Con la nueva ley de patrimonio sumergido, aprobada hace apenas dos semanas en el Senado de la República, nuestro país ha aprobado el reinado de los valores del capital frente al valor de su historia y de su cultura, riquezas que no pueden ser medidas ni en los lingotes de oro ni en las piedras preciosas que se encuentran sumergidas. Lo que hoy nos convoca es el proyecto para que las empresas “caza-tesoros” (los piratas de nuestra época), avaladas por el gobierno, extraigan, sin ningún tipo de interés arqueológico ni histórico, los lingotes, las monedas, las piedras preciosas y los objetos que se consideren “comercializables”, que se encuentran sumergidos en las embarcaciones españolas y criollas hundidas en el mar sobre el que Colombia ejerce “soberanía”.