La JEP reconstruyó cómo unidades de inteligencia militar convirtieron información, vigilancia y estigmatización en instrumentos de persecución, tortura, desaparición y asesinato. No fueron hechos inconexos, la investigación identifica una estructura clandestina y una división del trabajo criminal.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
La reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), contenida en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas SUB I-L 002 del 10 de noviembre de 2026, vuelve a poner sobre la mesa una de las preguntas centrales de la historia colombiana ¿hasta dónde llegaron las estructuras estatales en la persecución y eliminación de la oposición política y de personas consideradas enemigas internas?
La Sala de Reconocimiento de Verdad llamó a ocho antiguos integrantes de unidades de inteligencia militar estratégica del Ejército Nacional a reconocer responsabilidad por crímenes cometidos en Bogotá entre 1985 y 1993. La decisión articula los casos 06, sobre el genocidio contra la Unión Patriótica (UP), y 08, sobre crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes estatales o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles.
El hallazgo central es de enorme gravedad, integrantes del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano (BINCI), posteriormente Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) y luego Brigada XX, participaron en dos patrones macrocriminales, con conocimiento de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), según determinó la Sala. No se trata, por tanto, de una reconstrucción basada exclusivamente en actuaciones individuales, sino de una investigación sobre estructuras, cadenas de mando, funciones y mecanismos que hicieron posible la repetición de los crímenes.
Dos patrones de persecución. Eiminar la oposición y neutralizar al enemigo interno
La JEP identificó un primer patrón dirigido contra dirigentes y militantes de la Unión Patriótica, estigmatización, vigilancia, seguimientos, señalamientos, amenazas y asesinatos. En este conjunto estableció 14 hechos con 18 víctimas.
El segundo patrón estuvo dirigido contra integrantes del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las FARC-EP. La Sala documentó 13 hechos con 15 víctimas, en los que se produjeron detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos. Varias de estas personas fueron capturadas cuando estaban fuera de combate, desarmadas o no participaban directamente en las hostilidades. Su pertenencia real o atribuida a una organización insurgente no eliminaba la protección que les correspondía.
La diferencia entre ambos patrones es importante, en el caso de la UP, la persecución golpeó a un partido legal, con presencia electoral, sindical y comunitaria, al que se estigmatizó como supuesto instrumento político de las FARC-EP. En el segundo, la inteligencia militar desplegó procedimientos clandestinos contra personas vinculadas a organizaciones insurgentes, incluso cuando se encontraban bajo custodia o en condiciones de indefensión. En ambos escenarios, la construcción de un enemigo interno permitió borrar límites fundamentales entre oposición política, actividad social y participación armada.
La tipología criminal: de la estigmatización al asesinato y la desaparición
La investigación permite identificar una secuencia de prácticas que conformaron el funcionamiento de esta estructura criminal:
Tipología | Descripción |
1. Estigmatización y construcción del enemigo | La UP fue presentada reiteradamente como el brazo político de las FARC-EP. La actividad electoral, sindical, comunitaria y proselitista de sus integrantes se interpretó como parte de una supuesta estrategia insurreccional. Este señalamiento no fue un simple discurso: se incorporó a documentos, informes y archivos de inteligencia, convirtiéndose en una herramienta para seleccionar y perseguir personas. |
2. Inteligencia, vigilancia y elaboración de blancos. | Las unidades recopilaron información sobre domicilios, rutinas, contactos, reuniones y relaciones políticas. La DINTE elaboró incluso un listado denominado “UP-FARC”, con 2.624 nombres. La Sala estableció que, entre 163 dirigentes y militantes de la UP registrados allí y residentes en Bogotá, 18 habían sido victimizados antes del 11 de agosto de 1994. |
