Genocidio contra la Oposición en Colombia. Matanza de Personas Líderes Sociales y Defensoras de los DDHH

Genocidio contra la Oposición en Colombia. Matanza de Personas Líderes Sociales y Defensoras de los DDHH 

[i]

John Freddy Caicedo-Álvarez[ii]. y Jenny Marlody Arias Durán[iii].

Algunas personas cultivaron la esperanza de no tener que seguir asistiendo a sepultar a familiares, amigos y compañeros de lucha. La apertura de un proceso de paz en el año 2011, la firma de un acuerdo de paz en el año 2016, parecían ser asidero para esa esperanza. Los mismos datos sobre el comportamiento del conflicto, podrían falsamente, presentarse como respaldo a ese sueño de ver a la gente que uno ama, morirse de vieja. En junio de 2018 la Fundación Heinrich Böll Oficina[iv] exponía:

Ha disminuido en más del 98 % el número de combatientes heridos y/o amputados (soldados, guerrilleras y guerrilleros) que llegaban a los hospitales del país y, en consecuencia, el dolor de familiares y comunidades que padecieron los rigores del conflicto (2018, p. 3).

Esas cifras sin embargo, no son muestra del fin del desangre. Ciertamente los procesos de paz pueden ser una buena noticia para un país, mucho más cuando el conflicto armado que se ha vivido ha sido de unas dimensiones territoriales y temporales tan amplias como el de Colombia. Sin embargo, las soluciones son parciales cuando el cese de hostilidades de un proceso de paz atiende solo el componente militar, ignorando las dimensiones de lo político, lo socio-económico, lo cultural y lo ambiental, que también atraviesan sus dinámicas. Por ello, en Colombia hoy no debemos hablar de posconflicto, incluso, es cada vez más errático hablar de pos acuerdo, porque los mismos acuerdos han sido modificados por las fuerzas políticas de la extrema derecha instalada en los poderes ejecutivo, judicial y legislativo.

La guerra continúa con su aura de sufrimiento y dolor, porque en Colombia más allá de la confrontación entre las insurgencias armadas y las fuerzas estatales y paramilitares, la crudeza del conflicto político, social y armado, ha atacado a las comunidades organizadas y a los movimientos sociales. Los discursos justificantes de la represión han tenido diferentes etiquetas, de los años cincuenta a los ochenta se acudió a la denominada guerra contra el comunismo, ruante los años ochenta y noventa se acuñó la expresión guerra contra las drogas y en las últimas dos décadas, el eufemismo para legitimar la persecución ha sido el de lucha contra el terrorismo y el narcoterrorismo. En todos esos discursos, se ha inventado un enemigo, durante todas las últimas seis décadas se ha perseguido a la oposición, tanto a la de revolucionaria liberal y de izquierda, como a la democrática de izquierda y demócrata.

Hoy la política y el poder de muerte que gobierna Colombia, se ensaña contra las personas líderes sociales y defensoras de DDHH y ex guerrilleros de FARC – EP firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación. Esta reflexión se plantea que tales crímenes, corresponden a la perpetración de un genocidio contra la oposición en Colombia. Ante la dimensión de la política de represión, se indican al final, algunas ideas para enfrentarla.

El Carácter de la Matanza: Genocidio.

Lo que está sucediendo en los últimos años, no es un fenómeno nuevo, responde a una política de Estado que investigadores como Javier Giraldo s.j. ha denominado modelos de represión (1994): 1. Una represión política centralizada e institucional, donde las detenciones arbitrarias, las torturas y los juicios sumarios eran las formas predominantes de acción; 2. La represión paramilitar, cuando se multiplicaron las organizaciones paramilitares, integradas a los carteles de narcotraficantes, donde el asesinato y la desaparición forzada de opositores políticos y activistas populares, son los instrumentos de represión; 3. La combinación de los modelos 1 y 2 y la progresiva "judicialización del conflicto armado”, que integra paramilitarismo y régimen de excepción, manteniendo la guerra sucia y ampliándola a los escenarios del sistema judicial, primero al amparo del Estado de Sitio y, con la nueva Constitución, a la sombra del Estado de Conmoción Interior.

