El informe sobre el estallido social colombiano revela patrones de violencia, estigmatización e impunidad contra quienes protestaron. Más que cerrar una herida, obliga a preguntar quiénes reprimieron, quiénes callaron y quiénes se beneficiaron. ¿Qué nos espera hoy, bajo un gobierno que vuelve a hacer de la protesta un enemigo?
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez. Desinformemonos
Más que un documento institucional, el informe constituye un ejercicio de memoria y esclarecimiento sobre uno de los episodios más dolorosos y decisivos de la historia reciente de Colombia. Sus más de mil páginas reconstruyen, a partir de testimonios, documentos y diversas fuentes, las violencias que atravesaron el llamado estallido social, pero también interpelan las bases mismas de una democracia en la que ejercer el derecho a la protesta llegó a significar, para miles de personas, exponerse a la violencia, la estigmatización, la persecución y, en los casos más graves, a la muerte.
Un informe sobre una herida que Colombia todavía no ha cerrado
Entre 2019 y 2021, Colombia vivió una de las mayores oleadas de movilización social de su historia reciente. El Paro Nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019, interrumpido por la pandemia, retomó con fuerza inédita el 28 de abril de 2021, cuando millones de personas salieron a las calles no solo para protestar contra reformas económicas y sociales, sino también para expresar un malestar acumulado durante décadas de desigualdad, exclusión, violencia y falta de oportunidades, especialmente entre las juventudes populares.
La respuesta estatal estuvo marcada por una fuerte militarización y graves denuncias de violaciones de derechos humanos. Fue en este contexto, tras años de presión constante de familiares de víctimas, madres y organizaciones sociales que exigieron verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que se creó el Comité de Expertos Ad Hoc para esclarecer estas violaciones ocurridas entre 2019 y 2021. El informe final de este Comité, “Que protestar no (nos) cueste la vida ni la dignidad”, representa uno de los esfuerzos más significativos para reconstruir esa memoria desde la perspectiva de quienes sufrieron la violencia, incorporando testimonios, espacios de escucha y diversas fuentes documentales.
Este no es un informe gubernamental para cerrar el debate, por el contrario, se trata de un ejercicio de verdad construido con base en las voces de las víctimas y la sociedad civil, que trasciende fronteras al evidenciar cómo, en una democracia formal, el ejercicio legítimo del derecho a la protesta puede ser tratado como un problema de seguridad y una lógica de guerra. El documento revela patrones generalizados y sistemáticos de violaciones, violencia letal, uso desproporcionado de la fuerza, lesiones oculares, violencias basadas en género, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y criminalización de quienes protestaron, desmontando la idea de meros “excesos individuales” y señalando una estructura de violencia estatal.
Este informe debe provocar una profunda reflexión sobre la Colombia que somos y la relación histórica entre el Estado y la inconformidad social, evidenciando cómo determinados sectores son estigmatizados y cómo la violencia se legitima frente a reclamos sociales. Así, recoge la lucha persistente de familiares, madres y organizaciones sociales que han impulsado mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición, reclamando que estas heridas no queden en la impunidad y la normalización.
174 asesinatos no son “excesos”
Durante décadas, la doctrina de seguridad colombiana estuvo marcada por la noción del “enemigo interno”, que transformó la protesta social legítima en una amenaza para el orden público, la propiedad y las instituciones estatales. Este enfoque reprodujo un patrón de criminalización especialmente dirigido a jóvenes de sectores populares, quienes fueron uno de los principales blancos de la represión durante el estallido social de 2019-2021. El informe del Comité de expertos ad hoc evidencia una lógica sistemática de criminalización de la pobreza, donde factores como la clase social, la edad, la etnia y la identidad racial se convirtieron en determinantes para la mayor vulnerabilidad frente a la violencia estatal y paramilitar. Además, se señala que defensores y defensoras de derechos humanos también fueron objeto de agresiones específicas.
