Las elecciones en Brasil, Estados Unidos e Israel pueden alterar el equilibrio político de un orden internacional atravesado por guerras, militarización y crisis del derecho. Se decide no sólo quién gobierna, sino cuánto poder conservan quienes impulsan esta arquitectura y qué posibilidades tienen los pueblos de frenarla.
Por: Marlon Osorio*, Yani Vallejo Duque**, Alfonso Insuasty Rodriguez***
Tres elecciones, una disputa global
Entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre de 2026, Brasil, Israel y Estados Unidos afrontan decisiones electorales con implicaciones que desbordan sus fronteras. Brasil celebrará la segunda vuelta presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro; Israel elegirá su nuevo Parlamento el 27 de octubre; y Estados Unidos renovará la Cámara de Representantes y parte del Senado el 3 de noviembre. No son procesos equivalentes, pero coinciden en un momento en que la guerra, la concentración del poder, la tendencia ultra-conservadora - fascista y la erosión de las reglas internacionales se han convertido en asuntos centrales.
Surge la pregunta sobre si estas elecciones consolidarán o debilitarán a los actores políticos que han promovido una reconfiguración autoritaria del orden internacional, en la que la fuerza militar, las sanciones, la presión económica y la subordinación de otros Estados se presentan como instrumentos legítimos de gobierno mundial.
Donald Trump ha sido un impulsor decisivo de la internacionalización de las derechas nacionalistas y de una política exterior que reivindica abiertamente la primacía estadounidense. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 incluso anuncia la reafirmación de la Doctrina Monroe bajo un «corolario Trump», recuperar la preeminencia de Washington en el hemisferio occidental y limitar el control de potencias externas sobre activos estratégicos regionales. No se trata, por tanto, de una interpretación atribuida únicamente a sus críticos: es una orientación expresada en el documento oficial estadounidense.
Brasil: el alcance continental de una decisión nacional
La elección brasileña trasciende la disputa presidencial: está en juego el futuro de los BRICS, la autonomía latinoamericana y el equilibrio entre Washington y Beijing. Brasil es un actor central del bloque y mantiene vínculos comerciales estratégicos con China. Un giro hacia Flávio Bolsonaro podría acercar al país a la agenda hemisférica de Trump y debilitar la cooperación Sur-Sur; una victoria de Lula mantendría abierto, sin garantizarlo, un espacio para el multilateralismo y la integración regional.
Pero la disputa también ocurre en el terreno digital, las campañas en América Latina han estado expuestas a injerencias, operaciones de desinformación y redes automatizadas. El caso de Fernando Cerimedo, vinculado a campañas que cuestionaron sin pruebas los resultados electorales brasileños de 2022, exige mantener abiertas las investigaciones sobre posibles granjas de bots y manipulación coordinada. Las actuaciones contra funcionarios judiciales que investigan estos hechos también deben examinarse con rigor como injerencia colonial de EEUU en Bolivia.
Este escenario se conecta con la guerra cognitiva, concepto desarrollado por la OTAN para analizar cómo influir sobre percepciones, creencias y comportamientos, la opacidad de los algoritmos, la publicidad política transfronteriza y la amplificación artificial de mensajes plantean riesgos para la autonomía del voto. Por ello, las denuncias deben investigarse mediante auditorías independientes y evidencia verificable.
Mientras la cobertura mediática suele concentrarse en candidatos, encuestas y alianzas, pueden quedar en segundo plano los intereses económicos, las redes transnacionales de influencia y las consecuencias geopolíticas de una reorientación brasileña. No toda la prensa opera igual, pero es necesario preguntar qué relaciones de poder quedan fuera del encuadre dominante.
Lo que está en juego es quién influye sobre la voluntad popular, quién controla las infraestructuras digitales y quién define la inserción internacional de la región. En un orden basado en guerras, la coerción también opera mediante presión diplomática, dependencia económica y manipulación informativa. Defender la democracia exige proteger el voto, investigar las injerencias y garantizar que los pueblos decidan con libertad, información verificable y soberanía.
Estados Unidos: ¿puede Trump perder poder y enfrentar controles?