El trabajo de seguimiento a la realidad enfrenta permanentemente una disputa entre la imagen de Colombia y la realidad que se vive en Colombia. El Estado y las Oligarquías que hegemonizan el poder del mismo, se sirven de sus agencias de información para instalar la idea de una democracia víctima de la violencia terrorista de las mafias y de las narcoguerrillas, así ante la comunidad internacional y la opinión pública nacional, el Gobierno de Colombia y su Estado son una democracia bajo ataque. Para Javier Giraldo (1994) la imagen de una democracia víctima de los violentos ha sido construida por medio del ocultamiento de la represión estatal y paraestatal y de la visibilización mundial, sobre todo de la violencia adscrita al narcotráfico.

Ante tal falsedad comunicativa, los organismos no gubernamentales de derechos humanos han emprendido labores de investigación autónomas con los respectivos esfuerzos de construir marcos de referencia teórica y metodológica, discerniendo sobre causas e indicios a partir de zona, coyuntura, actores, víctimas, métodos criminales. Así han podido denunciar los modelos de represión y la relación entre crecimiento militar contrainsurgente, configuración de un sistema de justicia como arma de guerra, persecución a la protesta social, paramilitarismo, política antidrogas, corrupción y capitalismo legal y mafioso.

Si bien no es fácil señalar directamente la responsabilidad de los distintos gobiernos, el poder judicial y el congreso de planear masacres, asesinatos, desapariciones, torturas y otros crímenes, si existen investigaciones que demuestran la relación directa entre funcionarios públicos de los distintos poderes y estamentos, como de integrantes de los gremios económicos más poderosos del país, incluidos los cárteles de la mafia. A ello, es imprescindible sumarle un análisis sobre la responsabilidad del Estado, pues ningún análisis estructural y de mediano y largo plazo resiste el argumento de que la única responsabilidad es pasiva y de omisión o de manzanas podridas.

Una mirada crítica y sistemática de la guerra sucia, permite rastrear hechos continuos de participación de las más altas jerarquías de las fuerzas armadas en el accionar paramilitar y en la ejecución de crímenes atroces, de la mano de estrategias políticas orientadas a beneficiar a las oligarquías nacionales, a las mafias de la cocaína y otros cultivos de uso ilícito, a las clientelas corruptas y a las empresas transnacionales.

La impunidad es la columna vertebral de la criminalidad del Estado en Colombia y el mecanismo más eficaz para que las violaciones más graves contra la vida y la dignidad humanas continúen siendo prácticas de rutina de numerosos agentes del Estado (Giraldo, 1994, p. 9).

Según Lemkin (1944), el genocidio es un plan coordinado que tiene el objetivo de destruir las bases esenciales de la vida de un grupo nacional, en esa medida, la muerte de individuos se cometen en tanto las personas atracadas son parte del grupo que se busca destruir. La Organización de las Naciones Unidas (1946, 1948)[v], asocia el genocidio con la negación del derecho a la existencia de grupos enteros, de ahí que las violencias contra grupos sociales, religiosos, políticos o de otro tipo, están orientadas a la destrucción total o parcial de un grupo humano.

La Resolución 53/144 del 8 de marzo de 1999, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su artículo primero refiere “el derecho de todas las personas a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, tanto de forma individual como colectiva”, de acuerdo a ello la OACNUDH define:

Defensor y Defensora es aquella persona que se dedica a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, tanto de forma individual como colectiva.

Considerando los gravísimos hechos que se presentan sistemáticamente contra las personas líderes sociales y defensoras de DDHH en Colombia, todas ellas asociadas a procesos organizativos comunitarios, étnicos, políticos, religiosos, de mujeres y de otro tipo, sin duda, podemos sostener que en Colombia continua en curso un genocidio contra las comunidades organizadas y asociadas a procesos de resistencia al capitalismo, el racismo, el patriarcado y el desarrollismo.

 La Dimensión de la Matanza

En julio de 2019, INDEPAZ, presentó la siguiente información en relación a la persecución contra “personas líderes sociales y defensoras de DDHH y ex guerrilleros de FARC – EP firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación”

Tabla No. 1

Asesinatos de Personas líderes sociales y defensoras de DDHH y ex guerrilleros de FARC – EP

Entre el 24 de noviembre de 2016 (Firma del Acuerdo de Paz) y el 20 de julio de 2019

Elaboración propia. Fuente: INDEPAZ.

