La expansión extractivista en Chile impulsa una nueva colonización territorial, pero también resistencias comunitarias. Frente a ellas, el poder empresarial articula represión estatal y estrategias de control psicosocial para contener el rechazo a sus proyectos.
LA PATRONAL EXTRACTIVISTA EN ACCIÓN: 15 TÁCTICAS PARA DESMOVILIZAR RESISTENCIAS TERRITORIALES
Ely Jiménez Cortés, Colectivo El Kintral (1)
La violenta expansión de las fronteras extractivistas en la diversidad de tierras bajo control del Estado chileno ha abierto un nuevo ciclo de colonización, pero también de resistencias territoriales. Ante el avance depredador de la megaminería, el agronegocio, las forestales, las salmoneras y la diversificación del extractivismo energético, comunidades y pueblos activan sus legados ancestrales y se movilizan en defensa del territorio. Para enfrentar estas resistencias, la patronal despliega una compleja estrategia de pacificación social; esta articula la movilización de los aparatos represivos estatales (2) con mecanismos de control psicosocial, orientados a prevenir, contener y canalizar el rechazo a sus proyectos. En la práctica, el control se sostiene en una serie de tácticas, diseñadas y operadas por profesionales de la intervención social y gestión de conflictos, que se articulan en campañas de relacionamiento comunitario. Con la intención de nutrir resistencias, este texto expone una selección de dichas tácticas.
- ESCUDARSE CON FUNDACIONES Y ONG ‘ECOLOGISTAS’. La patronal extractivista acredita su ‘compromiso ambiental’ asociándose y financiando fundaciones y ONG de carácter eco-capitalista (3), que suelen entrar de forma anticipada a los territorios con proyectos de educación ambiental y conservación del agua, flora y fauna (4). Estas fundaciones y ONG preparan el camino a las empresas moldeando ‘ciudadanías ambientales’ despolitizadas, que les son funcionales. Así gestionan las sensibilidades ecológicas a escala local y global. Esta táctica les otorga legitimidad social y les permite caracterizar el territorio y los potenciales focos de conflicto. Mediante el trabajo con estas fundaciones y ONG las empresas sustentan su participación en alianzas público/privadas que materializadas en mesas de dialogo y comisiones sectoriales, operan como plataformas de lobby más allá de la licencia social.
- AISLAR Y DESACREDITAR RESISTENCIAS LOCALES. Las empresas extractivistas contraponen su red de fundaciones y ONG a los grupos locales que se posicionan en defensa territorial. Mientras a estas fundaciones y ONG eco-capitalistas las presentan como protectoras del medioambiente y garantes del bien común, a los grupos locales que rechazan la intervención extractivista, se les atribuyen intereses privados, sectoriales y sectarios (5). Al presentar a las fundaciones y ONG como grupos informados, pacíficos y racionales, los grupos disidentes se presentan como desinformados, violentos e irracionales. Esta construcción discursiva habilita la deslegitimación de la resistencia y el aislamiento, a nivel local, de los grupos que la ejercen(6).
- DIVERSIFICAR LAS CONSULTORIAS. Para los estudios de línea base asociados a procesos de evaluación ambiental, los proyectos extractivistas contratan varias empresas consultoras, asociadas a áreas de hidrogeología, patrimonio, arqueología, biodiversidad, suelo, etc. De esa manera parcelan la información y las responsabilidades. Las empresas consultoras se enfocan en temas específicos, sin mayor interacción entre sí. Por eso las comunidades ‘objeto’ de los estudios difícilmente logran relacionarlas. Este operar parcelado facilita la intervención a las comunidades y resguarda los proyectos, pues en caso de conflicto o desacreditación de una consultora, esta se reemplaza sin comprometer el proceso de evaluación en su conjunto. Las empresas extractivistas cuentan con equipos especializados que dan unidad a los diversos estudios, pero para las comunidades la diversificación de consultorías se traduce en dispersión y distracción del foco de conflicto.
