Homicidios, líderes asesinados, presuntas ejecuciones extrajudiciales, violencia policial y presiones a la prensa dibujan un panorama inquietante en Colombia. ¿Se está construyendo una política de seguridad que sacrifica derechos y garantías fundamentales en nombre del espectáculo mediático?

Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
Los primeros cien días del gobierno de Abelardo de la Espriella, transcurridos entre el 7 de agosto y el 14 de noviembre de 2026, dejan un balance que obliga a examinar con rigor más allá de los anuncios sobre ofensivas militares, capturas y resultados operacionales. El informe Mucho camuflado, poca protección, elaborado por el Observatorio sobre el Costo Humano de la Guerra de la Corporación Justicia y Dignidad y la Corporación Justicia y Democracia (2026), documenta la persistencia de graves afectaciones a la población civil, a los liderazgos sociales y a quienes participan o han participado en procesos de paz.
La metodología del estudio consolida información proveniente de fuentes oficiales, organismos de control, instituciones judiciales, organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación. El Observatorio registra la fecha, el lugar, las circunstancias, los posibles responsables y el estado de las investigaciones, diferenciando entre hechos confirmados, datos preliminares y denuncias pendientes de verificación. Este rigor metodológico resulta fundamental: si bien las cifras permiten identificar tendencias y formular preguntas clave, no todas las categorías cuentan con el mismo grado de certeza ni deben sumarse como si constituyeran hechos equivalentes (Corporación Justicia y Dignidad & Corporación Justicia y Democracia, 2026).
El costo humano de la guerra
De acuerdo con el informe, durante el periodo analizado se registraron 3.151 homicidios en el país. De estos, 515 fueron atribuidos a ataques directos de grupos armados organizados y 26 ocurrieron en medio de enfrentamientos entre dichas estructuras. Asimismo, el documento reporta el asesinato de 35 integrantes de la Fuerza Pública y la muerte de 127 miembros de organizaciones armadas en el marco de operaciones militares (Corporación Justicia y Dignidad & Corporación Justicia y Democracia, 2026).
La violencia también ha impactado de manera crítica a quienes ejercen liderazgos comunitarios y a los firmantes del Acuerdo de Paz. El Observatorio documentó el asesinato de 44 líderes sociales y ocho firmantes de paz, además de 19 masacres que cobraron la vida de 62 víctimas. A este panorama se suman 111 ataques armados registrados por la Fundación Paz y Reconciliación y 62 hostigamientos directos contra la Fuerza Pública (Corporación Justicia y Dignidad & Corporación Justicia y Democracia, 2026).
Otro aspecto sumamente delicado concierne a los resultados de las operaciones militares y policiales. El informe identifica 119 personas muertas en 27 operaciones, sobre las cuales persisten severas dudas respecto a la identidad y condición de varias de las víctimas; en específico, si se trataba de combatientes de estructuras armadas, civiles o menores de edad reclutados forzosamente. Adicionalmente, el documento recoge cinco denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales y tres por presuntos abusos de autoridad atribuibles a la Fuerza Pública (Corporación Justicia y Dignidad & Corporación Justicia y Democracia, 2026).
Estas cifras adquieren mayor claridad al ser contrastadas con el balance del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz, 2026), que para el mismo periodo (7 de agosto al 15 de noviembre) documentó 45 líderes sociales asesinados, ocho firmantes de paz víctimas de homicidio, 26 masacres con un saldo de 87 víctimas y seis denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales. Indepaz enfatiza que estos hechos no pueden atribuirse de manera automática ni exclusiva a la gestión del actual Gobierno, pues responden a dinámicas territoriales y estructuras de violencia preexistentes; no obstante, subraya que el Estado mantiene la obligación constitucional ineludible de prevenir, proteger e investigar (Indepaz, 2026).
La preocupación se acentúa al analizar los índices de violencia policial. La organización Temblores ONG (2026), a través de su plataforma GRITA, informó que durante los primeros tres meses de la actual administración se registraron cuatro casos de violencia policial homicida, en comparación con los tres casos documentados a lo largo de todo el año 2025. Entre las víctimas se encuentran Donovan Balanta y Luis Alfredo Echeverry, dos hombres afrodescendientes que perdieron la vida en procedimientos policiales ocurridos con tan solo una semana de diferencia (Temblores ONG, 2026).
