Prólogo.

Omar Rojas me ha hecho el gran honor de pedirme que prologue su segunda obra sobre los falsos positivos en Colombia.

Es posible que muchos de sus lectores supiéramos ya en qué consistió este crimen monstruoso, pero vale la pena hacer un breve recordatorio del episodio que se convirtió en su punto focal.

Entre el 2002 y el 2008, miles de jóvenes de extracción popular en campos y ciudades fueron atraídos con distintos pretextos a lugares lejanos para ser asesinaTos y después ser presentados como bajas en combate por la fuerza pública.

Rojas presenta las distintas estimaciones que se han hecho del fenómeno, y muestra que adquirió proporciones gigantescas. “La cifra proyectada en la investigación sociológica e histórica —dice— sobrepasó los 3.925 casos investigados por la Fiscalía General de la Nación durante el periodo 2002-2010, evidenciando sistematicidad y generalidad al registrarse en toda la geografía colombiana, comprometiendo alrededor de cinco mil funcionarios públicos de más de ciento ochenta unidades militares y de policía”.

Los cadáveres podían ser disfrazados de guerrilleros, para alimentar el conteo de cuerpos y mostrarle a la opinión pública que se estaba ganando la guerra. O podían ser disfrazados de paramilitares, para mostrar a auditorios nacionales e internacionales que en efecto sí se estaba combatiendo a esos grupos. De hecho, varios de estos “positivos” se llevaron a cabo en colaboración con los paramilitares mismos.

El autor principal de esta investigación tiene la doble identidad de ser un estudioso y un coronel retirado de la Policía.

La segunda característica le permite entender dimensiones de los “falsos positivos” que se le escapan parcial o totalmente al analista común. Tal mirada “desde adentro”, aparte de mostrar valentía e integridad poco comunes, se basa en una perspectiva operacional seria y profesional. Esto por sí solo ya haría que la lectura de este libro fuera fundamental. Doy tres ejemplos de lo que acabo de decir:

Primero, el autor y su equipo de investigación muestran en sus dos obras (ésta y la del 2017), basándose en la logística del crimen, que la explicación oficial de tal —que lo cometieron unas “manzanas podridas”— es completa y abrumadoramente inverosímil, pues para montar un “positivo” se requiere tener recursos institucionales, contar con toda una serie de redes — comenzando por la de los reclutadores— y a menudo coordinar entre distintas unidades dentro del Ejército o la Policía.

No hay la menor posibilidad de que esta matazón de gente completamente desvinculada del conflicto armado, cuyas únicas características comunes eran ser pobres, jóvenes y vulnerables, se hubiera podido llevar a cabo en secreto o de manera aislada.

Segundo, y en relación con lo anterior, Rojas y su equipo de investigación muestran que el episodio pudo tener lugar porque hubo una redefinición profundamente malsana de la “lealtad”dentro de las agencias de seguridad del Estado.

Los conceptos de lealtad y de honor son fundamentales para tales agencias —sobre todo para el Ejército— y están íntimamente relacionados, como lo saben todos los hombres y mujeres en uniforme, y como lo repiten una y otra vez teóricos de la guerra. La lealtad tiene que ver con profundos sentidos de pertenencia, a su vez asentados en el orgullo de portar ciertas insignias y símbolos.

Al menos desde Napoleón está claro que la lealtad, en el sentido de complicidad personalizada, es de hecho el antónimo de esta lealtad institucional que está en la base de la idea misma de ejército moderno.

La complicidad personalizada se basa sobre el silencio, la posibilidad de chantaje mutuo y el intercambio de favores. En este mundo en el que predomina la ley de silencio —la omertà—, el que denuncie o defienda las reglas de juego y el honor es el enemigo. Por eso, la explicación oficial —que coincide aquí totalmente con la de la derecha radical— que acusa a los críticos de estos crímenes de promover la desmoralización de la fuerza pública está basada en una profunda distorsión; son los defensores de esta clase de lealtad los que están, no solamente generando una desmoralización insondable, sino creando las condiciones para que estos eventos se repitan.