- FORMAR ORGANIZACIONES PARALELAS, AFINES A LOS PROYECTOS. En contextos de conflicto, las empresas promueven la formación de organizaciones comunitarias paralelas a aquellas que se les oponen o no pueden controlar. Entre ellas, Juntas Vecinales, Clubes de Adulto Mayor, Agrupaciones Culturales, Centros de Madres y también Asociaciones Indígenas y Comunidades Indígenas. Se trata de orgánicas paralelas a las ya existentes, y que compiten con ellas por la representatividad de las comunidades. Estas orgánicas asumen y canalizan los intereses de los proyectos, pero no operan solo en función de estos, pues mantienen su rol comunitario. Esta táctica permite a las empresas desplazar el conflicto ‘empresas v/s comunidad’ por el conflicto intracomunitario. Lo que vemos es la disputa interna entre organizaciones. Es muy diferente deslegitimar una empresa externa en posición de poder, que deslegitimar a quienes comparten la misma historia de opresión y necesidad. Esta es una potente táctica de desgaste, que además evita que las empresas se vean desacreditadas por imponer verticalmente su poder (7).
- PROMOVER LA COMPETITIVIDAD VIA FONDOS CONCURSABLES. La patronal extractivista asume la inversión social en territorios históricamente empobrecidos, reemplazando en múltiples ámbitos el rol que se demanda al Estado. En territorios bajo el control empresarial, la entrega de los recursos económicos sigue la modalidad de fondos concursables que instalan la competitividad en un doble sentido. Por una parte, las personas deben acreditar sus ‘competencias’, lo que supone moldear sus identidades y prácticas según los requisitos de mercado. En este sentido, las empresas realizan capacitaciones técnicas que operan como dispositivos de formación/control. Por otra parte, las personas y organizaciones deben ‘competir’ entre sí por fondos escasos. Este sistema instala y refuerza antagonismos al interior de las comunidades, fragmentando los vínculos sociales, proceso que se intenciona favoreciendo reiteradamente a algunos grupos. Además, la periodicidad de los fondos concursables instala un nuevo calendario que regula los tiempos comunitarios. Paralelamente, mediante estos fondos, las empresas gestionan vínculos de dependencia con la institucionalidad pública, principalmente los municipios (8).
- CONTRATAR OPERADORXS LOCALES PARA TRABAJOS DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO. En territorios potencialmente conflictivos, las empresas prefieren contratar a personas locales para labores de relacionamiento comunitario. La idea es contar con personas que manejen los códigos culturales, que sean reconocidas como parte de la comunidad y, sobre todo, que cuenten con redes de apoyo y confianza que puedan ser transferidas a las empresas y sus proyectos. Se trata de contrataciones de rango medio o bajo, con sueldos altos para las economías locales y sin poder de decisión. Esta táctica: (a) Agiliza la entrada de las empresas en las tramas comunitarias, (b) Potencia el acceso a información local, pues lxs trabajadorxs operan como informantes claves, (c) Establece nuevas jerarquías sociales al interior de las comunidades y (d) Controla a potenciales lideres, que pasan a ser empleadxs. Estas contrataciones son publicitadas como expresión de las políticas de valor compartido. La táctica es cooptar y neutralizar (9).
- ROTAR PERSONAL DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO. En las diversas etapas de intervención territorial, las empresas extractivistas rotan los equipos de relacionamiento comunitario responsables de gestionar los vínculos con quienes han definido como ‘actores relevantes’. La rotación de estos equipos conlleva un ciclo de personalización/despersonalización de compromisos. En un primer momento es la movilización individual de ‘competencias blandas’ en la interacción directa con la comunidad, lo que produce las confianzas para los acuerdos. Es decir, cada profesional personaliza en relaciones cara a cara los compromisos. En un segundo momento, ante el desgaste en los vínculos que suele generar la implementación de los acuerdos, estxs profesionales son desvinculadxs, dejando a la comunidad sin contraparte conocida. La llegada de nuevos equipos reinicia el ciclo. Esta rotación de profesionales opera como táctica de distracción y desgaste.
