Durante años, a través de los medios de información especializados, hemos escuchado sobre la peligrosidad de las Maras, pandillas centroamericanas, y cómo han ido creciendo en número así como diversificando sus actividades ilegales en toda la región. Sin embargo, el panorama global es mucho más complejo y no son los únicos actores que operan en el área. Las agrupaciones de delincuentes vinculadas al territorio cumplen también un rol importante en los conflictos sociales de Centroamérica.
La transformación de las pandillas o agrupaciones delictivas urbanas en transnacionales es alarmante y es parte de un proceso prolongado relacionado con factores externos a ellas. Entre los factores principales podemos enumerar: la globalización, la revolución informática, el aumento de la demanda de estupefacientes, la desregulación fronteriza en un marco de apertura de mercados de la década de los 90’, la emigración de la población en situación de riesgo social a los Estados Unidos y la posterior deportación sin control, y las instituciones endebles de las incipientes democracias incapacitadas de contener las demandas sociales.
En el informe emitido por la Oficina de las Naciones Unidas Contra el Delito y la Droga (UNDOC) “A Transnational Organized Crime Threat Assessment”, de hace 3 años, se advertía sobre el crecimiento de las actividades de las organizaciones delictivas vinculadas al territorio que ocupan los espacios ante la ausencia policial e imponen sus propias reglas para poder operar.
La categorización realizada por la UNDOC de estas organizaciones delictivas (las vinculadas al territorio y las transnacionales) es una simplificación para el análisis donde se reúnen los actores más relevantes, pero ello no significa que incluya al total de las agrupaciones existentes. Las organizaciones más importantes son: los Chamales, los Lorenzanas y los Mendozas en Guatemala y Honduras. Ellas se ubican en los grandes conglomerados urbanos y en las zonas fronterizas, donde se registra la
mayor actividad ilícita. Por otro lado, el Cartel de Texis y los Perrones en el Salvador, son parte de las redes transnacionales del narcotráfico que operan como transportistas. Aunque no existen datos estadísticos profundos, a partir de este informe se abrió el panorama para estudios más amplios.
En el caso de las agrupaciones territoriales, el poder reside en operar con violencia sobre territorios poblados por habitantes en situación de extrema vulnerabilidad social y de esa manera dominarlos. Como parte de esta lógica ofician de proveedores de servicios y recaudadores, atributo de los Estados, mediante la tributación (extorsión); dan oportunidades laborales a cambio de fidelidad y otorgan créditos, entre otras cosas. De esta manera, obtienen un control casi total de los asuntos locales y establecen vínculos con los sectores de la élite política corrupta.
El tráfico de drogas ilegales, especialmente cocaína, es el problema de seguridad más importante que percibe la sociedad centroamericana pero no es el único: el tráfico de personas, la piratería marítima y el transporte ilegal de bienes de consumo sin regulación aduanera son algunos de los problemas que enfrenta la región. Nadie duda de que sea necesario un cambio.
La Mara 18 (M-18) y la Mara Salvatrucha (MS-13) son unas de las agrupaciones más relevantes de la región. Empero, a partir del boom de la comercialización y el transporte de cocaína iniciado en 2006, perdieron terreno frente a los transportistas y los tumbadores que invadieron el mercado. El carácter dinámico de sus integrantes, en su mayoría jóvenes, y su cultura transnacionalizada, ya que el sentido de pertenencia a una pandilla y el modo de comportarse de sus integrantes tiene tanta transcendencia en los países centroamericanos como efectividad, le da a las Maras las herramientas para seguir en pie en las actividades ilegales más rentables y así subsistir como organizaciones delictivas territoriales.
La recolección de datos precisos y el posterior análisis para un diagnostico correcto de los fenómenos sociales en la región es vital. El aporte de información que hacen los Estados para un análisis profundo y progresivo se vuelve esencial a partir del carácter regional del fenómeno. Esto permite a las organizaciones multilaterales y las organizaciones no gubernamentales con presencia en Centroamérica desempeñar sus actividades de asistencia para mejorar la situación de la población en situación de riesgo. La presencia estatal en los territorios afectados y el fortalecimiento de las instituciones dedicadas al bienestar social de la población (salud, seguridad, educación y asistencia económica) son la clave para enfrentar un problema que no es simplemente de seguridad urbana sino de carácter regional.
En el pasado, los problemas de seguridad social e institucional en Centroamérica se han abordado, en su mayoría, utilizando medios coercitivos: Plan Escoba, Plan Mano Dura y Súper Dura, entre otros. Los planes a corto plazo como parte de aspiraciones políticas de los gobernantes no son efectivos para resolver un problema que tiene mayor tinte social que policial. Por eso es necesario ejecutar planes integrales donde se trabaje a largo plazo sobre la población en riesgo de ingresar en la actividad ilícita. Es un trabajo que necesita el compromiso de todos los sectores involucrados (fuerzas de seguridad, otras instituciones estatales, ONGs y organismos multilaterales internacionales).
Los datos estadísticos relacionados con estas organizaciones delictivas pueden ser consultados en: www.undoc.org