El grueso de la discusión política tras estos hechos no solo se enfoca en identificar a los autores materiales de la violencia (quién disparó o realizó detenciones arbitrarias), sino en desentrañar las estructuras institucionales, las doctrinas de seguridad, los discursos oficiales y las relaciones de poder que permitieron que miles de jóvenes fueran concebidos y tratados como enemigos por ejercer un derecho fundamental como es la protesta social. Se advierte que la construcción social de ciertos cuerpos como peligrosos habilitó el uso sistemático de la violencia como herramienta de control social, lo cual plantea una interrogante esencial sobre la calidad y naturaleza de la democracia en Colombia.
El Comité reconoció que los datos disponibles sobre víctimas están incompletos, en gran parte debido al miedo, las barreras institucionales, la revictimización, la estigmatización y las limitaciones de los sistemas oficiales de información, lo que genera un fuerte subregistro. No obstante, el informe documentó 174 asesinatos en el marco de las protestas sociales, los cuales no deben interpretarse como “excesos” sino como parte de un patrón sistemático de violencia. De estos homicidios, 124 casos (71,3 %) fueron atribuidos a agentes estatales; 22 a civiles, grupos paraestatales, y 28 permanecían sin determinar. Las ciudades con mayor concentración de estos hechos fueron Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, Soacha y Pasto.
Adicionalmente, el informe registró 129 casos de lesiones oculares y heridas en órganos vitales, que calificó como intentos de asesinato, reflejando la brutalidad y la precisión en el uso de la fuerza estatal durante las manifestaciones. En términos demográficos, el 95,4 % de las víctimas de homicidio documentadas fueron hombres, y el 50,6 % tenían menos de 28 años; en especial, el segmento entre 18 y 28 años representó el 43,7 %. Entre las víctimas se incluyen personas afrocolombianas, indígenas, estudiantes, trabajadores independientes y formalizados, artistas, domiciliarios y pobladores rurales, evidenciando la diversidad social afectada pero con una marcada participación juvenil.
No se trata de una abstracción sobre “orden público” sino de vidas concretas, hijos, hermanos, estudiantes, trabajadores, artistas, que salieron a exigir cambios sociales y muchos de los cuales no regresaron. Este fenómeno representa un serio cuestionamiento a la vigilancia de los derechos humanos y la garantía efectiva del derecho a la protesta en Colombia, demandando no solo esclarecimiento y justicia, sino reformas profundas en las políticas y doctrinas de seguridad estatal para evitar la repetición de estos hechos.
La impunidad también es una forma de violencia
La violencia no concluye con el cese del uso de la fuerza física; persiste en las múltiples barreras institucionales que impiden la justicia y la reparación. El informe revela que la impunidad se manifiesta en expedientes que permanecen estancados, en pruebas que desaparecen o se deterioran, en investigaciones que se prolongan indefinidamente y en procesos judiciales que suelen limitar la responsabilidad al ejecutor inmediato, sin alcanzar a las estructuras de mando ni desmantelar la doctrina que sustenta esas prácticas represivas.
Este fenómeno no debe ser interpretado únicamente como la ausencia de condenas, la impunidad envía un mensaje político a todos los actores involucrados, para quienes reprimen, la percepción de que difícilmente serán investigados ni sancionados funciona como un incentivo para mantener y replicar conductas violentas; para quienes protestan, la experiencia de que denunciar implica exponerse a nuevas amenazas y la revictimización genera desconfianza y desincentiva la denuncia. Así, la impunidad no es solo una falla administrativa o judicial, sino un componente funcional del sistema represivo, que perpetúa la violencia y erosiona derechos fundamentales.
La arquitectura de la represión, este hallazgo es uno de los aportes clave del informe, en tanto logra desplazar la mirada desde episodios aislados hacia la identificación de patrones y estructuras institucionales que sustentan la violencia estatal. Se identifica una matriz doctrinal persistente, basada en la conceptualización de la protesta como una amenaza y en la configuración del «sujeto a reprimir», construyendo al manifestante como “enemigo interno”. Esta matriz se traduce en la militarización de la gestión de la protesta, con una articulación directa entre fuerzas policiales y militares, en muchas ocasiones asistidas por actores civiles, incluidos grupos señalados como paramilitares.
