Urbanización acelerada, desigualdad estructural y resistencias: ¿Ciudades para Quién?

Foto Kavilando: Cumbre Urbana Valle de Aburrá, preparatorio Cumbre Nacional Urbana Colombia. 26.07.2025

Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*

América Latina y el Caribe presentan hoy los mayores índices de urbanización a nivel mundial, con más del 80 % de su población residiendo en áreas urbanas, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012). Este proceso, que se aceleró durante el siglo XX, no ha sido homogéneo ni equilibrado: mientras algunas zonas concentran inversión y desarrollo, otras se marginan sistemáticamente. La proyección de Naciones Unidas (ONU-Habitat, 2024) indica que esta cifra puede superar el 89 % para 2050.

El modelo urbano dominante ha favorecido la expansión territorial extensiva, de baja densidad, basada en urbanizaciones suburbanas y centros comerciales, lo que aumenta la demanda de transporte y recursos, fragmenta el territorio y profundiza la segregación. Como señala la CEPAL (2024), este tipo de expansión ha generado “ciudades dispersas y fragmentadas”, con costos elevados en términos de movilidad, energía y servicios básicos.

La falta de planificación integral y la débil capacidad institucional han hecho que gran parte del crecimiento urbano ocurra de forma informal. ONU-Habitat (2022) estima que el 23 % de la población urbana en la región vive en condiciones precarias o en asentamientos informales, con acceso limitado a servicios esenciales como agua potable, saneamiento, salud o transporte. Estas condiciones, lejos de ser transitorias, se perpetúan, convirtiendo a la informalidad en la norma y no en la excepción.

El Informe del Relator Especial sobre vivienda adecuada (ONU, 2024) es contundente al denunciar cómo millones de personas han sido desplazadas de sus hogares por obras de infraestructura o procesos de gentrificación que favorecen intereses privados. Estas prácticas violan sistemáticamente derechos fundamentales al no garantizar alternativas dignas ni participación efectiva de las comunidades afectadas. La vivienda, lejos de ser tratada como un derecho, es gestionada como mercancía.

El crecimiento desregulado también ha tenido impactos profundos sobre el medio ambiente. Según ONU-Habitat (2022), las ciudades latinoamericanas consumen entre el 60 % y 80 % de la energía total y generan una proporción similar de emisiones de gases de efecto invernadero. La presión sobre los recursos naturales —agua, suelos, biodiversidad— aumenta con cada proyecto de urbanización, mientras los sistemas de gestión ambiental siguen siendo débiles y fragmentados.

La falta de mecanismos efectivos para internalizar los costos ambientales —como impuestos al carbono o evaluaciones de impacto rigurosas— hace que los daños ecológicos sean invisibilizados, desplazando sus efectos a las comunidades más pobres y vulnerables.

Las ciudades también enfrentan serios desafíos en movilidad y seguridad. La expansión urbana sin una política de transporte público eficaz ha generado un círculo vicioso de congestión, contaminación y pérdida de tiempo y calidad de vida para millones de personas. A ello se suma la inseguridad, la cual, aunque suele asociarse a las grandes urbes, afecta con mayor gravedad a ciudades intermedias. Esta violencia, como bien argumenta el informe de ONU (2024), tiene raíces estructurales: exclusión, pobreza, desigualdad y abandono institucional.

La percepción de inseguridad refuerza estigmas territoriales y reproduce el aislamiento social, al tiempo que limita el derecho de las personas a circular y apropiarse del espacio público.

En América Latina, el cambio climático agrava desigualdades y expone a millones a riesgos crecientes. Inundaciones, olas de calor, contaminación y escasez de agua afectan especialmente a los sectores populares en ciudades mal planificadas y desiguales.

En Colombia, la ineficiencia de la gestión pública agrava los riesgos urbanos, como lo demuestra el caso de Granizal (Medellín-2025), un asentamiento donde más de 30.000 personas habitan en una zona de alto riesgo no mitigable. A pesar de múltiples alertas, sentencias judiciales y llamados de la comunidad, las autoridades han omitido acciones preventivas eficaces. Como consecuencia, en el primer semestre de 2025 una tragedia evitable, un gran movimiento de masa en la montaña, dejó más de 27 personas muertas, decenas de familias sin vivienda y sin atención institucional oportuna, revelando la negligencia estructural del Estado frente a la vida digna de sus ciudadanos más vulnerables.

