Por: Piedad Córdoba Ruiz. Senadora Republica de Colombia.
Es necesario continuar profundizando en los tratados de solidaridad entre ambos países, tratando de retornar al momento de más estabilidad y potencia de estas. Organismos multilaterales como el Parlamento Andino, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC puede ayudar en esta perspectiva.
La Frontera Colombo-Venezolana cuenta con 2.219 kilómetros. La delimitación se acordó por una serie de instrumentos que incluyen el Laudo Español (1891), el arbitramento del Consejo Federal Suizo (1922) y el Tratado López De Mesa-Gil Borges (1941) (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2022). Del lado Colombiano encontramos 6 departamentos (La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guanía). Del lado venezolano 4 estados (Zulia, Táchira, Apure y Amazonas).
Mapa fronterizo. Tomado de https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/docu- ment/informe-de-situación-no-8-colombia-situación-humanitaria-en-frontera
Esta frontera inicia cierres progresivos el día 19 de agosto de 2015, hasta ser cerrada totalmente, ordenada por el gobierno venezolano. Solo hasta el 2019 se rompen oficialmente relaciones diplomáticas, luego del reconocimiento que hiciera el presidente Iván Duque de Juan Guaidó como representante del Estado Venezolano desconociendo las elecciones en las que fue elegido democráticamente presidente Nicolas Maduro. Ello ha dejado hoy en día, más de 150 pasos fronterizos ilegales (Carvajal 2020) entre otras afectaciones humanitarias, económicas y políticas.
El presente texto se divide en tres partes. El primer apartado presenta un análisis de las dinámicas económicas de la frontera. El segundo, está enfocado en aspectos de fenómenos de la crisis humanitaria. Finalmente, se dejan unas propuestas y conclusiones para abordar las relaciones fronterizas.
Lo económico.
Según investigadores del Banco de la República, el comercio colombo-venezolano experimentó desde los años setenta, varias fases de auge y crisis, pero su etapa de crecimiento más importante fue la registrada entre 2004 y 2009 (Umaña, 2010). En otro antecedente de perspectiva histórico-económica, Jabba señala cómo desde el año 2014 el rompimiento de relaciones comerciales binacionales y la devaluación del bolívar impactó las dinámicas fronterizas (2014).
Cifras recientes del flujo de moneda, plantean que el peso colombiano representó el 8,5% de las transacciones que se realizaron en Venezuela. El peso está detrás del dólar, 45%, y el bolívar, 42%, y por delante del euro (3,5%) en zona de frontera. El uso del peso colombiano es particularmente fuerte en los estados Táchira y Mérida y en menor medida en el estado Zulia. Según Fedecámaras Táchira, el 94% de las transacciones se realizan en pesos colombianos, un porcentaje que ha venido en crecimiento desde el 90% registrado hacia finales del año 2021. El porcentaje del estado Táchira se concentra en los sectores comercial e industrial, don- de se utiliza para la compra de materia prima y para exportaciones. En el Estado (Lugo, 2022).
Una encuesta del cuarto trimestre de 2021 de esta seccional gremial sostiene que el 57,1% de las empresas tachirenses reportaron manejar el peso colombiano para sus operaciones, de ellas el 71,4% de las empresas dijeron beneficiarse del comercio bilateral. El uso del peso es particularmente fuerte los estados Táchira, Mérida y menor en Zulia.
De acuerdo con Fedecámaras Táchira, alrededor del 94% de las transacciones que se hacen en el estado se realizan en pesos colombianos, un porcentaje que ha venido en crecimiento desde el 90% registrado hacia finales del año pasado. Una encuesta del cuarto trimestre de 2021 de esta seccional gremial sostiene que el 57,1% de las empresas tachirenses reportaron manejar el peso colombiano para sus operaciones. También, el 71,4% de las empresas dijeron beneficiarse del comercio bilateral (Lugo, 2022)
El crecimiento económico de ambas economías, según proyecciones de la CEPAL 2022 será 5 % para Venezuela y 4,8 % para Colombia. Para la región será de la 1,8 % debido al impacto de la guerra en Ucrania (CEPAL, 2022).
La crisis humanitaria.
La organización Sures, defensora de DDHH, produjo para el 2021 una investigación denominada Entre Táchira y Cucutá, Informe Sobre la Frontera Colombo-Venezolana. Esta tuvo como objetivo “…conocer las dinámicas sociales, culturales y económicas presentes en la frontera entre ambos países” (SURES, 2021). Cómo metodología entrevistas no estructuradas con visitas de campo a las ciudades de San Antonio del Táchira (Venezuela) y Cúcuta (Colombia) durante 2 días en el año 2021.
Un barrio de frontera, La Parada, es muestra de la dinámica humanitaria. Allí, el 93,20 % de los encuestados por SURES, trabaja en la informalidad. Personas migrantes y nacionales de Colombia no cuentan con contrato laboral ni un sueldo fijo. Los trabajos informales más comunes son la buhonería, los asociados a las trochas (caleteros, carretilleros, maleteros y trocheros), las amas de casa y trabajo en tiendas como supermercados, barberías y carnicerías (SURES, 2021, págs.39-41).
Los ingresos son diarios, y pueden oscilar entre $ 5.000 y $ 20.000 pesos. mientras que la situación de residencia se caracteriza por ser una condición de hacinamiento: el 85,19 % de las personas viven en una habitación y tan solo un 8,38 % cuentan con un espacio más amplio como una casa o un apartamento (SURES, 2021).
Otro informe, relacionado con la trata de personas señala que “entre 2018 y 2020 se presentó un aumento importante de las víctimas de trata de personas de origen venezolano, pasando durante ese periodo del 10,6 % al 37,5 %” (Border Lab, 2021, p. 14). Problemática que se asocia a llamadas Estructuras criminales (Sucesoras del paramilitarismo). Para la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), actualmente en la zona fronteriza hay presencia de 28 estructuras armadas ilegales, entre las que se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN); 13 grupos armados organizados (de alcance nacional), como el Ejército Popular de Liberación (EPL), Los Rastrojos y el Clan del Golfo; 10 grupos armados postFarc; y 14 organizaciones criminales de carácter transnacional, como los Pranes y el Cártel de Sinaloa (Pares, 2020).
Conclusiones y propuestas.
Es necesario continuar profundizando en los tratados de solidaridad entre ambos países, tratando de retornar al momento de más estabilidad y potencia de estas. Organismos multilaterales como el Parlamento Andino, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC puede ayudar en esta perspectiva.
Deben promoverse políticas públicas conjuntas encaminadas a reactivar la economía, para detener el aumento progresivo de miembros en las filas de grupos ilegales con presencia en la frontera de Colombia y Venezuela. De esta manera detener el comercio ilegal de bienes, el tráfico de drogas, el tránsito ilegal de migrantes, la trata de personas entre otros fenómenos que impactan la situación humanitaria.
La ley de fronteras, Ley 2135/2021, debe ser un instrumento de partida para continuar reglamentando la relación diplomática bilateral. Ya que se norma el tránsito de personas, bienes y servicios. Dinámicas fronterizas que pueden potenciar desarrollos regionales y en el cierre de brechas de la centro-periferia, y mayor presencia institucional.
Por otro lado, como lo plantean Ardila, Quintero, & Lozano, podrían realizarsetrabajos conjuntos entre municipios, departamentos y estados, de ambos lados de la frontera, en una diplomacia transfronteriza, que permita actividades concentradas en las necesidades reales de la región de frontera. Que por ejemplo incluye negociaciones o ceses al fuego con distintos actores armados con presencia allí (2021).
NOTAS: