profundizar la precariedad y desplazar el problema de un territorio a otro. La transformación requiere acceso a tierra, vías, mercados, servicios públicos, ingresos dignos y participación campesina en la formulación de las políticas.
Esto no significa desconocer los daños asociados al narcotráfico ni las responsabilidades de las estructuras que se benefician de él. Significa comprender que perseguir a los eslabones más vulnerables mientras se mantienen intactas otras redes de acumulación y poder resulta insuficiente para resolver un problema de profundas dimensiones transnacionales.
La paz exige intervenir sobre las economías de guerra y las relaciones que las sostienen, no limitarse a administrar sus manifestaciones más visibles.
Naciones Unidas: acompañar, verificar y sostener los compromisos
La solicitud dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU insiste en mantener el respaldo político y operativo a la implementación del Acuerdo, incluida la continuidad de las funciones de la Misión de Verificación en Colombia.
El acompañamiento internacional ha contribuido a mantener la atención sobre compromisos fundamentales y ofrece mecanismos de seguimiento que pueden fortalecer la rendición de cuentas. Pero su alcance depende también de la voluntad de las instituciones colombianas, de la participación social y de la capacidad de convertir las recomendaciones en acciones verificables.
La comunidad internacional no puede sustituir la responsabilidad del Estado colombiano ni la capacidad de decisión de las comunidades. Su papel debe contribuir a que los compromisos asumidos se cumplan, a que las víctimas sean escuchadas y a que la paz no pierda centralidad frente a otras prioridades políticas y económicas.
La carta de las más de 450 organizaciones constituye, en este sentido, una intervención colectiva para impedir que el décimo aniversario se reduzca a una ceremonia conmemorativa desligada de las obligaciones pendientes.
La paz, un horizonte estratégico
Diez años después de la firma del Acuerdo Final, algo parece seguir igual: Colombia continúa atrapada en el laberinto de la violencia, mientras persisten las desigualdades, la exclusión y las disputas por el poder territorial. No se trata de un destino inevitable, sino de una realidad que obliga a examinar una estructura estatal que, en lugar de garantizar derechos y transformar las condiciones que reproducen la guerra, sigue mostrando límites para confrontar los intereses que sostienen el orden existente.
Una élite política y económica acumula riqueza y poder mientras amplias mayorías permanecen excluidas de las decisiones sobre el país. Son precisamente esos poderes los que resisten ser develados, cuestionados o sometidos a un Estado que garantice derechos y controle sus privilegios; prefieren un Estado servil a sus intereses. Esta disputa interna se articula con un contexto internacional que presiona por Estados subordinados a intereses corporativos, financieros y extractivos, incluso a costa de la soberanía de los pueblos.
La paz no es una concesión gubernamental ni una promesa aplazable, es un derecho de los pueblos y una construcción histórica que exige justicia, participación, redistribución y dignidad. La carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU recuerda que los compromisos institucionales son indispensables, pero insuficientes sin una sociedad organizada capaz de exigir su cumplimiento y convertirlos en transformaciones concretas.
No basta con defender el Acuerdo, hay que hacerlo realidad; esto implica fortalecer la organización popular, tejer solidaridades territoriales, proteger la vida de quienes luchan y construir una agenda común que articule las demandas campesinas, indígenas, afrocolombianas, urbanas, de las mujeres, las víctimas y la clase trabajadora. No habrá paz duradera mientras persistan el despojo, la desigualdad, la exclusión política y la negación de los derechos colectivos.
La tarea es colectiva, organizar, movilizar, investigar, formar, recuperar la memoria y convertir la participación en capacidad real de decisión. Será el pueblo, aunando fuerzas y construyendo un horizonte compartido, quien pueda retomar el rumbo y disputar las estructuras que bloquean las transformaciones necesarias.
La paz sigue siendo un horizonte estratégico, no para reconciliarnos con las injusticias que originaron la guerra, sino para transformar las condiciones que la reproducen y abrir caminos hacia una Colombia con justicia social, soberanía popular, dignidad y buen vivir. La paz no se mendiga ni se decreta, se construye desde los pueblos, se defiende colectivamente y se hace realidad transformando la sociedad.
*docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, parte de REDIPAZ e integrante grupo autónomo Kavilando.
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