Sumando a lo anterior, diez (10) casos de desaparición forzada y diecinueve (19) tentativas de homicidio contra de ex guerrilleros de FARC – EP.

Tabla No. 2

Asesinatos de Personas líderes sociales y defensoras de DDHH y ex guerrilleros de FARC – EP

Entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de julio de 2019

Elaboración propia. Fuente: INDEPAZ.

Del doloroso total de 738 personas líderes sociales y defensoras de DDHH asesinadas en Colombia entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de julio de 2019, según el trabajo de registro y memoria adelantado por la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ:

                                    Elaboración propia. Fuente: INDEPAZ.

Al 28 de febrero de 2020, Marcha Patriótica – Cumbre Agraria Campesina y Popular – INDEPAZ, presentaron otro informe[vii], en el cual expresan.

Desde que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP hasta el 20 de febrero de 2020, 817 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia (21 en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018, 253 en el año 2019 y 53 en el año 2020) (2020, p.8).

Así mismo, advierten que los “conflictos agrarios por tierra, territorio y recursos naturales representan el 75.17 % de los homicidios” (Indepaz y otros, 2020, p. 14). El 21 de marzo de 2020, en el periódico El Espectador, bajo el titular Los homicidios contra líderes sociales ocultos por la peste del coronavirus[viii], el Equipo Redacción Colombia de este medio de comunicación escrita expuso.

Desde el 6 de marzo pasado, cuando se conoció el primer caso de coronavirus en Colombia, y mientras la peste se irrigaba por 85 países del mundo, en ese momento, la agenda mediática poco a poco se sumergió en la pandemia que generó pánico colectivo y que hoy nos tiene aislados. No obstante, debajo del puente la realidad de la guerra en Colombia ha seguido su curso y se ha llevado a varios líderes sociales, quienes han muerto en total indefensión y bajo prácticas de crueldad. Desde entonces y hasta la fecha, cuatro defensores fueron acribillados por sicarios desconocidos (El Espectador, 2020).  

Hace pocos días, en la madrugada del viernes 3 de abril y el sábado 4 de abril, en la vereda La Consolata, zona rural del municipio de Piamonte – Cauca, fue asesinado el líder campesino Hamilton Gasca Ortega[ix], de 31 años de edad, y sus tres hijos menores de 18 años. Hamilton era parte de la Asociación Sindical de Trabajadores Campesinos y Campesinas de Piamonte, Asintracampic - Fensuagro.

¿Qué hacer ante La Matanza?

Es necesario es comprender la complejidad del conflicto. Una salida en falso es aceptar la propaganda oficial y asumir que la democracia colombiana está bajo ataque del terrorismo y el narcotráfico. Una postura responsable, retomando a Giraldo (1994), exige una sociología rigurosa que ahonde en la complejidad del fenómeno insurgente en Colombia, someta a juicio crítico el discurso de la tomar de poder por asalto, el vanguardismo y el autoritarismo armado, a la vez que convoque a un gran proceso nacional de discusión sobre la salida política y negociada del conflicto social, político y armado interno, orientada a la construcción de un proceso de paz en el cual Estado, Insurgencias y Sociedad negocien.

Es importante una investigación rigurosa de las múltiples violencias que afectan a las comunidades y territorios y al conjunto de la sociedad colombiana. En este escenario será fundamental aquello que el Movimiento Pedagógico promovió en los años ochenta: el encuentro entre Universidad, Organizaciones y Movimientos Sociales, Centros de Investigación Popular. Será la suma de estudio, investigación y trabajo para construcción de alternativas pedagógicas, económicas, políticas, culturales y ambientales. Acudiendo a Aranguren (2017), tendrá que ser una investigación que sin ignorar el sufrimiento, de cuenta del mismo sin invisibilizar al sufriente, ni a quien escucha, tampoco una investigación que suponga falsamente el poder liberador de la palabra de las víctimas, sin que haya escucha real y limitando la acción a una romántica lectura de la resiliencia, que ignora la complejidad de los contextos y las estructuras. Además, quizá deba considerarse como criterio de toda investigación, el siguiente principio enunciado por el Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos[x]:

La compresión fundamental de este trabajo como SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS y como DEFENSA, PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, lo que impide darle a la información recaudada y sistematizada el carácter de propiedad privada o de mercancía que pueda ser sometida en algún grado de transacciones económicas o a negociaciones de cualquier naturaleza, impulsando la MAYOR ACCESIBILIDAD POSIBLE a la información que se posee.

