Por: Frente Amplio por la Paz, Red Universitaria por la Paz, Constituyentes por la Paz.
Durante el periodo comprendido entre el 20 de julio y el 20 de septiembre no se evidenciaron violaciones por parte de las FARC – EP del cese al fuego unilateral decretado por esta organización insurgente, el 20 de julio.
Veeduría que se realizó en los departamentos de Risaralda, Caldas, Chocó, Antioquia y Córdoba. Sin embargo, hay denuncias de bombardeos por parte de la Fuerza Pública, al igual que presencia paramilitar con la aquiescencia, apoyo, tolerancia o anuencia de la Brigada 15 del Ejército Nacional. Estos hechos restan credibilidad al compromiso del gobierno y ponen en peligro el desescalamiento del conflicto armado.
Fue materia de análisis para la Veeduría el compromiso de las FARC-EP, de cesar toda acción de carácter ofensivo contra las fuerzas armadas del Estado y la infraestructura pública y privada. Y por parte del gobierno nacional el cese de bombardeos a concentraciones de dicha insurgencia. En ese camino en los casos en que se presenten enfrentamientos defensivos u ofensivos de esta guerrilla contra cualquier estructura paramilitar, no se configuran violaciones al cese al fuego unilateral, porque este aplica solo para las fuerzas oficiales del Estado y esa organización rebelde.
Consideramos que las operaciones ofensivas de las Fuerzas Militares pueden generar enfrentamientos con las FARC-EP, ya que el campo de operaciones militares tiene límites lógicos, por lo que es posible que esta insurgencia se vea obligada a hacer uso del derecho a la legítima defensa que se reservó en el decreto del cese al fuego unilateral desde el 20 de julio. De darse ese tipo de enfrentamientos, éstos no configurarían para ninguna de las partes incumplimiento alguno, sino que sería una consecuencia de la política equivocada de dialogar en medio de la confrontación armada.
Es de afirmar que a la comisión de Veeduría Humanitaria del Conflicto Armado, han llagado denuncias de bombardeos y de patrullajes conjuntos de tropas del Ejército con grupos paramilitares, como los ocurridos la noche del 12 de septiembre, cerca de las comunidades Isleta y Vegáez (Río Arquía, municipio Vigía del Fuerte, Antioquia), tras los cuales se produjeron combates, casos que son materia de verificación. De ser confirmadas dichas denuncias, configurarían una violación del cese de bombardeos por parte de la Fuerza Pública, decretado por el Gobierno Nacional el 25 de julio del presente año. Esto implicaría la pérdida de confianza en los acuerdos de desescalamiento anunciados por el presidente de la República y un mensaje equivocado a la ciudadanía, una resta a la credibilidad en el proceso.
Por otro lado preocupa a la Veeduría, que la ideología y la estrategia paramilitar sigan intactas, porque así hayan cambiado de nombre, son una amenaza al proceso. Esas estructuras siguen activas y constituyen la más grande amenaza para una paz estable y duradera.
Así mismo, la situación de las cárceles colombianas con su alto hacinamiento y las condiciones de privación de la libertad de los integrantes de los grupos insurgentes, y las prácticas que se presentan en los centros carcelarios, rayan con flagrantes violaciones a los derechos humanos, en especial las referidas a la normatividad vigente relacionada con los tratos crueles y degradantes.
En este punto, es importante remitirse a las cifras oficiales que reposan en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, ente gubernamental que depende del Ministerio de Justicia y es el encargado de la custodia de las personas que son recluidas en los establecimientos de orden nacional (ERON).
En el último estudio realizado por la Oficina Asesora de Planeación en su Grupo de Estadística en el mes de marzo de 2015, nos indica que a 31 de marzo en Colombia se registraban 165.160 personas privadas de la libertad. A cargo del INPEC 161.383 (97.7%) y las restantes 3.777 (2,3%) bajo la custodia y responsabilidad de los entes territoriales, comandos de Fuerza y Dirección General de la Policía Nacional.