- INSTRUMENTALIZAR EL ‘SABER EXPERTO’. El saber experto que sostiene los estudios de impacto ambiental, también es usado estratégicamente en los procesos de intervención temprana. A través de las consultoras, las empresas entran al territorio exhibiendo profesionales de alta valoración social y cuya contratación es inaccesible a las comunidades. Se trata, principalmente, de profesionales de la arqueología, ecología e hidrogeología, a quienes se atribuye un saber superior y neutral. Su acreditación disciplinar invisibiliza su rol como trabajadorxs de una empresa consultora, que a su vez trabaja para una empresa minera, forestal, energética o salmonera. Las empresas extractivistas aprovechan la legitimidad social de estas profesiones para entrar a espacios, agilizar los estudios, instalar lenguajes de valoración afines a sus intereses y moldear el vínculo de las comunidades con su territorio. De hecho, estxs profesionales asumen un rol ‘pedagógico’ paralelo al levantamiento de información. La legitimación extractivista de este saber experto actualiza jerarquías coloniales que subordinan los saberes de resistencia.
- FOCALIZAR ‘AREAS DE INFLUENCIA’. Las empresas extractivistas, al amparo de la legislación ambiental, definen las llamadas ‘áreas de influencia’ fragmentando las dinámicas territoriales tradicionales. La focalización de las ‘áreas de influencia’ supone la focalización de los procesos de participación y también de los recursos asociados a la compensación y mitigación de daños. Esta acción activa varios efectos encadenados: (a) Refuerza o impone fronteras al interior del territorio, propiciando el conflicto entre sectores y comunidades, (b) Aísla a los sectores del ‘área de influencia’ subsumidos en relaciones clientelares y (c) Deslegitima las resistencias que emergen fuera del ‘área de influencia’, categorizándolas como ‘externas’. Paralelamente se reordenan las dinámicas territoriales, imponiendo una visión del territorio que habilita formas de habitar funcionales a los proyectos extractivistas (10).
- CONTROLAR LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN. La participación dosificada y regulada de las comunidades es clave para la legitimidad de la patronal extractivista. En este sentido, la llegada de los proyectos a un territorio abre procesos de participación y consulta que son gestionados por empresas consultoras expertas en el ‘diálogo’ y la ‘gestión de controversias’. Se trata de espacios verticales que suelen usar herramientas participativas reducidas a su carácter lúdico. La idea es evitar la confrontación directa, llamando al diálogo (racional) que se presenta como opuesto al conflicto (irracional). Cuando la confrontación estalla, se movilizan tácticas como (a) Desplazar el foco del conflicto a un asunto procedimental o periférico, cuyo debate permita expresar emociones de enfado, rabia, angustia, etc., (b) Victimizar a representantes de las empresas, quienes apelando a sus identidades (sexo-genéricas, etarias, étnicas, raciales) se posicionan como objeto de discriminación de quienes rechazan la intervención territorial y (c) Activar el conflicto intercomunitario, pasando la voz a los sectores afines a la empresa, mientras esta asume el rol de mediación. En todos los casos, es la misma empresa quien define los contenidos, tiempos y procedimientos concretos de la participación. Estas instancias permiten a las empresas diagnosticar las relaciones comunitarias, imponer sus lenguajes de valoración y desgastar las disidencias en momentos críticos, con extensas reuniones, que suponen traslados y gastos.
- FOCALIZAR INTERVENCIONES EN CLAVE IDENTITARIA. Asumiendo el modelo de focalización de inversión y gestión neoliberal de identidades, las empresas fragmentan las comunidades en ‘grupos de interés’, catalogados como ‘minorías’ en el caso de indígenas (11), mujeres y diversidades sexuales; o ‘vulnerables’, en el caso de infancias y adultos mayores. Las empresas posicionan a estos grupos en la subalternidad, lo que les permite gestionar sus identidades en redes profesionalizadas de filantropía neoliberal (12). De esta manera, las empresas canalizan los conflictos identitarios históricamente no resueltos, actualizando fronteras identitarias que bloquean la articulación de resistencias. El resultado esperado son identidades despolitizadas y dependientes del orden extractivista.