Es urgente una estrategia humanitaria de defensa de la vida. En palabras de los Obispos de la Región del Pacífico y Suroccidente de Colombia[xi], los hechos diarios que causan tanto sufrimiento demandan solidaridad con los habitantes de las regiones en las que se ha agudizado el conflicto social y armado, buscar una solución integral que resuelva las causas estructurales que están en la raíz de la crisis humanitaria, retomar el sendero de la paz en la perspectiva del respeto a los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos y el Derecho Internacional Humanitario, establecer condiciones de vida digna y mecanismos de protección para las comunidades y líderes sociales, atender las alertas por posibles situaciones de connivencia de integrantes de la Fuerza Pública con grupos ilegales, pedir a los grupos armados asumir el rechazo del que son objeto a causa de sus acciones delictivas entendiendo su condición de agresores de la población civil. Como paso puntual en este sentido, el viernes 7 de junio de 2019, desde la Casa arzobispal en Santiago de Cali, se propuso la  construcción de un escudo humanitario y comunitario para proteger la vida, con dignidad, del liderazgo social y de los reincorporados (excombatientes Farc), con los siguientes propósitos[xii]:

1. Salvar vidas y acompañar comunidades en riesgo.
2. Prevenir el asesinato.
3. Promover diálogos humanitarios.
4. Animar la solidaridad.
5. Acoger al que sufre persecución y amenaza.
6. Denunciar y defender el derecho a la vida.
7. Confluir en clave de derechos y deberes.

Convocar una Asamblea Nacional Constituyente que permita la construcción de una Constitución Política. Una nueva carta política que no contenga los vicios que el padre Giraldo (1994), identificó en relación a la Constitución Política de 1991, lo que denomina siete grandes cuestiones que invalidan la potencia de los textos legales:

1. La adopción del sistema acusatorio concentra en los criterios, mentalidad y simpatías del Fiscal General las prioridades de la entidad; 2. La independencia judicial se vino abajo al delegar en el Ejecutivo el nombramiento del Fiscal General, la Sala Jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Constitucional; 3. El fuero militar quedó intacto; 4. Las normas internacionales son inaplicables en relación a los Crímenes de Lesa Humanidad porque no hay imprescriptibilidad de las penas, se prohíbe sin excepción la extradición, se consagra la obediencia debida para los militares; 5. La burocracia y el entramado institucional de derechos humanos sólo ha prolongado, entorpecido y confundido los procesos de denuncia y búsqueda de protección; 6. El Estado de Sitio ahora se llama Estado de Conmoción Interior, 7. Se creó una rama de la justicia que en la práctica es una justicia política que no se rige por los principios universales de la administración de justicia Javier Giraldo[xiii].

Es ineludible el compromiso con las víctimas de las múltiples violencias que han dañado a las personas, las familias, las comunidades y los territorios. El proyecto Colombia Nunca Más y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado propusieron las siguientes estrategias: recuperación de la memoria, verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición y reconciliación. Advirtiendo con Jaramillo (2012) que las demandas de las víctimas o la lucha por sus derechos no puede caer en la lógica perversa del Estado colombiano de las últimas décadas, que ha convertido la promesa de reparación, de la justicia y de las garantías de no repetición, en una estratagema institucional que ahonda y perpetúa una lógica de la sumisión que lleva a las víctimas a vivir en estado de espera y dependencia, cual si se tratara de caridad y no de derechos.