El caso de Donovan Balanta reviste especial gravedad. Conforme a las investigaciones en curso, la víctima habría sido sometida a agresiones físicas y descargas eléctricas mientras se hallaba bajo custodia policial, hechos por los cuales cuatro uniformados fueron capturados e imputados por homicidio y tortura agravados (La Silla Vacía, 2026; Mutante, 2026). Si bien estas actuaciones procesales no constituyen una condena firme, evidencian la urgencia de esclarecer las responsabilidades penales e institucionales. De igual modo, el deceso de Luis Alfredo Echeverry por un impacto de arma de fuego en medio de un operativo en Villa Rica, Cauca, exige una investigación exhaustiva sobre la proporcionalidad y el uso legítimo de la fuerza (La Silla Vacía, 2026; Mutante, 2026).
🚨MILAGRO QUE TÚ NO HACES 100 días del gobierno de @ABDELAESPRIELLA. En @TembloresOng presentamos un informe sobre violencia policial, militarización, guerra contra las drogas y amenazas a los ddhh ¿Qué hay detrás del espectáculo de la mano dura? 📄https://t.co/gYTw0DAAr9 HILO https://t.co/neUjmH2g8Y
— Temblores ONG 🐘 (@TembloresOng) November 17, 2026
¿Qué pasa con la formación de la policía?. Las denuncias sobre tratos crueles y violencia policial exigen una revisión minuciosa de los mecanismos de control interno, la formación en derechos humanos, los protocolos de uso de la fuerza y los mensajes emitidos desde la cúpula del poder político. La historia reciente de Colombia demuestra el devastador impacto de una doctrina de seguridad centrada en la maximización de conteos de bajas sin los debidos controles; los denominados «falsos positivos» no pueden repetirse bajo ningún pretexto de eficacia u orden.
La seguridad convertida en espectáculo
El informe de la Corporación Justicia y Dignidad y la Corporación Justicia y Democracia (2026) reporta además 131 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, 10.622 personas en situación de desplazamiento forzado y 21.482 bajo confinamiento. El conflicto armado no solo se manifiesta en confrontaciones directas: destruye el tejido social, fractura núcleos familiares, interrumpe la escolaridad, anula los medios de subsistencia y restringe severamente la libertad de movilidad de comunidades enteras, limitando además el acceso indispensable a servicios de salud, alimentación y protección (Corporación Justicia y Dignidad & Corporación Justicia y Democracia, 2026).
En este entorno, resulta preocupante que ciertos operativos de gran escala parezcan orientados tanto a la producción de impactos publicitarios como a la consecución de metas judiciales y estratégicas de largo plazo. Un ejemplo de ello fue la denominada Operación Némesis, desplegada en Cúcuta el 4 de noviembre de 2026 y liderada directamente por el presidente de la República, la cual fue presentada inicialmente con un balance de 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones (Presidencia de la República de Colombia, 2026). Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación precisó que el saldo consolidado ascendió a 111 capturas —42 mediante orden judicial previa y 69 en flagrancia— en diligencias efectuadas en diversos municipios y comunas (El Espectador, 2026a).
Si bien el combate al crimen organizado es un deber imperativo del Estado para garantizar la tranquilidad ciudadana, una captura no equivale a una sentencia condenatoria ni una imputación demuestra culpabilidad por sí sola. La exposición mediática de detenidos no sustituye el debido proceso. En las declaraciones oficiales relativas al operativo se emplearon términos que catalogaban explícitamente a las personas capturadas como delincuentes, vulnerando la garantía constitucional de la presunción de inocencia, cuya determinación corresponde de manera exclusiva a la rama judicial (El Espectador, 2026a; Presidencia de la República de Colombia, 2026).
La cuestión de fondo radica en establecer si este tipo de intervenciones responden a investigaciones sólidas, labores de inteligencia verificable y objetivos orientados al desmantelamiento estructural de las redes criminales, o si obedecen primordialmente a la generación de titulares y demostraciones simbólicas de autoridad. La espectacularización de la seguridad puede brindar una percepción pasajera de control, pero no asegura la reducción sostenida de los índices delictivos ni la reconstrucción de la confianza institucional.
La efectividad de la política de seguridad no debe evaluarse por la cantidad de detenciones expuestas ante la opinión pública, sino por el apego estricto a la legalidad en los procedimientos, la solidez del material probatorio, la firmeza de las decisiones judiciales, la protección efectiva de la población civil y la transformación de las causas estructurales de la violencia.