Las elecciones de medio término no destituyen al presidente, pero pueden cambiar la composición del Congreso, limitar su margen de acción y fortalecer las investigaciones sobre su gobierno. Si los republicanos pierden una o ambas cámaras, Trump enfrentaría mayores obstáculos para sostener su agenda interna y exterior.
Su política ha estado marcada por una diplomacia personalista, en la que las relaciones entre Estados se entrecruzan con intereses empresariales y cuestionamientos por posibles conflictos de interés vinculados a negocios de su entorno familiar y político. Al mismo tiempo, la militarización y las guerras dinamizan enormes intereses en las industrias armamentística y energética. Esta convergencia entre poder político, negocios estratégicos y coerción internacional contribuye a consolidar un orden en el que la guerra también funciona como oportunidad de acumulación económica.
Una pérdida de poder legislativo podría introducir límites, abrir investigaciones y modificar los incentivos de su política exterior. No significa que este modelo desaparezca, pero sí podría generar nuevas condiciones diplomáticas y abrir espacios para el avance de un orden multipolar. También podría debilitar el respaldo político y estratégico de Washington a gobiernos latinoamericanos alineados incondicionalmente con el trumpismo.
Lo que está en juego, entonces, va más allá del futuro personal de Trump, es la capacidad de las instituciones para controlar al Ejecutivo, esclarecer posibles conflictos de interés y evitar que la diplomacia se convierta en instrumento de negocios privados y expansión militar. Para los pueblos, una eventual reconfiguración podría abrir oportunidades de autonomía, siempre que los gobiernos y las fuerzas sociales de la región logren convertirlas en integración, soberanía y derechos efectivos.
Israel: elecciones, guerra e impunidad
Las elecciones israelíes pueden debilitar el liderazgo de Benjamin Netanyahu y abrir una reconfiguración de la política interna y regional. Su gobierno personalista, los procesos judiciales por corrupción que enfrenta y el rechazo social a sus políticas extremistas han erosionado su legitimidad. Una eventual pérdida del poder podría modificar su margen de maniobra, aunque no implicaría automáticamente una condena ni el fin de la orientación expansionista del Estado israelí.
La Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. A su vez, el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia mantiene abierta la controversia jurídica sobre la aplicación de la Convención contra el Genocidio. Estos procedimientos no equivalen a una sentencia definitiva, pero plantean límites jurídicos que los aliados de Israel no pueden ignorar indefinidamente.
Un cambio político en Israel, sumado a un eventual debilitamiento de Trump en Estados Unidos, podría obligar a reajustar la conducción de la guerra, la diplomacia regional y las estrategias de legitimación internacional. También pondría bajo presión los intereses de las industrias militar, tecnológica y de vigilancia, beneficiarias de contratos, exportaciones y alianzas de seguridad. Estos sectores, sin embargo, no desaparecerían con un cambio de gobierno, podrían adaptarse, diversificar mercados y buscar nuevas vías de influencia.
Lo mismo ocurre con las redes políticas, empresariales y de seguridad vinculadas a la expansión de la influencia israelí en América Latina y otras regiones, incluida la cooperación tecnológica y militar. Un debilitamiento del eje político entre Netanyahu y Trump podría restarles impulso o modificar sus condiciones de operación, pero no desmantelaría automáticamente esas estructuras ni las relaciones que las sostienen.
Lo que está en juego no es únicamente la continuidad de Netanyahu, sino la capacidad de limitar un entramado de poder que conecta guerra, genocidio, negocios y expansión geopolítica. Un cambio electoral podría abrir fisuras en ese entramado; convertirlas en avances hacia la paz, la justicia y la soberanía de los pueblos dependerá también de la movilización social y de la exigencia efectiva de responsabilidades.
Un orden basado en guerras y una legalidad selectiva
Las trayectorias de Trump y Netanyahu convergen en una alianza estratégica que articula poder político, cooperación militar, transferencia de armas, inteligencia, tecnología y respaldo diplomático. Esta convergencia ha contribuido a sostener operaciones militares y a contener los costos políticos de la violencia. Ambos liderazgos han personalizado decisiones estratégicas y favorecido una relación estrecha entre intereses de Estado, negocios privados y sectores militares y tecnológicos. Sin embargo, sus responsabilidades son distintas y no debe suponerse que todos los conflictos responden a una dirección única.