- INSTRUMENTALIZAR LAS NIÑECES. Las empresas extractivistas implementan programas y proyectos dirigidos a las niñeces para instalar o fortalecer su vinculo con las comunidades. Esto opera en diferentes sentidos, por una parte, está la intervención directa a los procesos de escolarización, que les permite posicionarse como agente socializador (13), y por otra, el uso instrumental de la escuela como ‘espacio seguro’ para el encuentro con las familias y, por ende, la comunidad. Las carencias de la educación pública son una oportunidad para la patronal extractivista que, apelando al compromiso con las nuevas generaciones, establece relaciones de dependencia material y control socioemocional de las infancias. A través de las niñeces, las empresas acceden a la comunidad. En contextos de conflicto territorial, el rol de la escuela como plataforma de visibilidad empresarial se ha normalizado.
- INFANTILIZAR A LAS COMUNIDADES. La patronal extractivista atribuye el rechazo a sus proyectos a la desinformación, asociada a la falta de conocimientos y preparación de las comunidades para entenderlos. En respuesta asumen un rol tutelar, elaborando campañas comunicacionales que ‘bajan’ la información, infantilizando a las comunidades. En estas campañas se destaca: (a) El uso de caricaturas que asumen un rol pedagógico y lúdico que ‘suaviza’ e invisibiliza a lxs responsables de la intervención territorial (14), y (b) El uso de técnicas participativas despojadas de su carácter crítico (15). La infantilización simplifica la realidad, paralelamente niega autonomía y criterio. Es una táctica de control informativo y también de distracción.
- INSTRUMENTALIZAR EL APOYO EN DESASTRES. En contextos de desastre como temporales, aluviones, mega-incendios, sequias y también pandemias, las empresas extractivistas se posicionan como proveedoras de salvación, entregando recursos de emergencia y asumiendo tareas logísticas. Estos eventos son usados por las empresas como tribuna mediática para exhibir su compromiso con el territorio, invisibilizando que los mal llamados ‘desastres naturales’ se asocian directamente a sus violentas intervenciones. La entrega de ayuda directa a las comunidades en situaciones traumáticas, aun cuando sea insuficiente o deficiente, genera vínculos de confianza y lealtad, mientras su difusión opera como campaña comunicacional orientada a la legitimación de empresas y proyectos a nivel nacional. En el proceso se refuerza el vinculo de las empresas con la institucionalidad estatal, principalmente municipios y servicios locales. Esta táctica promueve relacionales paternalistas y asistenciales cuyo efecto es la cooptación.
- SATURAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. La patronal extractivista chilena despliega campañas comunicacionales de alta intensidad, que operan a nivel internacional, nacional, regional y local. A nivel local, estas se intensifican en tiempos de confrontación y en los procesos de participación ciudadana anticipada, periodos en los que empresas mineras, forestales, energéticas y salmoneras compran espacios publicitarios y patrocinan programas radiales (noticiosos, matinales, musicales) de alta audiencia, definiendo su agenda y línea editorial (16). De esta manera la narrativa legitimadora de los proyectos se inserta en la intimidad cotidiana de las comunidades. Lo anterior se articula al patrocinio de eventos masivos, el auspicio de programas televisivos y la amplificación de todo esto mediante las redes sociales. La saturación de los medios normaliza el deseo extractivista. Se trata de una táctica de control y cooptación, pero también de desgaste de las disidencias que disputan en condiciones de extrema desigualdad los ‘sentidos comunes’.
Estas tácticas se integran en estrategias de relacionamiento comunitario de carácter contrainsurgente y son ejecutadas por empresas consultoras que lucran en los ‘mercados de la empatía’ propios del neoliberalismo chileno. Su objetivo es domesticar comunidades, habilitando la gobernanza extractivista de los territorios. Actualmente, la experiencia pacificadora de la patronal extractivista chilena se posiciona como referente para otros contextos latinoamericanos. Identificar anticipadamente estas tácticas es fundamental para confrontarlas.
Borde costero de la cuenca de Elki.
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