Esta última frase no es de ninguna manera una exageración o una conjetura truculenta. Rojas y su equipo de investigación plantean aquí claramente dos hechos que la avalan. Por un lado, las ejecuciones extrajudiciales de agencias de seguridad del Estado tienen una larga y terrible tradición en este particular; por otro, los sistemas de incentivos dentro de aquellas agencias han operado abrumadora, masivamente, a favor de los perpetradores, y no de los defensores del honor y de las reglas básicas de civilización.

Estos últimos fueron perseguidos sistemáticamente casi siempre, o condenados al ostracismo en el mejor de los casos. En cambio, los perpetradores recibieron cursos, premios, promociones y la capa protectora del silencio, a veces de una simpatía no tan implícita. No hablemos ya de las víctimas, que han sido marginadas e ignoradas de manera pública por sucesivos gobiernos, no vaya a ser que incomoden a los perpetradores y a sus apoyos políticos, sociales e institucionales. La expresión más grotesca de esto fue la revictimización de los asesinados por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, quien declaró sobre ellos: “No estarían recogiendo café”.

Ni qué decir tiene que todo esto crea efectos devastadores sobre la confianza —un valor intangible pero fundamental para cualquier Estado— y sobre el sentido del honor que debieran de tener los ciudadanos en uniforme, como lo muestra Rojas de manera contundente.

Tercero, y en relación con lo anterior, Rojas y su equipo evidencian que los “falsos positivos” no salieron de la nada. Resultan de un sistema de incentivos e incluso de una cierta división del trabajo (recomiendo leer atentamente lo que dice sobre el lugar de los especialistas en inteligencia en estos crímenes), orientados a la promoción del conteo de cuerpos, a la exclusión de la protección de la vida de civiles no influyentes del elenco de objetivos centrales de las agencias de seguridad del Estado, y de la protección a rajatabla de los fueros de instituciones y personajes cuyo efecto práctico es ponerlos por encima de la ley. Esta clase de diseños tenía que producir efectos análogos a los que produjo.

Por eso, Rojas muestra que ya, cuando Marta Lucía Ramírez era ministra de Defensa, se habían creado las condiciones para que estos horribles crímenes tuvieran lugar.

Leyendo este libro durísimo uno se pregunta qué tendremos que hacer para poder, en algún momento, pasar esta página nefasta. Es difícil pensar en alguna forma de resarcimiento real a las madres y otros familiares de las víctimas, pero en todo caso la tarea ni siquiera se ha comenzado. Habría que hacerlo. ¿Y qué decir sobre los efectos sociales e institucionales?

Rojas y su equipo dan dos claves importantes para pensar en una respuesta. Por una parte, muestran que hubo una disminución de los falsos positivos solamente después del 2008, cuando el escándalo nacional e internacional parecía imparable.

Fueron la presión pública, el seguimiento, la información, los que permitieron detener la sangría. Esta es una enseñanza absolutamente fundamental. Todos los colombianos — incluyendo a aquellos uniformados que se atienen a los estándares de honor y civilización— deberían procurar más claridad en la fuerza pública, mejores controles civiles respecto de procesos claves, y permitir mayor acceso de periodistas y ciudadanos a ellos.

Por otra parte, se necesita una nueva lógica dentro de la fuerza pública. Que lo diga una voz que la conoció desde adentro es invaluable. No encuentro nada mejor aquí que citar al coronel retirado Rojas, en una de sus conclusiones:

Las fuerzas armadas deben encauzar su misión como defensores de los derechos humanos, retomar su honor mancillado y elevarlo en cada acción proyectada y realizada; no puede medirse cada acción a través del simple número de asistentes a seminarios, foros o clases sobre la materia, sino en el número de denuncias y quejas que sobre estos la comunidad presente, la justicia investigue y la sociedad condene moralmente.

Francisco Gutiérrez Sanín

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales

Universidad Nacional de Colombia

Introducción.