3. Detenciones clandestinas y arbitrarias. | La JEP documentó los llamados “levantamientos”: detenciones realizadas sin orden judicial, sin registro y mediante agentes de civil, vehículos y métodos encubiertos. Las personas eran sustraídas de la protección de la ley y trasladadas a instalaciones militares o lugares clandestinos de cautiverio. |
4. Tortura física, psicológica y violencia sexual | La Sala identificó prácticas como ahogamientos, conocidos como “el submarino”, choques eléctricos, golpes, asfixia, lesiones con agujas y otras formas de tormento. También encontró bases suficientes para establecer que Nydia Erika Bautista fue víctima de violencia sexual durante su retención. Estas prácticas buscaban obtener información, quebrar a las víctimas y ejercer dominación y terror. |
5. Asesinato y desaparición forzada. | Algunas personas fueron ejecutadas después de ser detenidas y torturadas, cuando se encontraban en estado de indefensión. La JEP identificó diez víctimas de desaparición forzada en el segundo patrón; cinco continúan desaparecidas. La desaparición no terminó con la operación clandestina: prolongó el daño sobre las familias y mantuvo ocultos los crímenes. |
6. Encubrimiento e impunidad. | La secuencia no concluía con la desaparición o el asesinato. La Sala documentó ausencia o alteración de registros, montajes para desviar investigaciones, amenazas a sobrevivientes y familiares, hostigamientos a funcionarios y defensores de derechos humanos, interferencias en procesos judiciales y traslados o protección institucional de personal comprometido. |
Tabla: elaboración propia datos JEP (2026B)
Este último componente resulta fundamental, el encubrimiento no aparece como un hecho accesorio, sino como un mecanismo que permitió prolongar la impunidad, proteger a los responsables y obstaculizar durante décadas el acceso de las víctimas a la verdad.
Una empresa criminal y una división funcional del trabajo
Un aspecto contundente de la decisión es la reconstrucción de la estructura operativa, en este orden, la JEP determinó que los ocho comparecientes seleccionados como máximos responsables integraron una empresa criminal ejecutada desde el aparato de inteligencia militar estratégica, su funcionamiento dependió de un plan común y una división funcional del trabajo.
Las secciones de análisis identificaban y clasificaban personas; los jefes de grupo y comandantes dirigían las operaciones; los agentes de la Compañía de Operaciones Especiales (COE) realizaban vigilancias, detenciones, traslados e interrogatorios; y los mandos disponían recursos, impartían órdenes y sostenían la capacidad operativa de la estructura.
Esta distribución permitía que cada integrante cumpliera una función dentro de una cadena cuyo resultado podía ser la persecución, la captura ilegal, la tortura, el asesinato o la desaparición. La fragmentación de tareas también dificultaba identificar responsabilidades y reconstruir quién ordenaba, quién ejecutaba y quién garantizaba el encubrimiento.
Entre los ocho antiguos integrantes llamados a reconocer responsabilidad están los sargentos mayores retirados Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita; los sargentos viceprimeros retirados Julio Roberto Ortega Araque y Bernardo Alfonso Garzón Garzón; el coronel retirado Carlos Armando Mejía Lobo; el teniente coronel retirado Camilo Pulecio Tovar; el coronel retirado Óscar Diego Sánchez Vélez, y el brigadier general retirado Álvaro Hernán Velandia Hurtado.
La Sala también decidió remitir anticipadamente a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP al general retirado Iván Ramírez Quintero, por su presunta participación determinante en ambos patrones y su negativa a aportar verdad plena, esta remisión hace parte del desarrollo procesal de la investigación.
La doctrina del enemigo interno y la destrucción de la democracia
La investigación obliga a examinar críticamente la doctrina contrainsurgente que orientó estas prácticas, la JEP encontró que ciertos sectores de la inteligencia militar interpretaron la movilización estudiantil, sindical, campesina, cívica y popular, junto con la expansión de las guerrillas, como componentes de un mismo proceso insurreccional.
El Reglamento de Combate de Contraguerrillas de 1987 recogía una concepción de la insurrección que incluía un frente armado y otro civil, bajo esa lectura, organizaciones políticas y movimientos sociales eran considerados instrumentos de desestabilización, así se desdibujaba la frontera entre la oposición legal, la protesta y la insurgencia armada.