El informe destaca prácticas institucionalizadas y discursos públicos que estigmatizan y criminalizan la protesta social. La construcción de relato que asocia víctimas con términos como “vándalos”, “terroristas” o “enemigos” deshumaniza a quienes ejercen derechos democráticos y facilita la justificación social y política de la represión. Así, se legitima un marco operativo que redefine la protesta como riesgo para la seguridad y no como ejercicio democrático, lo que favorece intervenciones coercitivas con lógica militarista y contrainsurgente.
No obstante, el informe reconoce que hay ámbitos que requieren investigación más profunda, en particular el rol de los medios de comunicación y otros sectores sociales en la estigmatización de la protesta, así como la participación de particulares y posibles responsabilidades de actores económicos en la financiación o ejecución de acciones represivas. Esta precisión no implica ausencia de responsabilidades, sino la necesidad imperiosa de exigir la investigación integral de todas ellas. Una mirada crítica debe sustentar la búsqueda de verdad y justicia sin caer en simplificaciones ni omisiones.
¿Y los civiles? ¿Y las empresas? ¿Y los medios?
El informe deja preguntas que no pueden quedar en segundo plano. El propio Comité reconoce que, por las limitaciones de tiempo, recursos y un mandato institucional restringido, no pudo profundizar en asuntos cruciales como la actuación de particulares junto a la Policía, el papel de los medios en la construcción de discursos legitimadores de la represión y las dificultades de protección sanitaria y asistencia humanitaria durante las protestas.
Esta limitación abre una agenda urgente de investigación, ¿quiénes construyeron y difundieron los discursos que criminalizaron la movilización? ¿Qué intereses económicos y redes políticas estuvieron comprometidos con la defensa del statu quo? ¿Qué papel desempeñaron determinados medios? ¿Qué ocurrió con los civiles que actuaron junto a la fuerza pública?
No se trata de atribuir responsabilidades que el informe no pudo establecer, sino de ampliar la mirada. La violencia contra la protesta no puede reducirse a quienes ejecutaron materialmente las agresiones; es necesario investigar las cadenas de decisión, alianzas, intereses, discursos y mecanismos de legitimación o encubrimiento que pudieron hacer posible su reproducción e impunidad.
Aquí las universidades tienen una responsabilidad ineludible. Su función investigativa debe profundizar allí donde los límites institucionales del Comité dejaron preguntas abiertas, aportando conocimiento riguroso para esclarecer responsabilidades y comprender las estructuras que rodearon la represión. Si otros actores contribuyeron a justificarla, facilitarla o normalizarla, la sociedad tiene derecho a saber quiénes fueron, cómo operaron y qué responsabilidades les corresponden.
Una democracia que evita estas preguntas corre el riesgo de convertir la memoria en archivo y la impunidad en una práctica permanente de poder.
Un informe que corre el riesgo de ser olvidado
El extenso informe elaborado por el Comité de Esclarecimiento Ad Hoc, con sus más de mil páginas, constituye un testimonio monumental y profundamente necesario para comprender la violencia desplegada contra la protesta social en Colombia entre 2019 y 2021. Construido a partir de cientos de testimonios de víctimas y organizaciones sociales, y mediante la revisión y triangulación de diversas fuentes documentales, el informe aporta elementos decisivos para reconstruir una verdad que durante años fue negada, minimizada o reducida a la idea de “casos aislados”.
Su existencia, sin embargo, enfrenta un peligro conocido en Colombia, convertirse en un documento más de la memoria institucional, cuidadosamente archivado mientras las estructuras que hicieron posible la violencia permanecen intactas y la impunidad continúa operando.
Colombia, conoce demasiado bien este mecanismo, documentar el horror, reconocer parcialmente los hechos, producir informes y luego permitir que el tiempo, el silencio y la desmemoria hagan el trabajo que la represión ya no puede hacer.
Por eso, el informe no debería ser entendido como el punto final de una investigación, sino como un punto de partida para una disputa política, jurídica y social por la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. Su contenido compromete al Estado, pero también interpela a las universidades, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales y al conjunto de la sociedad.