Para un científico social, mientras un fenómeno en la sociedad continúe presentándose, al ser este dinámico y multidimensional, siempre habrá algo nuevo que investigar. El conocimiento logrado hasta ese momento no es suficiente y amplio como para encender alarmas y lograr la atención de la humanidad, de ahí la necesidad de seguir en la búsqueda de nueva información, de nuevos eventos. Catorce meses antes de que el New York Times publicara el regreso de los falsos positivos como práctica de guerra (Casey, 2019), Telesur difundió que la estrategia del conteo de cuerpos continuaba en las fuerzas armadas de Colombia (Telesur, 2018; Hoyos, 2018).

La entrevista realizada con ocasión de la divulgación de los alcances del estudio Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios (Rojas y Benavides, 2017) daba a conocer que los asesinatos de no combatientes por militares y policías no solamente obedecían a la estrategia de conteo de cuerpos para demostrar que se le estaba ganando la guerra al terrorismo, y a la política de recompensas y premios para victimarios e informantes instaurada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sino que además existía una desconexión moral y profesional en los victimarios, lo que evidenciaba a su vez la pérdida de la sensibilidad humana en sectores sociales, una estrategia de guerra sucia, psicológica y política desarrollada desde la institución militar.

Se mostraba allí que, en el plan estratégico del sector de defensa y seguridad, con operación en los planes de acción de divisiones, brigadas, batallones, direcciones y departamentos, se proyectaba al inicio de cada año un número de terroristas a dar de baja, correspondiente a un indicador periódico de evaluación institucional.

La estrategia condujo a integrantes de las fuerzas armadas, en coordinación con otras dependencias del Estado, a ilusionar, aprehender y secuestrar alrededor de diez mil personas no combatientes provenientes de estratos socioeconómicos bajos, a quienes asesinaron, uniformaron y les plantaron armas de fuego y otros elementos. En ruedas de prensa los ejecutados eran presentados como terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo — Farc-EP, y del Ejército de Liberación Nacional — ELN, entre otros grupos, muertos en combate. La cifra proyectada en la investigación sociológica e histórica sobrepasó los 3.925 casos tenidos en cuenta por la Fiscalía General de la Nación durante el periodo 2002-2010, lo que evidencia sistematicidad y generalidad al registrarse en toda la geografía colombiana, y que compromete alrededor de cinco mil funcionarios públicos de más de ciento ochenta unidades militares y de policía.

El accionar de los victimarios se realizaba gracias a los postulados de la política de defensa y seguridad democrática (República de Colombia, 2003) que establecía una mayor coordinación y asistencia institucional y de agencias de los organismos del Estado. El artículo “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, publicado en marzo del 2019, y el estudio referenciado de la Universidad Santo Tomás (Rojas y Benavides, 2017) incomodaron a militares y partidos políticos, provocando no solamente que periodista, fotógrafo y sociólogo abandonaran el país (El Tiempo, 2019), sino la puesta en marcha desde el sector inteligencia de la operación “Silencio” con el propósito de evitar que se siguiera conociendo la verdad de lo sucedido con los falsos positivos militares (Semana, 2019). Antes, en el año 2014, la operación “Desprestigio”, orquestada entre militares y un magistrado integrante del Consejo Superior de la Judicatura, pasó desapercibida entre los medios de comunicación y las autoridades judiciales; esta operación se inició años atrás, en el gobierno de la política de seguridad democrática, con la intención de desacreditar las denuncias de las víctimas, los abogados defensores y las organizaciones de derechos humanos que revelaban el asesinato de no combatientes por agentes del Estado en operaciones militares.

El propósito de la maniobra militar no solamente se evidenció en el momento en que el general Leonardo Barrero, comandante del Ejército, y el coronel Robinson González del Río, vinculado a las ejecuciones extrajudiciales, le sugería al oficial que debía crear una mafia para denunciar a los fiscales e investigadores de los falsos positivos y así obstaculizar las investigaciones judiciales, sino cuando el comandante del Ejército y el magistrado Henry Villarraga se ingeniaban la manera de hacer que el ente judicial se opusiera a que la justicia ordinaria investigara los crímenes extrajudiciales cometidos por los militares (Semana, 2014).