La Unión Patriótica encarna dramáticamente las consecuencias de esa operación política e institucional, un partido surgido en el contexto de los diálogos de paz y la apertura democrática terminó señalado como enemigo interno, la estigmatización convirtió la participación política en un factor de riesgo y contribuyó a crear condiciones para la persecución y el exterminio de sus integrantes.
La JEP advierte, además, que la violencia contra la UP no puede atribuirse exclusivamente a la Brigada XX, la evidencia apunta a la participación de grupos paramilitares, integrantes del DAS, miembros de la Policía y otras unidades militares. La inteligencia estratégica tuvo un papel central en producir, consolidar y circular información, reforzar los señalamientos y, en determinados hechos, intervenir directamente en la selección y victimización de integrantes del partido.
La dimensión democrática de estos crímenes es ineludible: no solo se asesinaron personas, también se atacó la posibilidad de construir oposición, disputar el poder por vías electorales y participar en la vida pública sin temor a ser perseguido.
La memoria no puede quedar enterrada, la verdad debe conducir a la NO repetición
La investigación se apoyó en 23 versiones voluntarias de antiguos integrantes de inteligencia militar, nueve declaraciones bajo juramento, 17 expedientes de la justicia ordinaria, penal militar y disciplinaria, y el análisis de archivos de la Brigada XX, también incorporó los testimonios de 37 víctimas escuchadas en julio de 2026. Este acervo permite reconstruir responsabilidades que durante décadas permanecieron fragmentadas, negadas o encubiertas.
La Sala ordenó a los comparecientes entregar información y un plan para contribuir a la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas, la medida involucra la articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Fiscalía, Medicina Legal y otras instancias. La verdad sobre los desaparecidos no puede reducirse a un expediente: es una obligación con las familias que llevan décadas buscando a sus seres queridos.
Los ocho comparecientes cuentan con un plazo de 15 días hábiles para manifestar si reconocen verdad y responsabilidad o controvierten lo establecido por la Sala, si reconocen y aportan verdad, el proceso podrá avanzar hacia una resolución de conclusiones y la eventual imposición de sanciones propias, si no reconocen responsabilidad, sus casos podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación para el trámite adversarial correspondiente.
Lo revelado por la JEP interpela las formas en que se concibe hoy la seguridad, el tratamiento de la oposición política y la relación entre inteligencia estatal, protesta social y control territorial.
Cuando la estigmatización convierte a comunidades y organizaciones en amenazas, cuando se confunde disenso con insurgencia y cuando la clandestinidad sustituye el control judicial, se abren espacios para la repetición de graves violaciones.
La paz exige desmontar esas lógicas, garantizar controles civiles y judiciales efectivos sobre los organismos de inteligencia, esclarecer las responsabilidades de mando, reparar a las víctimas y asegurar que ninguna estructura estatal vuelva a utilizar sus capacidades para perseguir a quienes piensan distinto.
La memoria de la Unión Patriótica es una advertencia para la democracia colombiana, un Estado que convierte la oposición en enemigo y la inteligencia en instrumento de persecución termina destruyendo las garantías que justifican su propia existencia.
Sin verdad, justicia y garantías reales de NO repetición, la paz seguirá siendo una promesa bajo amenaza.
*docente investigador Universidad de San Buenaventura, parte de REDIPAZ, ingegrante grupo autónomo Kavilando.
Referencias:
JEP (2026A). La JEP llama a ocho antiguos integrantes del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), luego Brigada XX, a reconocer responsabilidad por crímenes contra la Unión Patriótica y personas integrantes de grupos guerrilleros en Bogotá entre 1985 y 1993. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/la-jep-llama-a-ocho-antiguos-integrantes-del-comando-operativo-de-inteligencia-y-contrainteligencia-coici-luego-brigada-xx-.aspx
JEP (2026B) Auto_SRVR-SUB-I-L-002-ADHC-CASO-06-CASO-08_10-noviembre-2026. Sala o Sección: S - Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas . Macrocaso: Caso 006 / Caso 008. Procedimiento: auto de determinación de hechos y conductas (adhc) / procedimiento dialógico. https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto_SRVR-SUB-I-L-002-ADHC-CASO-06-CASO-08_10-noviembre-2026.pdf
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