A dos siglos del Congreso Anfictiónico de Panamá, América Latina enfrenta una nueva ofensiva de recolonización. La fragmentación regional, el avance de proyectos autoritarios y la injerencia extranjera amenazan la soberanía continental. Frente a ello, los pueblos vuelven a emerger como la principal fuerza de resistencia, integración y defensa de la vida.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* /
Doscientos años después del Congreso Anfictiónico de Panamá convocado por Simón Bolívar el 22 de junio de 1826, América Latina vuelve a encontrarse ante una encrucijada histórica. La promesa de una patria grande, soberana e integrada sigue inconclusa, mientras nuevas formas de dominación avanzan sobre los pueblos del continente. Ya no se trata únicamente de ocupaciones militares o administraciones coloniales directas. La subordinación adopta hoy mecanismos mucho más sofisticados, protectorados bajo una profunda captura corporativa del Estado, endeudamiento estructural, control tecnológico, militarización selectiva, guerra informativa, cognitiva y una erosión sistemática de la soberanía popular.
Asistimos a una profunda reconfiguración del poder global marcada por el declive relativo de la hegemonía estadounidense y el ascenso de nuevos polos económicos y geopolíticos, particularmente China. Como ha señalado la CEPAL, el gigante asiático se ha consolidado como uno de los principales socios comerciales de América Latina, desplazando progresivamente la centralidad histórica de Washington en sectores estratégicos de la economía regional. Frente a esta realidad, Estados Unidos parece haber reactivado una lógica histórica de control hemisférico, si ya no puede garantizar su predominio mediante la supremacía económica, busca preservarlo a través de la coerción política, la fragmentación regional, la militarización y la gestión del caos.
El trasfondo de esta disputa es profundamente material. América Latina concentra algunas de las mayores reservas mundiales de petróleo, litio, cobre, tierras raras, biodiversidad, agua dulce y minerales críticos indispensables para la transición energética, la industria tecnológica y la competencia geoeconómica del siglo XXI. En un mundo cada vez más multipolar, donde Washington pierde capacidad relativa de influencia y control, asegurar el acceso privilegiado a estos recursos se ha convertido en una prioridad estratégica. La disputa por América Latina ya no consiste únicamente en controlar gobiernos, sino en garantizar el dominio sobre territorios, cadenas de suministro, corredores logísticos y bienes comunes estratégicos, al tiempo que se impide la consolidación de proyectos autónomos de integración capaces de reducir la dependencia histórica de la región.
Por ello, las nuevas formas de intervención no pueden analizarse separadas de la competencia global por los recursos. Detrás de los discursos sobre seguridad, narcotráfico, gobernabilidad o defensa de la democracia, subyace una pugna por el control de las riquezas que definirán el equilibrio de poder durante las próximas décadas. La militarización de territorios estratégicos, la presión sobre gobiernos no alineados y la fragmentación de los mecanismos de integración regional responden, en gran medida, a esa lógica de disputa por la hegemonía en un orden internacional en transición.
En este contexto, el ascenso de figuras como Nayib Bukele, Javier Milei, Daniel Noboa, José Antonio Kast o Abelardo de la Espriella, junto con operaciones políticas destinadas a rehabilitar políticos condenados por narcotráfico funcionales a determinados intereses geopolíticos, no puede interpretarse como una simple sucesión de fenómenos electorales aislados. Expresan una transformación más profunda de las formas contemporáneas de dominación política. A ello se suma una diplomacia de la no diplomacia, caracterizada por la amenaza, las sanciones, la injerencia y el debilitamiento progresivo de los principios fundamentales del derecho internacional frente a gobiernos que no se alinean plenamente con los intereses de Washington.
Las nuevas derechas son producidas, amplificadas y proyectadas mediante complejos ecosistemas de poder, detrás convergen conglomerados mediáticos, corporaciones tecnológicas, consultoras de comunicación política, operadores digitales, fondos de financiamiento y centros de influencia capaces de fabricar liderazgos, instalar agendas y moldear percepciones colectivas a gran escala. La política se transforma así en un producto cuidadosamente diseñado para el consumo masivo, donde la construcción de la imagen importa más que el debate sobre proyectos de sociedad.