A la lista de amenazados por revelar casos, victimarios y el modus operandi de los asesinatos en campos de batalla ficticios se suma la de generales, coroneles, mayores, soldados, policías y paramilitares que se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—, organismo que tan solo alcanza a investigar un reducido número de los falsos positivos militares registrados durante el periodo de la política de seguridad democrática (Noticias Uno, 9 de junio de 2019). La JEP, componente de la justicia colombiana que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo de Paz, administra la justicia transicional en lo que respecta a los delitos cometidos en el marco del conflicto armado cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.

Existen al menos, por no mencionar otras, tres razones fundamentales para continuar con el estudio sobre asesinatos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas en escenarios de guerra ficticios, los que son motores impulsores para generar nuevas reflexiones a la luz de las ciencias sociales.

Primero, que los hechos continúan registrándose, no de manera sistemática, generalizada, en esas proporciones, con las especificaciones con que se conocen, ni como fueron denominados y adecuados en su momento por sus creadores, patrocinadores y algunos estudiosos, “falsos positivos”, sino con nuevas características y nuevos actores. Los asesinatos de Estado se han transfigurado, al pasar de ser ejecuciones extrajudiciales de opositores a convertirse en asesinatos de líderes sociales, entre otros, justificados por el gobierno y las fuerzas de inteligencia, como si estos fueran producto de líos de faldas, de linderos o peleas por rentas ilícitas (El Espectador, 2017), en otros casos, sin ningún tipo de vergüenza institucional, presentan el asesinato de no combatientes como simples “errores militares”.

En apariencia, los asesinatos de líderes sociales, líderes campesinos, líderes sindicales, defensores de los derechos humanos, defensores del medio ambiente, líderes en los temas de restitución de tierras, indígenas, afrodescendientes, desplazados y campesinos, entre otros, registrados después del acuerdo entre las Farc-EP y el Estado colombiano, y disparados durante el primer año del gobierno que sucedió a Juan Manuel Santos, se despojan, simuladamente, de ser una medida de evaluación militar o policial al ser registrados como perpetrados por grupos de limpieza social denominados Águilas Negras.

No obstante, los documentos y las declaraciones de oficiales activos de las fuerzas armadas develados por medios como el New York Times evidencian, de una parte, que se continúan realizando actividades de planeación con el propósito de que comandantes militares se comprometan con un número de terroristas a dar de baja, y, de otra parte, que existe dentro de la tropa personal que no comparte la estrategia militar centrada en la muerte para mostrar resultados efectivos en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad.

Segundo, a pesar de los obstáculos que desde el Gobierno se le ponen a la JEP (El Espectador, 5 de febrero de 2019), esta viene logrando, en verdad e impacto, lo que la justicia ordinaria y la justicia penal militar no alcanzaron en cerca de veinte años de investigación sobre los falsos positivos.

La verdad, como lo referenció una de las víctimas durante el presente estudio, tiene una virtud curativa, además de conducir a la verdad pública que contribuye a la construcción de la memoria colectiva. Para los parientes de las víctimas, la verdad es sanación, de ahí que se encuentren a la expectativa de lo que los victimarios revelan ante los magistrados de la JEP. Se suma a ello el anhelo de los familiares de los desaparecidos, quienes manifiestan que es preferible conocer la verdad desgarradora que rodeó la desaparición o muerte de sus seres amados que continuar engañados de por vida. Cientos de los más de ochenta mil desaparecidos en Colombia terminaron su existencia a manos de militares o policías en un campo de batalla ficticio. 

En este sentido, la presente investigación recalca la verdad no debe quedarse en la JEP, sino que debe llevar al compromiso de la no repetición, no solamente de quienes dispararon el fusil, sino de todos los que orquestaron la estrategia y dieron las órdenes.

La institucionalidad tiene responsabilidad en los falsos positivos, de ahí que deba pedir perdón tanto a las víctimas como a la sociedad, además de comprometerse con la no repetición, máxime cuando se observa una relación directa entre la doctrina militar y los asesinatos de quienes han sido declarados “enemigos internos”, que no son únicamente los alzados en armas.

Tercero, si bien es cierto que se empieza a referenciar el falso positivo desde la primera década del siglo veintiuno, su génesis se da en los inicios del veinte.

Las pesquisas realizadas evidencian que, antes del periodo 2002-2010, el falso positivo se realizaba ya no solamente en el contexto colombiano, sino que era una estratagema de los Estados para la manipulación, el miedo y el terror.

