Colombia atraviesa una nueva fase de degradación de las confrontaciones armadas. Los acontecimientos registrados entre finales de octubre y comienzos de noviembre de 2026 evidencian la persistencia de disputas territoriales, el uso creciente de tecnologías explosivas, el desplazamiento de comunidades y la exposición de la población civil a escenarios de violencia que comprometen sus derechos fundamentales.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
No se trata de hechos aislados, sino de manifestaciones de una conflictividad que continúa reproduciéndose en territorios históricamente excluidos.
Una geografía de la confrontación y la crisis humanitaria
Los reportes recientes permiten identificar varios escenarios de especial preocupación:
- Chocó: El 1 de noviembre, la Defensoría del Pueblo informó el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad Villa Nueva, en jurisdicción de Nuquí, como consecuencia de la disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), autodenominado Clan del Golfo, y el ELN. Otras 300 personas de Puerto Indio estarían en riesgo de desplazamiento. La emergencia se produjo después de que la entidad advirtiera el agravamiento de las condiciones de seguridad en el marco de la Alerta Temprana 009 de 2024.
A este escenario se suma el antecedente de la subregión del San Juan, donde la Defensoría documentó en agosto de 2026 enfrentamientos entre el EGC y el ELN, ataques con drones cargados de explosivos, civiles heridos y desplazamientos que afectaron a comunidades afrodescendientes e indígenas de Sipí y Nóvita.
- Planadas, Tolima: En la noche del 1 de noviembre se produjo un ataque con una volqueta cargada de explosivos en el sector residencial del municipio. Según el balance preliminar divulgado por la Defensoría el 2 de noviembre, murieron al menos cuatro personas, entre ellas una bebé de dos meses, y varias más resultaron heridas. El ataque afectó también el hospital municipal, incluida su farmacia, comprometiendo la capacidad de atención sanitaria. La entidad relacionó estos hechos con los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 016 de 2022 y con la disputa entre estructuras disidentes, en un contexto de expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del Tolima.
- Sierra Nevada de Santa Marta: La disputa entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el EGC motivó una alerta de riesgo extremo de la Defensoría en septiembre de 2026. Se advirtieron amenazas de homicidio, extorsión, desplazamiento, confinamiento y reclutamiento, con afectaciones potenciales sobre comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.
- Cauca y otros territorios: Los ataques con explosivos registrados en el corredor de El Bordo, Cauca, el 31 de octubre, y en otros municipios, muestran la continuidad de las acciones armadas contra corredores de movilidad y la exposición de la población civil. Las atribuciones preliminares sobre sus responsables deben mantenerse sujetas a verificación.
Este panorama permite advertir una transformación preocupante, las confrontaciones no solo buscan imponer control armado, sino también regular la movilidad, condicionar las actividades económicas, controlar poblaciones y disputar territorios estratégicos para economías ilegales y circuitos de extracción de recursos.
El problema de fondo: seguridad sin transformación territorial
La respuesta institucional frente a esta realidad exige algo más que anuncios de operaciones militares, despliegues de tropas y medidas coyunturales, el control territorial no equivale necesariamente a la recuperación de la soberanía estatal, particularmente cuando las comunidades continúan sometidas a extorsiones, amenazas, confinamientos, desplazamientos y ausencia de garantías para ejercer sus derechos.
La seguridad, reducida a la capacidad de neutralización militar del adversario, termina desconociendo las dimensiones económicas, políticas, sociales y territoriales del conflicto, la experiencia colombiana demuestra que el incremento de las operaciones armadas, sin transformaciones institucionales y sociales, no garantiza la superación de las estructuras que reproducen la violencia.
El problema central es cuestionar una concepción de seguridad que, si no incorpora prevención, inteligencia, justicia, protección comunitaria y garantías sociales, corre el riesgo de reproducir las condiciones que pretende superar.
Que significará para este gobierno ¿recuperar el territorio cuando las comunidades siguen sin acceso efectivo a derechos, justicia, infraestructura, educación, salud y posibilidades dignas de permanencia?
El DIH no admite excepciones: la población civil no puede ser convertida en objetivo
La degradación de las hostilidades exige recordar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) no es una consideración secundaria ni una recomendación política, es un conjunto de obligaciones jurídicas que limita la conducción de las hostilidades y protege a quienes no participan o han dejado de participar directamente en ellas.
El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y, cuando se cumplen sus condiciones de aplicación, el Protocolo adicional II de 1977 establecen garantías fundamentales para los conflictos armados no internacionales. Entre ellas se destacan:
1. Distinción: las partes deben diferenciar permanentemente entre población civil y combatientes, así como entre bienes civiles y objetivos militares.
2. Proporcionalidad: están prohibidos los ataques cuando sea previsible que ocasionen daños incidentales a civiles excesivos frente a la ventaja militar concreta y directa prevista.
3. Precaución: deben adoptarse todas las medidas factibles para evitar o reducir los daños a la población civil.
4. Protección especial: hospitales, personal sanitario, bienes indispensables para la supervivencia y comunidades civiles gozan de protección jurídica específica.
El empleo de drones con explosivos no constituye por sí mismo una infracción automática al DIH; sin embargo, su utilización debe someterse estrictamente a estas reglas, lo mismo ocurre con los artefactos explosivos improvisados y los ataques en zonas pobladas. La ubicación del objetivo, los efectos previsibles y las precauciones adoptadas son determinantes para establecer la legalidad de cada operación.
Ninguna justificación militar permite convertir a las comunidades en escudos humanos, instrumentalizar sus territorios o exponer deliberadamente a la población civil.
La salida negociada es una necesidad política y humanitaria
Colombia necesita recuperar una política de paz que no dependa exclusivamente de los ciclos gubernamentales ni de la correlación coyuntural de fuerzas, el artículo 22 de la Constitución establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. A su vez, el Acto Legislativo 02 de 2017 y la Sentencia C-630 de 2017 establecen la obligación estatal de cumplir de buena fe los compromisos del Acuerdo Final de 2016.
Esto exige recuperar los aprendizajes de los procesos de negociación, fortalecer los mecanismos de diálogo, exigir compromisos verificables a las organizaciones armadas y garantizar la participación efectiva de las comunidades, la negociación no significa impunidad ni renuncia a las obligaciones de protección del Estado. Significa reconocer que la solución de un conflicto de raíces históricas y estructurales no puede descansar exclusivamente en las armas.
Es indispensable, además, avanzar en la Reforma Rural Integral, la restitución de tierras, las garantías para las comunidades étnicas, la protección de liderazgos sociales, la sustitución de economías ilícitas y la presencia efectiva de instituciones civiles en los territorios.
La vida de los pueblos debe estar en el centro
El deterioro del orden público no puede medirse únicamente por el número de operaciones militares, capturas, bajas o territorios disputados. Debe medirse, ante todo, por la posibilidad real de que las comunidades vivan sin miedo, permanezcan en sus territorios, ejerzan su autonomía y construyan sus propios proyectos de vida.
Colombia no necesita una política de Estado capaz de desmontar las condiciones que hacen posible su reproducción.
Es importante exigir el cumplimiento del DIH a todos los actores armados, reclamar responsabilidades institucionales, defender la memoria de las víctimas y recuperar la salida política negociada, la paz no puede seguir siendo una promesa aplazada o negada, silenciada, mientras los pueblos ponen los muertos, pierden sus territorios y cargan con las consecuencias de una guerra que no han elegido.
¡La vida no se negocia, los territorios no se entregan y la paz se construye con los pueblos, con justicia social, dignidad y garantías reales de no repetición!
*docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ y grupo Kavilando.
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