La verdad documentada debe traducirse en políticas públicas; la memoria debe convertirse en una herramienta efectiva de no repetición; y la justicia debe superar la persecución exclusiva de los ejecutores materiales para investigar, cuando corresponda y con el debido proceso, las responsabilidades de quienes ordenaron permitieron, encubrieron o legitimaron la violencia.
De lo contrario, la impunidad puede terminar funcionando como un mecanismo que reproduce las condiciones mismas de la represión.
El pasado que vuelve: cuando la protesta vuelve a ser el enemigo
La gravedad de esta advertencia adquiere una dimensión mayor ante la actual coyuntura colombiana. En el horizonte del gobierno de Abelardo de la Espriella, y en medio del avance regional de proyectos autoritarios, clasistas y abiertamente hostiles a las demandas populares, vuelven a cobrar fuerza discursos que presentan la protesta como amenaza, la organización social como sospecha y la defensa de los derechos como obstáculo para el “orden”. Lo que está en disputa no es solamente un cambio de gobierno, sino el sentido mismo de la democracia.
Las élites políticas y económicas que este proyecto representa vuelven a mirar al pueblo organizado desde el desprecio y la estigmatización. Por eso la memoria del estallido adquiere una urgencia particular, el peligro no es únicamente olvidar lo ocurrido, sino normalizar nuevamente las condiciones que hicieron posible aquella violencia.
En este punto cobra especial significado el legado del padre Javier Giraldo, cuya vida estuvo dedicada a la defensa de las víctimas y a la denuncia de la violencia estatal y paraestatal. Su comprensión de la protesta como expresión legítima de la democracia mantiene plena vigencia: quienes padecen desigualdad y exclusión tienen derecho a reclamar, organizarse y movilizarse. Convertir al manifestante en enemigo y justificar la violencia contra él no fortalece la democracia; la vacía de contenido.
Por eso este informe no puede convertirse en un archivo muerto. Debe interpelar al presente y exigir respuestas. Al Estado le corresponde investigar, juzgar, reparar y desmontar las prácticas institucionales que reproducen la violencia; a las universidades, preservar una memoria crítica y profundizar las investigaciones aún pendientes; y a la sociedad organizada, defender la protesta como derecho y como conquista democrática.
La historia colombiana enseña que la impunidad alimenta la repetición y la memoria organizada puede convertirse en una barrera contra ella. Nombrar a los asesinados, acompañar a los sobrevivientes, escuchar a sus familias y disputar el relato que convierte a las víctimas en culpables es también una forma de justicia.
Recordar no es quedar atrapados en el pasado, es impedir que el mal del pasado vuelva a gobernar el presente.
El miedo es una herramienta del poder. La memoria, en cambio, puede ser una herramienta de liberación. Mientras exista un pueblo capaz de recordar a sus muertos, defender a sus vivos y organizarse para disputar democráticamente su futuro, ninguna maquinaria de miedo tendrá la última palabra.
La verdad sigue siendo una deuda. La justicia, una tarea pendiente. Y mientras esa deuda permanezca abierta, la lucha continúa.
Referencia:
Espinosa Moreno, Fernanda; Galvis Patiño, Maria, Perdomo Ramírez, Leyder. (2026). Que protestar no (nos) cueste la vida ni la dignidad. Informe final. Comité de Expertos Ad Hoc para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales ocurridas entre los años 2019 y 2021 en Colombia. https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2026/08/0.-texto_final-vf-comite-de-expertos_compressed.pdf
Zibechi, R., Vallejo Duque, Y., Insuasty Rodriguez, A., Felipe, M., Villa Holguin, E., & Montoya, J. (2021). Colombia: Entre la rebeldía y la esperanza. Reflexiones en torno a la Movilización Social 28 abril de 2021. Medellín: Kavilando. En: https://kavilando.org/editorial/52-editorial-luchas-sociales-y-populares/8845-colombia-entre-la-rebeldia-y-la-esperanza-reflexiones-en-torno-a-la-movilizacion-social-28-abril-de-2021
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