El falso positivo, como operación política y militar sucia que justifica acciones beligerantes, se ha convertido en un instrumento manipulador de Estados y corporaciones para encausar guerras internas y externas, además de posicionar empresas o productos.

Algunos estudiosos sitúan el origen de los falsos positivos en la década de 1980, y otros los ubican en la guerra de Vietnam; esto porque, en los años sesenta y setenta con el body count, se intentó convencer a la sociedad norteamericana, y al mundo, de que la guerra en Vietnam la estaban ganando los Estados Unidos (Greenway, 2017).

A principios del siglo veinte, multinacionales como la United Fruit Company recurrieron al falso positivo corporativo. La compañía, así como diseñó una estrategia de mercado, orquestó también una estrategia de guerra sucia para despojar a los campesinos de sus tierras y negarles derechos laborales, gracias a concesiones otorgadas por los gobiernos de los países en donde desarrollaba sus actividades comerciales.

Las razones expuestas ambientan las tres partes del estudio que origina este libro, Teoría social del falso positivo: Manipulación y guerra.

En la primera se penetra en el falso positivo, donde la realidad impuesta se sustenta en la amenaza, la mentira y el engaño. El falso positivo convence a la población, mediante la manipulación estatal, de que sus actores actúan por principios altruistas y los crímenes garantizan el bienestar y la seguridad de todo el colectivo social. Este se concibe en salas de guerra para promocionar los conflictos, intervenir Estados, usurpar gobiernos, saquear recursos y prolongar regímenes.

El propósito de esta primera parte es, pues, reflexionar alrededor de indicadores globales que evidencian la estratagema del falso positivo y sus modalidades. Logra tal reflexión mediante la presentación de la teoría social del falso positivo, describiendo su tipología y modalidades:

de Estado, de policía, de intereses compartidos, militares, judiciales, corporativos, territoriales y culturales.

La segunda parte del libro expone un estudio de caso del falso positivo militar. Aunque, aparentemente, los diferentes estudios realizados han descrito el fenómeno, existen nuevos elementos que conducen a esclarecer y entender la razón por la que, militares en servicio activo, cometen los asesinatos.

La aproximación realizada evidencia una relación entre la doctrina militar y los falsos positivos, pues es la primera la que permite la construcción de planes estratégicos con la proyección de terroristas a dar de baja en un periodo determinado. El hecho de que se programen con anticipación los asesinatos a cometer contra supuestos terroristas, descrito por los victimarios en declaraciones, permitió estructurar el modus operandi de esta modalidad, el falso positivo militar.

Se incluye posteriormente un capítulo acerca de la Jurisdicción Especial para la Paz, el cual indaga por su esencia; por el papel que esta institución desempeña frente a la construcción de una paz estable y duradera, fundamento del acuerdo de paz firmado entre el Estado de Colombia y las Farc-EP; también, se pregunta este apartado por la esperanza de las víctimas por conocer la verdad, y por la oportunidad de intentar recuperar la confianza y la credibilidad en la justicia.

Teoría social del falso positivo: Manipulación y guerra es uno entre los cientos de acercamientos que se pueden realizar al estudio de la manipulación y la deformación de la realidad social a la que recurren Estados y organizaciones para consolidar su poder político, económico y social.

Con miras a alcanzar su propósito, se retomaron algunos textos publicados durante los últimos meses alrededor de los falsos positivos. De igual manera, para que el estudio llegue tanto a especialistas como a la población en general, y toda vez que no se concibe al investigador social como un científico encerrado en un laboratorio sin un contacto real y cercano con sus semejantes, tanto al objeto de estudio como a quienes son sus informantes, las presentes líneas se escriben con un lenguaje sencillo que describe, desde las voces de los investigadores, sus experiencias en el desarrollo del proyecto.

 *Autores:

Autor, investigador principal: Omar eduardo rojas bolaños

Coautores, coinvestigadores: Alfonso Insuasty Rodríguez; Norela Mesa Duque; José Fernando Valencia Grajales; Héctor Alejandro Zuluaga Cometa

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