La prensa bajo presión
Sumado a lo anterior, se evidencia un claro deterioro en las garantías para el ejercicio del periodismo independiente. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP, 2026a) documentó 95 agresiones contra comunicadores y medios de comunicación entre el 7 de agosto y el 12 de noviembre, entre las que destacan 35 amenazas directas y el asesinato del periodista Julián Hincapié en Anorí, Antioquia. De igual forma, la entidad registró cinco acciones de acoso judicial promovidas por el mandatario (tres durante la contienda electoral y dos en el ejercicio del cargo) (FLIP, 2026a).
La FLIP (2026a) cuestionó además los alcances de la Directiva Presidencial 01, instrumento mediante el cual se centralizó la vocería institucional y se dispusieron trámites de autorización previa para conceder entrevistas o brindar información pública. Diversos periodistas han señalado la implementación de formularios de registro, trabas en el acceso a fuentes oficiales y tratos discriminatorios fundados en posturas editoriales (FLIP, 2026a).
La situación de los medios públicos también genera preocupación. La FLIP (2026a) advirtió sobre la suspensión de las transmisiones en las veinte Emisoras de Paz y en frecuencias descentralizadas de la Radio Nacional de Colombia, así como el desplazamiento de contenidos periodísticos locales por barras de programación centralizadas, afectando el derecho de las comunidades de las regiones a informarse sobre sus propias realidades.
Uno de los hechos de mayor gravedad concierne a la asignación de la publicidad estatal. El 12 de noviembre de 2026, Carlos Suárez Rojas, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y estratega político del Gobierno, manifestó públicamente en sus redes sociales que ciertos medios críticos eran aquellos «a los que el Presidente ordenó dejar sin pauta». Tanto la FLIP (2026b) como la organización El Veinte manifestaron que, de comprobarse dicha instrucción, se incurriría en el uso arbitrario de recursos públicos condicionado a la línea editorial de los medios, práctica prohibida que constituye una modalidad indirecta de censura (El Espectador, 2026b; FLIP, 2026b).
La FLIP (2026a) mencionó de igual modo la cancelación del espacio radial Mañanas Blu, conducido por las periodistas Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo, y la no renovación del contrato del caricaturista Vladdo en Noticias RCN. No obstante, el organismo aclaró que no cuenta con elementos de prueba para atribuir directamente tales decisiones de las directivas privadas al Poder Ejecutivo. Esta distinción resulta sustancial: no se trata de adjudicar automáticamente cualquier decisión empresarial al Gobierno, sino de advertir cómo un clima de estigmatización y condicionamiento económico promueve entornos propicios para la autocensura (FLIP, 2026a).
Debe examinarse también la responsabilidad de ciertos sectores de la prensa corporativa que han dejado de lado su papel de contrapeso crítico frente al poder público. La alta concentración de la propiedad de los medios, los intereses corporativos cruzados y la dependencia financiera del gasto publicitario pueden lesionar la independencia informativa. Un periodismo que asume acriticamente la narrativa oficial o invisibiliza debates de interés público desatiende su cometido constitucional. El periodismo ético no responde a los intereses del gobierno de turno, sino al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz e imparcial.
¿Qué Estado se está configurando?
La confluencia de estas variables plantea un dilema de fondo: ¿se está consolidando una estrategia de seguridad enmarcada en el Estado social de derecho, o se transita hacia una concepción del poder que personaliza las decisiones, instrumentaliza la fuerza pública en clave mediática y debilita los contrapesos democráticos?
Más allá de etiquetas conceptuales, es indispensable analizar los rasgos que sugieren un sesgo autoritario: presiones vertidas sobre la prensa, trabas para acceder a la información pública, posible direccionamiento punitivo de la pauta oficial, estigmatización de la crítica, exhibición punitiva de personas sin condena e ineficacia en el juzgamiento de excesos estatales. La coincidencia de estos elementos afecta directamente la calidad de las instituciones democráticas.
Un modelo fundamentado predominantemente en despliegues policiales y militares de alto impacto efectista puede rendir réditos de opinión en el corto plazo, pero resulta ineficaz para garantizar la paz, reducir de forma sostenible la criminalidad y consolidar la legitimidad institucional. El menoscabo de las garantías procesales y de la libertad de prensa termina por hacer porosa la base misma del orden constitucional.
