La liberación de dos funcionarios del CTI y la entrega de pruebas de supervivencia de una subteniente del Ejército vuelven a poner en evidencia la persistencia del conflicto armado colombiano. El DIH obliga a todos los actores a proteger la vida y la negociación política sigue siendo necesaria más allá de las negaciones constantes de un realidad concreta.
El conflicto armado: una realidad que no depende de la voluntad gubernamental
La existencia de un conflicto armado no internacional (CANI) no depende de que un gobierno lo reconozca, lo niegue o modifique su denominación política, se determina a partir de condiciones objetivas, un nivel suficiente de intensidad de las hostilidades y un grado verificable de organización de las partes enfrentadas.
Así lo establecen el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el marco desarrollado por el Protocolo adicional II de 1977. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reitera que ambos criterios deben concurrir para determinar la existencia de un CANI. Su aplicación no concede legitimidad política ni estatus jurídico especial a las organizaciones armadas; establece obligaciones humanitarias para todas las partes.
También es necesario precisar que la privación de libertad de una persona por un actor armado no constituye automáticamente un secuestro en términos jurídicos, la calificación depende de las circunstancias, la finalidad y el marco normativo aplicable. Sin embargo, una captura o detención en el contexto de un CANI debe respetar las garantías del DIH.
La cuestión central es cómo impedir que la confrontación siga produciendo víctimas, garantizar la protección de quienes quedan bajo el poder de una parte y construir condiciones para su superación.
La liberación de los funcionarios del CTI y las obligaciones humanitarias
El 12 de noviembre de 2026, el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) entregó a una comisión humanitaria a Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes permanecían retenidos desde el 8 de mayo de 2025 en Arauca.
La entrega contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Misión de Verificación de Naciones Unidas y representantes de la Iglesia católica. Los funcionarios pudieron reencontrarse con sus familias después de aproximadamente dieciocho meses de cautiverio.
Hoy, en zona rural de Arauca, dos personas recuperaron su libertad y podrán reencontrarse con sus seres queridos. Participamos en esta operación humanitaria junto a @DefensoriaCol , Iglesia Católica, MAPP-OEA y Misión de Verificación de la ONU. https://t.co/80kLb4XYMU
— CICR Colombia (@CICR_co) November 12, 2026
Según las informaciones divulgadas, su estado de salud habría sido uno de los elementos considerados para concretar la liberación, este desenlace constituye un hecho humanitario relevante, especialmente por la intervención de organismos que hicieron posible el retorno a la libertad.
La subteniente María Camila Pantoja: pruebas de supervivencia y protección de la vida
En la misma jornada, el Frente de Guerra Oriental del ELN entregó al CICR pruebas de supervivencia de la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, retenida el 4 de noviembre de 2026 en Saravena, Arauca.
La entrega de una comunicación escrita y un registro audiovisual dirigido a su familia representa un paso importante para reducir la incertidumbre sobre su situación. Es indispensable garantizar su integridad física y psicológica, el contacto con su familia, la atención médica que requiera.
Soberanía, operaciones militares y protección de la población civil
El pronunciamiento del Frente de Guerra Oriental también formula denuncias sobre operaciones militares en zonas fronterizas y señala un presunto bombardeo de fuerzas colombianas y estadounidenses en territorio venezolano, en el que habrían muerto civiles.
Esta acusación, por su gravedad, requiere esclarecimiento independiente, es necesario establecer si ocurrió la operación denunciada, quiénes participaron, dónde se desarrolló, cuáles fueron sus objetivos y quiénes resultaron afectados.
Si se confirma una operación militar en territorio venezolano sin el consentimiento correspondiente, estaríamos ante un asunto de especial gravedad para la soberanía y el derecho internacional. Si además se demuestra que hubo víctimas civiles, deberán establecerse las circunstancias y las eventuales responsabilidades por vulneración del DIH.
En todo escenario de confrontación, los principios de distinción, proporcionalidad y precaución obligan a proteger a la población civil, ninguna operación militar puede convertir a las comunidades en objetivos ni justificar daños indiscriminados.
Sin embargo, el Frente de Guerra Suroccidental del ELN denunció que en el lugar también habrían muerto cuatro civiles quienes "permanecían retenidos por razones económicas" (secuestro) y que, según su versión, estaban próximos a ser liberados. Asimismo, señaló la muerte del comandante Américo, a quien identificó como un dirigente afrocolombiano con trayectoria comunitaria. Hechos que deben ser investigados.
Recuperar las rutas de negociación
El artículo 22 de la Constitución Política establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, no se trata de una concesión gubernamental ni de una aspiración subordinada a los cálculos electorales o militares, es un mandato constitucional que compromete al Estado y a la sociedad.
La Sentencia C-630 de 2017 de la Corte Constitucional, al examinar el Acto Legislativo 02 de 2017, reafirmó la relevancia constitucional de los compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz y su carácter vinculante para las instituciones del Estado.
La experiencia colombiana demuestra que la intensificación de las operaciones militares, por sí sola, no resuelve las causas políticas, económicas, sociales y territoriales que alimentan la confrontación, tampoco basta con instalar mesas de negociación si no existen voluntad política, garantías, participación social y mecanismos efectivos de cumplimiento.
Ante este panorama se requieren tres compromisos:
• Reconocer la realidad del conflicto y aplicar el DIH: sin ambigüedades selectivas.
• Fortalecer las garantías humanitarias: respaldar al CICR, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, las iglesias y las organizaciones sociales que facilitan liberaciones, protección y atención a las víctimas.
• Recuperar los canales de diálogo: construir condiciones para una negociación política seria, con participación de la sociedad, mecanismos de verificación y compromisos verificables de transformación territorial y social.
La liberación de Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, así como la entrega de pruebas de supervivencia de María Camila Pantoja, recuerdan que incluso en medio de la confrontación existen posibilidades de intervención humanitaria que deben fortalecerse.
Pero estos hechos también exponen la dimensión de una guerra que continúa afectando a funcionarios, combatientes y, sobre todo, a comunidades civiles atrapadas en los territorios de confrontación.
La responsabilidad humanitaria es universal, el Estado tiene obligaciones especiales de protección y garantía de derechos; las organizaciones armadas también deben respetar las normas que protegen la vida y la dignidad humana.
La paz no se construye negando el conflicto, justificando la violencia o convirtiendo el sufrimiento humano en instrumento de propaganda, se construye reconociendo la realidad, protegiendo la vida, esclareciendo las responsabilidades y abriendo caminos efectivos de transformación y negociación política.
*docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin. parte de REDIPAZ y grupo Kavilando
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