Finalmente: la Memoria no es un Número

El 19 de marzo en Puerto Asís – Putumayo, fue asesinado Marcos Leopoldo Rivadeneira, Dirigente político y social, integrante del Congreso de los Pueblos y presidente de la Asociación Campesina del Puerto Asís (ASOPUERTOASÍS). Entre la bronca y el dolor, Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y quien viajó desde Bogotá al sepelio del líder comunitario, expresó.

Hoy, ese motor comunitario que muy bien representaba Marcos Rivadeneira ya no está. La orfandad y terror en que quedan las comunidades se convierten en un muro pesado y frío que aplastan la esperanza de ellas. Marco nunca las abandonó, nunca tuvo miedo, siempre cubrió ese espacio que muchos no ocupaban, justo por el temor que los grupos armados y la Fuerza Pública han generado en esos sufridos territorios del Putumayo.

Es imprescindible recordar a las personas que luchando vivieron. A veces son personas desconocidas; muchas veces, personas con quienes compartimos espacios. El recuerdo de Marco está en una escuela campesina, al borde del río Magdalena. Al oír la noticia, algunos amigos confirmaron que él había estado aquella vez en que nos reunimos a pensar la historia de Colombia y a soñar otra humanidad. Dijeron sí, era el más barrigón. No hablaron de un número o de una cifra. Hablaron de la recocha, del compromiso, de la sencillez, del tono pastuso y el compromiso con los pueblos y los territorios.

Notas. 

[i] Agradecemos el tiempo para la escritura que nos brinda el proyecto de investigación Estrategia educativa de cooperación para la enseñanza de los Derechos Humanos y la reinserción social positiva en el establecimiento penitenciario y carcelario de Villahermosa del Municipio de Santiago de Cali. Especialización en Educación en Derechos Humanos. Grupo de Investigación EDUCARTE. Facultad de Educación Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.

[ii] jcaicedo@unicatolica.edu.co; Docente – Investigador Especialización en Educación en Derechos Humanos - EDHUM. UNICATÓLICA Cali. Actualmente con funciones administrativas en la Dirección de EDHUM.

[iii] jmarias@unicatolica.edu.co; Docente – Investigadora Especialización en Educación en Derechos Humanos. UNICATÓLICA Cali.

[iv] Informe especial de Derechos Humanos de la Fundación Heinrich Böll Oficina Bogotá (Colombia), denominado Informe especial de Derechos Humanos Situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las Farc-EP y sus familiares.

[v] Ver también: Dadrían (1975), Horowitz (1976, 1980), Kuper (1982), Bauer (1984), Harff y Gurr (1988), Chalk, Jonasohn (1980), Melson (1992), Fein (1993), Katz (1994), Semelin (2005).

[vi] Campesinos ambientalistas comunales o impulsores PNIS.

[vii] Informe Especial Sobre Agresiones a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y de los Acuerdos de Paz, 28 de febrero de 2020: Violaciones a los Derechos Humanos en Tiempos de Paz. Coordinación editorial y de publicación Leonardo González Perafán y Cristian Raúl Delgado Bolaños Investigación Leonardo González Perafán, Cristian Raúl Delgado Bolaños, Camilo González Posso, Luis Fernando Enríquez Pantoja y Fabián Laverde Doncell. Diagramación e impresión INDEPAZ. Mapas Carlos Eduardo Espitia Cueca – Indepaz. 2020. Colombia.

[viii] En: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/los-homicidios-contra-lideres-sociales-ocultos-por-la-peste-del-coronavirus-articulo-910564

[ix] Ver: https://www.elcolombiano.com/colombia/asesinan-a-lider-campesino-y-sus-tres-hijos-menores-en-cauca-BB12753626

[x] Ver: https://www.nocheyniebla.org/?page_id=618

[xi] COMUNICADO Afianzar la construcción de paz ante la agudización del conflicto. Obispos de la Región del Pacífico y Suroccidente de Colombia. Colombia. Enero 11 de 2020. Ver: https://www.cec.org.co/sites/default/files/11-01-2020%20Comunicado%20Obispos%20Pac%C3%ADfico%20y%20Suroccidente.pdf

[xii] Ver: https://observatoriorealidades.arquidiocesiscali.org/su-vida-por-todos-todos-por-sus-vidas/

[xiii] Berna – Suiza. Enero 13 de 1994.