Fenómenos como el reclutamiento forzado de menores, el desplazamiento y el confinamiento no se neutralizan de forma exclusiva mediante el uso de la fuerza, requieren intervenciones integrales en materia de educación, salud, desarrollo social, protección comunitaria y justicia en los territorios, acompañadas del desmantelamiento de las economías ilícitas. La verdadera seguridad emana de la presencia estatal social, no únicamente de la capacidad disuasiva de las armas.
Es responsabilidad prioritaria del Estado proteger la vida de la población civil, velar por la integridad de los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, investigar los delitos con celeridad, identificar con dignidad a las víctimas fatales del conflicto y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. De igual manera, debe asegurar las condiciones para que el periodismo se ejerza sin amedrentamientos y garantizar una administración transparente y neutral de los recursos públicos.
La cuestión central no estriba en si la sociedad colombiana necesita seguridad, necesidad evidente e inaplazable, sino en determinar qué modelo de seguridad se está implementando, a quiénes beneficia y a qué costo institucional. Un Estado democrático no acredita su solidez mediante la exhibición mediática de procesados o el acallamiento de las voces disidentes, sino garantizando la efectividad de los derechos humanos, respetando el debido proceso y transformando las causas históricas de la violencia.
Mucho camuflado, poca protección constituye una reflexión crítica sobre el horizonte político e institucional del país. Una seguridad al margen de las garantías fundamentales deriva en arbitrariedad; el ejercicio del poder sin contrapesos degenera en abuso; y una sociedad desprovista de una prensa libre pierde el instrumento esencial para fiscalizar el poder. Esos son los límites infranqueables que una democracia debe preservar.
*docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ. Integrante grupo autónomo Kavilando.
Referencias
Corporación Justicia y Dignidad, & Corporación Justicia y Democracia. (2026). Mucho camuflado, poca protección: Informe sobre el costo humano de la violencia en los primeros cien días del gobierno de Abelardo de la Espriella (7 de agosto–14 de noviembre de 2026). Observatorio sobre el Costo Humano de la Guerra. https://www.instagram.com/p/Dfxh9lSmJUL/
El Espectador. (2026a, 4 de noviembre). Operativo en Cúcuta deja 111 capturados: De la Espriella anuncia nueva estrategia militar. https://www.elespectador.com/judicial/operativo-en-cucuta-deja-109-capturados-de-la-espriella-anuncia-nueva-estrategia-militar/
El Espectador. (2026b, 13 de noviembre). FLIP denuncia que Gobierno De la Espriella asigna pauta según el cubrimiento de los medios. https://www.elespectador.com/judicial/flip-denuncia-que-gobierno-de-la-espriella-asigna-pauta-segun-el-cubrimiento-de-los-medios/
Fundación para la Libertad de Prensa. (2026a, 15 de noviembre). 100 días de De la Espriella: el Gobierno incumple sus compromisos con la libertad de prensa. https://www.flip.org.co/pronunciamientos/100-dias-de-de-la-espriella-el-gobierno-incumple-sus-compromisos-con-la-libertad-de-prensa
Fundación para la Libertad de Prensa. (2026b, 13 de noviembre). Uso discriminatorio de la publicidad oficial como mecanismo de censura indirecta. https://www.flip.org.co/pronunciamientos/uso-discriminatorio-de-la-publicidad-oficial
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. (2026, 15 de noviembre). 100 días: el costo humano de la violencia. Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades. https://indepaz.org.co/100-dias-el-costo-humano-de-la-violencia/
La Silla Vacía. (2026, 12 de noviembre). El silencio de De la Espriella ante los abusos de la fuerza pública envía señales de permisividad. https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-la-paz/el-silencio-de-de-la-espriella-ante-los-abusos-de-la-fuerza-publica-envian-senales-de-permisividad/
Mutante. (2026, 11 de noviembre). ¿Qué hay detrás de la violencia policial en Colombia?https://mutante.org/contenidos/que-hay-detras-de-la-violencia-policial-en-colombia/
Presidencia de la República de Colombia. (2026, 4 de noviembre). Operación Némesis contra la criminalidad en Cúcuta, liderada por el Presidente De La Espriella, deja balance preliminar de 109 delincuentes capturados. https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Operacion-Nemesis-contra-la-criminalidad-en-Cucuta-liderada-por-el-Presidente-De-La-Espriella-deja-balance-261104.aspx
Temblores ONG. (2026, noviembre). Plataforma GRITA: registro de violencia policial homicida durante los primeros tres meses del gobierno de Abelardo de la Espriella. Publicación en redes sociales de Temblores ONG.
__________