Un debilitamiento electoral de Trump o Netanyahu podría alterar esta arquitectura, obligar a reajustes diplomáticos y reducir el impulso de algunas agendas expansionistas. Pero los intereses que la sostienen, industria militar, mercados energéticos, vigilancia tecnológica y redes de influencia, no desaparecerían automáticamente, buscarían adaptarse, preservar contratos y mantener su capacidad de presión. Por ello, el problema trasciende a los gobernantes y remite a las estructuras que convierten la guerra en instrumento geopolítico y oportunidad de acumulación.
El académico chino Qin Yaqing propone comprender las relaciones internacionales desde la relacionalidad, más allá de los enfoques centrados exclusivamente en la competencia entre Estados. El politólogo ruso Serguéi Karaganov interpreta la crisis internacional como una disputa por el agotamiento de la hegemonía occidental, mientras que el académico iraní Seyed Mohammad Marandi ha cuestionado las sanciones y la presión estadounidense como instrumentos de coerción.
En este contexto, la ruptura del derecho internacional no se expresa únicamente en el inicio de una guerra, sino también en la normalización de los ataques contra civiles, el desacato a mecanismos judiciales y la aplicación selectiva de las normas según las alianzas geopolíticas. La ruptura del contrato social avanza cuando los Estados movilizan recursos para el rearme y la guerra, mientras presentan la precarización, la desigualdad y el retroceso de los derechos sociales como inevitables.
Lo que está en disputa es, por tanto, mucho más que la continuidad de Trump o Netanyahu es la capacidad de las sociedades para limitar los poderes que articulan guerra, negocios y dominación. Un eventual debilitamiento de estos liderazgos y el triunfo de Lula en Brasil, podría abrir espacios para el multilateralismo y un orden multipolar, pero esa posibilidad no garantiza por sí misma la paz ni la justicia.
Dependerá de que los pueblos organizados conviertan esas fisuras en soberanía, integración regional y garantías efectivas de derechos.
Lo que está en juego para los pueblos
Estas elecciones no resolverán por sí solas la crisis global, pero, una derrota electoral puede limitar a un gobierno, pero no desmantela automáticamente las redes económicas, militares, tecnológicas y mediáticas que sostienen la concentración del poder. Tampoco un cambio de liderazgo garantiza justicia para las víctimas o una transformación de las relaciones internacionales.
Lo que sí puede cambiar es el margen de maniobra, la capacidad de los congresos para investigar, de los tribunales para actuar, de los Estados para cooperar o resistir presiones externas y de los movimientos populares para disputar el rumbo de sus sociedades. Por eso, la vigilancia ciudadana, la movilización social, la solidaridad internacional y la defensa de la soberanía no son asuntos secundarios frente a las urnas, son condiciones para que el voto tenga consecuencias reales.
Para América Latina, el desafío consiste en evitar que la polarización entre potencias sustituya la autonomía de los pueblos por nuevas dependencias. Para Palestina y las sociedades expuestas a la guerra, está en juego que las víctimas no queden relegadas a cifras y que la justicia no dependa del poder militar de los responsables. Para todas las sociedades, la cuestión es si el Estado seguirá siendo un garante de derechos o se convertirá, cada vez más, en administrador de la inseguridad, la guerra y el despojo.
Un orden basado en guerras no se transforma solo porque cambien sus gobernantes. Se transforma cuando los pueblos organizados limitan el poder que convierte la vida, los territorios y la Madre Tierra en instrumentos de dominación. Nuestra América no está condenada a ser patio trasero de ningún imperio, la paz con justicia, la soberanía y la dignidad deben construirse desde abajo, con integración regional y derechos efectivos.
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*Investigador Grupo Kavilando – parte del observatorio de Medios DESBORDE
**Defensor público, investigador grupo Kavilando, pate de REDIPAZ.
***Docente investigador universidad de San Buenaventura, parte de REDIPAZ, observatorio latinoamericano de estudios en geopolítica, doctrina, conflicto y bienes estratégicos (OBSERVA-LA)
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Referencias.
International Criminal Court. (2024, 21 de noviembre). Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant. https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges
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Marandi, S. M. (2014, 20 de mayo). China, Iran and Russia: Restructuring the global order. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2026/9/17/russia-china-veto-un-mandate-to-monitor-iran-sanctions
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