La disputa por América Latina también se libra en el terreno digital, así, la combinación de campañas de desinformación, manipulación algorítmica, vigilancia masiva y judicialización selectiva configuran una nueva arquitectura de dominación basada en la guerra cognitiva. Ya no se trata únicamente de influir en la opinión pública, sino de moldear percepciones, producir subjetividades y condicionar comportamientos políticos. El lawfare ha permitido neutralizar dirigentes populares mediante el uso político de instituciones judiciales, mientras tecnologías de vigilancia como Pegasus han sido utilizadas contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores. Paralelamente, las plataformas digitales amplifican narrativas, fabrican tendencias y convierten candidatos en fenómenos virales. La colonización contemporánea le basta con implantar imaginarios, administrar emociones y dirigir la conversación pública.
Estas experiencias comparten rasgos recurrentes, exaltación del liderazgo personalista, desprestigio de las instituciones democráticas cuando limitan sus objetivos, construcción permanente de enemigos internos, desmantelamiento de derechos históricamente conquistados y utilización sistemática de la desinformación. Sin embargo, incorporan además un elemento novedoso y particularmente preocupante, el uso intensivo de algoritmos, minería de datos, inteligencia artificial y segmentación emocional para intervenir sobre el comportamiento político de millones de personas.
La disputa así se libra tanto en los medios tradicionales como en los teléfonos móviles, en las plataformas digitales y en los sistemas que organizan la circulación de la información. Los algoritmos priorizan emociones, amplifican miedos, fortalecen prejuicios y crean cámaras de eco que reducen la capacidad de diálogo social. A través de ellos se fabrican candidatos, se instalan narrativas, se invisibilizan determinadas agendas y se construyen sentidos comunes funcionales a proyectos de poder específicos.
La manipulación contemporánea va más allá de la propaganda clásica, opera sobre las representaciones sociales, sobre la memoria colectiva y sobre la manera en que las sociedades interpretan la realidad. Se induce el olvido histórico, se resignifican símbolos nacionales, se simplifican conflictos complejos y se construyen relatos cargados de imprecisiones, medias verdades o falsedades que terminan adquiriendo apariencia de verdad por su repetición constante. La política deja de orientarse a comprender la realidad para convertirse en una disputa por controlar los marcos desde los cuales esa realidad es percibida.
La gobernanza del miedo se ha convertido así en una de las principales tecnologías de poder del siglo XXI, migrantes, pueblos indígenas, sindicatos, movimientos feministas, organizaciones campesinas, ambientalistas o fuerzas progresistas son transformados en amenazas existenciales. La inseguridad, la incertidumbre económica y la frustración social son instrumentalizadas para justificar procesos de militarización, vigilancia y concentración de poder. El objetivo ya no es necesariamente convencer a las mayorías, sino fragmentarlas; no construir consensos, sino impedir que emerjan sujetos colectivos capaces de disputar el orden existente.
Doscientos años después del Congreso Anfictiónico de Panamá, la tarea histórica sigue siendo la misma, construir la unidad soberana de Nuestra América. Pero hoy esa responsabilidad ya no puede recaer únicamente en Estados debilitados o élites vacilantes. Frente a la recolonización económica, tecnológica, militar y cultural, serán los pueblos organizados quienes mantengan viva la defensa de la soberanía, los bienes comunes y la justicia social. En un mundo en transición, la alternativa es clara, aceptar la fragmentación y la dependencia o levantar, desde abajo, un nuevo proyecto de integración popular capaz de convertir la dignidad, la solidaridad y la autodeterminación en las bases de una segunda y definitiva independencia latinoamericana.
*Docente inverstigador Universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ y grupo autónomo Kavilando.
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