A este panorama se suma el avance de la gentrificación o reordenamiento criminal del territorio, un fenómeno impulsado por lógicas de mercado que encarecen el suelo urbano, expulsan comunidades populares y transforman los territorios en mercancía. Este proceso, presente en muchas ciudades latinoamericanas, agrava la crisis urbana al priorizar intereses inmobiliarios y turísticos por encima del derecho a la ciudad. En México, por ejemplo, se han multiplicado las movilizaciones contra los desalojos forzados, el aumento del costo de vida y la pérdida de identidad barrial en zonas como Ciudad de México, Oaxaca y Guadalajara. Lo mismo ocurre en ciudades como Buenos Aires, Lima, Medellín o Bogotá, donde las luchas comunitarias resisten estas dinámicas exigiendo una planificación urbana justa, inclusiva y centrada en quienes habitan el territorio, no en los intereses del capital global.

La ausencia de políticas urbanas adaptativas y de justicia ambiental convierte la crisis climática en una crisis humanitaria, donde los sectores empobrecidos enfrentan los mayores impactos sin apoyo estatal.

Frente a este panorama, urge una planeación urbana democrática, con enfoque de derechos y participación comunitaria, que ponga la vida y el territorio por encima del mercado.

Hacia una ciudad para la vida y no para el capital

Frente al avance de un modelo urbano neoliberal, excluyente y orientado al capital financiero, diversos movimientos sociales, organizaciones populares y sectores académicos vienen impulsando espacios de reflexión y acción colectiva en América Latina. Buscan disputar el sentido de ciudad, defender el derecho al territorio y proyectar alternativas desde la vida y la dignidad.

En Colombia, esta resistencia se expresa en procesos como las Cumbres Urbanas Populares, que articulan luchas locales en ciudades como Medellín, donde se realizaron encuentros el 26 de mayo y el 26 de julio de 2025 con actores del Valle de Aburrá, en camino hacia el Foro Nacional Urbano Popular previsto para septiembre del mismo año (Insuasty Rodríguez, 2025).

Estos procesos tejen redes desde la memoria, la identidad y los saberes populares, promoviendo acciones como murales comunitarios, huertas, movilizaciones como el plantón frente a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Cali exigiendo acceso digno a la vivienda, y la incidencia en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), entre otras acciones. Se trata de prácticas que reivindican una ciudad habitable, sostenible y justa.

La pandemia de COVID-19 evidenció la necesidad urgente de repensar la infraestructura urbana, revalorar los cuidados y colocar el bienestar colectivo por encima de la especulación del suelo. Como lo señala el Informe de Ciudades 2022 de ONU-Habitat, la transformación urbana exige nuevas formas de gobernanza: más democráticas, inclusivas y sostenibles. Aunque la Nueva Agenda Urbana (2017) propone principios como el derecho a la ciudad, equidad espacial y resiliencia, su implementación ha sido obstaculizada por intereses corporativos y lógicas neoliberales.

En América Latina, la urbanización no es solo un fenómeno demográfico; es un proceso profundamente político, atravesado por relaciones de poder, desigualdad estructural y resistencias populares. Aunque las ciudades concentran oportunidades, también profundizan la exclusión social y territorial.

Fortalecer una ciudadanía insurgente, que defienda los derechos, proteja la vida y proponga nuevos modelos urbanos desde abajo, es una tarea urgente.

Hoy más que nunca, las ciudades son territorios en disputa, y en esa disputa se juega el presente y el futuro de millones de personas (Pérez, 2012; Insuasty Rodríguez, 2025).

*Docente Investigador. Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ, Grupo Kavilando.

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RELACIONAMOS COMO ANEXO. MATERIAL DERIVADO DE LAS PRECUMBRES PREPARATORIOS DE LA CUMBRE URBANA NACIONAL POPULAR (26.07.2025). COLOMBIA: