Por Cumbre Agraria.
Para el movimiento social y popular reunido en la Cumbre Regional Antioquia la consecución de la paz con justicia social y ambiental, y vida digna en los territorios, y la solución política al conflicto social y armado son elementos imprescindibles para la impostergable transformación de la sociedad colombiana. En este sentido:
Reafirmamos nuestro apoyo a los diálogos desarrollados en la Habana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno Nacional, así como enfatizamos el llamado a la instalación de mesas de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).
Rechazamos la posición adoptada por el presidente Juan Manuel Santos de suspender unilateral y arbitrariamente el proceso de negociaciones de paz con las FARC-EP, bajo la justificación de lo que se ha dado a conocer como el “secuestro” del general Rubén Alzate Mora. Esto significa un incumplimiento de las reglas acordadas -y por demás, promovidas por el mismo gobierno y sus asesores- en el sentido de mantener las negociaciones de paz en medio de la confrontación armada y demás acciones de guerra.
Debemos recordar al presidente Santos y a todos sus asesores que ante eventualidades como estas se debe acudir a los mecanismos de los cuales se ha dotado la Mesa de Negociación de la Habana para dirimir cuestiones de tanta sensibilidad, entre los cuales se encuentra la verificación de la situación denunciada en acompañamiento de las organizaciones y países que cumplen como garantes y amigos del proceso de paz, de ningún modo es aceptable jugar con el clamor y anhelo de millones de colombianos.
De igual manera, hacemos un llamamiento a las FARC-EP para que se pronuncien respecto de si unidades de esta guerrilla han tomado parte en la retención de este militar. Y de confirmarse su participación, le exigimos que sea tratado con el rigor humanitario que exigen las normas internacionales para la protección de los prisioneros de guerra y otras personas privadas de la libertad (artículos 4, 5 y 7 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra).
Es por lo anterior que seguimos exigiendo, como garantía de voluntad de paz, que en lo inmediato se pacte entre las partes un cese bilateral de la confrontación armada y demás acciones de guerra. Todo ello con el fin de consolidar el ambiente propicio para adelantar todos los aspectos que conciernen a finalizar el conflicto armado interno, así como a minimizar el sufrimiento causado a la población civil. De no ser así, cualquier incidente, y de cualquier índole, podría ser utilizado por las partes como excusa suficiente para la ruptura del proceso de paz, ante lo que insistimos la necesidad de que los actores no se levanten de la mesa de negociación.
Por otro lado, creemos imprescindible que se abran canales de participación de las comunidades, y que se den garantías para el comienzo de un ejercicio de diálogos regionales en aquellos territorios donde la guerra se vive con mayor rigor, de forma que esto contribuya al diálogo concreto entre las comunidades, el estado y las insurgencias y permita superar la grave crisis humanitaria que se vive en los territorios, abonando el camino para la necesaria desmilitarización de los territorios rurales y urbanos, bajo el respeto de la autonomía de los mismos.
Finalmente, es preciso emprender las acciones necesarias para dimensionar la responsabilidad de las dos partes del conflicto (agentes estatales e insurgencia) respecto de la cantidad de las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. El desconocimiento de la responsabilidad de cada una de las partes del conflicto conlleva la banalización de las atrocidades cometidas, a cambio de asumir la responsabilidad sobre violaciones que adoptaron formas sistemáticas y generalizadas se ha asumido una posición de señalar a la otra parte como el responsable del grueso de las violaciones. Esta cuestión en conjunto está enraizada en la gestión de la impunidad y en la determinación de no construir el balance global sobre la violencia, todo ello con el fin de evadir las responsabilidades, no sólo jurídicas, sino también del orden político.
Es necesario que se adelanten foros regionales de paz en los que se nos permita, como víctimas e interesados, el dialogo directo con los distintos actores armados, incluida la insurgencia para ampliar el debate y poder construir la paz desde los territorios.
Cumbre Regional Antioquia